“Ministros del PSOE estallan contra Podemos por sus críticas a Justicia”, de Raúl Piña, “La ley de Educación que se aprueba hoy crispa a la concertada”, de Carina Farreras, y “La eutanasia afecta a todos”, de Luis Miguel Pastor
(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 3)
MINISTROS DEL PSOE ESTALLAN CONTRA PODEMOS POR SUS CRÍTICAS A JUSTICIA: «LA LEY DE LIBERTAD SEXUAL ERA UNA CHAPUZA»
Artículo de Raúl Piña publicado en El Mundo el pasado día 4
No se va a quitar el concierto a aquellos centros que separen alumnos por razón de género. El proyecto de ley afirma que preferentemente se concertarán los que no los separen
El paso de los días, el hecho de tener que entrar en materia, tramitar leyes de calado… ha despertado tensiones, roces, enfrentamientos que permanecían anestesiados en el Gobierno. La convivencia política y la aprobación de dos de sus leyes más importantes, la de educación y la de libertad sexual, han destapado la caja de los desencuentros.
Pese a que los miembros del Ejecutivo venden «unidad», las discrepancias y desconfianzas entre el sector del PSOE y el de Unidas Podemos son patentes. En Unidas Podemos acusan a «Justicia y Carmen Calvo de bloquear con excusas de cuestiones técnicas» la ley que blinda el sólo sí es sí.
«En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado», sentenció Pablo Iglesias, este martes, en el Senado, en un dardo nada improvisado. Fuentes del sector socialista del Gobierno puntualizan que no es una cuestión de «machismo» el que desde la Vicepresidencia primera del Gobierno y desde el Ministerio de Justicia se hayan tenido que hacer «sucesivas modificaciones» del primer texto impulsado por Irene Montero. Ministros socialistas explican que el borrador del anteproyecto de ley era una «chapuza» que no cumplía con los «mínimos parámetros jurídicos exigibles». «Estaba plagado de imprecisiones», agregan.
Asimismo, las distintas fuentes gubernamentales consultadas por EL MUNDO defienden que «todo texto legal» que aprueba el Consejo de Ministros tiene que pasar por el filtro del Ministerio de Justicia, ya que Juan Carlos Campo, como titular de dicha cartera, es el notario mayor del Reino, entrando dentro de sus competencias «velar» porque las leyes cumplan con el «rigor jurídico exigible».
La tensión con Carmen Calvo
La disputa es clara e, incluso, pública, pese a que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se esfuerzan porque su buena relación, a día de hoy, y el pacto de Gobierno firmado mantengan la unidad de acción del Gobierno.
Uno de los flancos abiertos es la tensión, siempre latente, entre la formación morada y Carmen Calvo. Una mala relación cultivada en la negociación fallida de 2019 para formar Gobierno. Ahora, la formación que lidera Pablo Iglesias culpa a la vicepresidenta primera de haber querido frenar, si no boicotear, su ley feminista.Y señala también al ministro de Justicia.
En los morados existe el convencimiento de que la vicepresidenta del Gobierno no ha digerido perder las competencias en materia de Igualdad en detrimento de Irene Montero -Calvo las tenía hasta la entrada de Podemos en el Gobierno y de hecho es secretaria de Igualdad del PSOE- y que Pedro Sánchez e Iglesias mantengan a día de hoy una buena relación, hasta el punto de que en algunos asuntos el presidente priorice al líder de Podemos y no a ella.
Hace un par de semanas, cuando desde Igualdad se acusó públicamente a Justicia de frenar la ley para que no se aprobara antes del 8-M y se desató el primer gran choque en el Gobierno, Calvo e Iglesias mantuvieron una reunión en el Congreso para tratar de limar diferencias.
Las acusaciones de Unidas Podemos
Finalmente, fue el propio Sánchez, desde Bruselas, quien ante los medios desautorizó a su ministro de Justicia empeñando su palabra a que la ley se aprobaría este martes, avalando la exigencia de Unidas Podemos.
Las diferencias entre Calvo y Unidas Podemos arraigaron en la negociación fallida de 2019. Los morados no perdonan que filtrara un documento manipulado por su departamento sobre las exigencias de los de Iglesias.
Consideran que junto a Juan Carlos Campo ha maniobrado para bloquear la ley de libertad sexual para que no saliera antes del 8-M y para que la reforma del Código Penal para las penas de agresión sexual fuera en el mismo proyecto que la rebaja del delito de sedición que beneficia a los líderes presos por el 1-O.
La versión socialista, claro está, difiere de la de Unidas Podemos. Fuentes gubernamentales admiten la «tensión» de los últimos días y que las deficiencias del texto promovido por Igualdad llevaron a Justicia y a la Vicepresidencia primera a intervenir para modificarlo a fin de cumplir con la promesa de llevarlo al Consejo de Ministros.
Pese a que todo el Gobierno propugna públicamente «unidad», la desconfianza sí se ha instalado. Por ejemplo, en el sector del PSOE no gusta la política de comunicación que lleva a cabo Unidas Podemos. Su manera de presionar a través de los medios de comunicación cuando algo no les gusta.
En Unidas Podemos desconfían de Carmen Calvo porque controla la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que determina y filtra lo que llega al Consejo de Ministros.
Disputa por los colegios que segregan
Las «discrepancias» entre el PSOE y Unidas Podemos suman peldaños. Inmigración, libertad sexual y también Educación. El Consejo de Ministros dio también luz verde este martes a la llamada Ley Celaá o Lomloe.
Fuentes gubernamentales admiten diferencias entre los socialistas y los morados por la decisión de la ministra de mantener el concierto a las escuelas que separan a niños y niñas en distintas aulas, a diferencia de lo que ha hecho Cataluña.
El Consejo de Ministros ha aprobado la octava ley educativa de la democracia, llamada a sustituir a la Lomce, pero el texto no ha sufrido variaciones desde el 15 de febrero de 2019 y, por tanto, no se ha recogido nada de lo acordado con Unidas Podemos en el acuerdo de investidura. Es una ley exclusivamente del PSOE, que se muestra, sin embargo a introducir cambios en la fase parlamentaria a través de las enmiendas.
Pero en el equipo de Pablo Iglesias hay malestar, según las fuentes consultadas, porque hay un punto que directamente «incumple» lo pactado en el documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España . Es el 2.1.2., que dice: «Promoveremos la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos».
La norma de Celaá
¿Y qué dice la Ley Celaá? La disposición adicional vigésima quinta señala: «Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España».
Isabel Celaá ha reconocido en la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial que no se va a quitar el concierto. «El proyecto de ley afirma que preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen alumnos por razón de género», ha señalado.
La propia ministra ha reconocido en alguna ocasión que, aunque su partido está en contra de este modelo educativo, que considera que es «segregador», no puede ir más allá y retirar la financiación pública a los centros, como plantea un decreto en Cataluña, porque el Tribunal Constitucional lo ha avalado en una sentencia reciente.
Otra cuestión de la Lomloe en la que no coinciden el PSOE y Unidas Podemos es el rango que tendrá la asignatura de Religión. El acuerdo de investidura dice que «será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos».
Es justo lo que ha recogido el proyecto de ley. Pero a la formación morada le hubiera gustado que esta materia fuera extraescolar o extracurricular, como también defendía Pedro Sánchez en sus orígenes. Nada de esto se ha recogido en la ley.
LA LEY DE EDUCACIÓN QUE SE APRUEBA HOY CRISPA A LA CONCERTADA
Artículo de Carina Farreras publicado en La Vanguardia el pasado día 3
La llamada “ley Celaá” deroga la Lomce. La nueva ley de Educación que aprobará hoy el Gobierno, la Lomloe, da más control a la administración para retirar la financiación a las escuelas concertadas. La llamada “ley Celaá”, que deroga la Lomce, otorga a la administración la posibilidad de programar la oferta de centros en función del cálculo del número de alumnos y cerrar grupos, tanto en la pública como en la concertada, antes de que los padres se pronuncien sobre el colegio que quieren para sus hijos.
La nueva ley de Educación que aprobará hoy el Gobierno, la Lomloe, da más control a la administración para retirar la financiación a las escuelas concertadas. La nueva normativa –la misma que presentó hace un año y truncó el adelanto electoral– coincide con la esencia de los decretos que quiere aprobar próximamente la Conselleria d’Educació y que han recibido más de 100.000 alegaciones por parte de los padres de la concertada.
La llamada “ley Celaá”, que deroga la Lomce, otorga a la administración la posibilidad de programar la oferta de centros en función del cálculo del número de alumnos y cerrar grupos, tanto en la pública como en la concertada, antes de que los padres se pronuncien sobre el colegio que quieren para sus hijos. Esto quiere decir que la escuela concertada puede perder la financiación pública que recibe sobre una clase a pesar de que quizás no la perdería con el sistema actual, es decir, si tuviera suficiente demanda para llenarla.
La reforma da a la administración la posibilidad de quitar conciertos antes de conocer su demanda
La concertada considera que la intervención administrativa en el reparto de alumnos pasa por encima de la libertad de las familias a elegir el centro deseado. Asimismo, y como sucede con los decretos de admisión de alumnos y de la concertada, la ley prevé también a las administraciones educativas repartir el alumnado con necesidades específicas o educativas (por su situación social o dificultades de aprendizaje) entre los centros públicos y concertados, sin prever ninguna aportación económica adicional.
Finalmente, retira el concierto a las escuelas que segregan por sexo, básicamente los colegios que dependen del Opus Dei.
Las asociaciones que representan a la escuela concertada en España, tanto laicas como religiosas, se han tomado esta ley como un ataque frontal al modelo que representan y que, creen, asfixiará económicamente a los centros como paso previo al establecimiento de un modelo de educación público.
No obstante, la normativa parece perseguir la finalización de los conciertos a los colegios que cuentan con recursos importantes, propios de escuelas privadas y que atienden a un alumnado de familias acomodadas. De este modo, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconoció el 20 de febrero, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el papel de algunas concertadas. “Sabemos que en esta tarea –construir una sociedad justa y solidaria– podemos contar también con un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función social de la educación”, manifestó.
Artículo en: https://www.lavanguardia.com/vida/20200303/473933594998/ley-celaa-educacion-aprobacion-escuela-concertada.html
LA EUTANASIA AFECTA A TODOS
Artículo de Luis Miguel Pastor publicado en Aceprensa el pasado día 4
La eutanasia no es una decisión individual que afectaría solo al enfermo que la pide. Su legalización es algo que repercute en las relaciones entre enfermo y familiares, en la ética de los profesionales sanitarios y en la consideración social del respeto a la vida humana. Así lo pone de manifiesto un artículo de Luis Miguel Pastor, editor de Cuadernos de Bioética, en un número de la revista dedicado a “Morir con dignidad y eutanasia”, del que ofrecemos una selección de párrafos.
Luis Miguel Pastor, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Murcia, se refiere en su nota de presentación de este número a la eutanasia voluntaria y al suicidio asistido, y cita en diversos momentos el Comunicado de la Asociación Española de Bioética (AEBI) sobre la Eutanasia (1), de octubre de 2018, documento al que pertenecen las citas entrecomilladas.
Muerte a petición
Lo que clásicamente denominamos eutanasia voluntaria [es] aquel acto –sea activo o de omisión– que lleva a la muerte, realizado por personal sanitario dentro de la fase final de una enfermedad. Esta se produce por una petición del propio enfermo, pues su sufrimiento es vivido como insoportable y este lo plantea como huida o salida de él.
Sus partidarios suelen plantear que la eutanasia solo se debe aplicar a petición del paciente en casos especiales y con determinadas garantías que impidan los abusos. La razón de fondo aducida sería de tipo humanitario, pues son conscientes de que podría aplicarse a personas que realmente no lo desean plenamente, o que su competencia al consentir está muy deteriorada, o que fueran empujadas a ello. Se trataría de no hacer sufrir a una persona más allá de sus posibilidades, evitarle sufrimientos que son considerados innecesarios y aceptar en una situación límite la opción eutanásica. (…)
Con respecto a los responsables públicos, la aceptación legal de esta práctica supondría su despenalización, basándose en que el interés general se salvaguardaría con una serie de requisitos o garantías que evitarían que tal práctica pudiera expandirse y afectar al bien de la vida humana en la entera sociedad. También esos límites impedirían posibles abusos de terceros y regularían el riesgo de que pudiera incrementarse el poder de los sanitarios sobre la vida humana.
Eliminar el dolor, no al enfermo
Ante la primera situación considero “que nunca hay motivo que justifique la directa eliminación de un ser humano. El interés general de la sociedad exige que ningún ciudadano pueda cooperar o ejecutar la eliminación de otro, menos aún los profesionales sanitarios. Ni el dolor ni la ausencia de ninguna otra cualidad inherente a la persona anulan su dignidad”, en cuanto no se puede admitir excepciones al principio “no matarás al inocente”.
El interés general de la sociedad exige que ningún ciudadano pueda cooperar o ejecutar la eliminación de otro
Nunca es lícito para conseguir un bien hacer el mal, o lo que es lo mismo, que el fin justifique los medios. Ni las circunstancias de sufrimiento, ni la intención última de eliminarlo, ni el propio consentimiento del paciente, que demanda la eutanasia, cambian sustancialmente la acción de elegir la muerte de un ser humano provocándola o colaborando con ella. La actitud pues de la propia persona y especialmente de los que le atienden debe dirigirse hacia otras soluciones en cuanto hay que “eliminar el dolor y el sufrimiento, no a la persona con dolor y sufrimiento.
(…) Las pocas peticiones eutanásicas que se pueden dar terminan cuando los pacientes reciben tratamiento paliativo adecuado… Lo que piden los enfermos es ser valorados, seguridad ante la incertidumbre de la muerte, ser tratados y cuidados profesionalmente”, “hacer caso” a las intimas necesidades de un ser humano en ese periodo de su vida, con cariño y profesionalidad.
Desvalorización social de la vida
Pero la cuestión de la eutanasia tiene un componente sociopolítico muy importante. (…) Su perspectiva ética a la hora de tomar decisiones, no solo mira a un bien individual o al que surge de una relación profesional, sino que atiende al conjunto de todas las personas que constituyen la sociedad. Permitir que en una sociedad uno de sus miembros pueda matar a otro bajo cierta excepcionalidad supone una ruptura importante del tejido social. “Si en alguna circunstancia se admite que alguien pueda disponer la vida de una persona, implícitamente se está afirmando que la vida humana no es inviolable o incondicional y por lo tanto se acepta que hay vidas humanas que merecen no ser vividas.” (…)
Legitimar legalmente la anticipación de la muerte para algunos puede ser considerado un avance en su libertad individual, pero no es menos cierto que esa pretendida libertad de elección para ellos, se convertiría para otros en una fuerte presión. Socialmente, el paradigma del respeto de la vida humana habría cambiado y, de ser considerada siempre la vida de la persona como algo inviolable, se pasaría a que cada uno tendría que justificar ante los demás su decisión de seguir viviendo hasta su fin natural. Dudas, que son habituales en estas situaciones, como considerar que uno puede ser un peso psicológico, moral o un gasto para los familiares o la sociedad, se agravarían, en cuanto que la responsabilidad de seguir viviendo caería solo en manos de los pacientes.
Una sutil incitación
Junto a esto, no habría que pasar por alto la posibilidad de una sutil incitación por parte del entorno para que el enfermo se decantara por una elección eutanásica. Esto supondría una violencia moral que en muchas ocasiones estaría basada en un chantaje de carácter emocional. Ante esto, no está tan claro que para el interés general de una sociedad legalizar la eutanasia suponga incrementar la libertad de los ciudadanos. Aceptar excepciones al “no matarás” tiende por su dinámica a que estas se extiendan y a ir afianzando una infravaloración en la sociedad de los más vulnerables y desfavorecidos.
(…) Por último, aunque fuera un estadio final, no hay que obviar la posibilidad de que se llegara a considerar como un buen acto ciudadano la iniciativa del médico o la familia que decidiera realizar una eutanasia sobre sujetos que no pueden decidir. Se habría entonces producido una inversión o deformación de la beneficencia, por la que se eliminaría a un paciente en base a criterios subjetivos de terceros, que juzgarían la capacidad del otro de ser feliz, o de que su vida merezca ser vivida al no estar a la altura de la dignidad humana por ellos concebida. (…)
La posible participación de los profesionales sanitarios en actos eutanásicos ocasionaría como consecuencia principal “un fenómeno corrosivo de su ethos y de la relación sanitario-paciente que implicaría una desnaturalización de ellos: un atentado a la integridad ética de los profesionales sanitarios y a la confianza como fundamento de la relación médico-paciente. El acostumbramiento social y el activismo proeutanásico terminarían por convencer a los profesionales y familiares de que matar por lástima o a petición del enfermo es una alternativa terapéutica tan eficaz que no se puede rechazar. A pesar de las salvaguardas que para la eutanasia existen en algunos países, hay datos que indican que estas son ineficaces, ya que la eutanasia voluntaria da lugar a un incremento de la no consentida”.
Suicidio asistido
Una segunda situación es la del sujeto humano aquejado de alguna enfermedad, crónica, física o psíquica, aunque no se encuentre en la fase final de la misma o de los que tienen enfermedades mortales a corto plazo, en las que el paciente solicita voluntariamente una ayuda o cooperación para morir: suicidio asistido o cooperación al suicidio. (…).
Sus partidarios consideran que tanto la eutanasia como el propio suicidio asistido son lícitos en el plano ético, pues son una manifestación de la dignidad del hombre, la cual radica en su libertad de elección. La persona competente puede decidir sobre la disposición de la vida hasta el extremo de eliminarla directamente con la ayuda de terceros o solicitando que otros lo hagan. (…) Para el enfermo el acto quedaría justificado como ejercicio de un derecho, para el profesional sería un deber ayudar a que este sea efectivo, y los poderes públicos deberían simplemente regular tal derecho, asegurándose de la competencia del enfermo y de facilitar los medios para realizarlo (…).
Es cierto que la sociedad solo debe legislar sobre los comportamientos de las personas que tengan un impacto en la comunidad, pero no es menos cierto que la eufemísticamente denominada muerte medicamente asistida sí que los tiene. (…) Sin darnos cuenta, se produciría una alteración importante al aceptar que es de interés social una auto-disposición del propio cuerpo, hasta llegar a su propia destrucción, si uno libremente lo desea. Habríamos aceptado todo un mensaje que lleva implícito tal acción: si mi vida, que está bajo mi custodia y además, teóricamente, soy yo el más interesado en conservarla, la elimino, ¿por qué no lo harán otros, por diversos motivos de índole común? (…)
Hay datos que indican que legalización de la eutanasia voluntaria da lugar a un incremento de la no consentida
Desde el punto de vista ético del profesional sanitario, la aceptación social de que la autodestrucción fuera un bien (…) violaría directamente su conciencia y condicionaría drásticamente la libertad en su práctica profesional. Se ejercería sobre el profesional una fuerte presión y se consumaría la tendencia actual a que estos se limiten solo a satisfacer las demandas de los pacientes.
Es lógico que se pueda comprender el posicionamiento eutanásico de algunos, al valorar sus circunstancias personales, pero esto no puede doblegar la intuición natural de tantos que están o no en similar situación, y que captan que elegir la muerte no es una opción entre muchas, sino el modo de suprimir todas las opciones. (…) Y que, como indica la Asociación Médica Mundial, reconocen que “la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética” (2).
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(1) Conclusiones de la Jornada Anual de AEBI y Comunicado de AEBI sobre la Eutanasia: “Morir con dignidad” (19-10-2018).
(2) Declaración aprobada en la 70ª Asamblea General de la World Medical Association, Tbilisi (Georgia), octubre 2019.
Artículo en: https://www.aceprensa.com/ciencia/eutanasia/la-eutanasia-afecta-a-todos/
