Por José María Arévalo
(Reciente manifestación de pensionistas en Bilbao)
Empezamos el nuevo año y el problema principal que afrontamos es, junto al de contar con un Gobierno estable y razonable, el de las pensiones. Nuestro sistema de pensiones está hace tiempo en situación de emergencia, sin encontrar soluciones en las reuniones del Pacto de Toledo porque nadie se atreve a afrontar la realidad; la presión social es enorme, como lo acreditan esas manifestaciones continuas en el país vasco, que da la tele, y eso que la seguridad social de los vascos está de lo más saneada. Y en Francia, que está mucho mejor que nosotros, los intentos del Gobierno de tomar medidas están siendo boicoteados por continuas huelgas. La prensa se hace eco de todo ello y analiza con frecuencia el problema. Hace unos días El Economista hacía una síntesis muy interesante de la situación española: “Desde hace años, el debate sobre cómo financiar las pensiones de jubilación en España establece que el sistema está abocado a sostenerse con cargo a los Presupuestos Generales, por medio de impuestos.
Ese escenario, que solía plantearse como un horizonte a futuro, es cada vez más real. Mensualmente, 150 euros de cada pensión media son sufragados con préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, una deuda que se cubre por vía impositiva.
No cabe esperar un mayor rendimiento de las cotizaciones sociales en el medio-largo plazo que haga innecesario el recurso a los impuestos. Ni siquiera ahora que esos ingresos se hallan máximos bastan para financiar el desembolso en pensiones.
Hasta el punto de que será necesario casi agotar la hucha de las pensiones este mes para pagar la extra de navidad. La situación puede incluso empeorar, dado que la desaceleración del PIB ralentiza la creación de empleo. Mientras, la presión a la que está sometida la Seguridad Social no deja de subir.
El propósito para esta legislatura de blindar la vinculación al IPC de las pensiones, y de desechar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, van a provocar un avance de este capítulo de gasto aún mayor que aquél al que le obliga el rápido envejecimiento demográfico. Ni el Gobierno ni los componentes del Pacto de Toledo han explicado aún cómo se va a financiar este esfuerzo extra. Pero todo apunta a que tendrá que recaudarse todavía más por impuestos, lo que pondrá en una situación crítica al contribuyente.
No en vano, deberá contribuir doblemente, mediante sus cotizaciones y su renta, sin que pueda haber contrapartida proporcional en la cuantía de la pensión que percibirá.”
Así que todos nos preguntamos cual es la solución al problema de las pensiones, cada año más complicado por el aumento progresivo de la esperanza de vida.
El sistema de prolongar la vida activa, que está intentando ahora el gobierno de Macron, con la contestación de los sindicatos en forma de continuas huelgas, en nuestro país ya he llegado al límite. La edad legal mínima para jubilarse en Francia es ahora mismo de 62 años, siempre que se haya cotizado un número determinado de trimestres. El informe propone que ese límite siga siendo válido (lo contrario sería muy impopular) pero con un matiz, la introducción de lo que podría traducirse como «edad de prestación completa»: es decir, sería posible jubilarse a los 62, pero para cobrar el 100% de la pensión de acuerdo a los puntos acumulados, habría que retrasarlo. Se habla de los 64 años como nuevo límite inferior y de incentivos para alargar aún más la carrera laboral.
Eso en España ya está establecido, con la previsión de jubilación a los 67 años que implantó la reforma de 2011. Ahora se habla de “edad de jubilación flexible”, como en Francia. La idea es no tocar la frontera que tenga en la mente el ciudadano medio: en nuestro caso, los 67. Hay que dejar la edad teórica, porque es un tema muy sensible desde el punto de vista político. Pero se modifica en la práctica con las reglas de acceso: algo así como, «puedes jubilarte a los 67; pero si quieres cobrar el 100%, tendrás que hacerlo a los 70 o tener 50 años cotizados…». Es una manera de subir la edad de jubilación por la puerta de atrás. Se habla de incentivar carreras laborales más largas y nos recuerdan que cada vez llegamos a edades avanzadas en mejor forma o que cada vez tenemos una mayor esperanza de vida. Todo eso es cierto, pero en definitiva lo que se busca al retrasar la edad de jubilación real es una manera sencilla de reducir el gasto en pensiones. Y con lo que tenemos ya legislado, hemos llegado casi al límite de utilización de estas medidas. Estamos ante una vía de solución prácticamente agotada.
¿Y que más se podría hacer?.
Hay un sistema que resuelve definitivamente el problema, cambiar el sistema de “reparto” vigente –en que los futuros trabajadores sostienen a los pensionistas- por el de “capitalización”, en el que cada pensionista cobra lo que ha ahorrado para su pensión futura cuando trabajaba; es decir, la Seguridad Social o el propio trabajador, en vez de cotizar, invertirían lo mismo en fondos de pensiones, y ello como sistema legalmente obligatorio. Esto es lo que ha hecho Chile y ha empezado a hacer, de forma limitada, Gran Bretaña, como veremos ahora. Dada la extensión del tema lo veremos en dos artículos sucesivos. Tengo experiencia de este paso del sistema de reparto al de capitalización porque lo aplicamos con éxito en el colectivo de mandos superiores de la Renault.
En esta empresa, en la que empecé a trabajar como directivo el año 73, al poco tiempo se creó una Mutua Complementaria voluntaria para prever la jubilación de los directivos, unos 600 entonces. El régimen legal fiscal equiparaba las cotizaciones a las Mutuas a las aportaciones a los fondos de pensiones, de forma que los trabajadores podíamos desgravarnos, en la declaración de la renta anual, de lo que aportábamos – por las aportaciones de la empresa tributábamos como salario percibido- y cuando percibiéramos la pensión de la Mutua tributaríamos como si fueran salario, pero entonces previsiblemente por menores cuantías, de modo que el régimen tributario era favorable.
Ya había en nuestra empresa otra Mutua de todo el personal, pero las aportaciones de empresa y trabajadores eran pequeñas, ya que el colectivo superaba los 20 mil trabajadores. La Mutua complementaria empezó con el sistema de reparto y pensiones vitalicias, como el de la Seguridad Social, confiando en que los futuros mutualistas –y la empresa- aportaran suficiente para ir cubriendo las pensiones que se fueran devengando; pero a finales de los noventa el estudio actuarial obligatorio detectó que en el futuro ello sería imposible dadas las tablas de esperanza de vida nuevas, por aquellas fechas, que recogían ya un importante envejecimiento demográfico de la población. Así hubo que plantear el cierre de la Mutua o su paso al sistema de capitalización. Se hicieron los estudios necesarios primero para capitalizar las pensiones ya causadas, y con el resto del capital de la Mutua se preparó lo que llamamos entonces la “mochila” de los mutualistas todavía activos, el capital con el que cada uno podíamos contar en ese momento para cuando nos jubiláramos. A pesar de que era un monto importante lo reservado para cubrir las pensiones ya causadas, las “mochilas” daban cifras razonables, así que se hizo el cambio al sistema de capitalización.
Otras Mutuas tuvieron el mismo problema y la mayoría no consiguió hacer el cambio y tuvieron que cerrar. Solo las más potentes lo consiguieron, como la de los Colegios de Abogados, si bien estos tuvieron que incrementar mucho las aportaciones desde ese momento. Nosotros continuamos cotizando como antes, con un pequeño incremento de la aportación de la empresa. Así, cuando me jubilé yo, me quedó una buena “mochila” -para complementar mi jubilación en la Seguridad Social-, con la que he estado percibiendo, tras jubilarme, unos mil euros de la Mutua durante unos trece años, lo que me ha permitido mantener durante ellos unos ingresos más próximos a los que tenía cuando trabajaba. Elegí trece años pensando que no viviría tanto, ahora pienso que hubiera sido mejor cobrar la mitad pero el doble de años. En todo caso, si hubiera fallecido antes de agotar la mochila, el resto lo hubieran percibido mis hijos. Es evidente que una pensión vitalicia es lo mejor, pero si no es posible por la alta esperanza de vida, este sistema de la “mochila”, si se ha aportado lo suficiente durante la vida laboral, es bastante bueno.
El problema para la conversión en el régimen de la Seguridad Social, del sistema de pensiones de “reparto” en un sistema de “capitalización”, es constituir el fondo necesario para cubrir las pensiones vitalicias ya causadas en el momento del cambio, ya que no sería legal dejar a los actuales pensionistas sin pensión. Dado que los fondos de la Seguridad Social para pagar todos los meses las pensiones ya causadas, como hemos visto, son ya insuficientes y se está tirando de los presupuestos generales del Estado, capitalizar actualmente estas pensiones vitalicias es carísimo.
Otra cuestión no menos importante es la de la gestión de los fondos de las “mochilas” para que se revaloricen suficientemente. Nuestra Mutua complementaria, que gestionaba la rentabilidad de sus fondos a través de su Junta Directiva y con el asesoramiento de una o varias entidades bancarias, tuvo momentos de estupendos resultados anuales pero también otros en que no se conseguía ni cubrir el incremento del coste de la vida. Tanto fue así que en un momento determinado, por la inseguridad de las inversiones bancarias, se decidió entrar en el mercado inmobiliario, que tampoco dio buenos resultados. De modo que el trabajador que invierte en fondos de pensiones puede encontrarse con el tiempo con que su capital en ellos es menor de lo invertido. Recuerdo que aconsejé a mi mujer apuntarse a un fondo de pensiones, más que nada por la desgravación fiscal, y al cabo de ocho o diez años, cuando falleció, resultó que percibimos sus herederos menos de lo que había ingresado ella en el fondo. Habían sido unos años de muy baja rentabilidad de los fondos, en una economía general bastante deteriorada. Pero también es verdad que en años de buena economía podrían obtenerse con los fondos buenos incrementos del dinero así ahorrado, incluso superiores al doble del aumento del coste de vida. En fin, un riesgo en todo caso.
Por ello sigue discutiéndose si el sistema de “capitalización” es la solución, y así hay ahora bastantes detractores del sistema chileno. Lo que sí está claro es que el sistema “de reparto” es imposible de sostener. Por ello puede ser interesante una formula intermedia, como la aplicada en Gran Bretaña. En el próximo artículo veremos las dos soluciones.
