“El pacto de Sánchez pone en riesgo el control del TC al soberanismo”, de Nati Villanueva, “Todo lo que debe pasar antes de que Sánchez se presente a la investidura”, de María Medinilla y “Progresismo de gama alta”, de Juan Meseguer
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 23)
EL PACTO DE SÁNCHEZ PONE EN RIESGO EL CONTROL DEL TC AL SOBERANISMO
Artículo de Nati Villanueva publicado en ABC el pasado día 26
La sustitución de cuatro magistrados, entre ellos el presidente, puede alterar las mayorías en un órgano que asume el papel vertebrador del Estado. La batalla por la presidencia del TC, el siguiente objetivo. Tres jueces del TC creen que el Supremo debió valorar medidas distintas a la prisión preventiva de Junqueras
La actual composición del Congreso de los Diputados, con la mayor fragmentación de la historia de la democracia, abre un escenario incierto ante la renovación de órganos o instituciones que requieren amplios consensos parlamentarios, como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones desde diciembre del pasado año.
Pero si alguno destaca sobre los demás, por su papel vertebrador del Estado, es el Tribunal Constitucional, el único que puede controlar eventuales concesiones o extralimitaciones del Ejecutivo o el legislativo a los independentistas, que, a día de hoy, se perfilan como los socios más probables del Gobierno de Pedro Sánchez. De ahí que la próxima renovación del órgano de garantías sea una cuestión vital para el control de constitucionalidad ante reformas, leyes o decisiones que puedan desbordar competencias autonómicas.
En un Tribunal Constitucional que cuenta en estos momentos con siete magistrados de perfil conservador frente a cinco progresistas, la alteración de esta mayorías podría afectar de lleno a aspectos tan cruciales como el concepto de Nación o al propio Estado de las autonomías con la revisión de estatutos como el del País Vasco, que tiene muchas posibilidades de recalar en el TC. Sobre la mesa del tribunal están en este momento las impugnaciones a resoluciones del Parlament de Cataluña por vulnerar sentencias del propio Tribunal, los recursos de amparo de los líderes del «procés» contra las prisiones preventivas que dictó en su día el juez Llarena y están a punto de aterrizar los recursos contra la sentencia del Supremo que condenó a los miembros del gobierno de Puigdemont por sedición.
El pasado 7 de noviembre venció el mandato de los cuatro magistrados nombrados por el Senado, lo que implica la salida de un tercio del tribunal: el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés. Por una reforma legal de 2010, los cuatro (dos conservadores y dos progresistas) abandonarán el órgano sin haber cumplido los nueve años previstos en la Carta Magna, que establece la renovación del tribunal por tercios (cuatro magistrados) y cada tres años. Al requerir los nombramientos la mayoría de tres quintos de la Cámara (210 votos de los 350), PSOE y PP parecen condenados a entenderse, una tarea que si ya era difícil en la anterior legislatura, en esta, a priori, parece imposible. Sólo la predisposición del líder del PP, Pablo Casado, a tender la mano al presidente del Gobierno en grandes pactos de Estado, parece abrir al menos una posibilidad al cumplimiento del mandato constitucional. Pero siempre y cuando haya la certeza inequívoca de que el TC seguirá siendo una pieza clave para el control de constitucionalidad del Gobierno y de sus socios. Y eso solo se puede conseguir si se sigue manteniendo un equilibrio de fuerzas que desde 2015 ha llevado al tribunal a tomar las decisiones respecto al desafío independentista por unanimidad. Tan solo en los últimos tiempos la unidad del tribunal se ha roto con el recurso de Junqueras sobre su prisión preventiva y una semana antes con la reforma del código civil catalán que partió al tribunal en dos con la acusación, por parte de cinco de sus magistrados, de que se estaba contradiciendo la propia doctrina del TC al permitir legislar a Cataluña sobre asuntos hasta ahora reservados al Estado.
En consonancia con la forma de proceder durante las veinte renovaciones que se han llevado a cabo en el tribunal desde que inició su andadura, el primer escenario que se contempla sería un acuerdo PSOE-PP que sume 209 votos, uno menos de los necesarios para sacar adelante la renovación. Ese voto que falta podría venir de Navarra Suma o de Ciudadanos. De los cuatro magistrados a renovar, si dos son propuestos por el PSOE y dos por el PP, la relación de fuerzas se mantendría igual que ahora, es decir, siete a cinco, por lo que la mayoría seguiría siendo conservadora.
Sin embargo, esta proporción se puede alterar sustancialmente si lo que propone el PSOE es quedarse con dos puestos, darle uno al PP y «vender» el cuarto candidato como de consenso, un perfil independendiente pero progresista que contente a los socios de gobierno de Sánchez. Este segundo escenario supondría un equilibrio de fuerzas seis-seis en el Tribunal, lo que requeriría el voto de calidad del presidente en casos de empate. El actual, González Rivas, que hasta ahora ha conseguido priorizar la productividad del tribunal por encima de diferencias personales e ideológicas, es precisamente uno de los magistrados salientes, con lo que su plaza es otro de los melones que habrá que abrir.
Pero cabría un tercer escenario, y es aquel en el que el PP se negara a emprender la renovación del Tribunal sin comprobar antes la marcha del futuro gobierno de España –en el que a día de hoy la entrada de Podemos se da por segura– y sus posibles guiños a los secesionistas. Poco podrían hacer en este caso los socialistas en el Congreso, pues aunque todo el hemiciclo se uniera en su empeño de sacar adelante esta renovación, la oposición de PP y Vox en bloque, con sus 141 diputados, dejaría al otro bloque en 209, otra vez a un escaño de esa mayoría de tres quintos que exige la Constitución.
Nueve años de mandato
La incertidumbre que puede suponer una composición distinta en un tribunal que si por algo se ha caracterizado en los últimos años es por haber frenado con la autoridad que le otorga la Constitución cualquier intento de secesión contrario a la Carta Magna, puede llevar así a la formación de Casado a dejar las cosas como están a la espera de cómo evolucione el Gobierno de Pedro Sánchez. No sería en todo caso un retraso significativo, pues en realidad los cuatro magistrados salientes no han cumplido los nueve años de mandato constitucional (lo harían en 2021) aunque sí el mandato legal que deriva de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que PSOE y PP pactaron en 2010. Esa disposición señala que «si hubiera retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato (de nueve años) el tiempo de retraso en la renovación».
El detonante de esa reforma eran los tres años que los mismos que la acometían habían tardado en renovar el tercio correspondiente al Senado. Se apelaba al mandato constitucional para que no volvieran a coincidir dos de las cuatro renovaciones (en este las correspondientes al Congreso y al Senado) pero implicítamente se reformaba la propia Constitución en lo que se refiere a la duración del mandato. A día de hoy dentro del propio TC hay dudas de la constitucionalidad de esa reforma, pero ninguno de los magistrados ha instado a su revisión por parte del propio tribunal.
Artículo en: https://www.abc.es/espana/abci-pacto-sanchez-pone-riesgo-control-soberanismo-201912260125_noticia.html
TODO LO QUE DEBE PASAR ANTES DE QUE SÁNCHEZ SE PRESENTE A LA INVESTIDURA
Artículo de María Medinilla publicado en El Economista el pasado día 26
El pronunciamiento de la Abogacía sobre Junqueras frena la investidura. El pacto con ERC o la presentación del Gobierno de coalición, a la espera. La investidura debe convocarse con una antelación mínima de 24 horas. Las posibilidades de que la investidura de Pedro Sánchez ocurra antes de 2020 son cada vez más ínfimas. A cinco días de que acabe el año, aún son varias las circunstancias que deben concurrir para que el PSOE pueda sacar adelante su plan de tener Gobierno este año.
La Abogacía del Estado
El posicionamiento de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras es la primera piedra que tiene que sortear Sánchez para poder presentarse a la investidura. El informe, que se espera desde hace una semana, es el primer obstáculo a saltar por el candidato socialista porque de él dependen pasos sucesivos como el acuerdo con ERC que facilite su designación como presidente del Gobierno.
La tardanza de la respuesta de la Abogacía a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se reconoce que el Tribunal Supremo debió reconocer a Junqueras la inmunidad tras ser elegido eurodiputado mientras se encontraba en prisión provisional está agotando los plazos del PSOE para nombrar a Sánchez presidente antes de enero.
El pacto con ERC y su ratificación
De ese pronunciamiento depende directamente el acuerdo de investidura con ERC. Lejos de estar cerrado, aún quedan flecos sueltos como reconocen desde el partido catalán. Esperan un «gesto» del Gobierno en el escrito de la Abogacía del Estado con respecto al exvicepresident y ya han reiterado en más de una ocasión que no tienen prisa, apuntando más hacia una investidura en torno a Reyes que a finales de diciembre.
Si la Abogacía acaba siendo un elemento conciliador entre PSOE y ERC estos aún tendrían que dar a conocer el pacto firmado y ratificarlo ante sus órganos de dirección, por lo que de conocerse el escrito este jueves o viernes, la convocatoria del Pleno para antes de 2020 se antoja muy precipitada porque su convocatoria debe ocurrir al menos 24 horas antes de su inicio. De todos modos, el Congreso de los Diputados fue habilitado para este fin de semana en previsión de lo que pudiera suceder.
Presentar el Gobierno de coalición
Aunque son los puntos más complejos, la Abogacía y ERC no son los únicos elementos que influyen en la convocatoria. Tanto Sánchez como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunciaron que presentarían antes de la investidura el acuerdo programático de su Gobierno de coalición.
La estructura del nuevo Ejecutivo está cerrada desde hace días a falta de poner fecha a la investidura para darla a conocer junto con las medidas programáticas entre las que se incluye la subida del salario mínimo el próximo año o la derogación de los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral, como adelantó hace unos días la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.
PROGRESISMO DE GAMA ALTA
Artículo de Juan Meseguer publicado en Aceprensa el pasado día 20
El progresismo cultural que emergió en los años 60 y 70, sigue siendo un signo de distinción social en muchos ambientes. Apoyar sus ideas garantiza que uno nada a favor de la corriente, aunque de hecho viva de forma más conservadora. Sin embargo, para otros que sí las ponen en práctica, el precio por vivir “en progresista” es alto.
Rob Henderson, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge, creció desde pequeño bajo la tutela de instituciones públicas y familias de acogida. Su madre era adicta a las drogas y su padre los abandonó. Tras unos años en el ejército, estudió psicología en la Universidad de Yale gracias a una ayuda del gobierno federal. Allí descubrió una nueva clase social: la de los jóvenes acomodados que promueven ciertas ideas y estilos de vida, sin quererlos para sí.
Lo ilustra en el New York Post con el ejemplo de una compañera de Yale: se crió en una familia tradicional, ella misma quiere formar una y, sin embargo, sostiene que la sociedad no tiene por qué quedarse estancada en la norma de la monogamia. ¿Cómo se explica esto? La hipótesis de Henderson es que, si antes los ricos adquirían bienes de lujo y practicaban exclusivas aficiones para hacer alarde de su posición social, hoy hacen lo propio apoyando “ideas y opiniones que confieren estatus a los ricos a un precio muy bajo, mientras perjudican a las clases bajas [que las ponen en práctica]”.
A diferencia de los progresistas por convicción, los progresistas por postureo promueven unas ideas sin quererlas para sí
Entre las “creencias de lujo” que identifica Henderson en ese artículo están: la opinión de que todos los modelos familiares son igualmente valiosos; la idea de que la religión es irracional o dañina; el mensaje de que la dirección de nuestras vidas depende más de la suerte que de las decisiones personales; o la obsesión con el “privilegio blanco”. Esta última idea le desconcierta especialmente, pues no entiende qué mérito hay en que los “blancos privilegiados” pidan ayudas para otros grupos distintos de los blancos pobres.
Brecha matrimonial
En otro artículo publicado en Quillette, Henderson desarrolla su hipótesis fijándose en la brecha matrimonial entre ricos y pobres, una nueva forma de desigualdad a la que están prestando atención varios académicos norteamericanos. Resume la tendencia en un dato: en 1960, el 95% de los hijos de familias de clase obrera vivían con sus padres biológicos, idéntica proporción que los de familias acomodadas; en 2005, ese porcentaje había caído al 30% para los de clase obrera, mientras que entre los ricos se situaba en el 85%.
Los sociólogos Bradford Wilcox y Wendy Wang han estudiado más a fondo esa desigualdad, distinguiendo entre las parejas pobres y las de clase obrera, de un lado, y las de clase media y alta, de otro. Su conclusión es que hoy en EE.UU. el matrimonio no solo es minoritario entre las personas con menos estudios e ingresos, sino que además viven en hogares más inestables. Lo que supone que ahora parten con una “doble desventaja: tienen familias más frágiles y menos recursos socioeconómicos”.
Aunque Wilcox y Wang atribuyen la creciente brecha matrimonial a una combinación de factores “económicos, culturales, políticos y cívicos”, conceden mucha importancia al cambio de valores que trajo la revolución sexual: “Mientras los de clase media y alta han ido rechazando para ellos y sus hijos la dimensión más permisiva de la contracultura, los pobres y los de clase obrera han ido abrazando ese permisivismo”. Tendencia que también vinculan al descenso más pronunciado de la práctica religiosa entre los de clase obrera.
Nueva paternidad y padre ausente
Es verdad que, gracias al feminismo de los años 60 y 70, los padres de ahora se implican más en el cuidado de sus hijos y tienden a mostrarse más afectuosos que los de antes. Pero este nuevo ideal de paternidad, sostiene Nicholas Zill con datos del Censo de EE.UU., no lo están disfrutando muchos de los 18 millones de niños y niñas que viven con su madre pero no con su padre, como resultado de una ruptura o de una relación ocasional.
Y si es cierto que la custodia compartida es ahora más común entre las parejas divorciadas que hace 50 años, observa Zill, entre las parejas de hecho siguen siendo minoría –menos de una cuarta parte– las que tienen acuerdos de ese tipo en caso de ruptura. El resultado es que, de los padres que no viven con sus hijos, el porcentaje de los que declaran no haber tenido contacto con ellos en el último año se ha mantenido estable entre 2007 y 2015, oscilando en torno al 35%.
La conclusión de Zill sugiere que no basta afirmar la corresponsabilidad en la crianza para garantizar la implicación del padre en el cuidado familiar. Para facilitar que esta buena idea beneficie al mayor número posible de niños, hace falta compensar el influjo de una mala idea: que da lo mismo estar casado o no.
Una izquierda dividida
Las recientes elecciones británicas, en las que el Partido Laborista ha sufrido su derrota más sonada en décadas, ha sacado a la luz la tensión en el seno de la izquierda entre las prioridades de la clase obrera y las de los jóvenes cosmopolitas de clase media.
Al igual que otros laboristas de base, Paul Embery –bombero, sindicalista y partidario del “laborismo azul”– lleva tiempo criticando la deriva elitista que tomó su partido, “mucho antes de que Corbyn tomara las riendas”. En su opinión, el establishment laborista yerra al no entender que sus votantes de siempre “quieren que los políticos respeten su forma de vida” y que den más importancia a “nociones del mundo real como el trabajo, la familia y la comunidad” que a genéricas apelaciones a la diversidad y la inclusión.
Son las clases altas –para las que el matrimonio sigue siendo la norma– las que más se benefician del nuevo ideal de paternidad
Para recuperar a esos votantes, sostiene Embery, el Partido Laborista “debe aprender a respetar a aquellos que, por ejemplo, votaron a favor del Brexit; se oponen a la inmigración a gran escala; quieren un sistema de justicia duro y efectivo; se sienten orgullosos de ser británicos; apoyan el protagonismo de la familia en la sociedad; prefieren un sistema de bienestar basado en la reciprocidad –algo a cambio de algo– en vez de en el acceso universal; creen en el Estado nación; y no se obsesionan con el multiculturalismo o los derechos de los transexuales”.
Los sorprendidos por el trasvase de votantes laboristas a los tories siempre podrán atribuirlo al populismo de las masas perdidas. Pero también pueden preguntarse qué hay detrás de la revuelta cultural contra las élites que ha estallado en Occidente. A su vez, apunta Mary Harrington en UnHerd, el camaleónico Boris Johnson tiene el reto de atender “voces y prioridades que llevan tiempo excluidas del debate público dominante”, sin caer en las garras de la demagogia.
Artículo en: https://www.aceprensa.com/articles/progresismo-de-gama-alta/
