Por José María Arévalo
(Fachada del Archivo de la Guerra Civil Española en Salamanca)
La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca difundió el pasado 21 junio una Nota de Prensa en la que explicaba que la Generalidad está obligada a devolver de inmediato al Archivo de Salamanca los 400.000 documentos que desde hace años retiene ilegalmente en su poder, ya que, en sentencia publicada el 17 anterior, el Tribunal Supremo recalca que “la Generalidad no es titular de estos bienes” y que de ser imposible su restitución a particulares, “seguirán integrando el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo” en el plazo de 1 año.
Explica la nota que “Ante la confusión que ha generado la reciente sentencia del Tribunal Supremo avalando la entrega de nuevos documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, la Asociación que lucha por la unidad del Archivo y, en su nombre el presidente de la misma, Policarpo Sánchez, aclara que se trata de un fallo que favorece la lucha que la citada asociación mantiene desde hace años en defensa de la legalidad para que sean devueltos al Archivo de Salamanca los 400.000 documentos que la Generalidad de Cataluña retiene ilegalmente en su poder, puesto que no han sido entregados a sus legítimos propietarios, y el plazo para hacerlo expiró hace años. Por tanto, esos documentos “integran el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo”, como reza el documento emitido por el TS. “En la práctica, esta sentencia, -asegura Sánchez- da la puntilla a la Generalidad, obligando a la devolución inmediata de esos centenares de miles de documentos y dejando al Ministerio de Cultura sin excusas para no exigirlo”.
La decisión del Tribunal Supremo, conocida el pasado lunes 17 de junio, afecta a otros 23.000 documentos que deben ser trasladados a Cataluña para su restitución a sus legítimos propietarios, con la obligación de devolver esos documentos si en un año aquellos no son encontrados.
La primera respuesta de la Generalidad tras la comunicación del TS ha sido reafirmar que no tiene ninguna intención de devolver documentos al Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, ni los que retiene ilegalmente de anteriores transferencias, que ya debía haber devuelto (sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013), ni tampoco lo tiene previsto hacer con los que ahora reciba, “a pesar de ser público y notorio que no tienen propietario y que, de acuerdo con la sentencia, en un año deberían ser devueltos”, dice Policarpo Sánchez.
Esto es una prueba más “del ninguneo y el incumplimiento de la Ley y las Sentencias judiciales por parte de la Generalidad, a lo que se suma la más absoluta negligencia por parte del Gobierno español para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en Cataluña”, asegura el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca.
Sánchez recuerda que, “aunque salgan más papeles ahora, deberán volver en el plazo de un año todos aquellos que será imposible entregar a propietarios o herederos conocidos, porque en su inmensa mayoría no existen”. Estamos hablando de un viaje de ida y vuelta para unos documentos que forman parte del Patrimonio Histórico Documental español, con el consiguiente riesgo de pérdida y daños y por supuesto el coste que implica a las arcas del Estado”, recuerda el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca.
Ante el evidente riesgo de desaparición de documentos en Cataluña, o de acabar perdidos en manos de personas y entidades ajenas a sus legítimos propietarios como hasta ahora ha sucedido, así como el del efectivo cumplimiento de devolución -que también forma parte de la resolución que ahora hay que cumplir-, la Asociación Salvar el Archivo trabaja en las fórmulas legales que, avalando el estricto cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, garantice la devolución al Archivo General de la Guerra Civil española de todos los documentos que ahora sean entregados a la Generalidad y de los que ya deberían de haber sido devueltos.
Por último, Policarpo Sánchez advierte al Ministro de Cultura, José Guirao, de las consecuencias legales a las que se expone si no ordena a la Generalidad la devolución inmediata de los documentos retenidos ilegalmente en Cataluña.
EL CONFLICTO DE LOS «PAPELES DE SALAMANCA»
Resumo lo que sobre el histórico de la cuestión recoge Wikipedia. “El conflicto de los «papeles de Salamanca» es la disputa política y judicial surgida durante la transición española, y que alcanzó su punto álgido durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), a propósito de la devolución a la Generalitat de Cataluña de la documentación incautada por las autoridades franquistas cuando tomaron Cataluña al final de la Guerra Civil Española y que estaba depositada en el Archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca”.
El asunto se convirtió en un problema político e identitario por la firme defensa que hizo de su regreso a Cataluña una parte de la población catalana, encabezada por la Generalitat de Cataluña, los partidos políticos catalanes y diversas entidades cívicas y culturales, y por la igualmente firme oposición a la misma de la población de Castilla y León, encabezada por el alcalde de Salamanca y por el presidente de la Junta de Castilla y León —ambos del Partido Popular— que calificaron la devolución como un «expolio». La Junta recurrió la devolución de los «papeles de Salamanca» ante el Tribunal Constitucional pero éste el 31 de enero de 2013 falló a favor del traslado, con lo que se puso fin al conflicto.
El 31 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Junta de Castilla y León contra la ley que amparó la devolución de los «papeles de Salamanca» a la Generalitat de Cataluña. En la sentencia se refutaba expresamente la tesis del «expolio» sostenida por las instituciones castellano-leonesas : “No nos encontramos ante un supuesto de expoliación y debemos señalar que no le corresponde a este tribunal decidir acerca de la oportunidad del mantenimiento de los documentos originales en el archivo frente a la restitución de los fondos documentales incautados a sus propietarios originales. Tal decisión le corresponde adoptarla al legislador.”
Son embargo esta última sentencia del Tribual Supremo de 2019 permite revisar la situación.
LA ASOCIACIÓN SALVAR EL ARCHIVO DE SALAMANCA
Fue presentada el jueves 19/03/2014 en Salamanca por sus tres socios fundadores y nacía con el objetivo “de salvar el Archivo de Salamanca”, tal y como argumentó su presidente, Policarpo Sánchez. El presidente quiso aclarar que se trata de una asociación formada por “gente de a pie y sin ningún interés político”. Mediante esta iniciativa pretenden llamar la atención y pedir la ayuda de todos los salmantinos y de todos los españoles “orgullosos de serlo” para “defendernos de la rapiña de los que no quieren formar parte de España”.
Sánchez anunció que durante la siguiente semana a la presentación comenzarían dos campañas de recogidas de firmas para pedir que la Generalitat de Cataluña devuelva los documentos que retiene que no son suyos y los que no ha dado a sus legítimos propietarios por un lado, y por otro, pedir al Gobierno de la Nación la reforma de una ley que sólo ha servido “para engordar las estanterías del Archivo de Cataluña”, explicó.
En octubre de 2018-10-25 el presidente de la Asociación, Policarpo Sánchez, denunciaba en “Es la mañana” de esRadio que «La Generalidad quiere destruir los documentos de los crímenes de Barcelona», y que “Cataluña y el Gobierno han pactado un nuevo expolio”.
Se trataba de “un nuevo intento de expolio que está pactando el Gobierno y la Generalidad de Cataluña para sacar 43.000 documentos del centro documental salmantino. «No voy a permitir que saquen un papel mal. Es un robo a la propiedad común de todos los españoles. Hay que intentar recuperar lo robado y llevar a la justicia a los ladrones y a sus cómplices».
El interés de Cataluña en estos documentos es «puramente ideológico». «Muchas familias sufrieron crueles asesinatos en Barcelona. Eso es lo que contienen esos papeles y por eso la Generalitat quiere llevárselos, para ocultar la Historia, para evitar que se conozcan los crímenes que cometieron», aseveró el investigador.
Pedro Sánchez mercadea con el patrimonio de todos los españoles a cambio de mantenerse en el poder
A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña notificó hace unos meses al presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca la sentencia firme por la que el Gobierno de España tiene la competencia para proceder a la devolución de los documentos que «indebidamente» fueron enviados a la Generalidad –una orden firmada por Carmen Calvo, por entonces ministra de Cultura–, el Gobierno de Sánchez está lejos de solventar esta injusticia: «Pedro Sánchez está vendido, depende de los votos de los partidos separatistas y mercadea con el patrimonio de todos los españoles a cambio de mantenerse en el poder. Los separatistas catalanes le han dicho: ‘¿Quieres mantenerte en el poder? ¡Más archivo de Salamanca!'».
UN NUEVO EXPOLIO
La noticia de octubre del año pasado incluía que “la semana pasada se reunieron la consejera de Cultura de la Generalidad, Laura Borrás, y el ministro de Cultura, José Guirao, para tratar este asunto, pero según denuncia Policarpo Sánchez, en lugar de tratar los términos de la devolución, el Gobierno pactó un nuevo expolio de 40 mil documentos más sobre los asesinatos cometidos en Barcelona.
«Se llevan documentación de Aragón, de Andalucía, de Galicia… diciendo que es documentación catalana. Se llevaron los papeles del relojero de la Puerta del Sol, por ejemplo. Lo reclamo en la justicia, doy la voz de alarma en los medios y me amenaza el Ministerio de Cultura. Me represalian, me echan del archivo… Fue Severiano Hernández, que estaba con Zapatero y lo mantuvo Rajoy», dice el investigador.
Policarpo Sánchez advirtió de que, en caso de comprobar que incumplen la Ley, se emprenderán las acciones judiciales oportunas, tanto en la vía contencioso-administrativa para impedir su traslado a Cataluña, como en la penal contra los responsables del delito: «Llevaremos al Gobierno ante la Audiencia Nacional».
«La primera razón por la que me importa el Archivo de Salamanca es porque soy español, y en ese Archivo se conserva la memoria de la II República y de la Guerra Civil. La segunda, por cultura», reiteró el investigador, que aprovechó para solicitar la colaboración de los españoles para poder financiar los procesos judiciales.
«Salvar el Archivo de Salamanca, como asociación apolítica y de la sociedad civil, no pide el voto concreto para ningún partido en las elecciones, pero tenemos la obligación de informar a los ciudadanos sobre la respuesta de los diferentes partidos ante las reivindicaciones recogidas en el Manifiesto de la Asociación», aclaró su presidente. «Si Pedro Sánchez continúa en el Gobierno, el futuro del Archivo lo dictarán los socios independentistas del PSOE, con Puigdemont y Torra a la cabeza», lamentó el presidente de la Asociación. Además, «el ministro Guirao cumplirá su palabra de entregar más documentos a los separatistas, además de no exigirles la devolución de los 400.000 ilegalmente en su poder», aseguró Sánchez.
LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA GENERALIDAD NO SON PARA QUE SE LOS QUEDE
Ahora –vemos en la web https://www.salvararchivosalamanca.es/- el Tribunal Supremo en nueva sentencia, le ha dado la razón sobre los documentos del Archivo de Salamanca expoliados por la Generalidad: Los documentos entregados a la Generalidad no son para que se los quede, sino para localizar a las entidades de las que procedieran originalmente, si es que existieran, con la obligación de devolver esos documentos al Archivo General de la Guerra Civil Española, el sitio en el que tienen que estar, si en un plazo máximo de un año la Generalidad no encuentra a esas entidades.
Es exactamente lo que desde la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca venían reclamando a la Generalidad desde hace años: que devuelva al Archivo de Salamanca los 400.000 documentos expoliados que retiene indebidamente en su poder y no han sido entregados, en ningún caso, a nadie (tarea imposible pues pertenecieron a entidades que llevan más de 80 años desaparecidas, como la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, y pertenecen a todos los españoles, desde que pasaron a ser propiedad del Estado). Documentos interesantísimos de nuestra Historia, que prueban las atrocidades cometidas en la Guerra por la Generalidad y que ésta, a toda costa, no quiere que se conozcan.
La parte mala de la noticia, que también la hay, es que el T. Supremo accede a entregar a la Generalidad una serie de documentos (23.000) custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española. De una Ley tan mala como es la del expolio del Archivo de Salamanca, mientras no se derogue, se derivan estas atrocidades. Son 23.000 documentos que deberán hacer un viaje de ida y vuelta (Salamanca-Barcelona-Salamanca), pues son del mismo tipo que los otros 400.000 que decíamos antes: no son de nadie en particular, pertenecen a todos los españoles y su destino final será el Archivo de Salamanca.
Y por eso, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, ante el evidente riesgo de desaparición de esos nuevos documentos, de que acaben perdidos en manos de personas y entidades ajenas a sus legítimos propietarios, como ya ha sucedido con decenas de miles de documentos que la Generalidad retiene indebidamente en su poder, va a pedir medidas cautelares (estan ya trabajando y estudiando las opciones y fórmulas legales) para la custodia y vigilancia de esos documentos hasta tanto no sean devueltos, de nuevo, al Archivo de Salamanca.
La primera respuesta del Gobierno catalán tras la comunicación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo fue reafirmar ¡hay que tener desfachatez! que «no tiene ninguna intención de devolver documentos al Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca», ni los que retiene ilegalmente de anteriores transferencias, que ya debía haber devuelto, ni tampoco lo tiene previsto hacer con los que ahora reciba…
Bueno, no es de extrañar, la Generalidad está desafiando a todo el Estado Español con su locura secesionista y esto es una bravuconada más.
Está muy claro, si la Generalidad exige ahora el cumplimiento de esta sentencia tendrá que estar dispuesta ella misma a cumplir con la exigencia de devolver todos los documentos al Archivo de Salamanca (estos nuevos 23.000 en un plazo máximo de un año y de manera inmediata los 400.000 que retiene indebidamente desde hace años).
Así que una Sentencia que «sonaba» muy mal (proceso judicial de la Generalidad contra el Gobierno), se convierte en la herramienta, en la puntilla, que permitirá la devolución, por fin, de los 400.000 documentos que están ilegalmente en poder de los separatistas.
Y es que las sentencias hay que cumplirlas todas, las que gustan y las que no gustan, y completamente.
