“Caos en unas compras peligrosas y caras”, de ABC, “La concertada denuncia el «autoritarismo sin precedentes» del Gobierno”. de Ana Fuentes, y “El 68% de los españoles considera un «desastre» la gestión del Gobierno”, de Actuall
(Viñeta de Nieto en ABC l pasado día 28 de abril)
CAOS EN UNAS COMPRAS PELIGROSAS Y CARAS
Editorial de ABC publicado el pasado día 28 de abril
Se trata del gran pecado original del Ejecutivo: no hacer acopio del material necesario en los albores de la epidemia. Uno de los mayores errores del Gobierno en esta crisis del Covid-19 ha sido la caótica gestión del «mando único» que desde el Ministerio de Sanidad se encarga de centralizar las compras del material sanitario para hacer frente a una situación extraordinariamente grave. Tras las calamitosas pifias de los test rápidos de detección que resultaban no fiables (650.000) y de las mascarillas no homologadas y que no protegían bien (350.000), ABC informa hoy de la compra, pagando sobreprecio, de una partida de bastoncillos para toma de muestras a un intermediario farmacéutico con varios procesos judiciales por estafa. No es una cantidad menor, pues lo abonado finalmente por la Administración fueron más de cuatro millones de euros.
La imprevisión seguimos pagándola cara. Se trata del gran pecado original del Ejecutivo: no hacer acopio del material necesario en los albores de la epidemia, entre otra cosas porque fue negando la gravedad de la situación hasta el día 9 de marzo, cuando ya iba muy tarde y el mercado comenzada a estar estresado. Cuando quiso ponerse, el planeta entero estaba haciendo acopio de material y Sanidad optó por echarse en manos de intermediarios poco fiables, con compras compulsivas a cualquier precio de enseres que no resultaban siempre fiables. Lo peor de todo fue la desprotección que tan caótico sistema supuso para el personal sanitario. No es casual en modo alguno que España lidere la clasificación mundial de médicos y enfermeros contagiados. Menos grave, pero también nocivo es el quebranto económico que esta disparatada estrategia comercial provocó en el erario, como son los sobreprecios pagados en determinadas partidas millonarias o echar mano de empresas o intermediarios en procesos judiciales por estafa. La radiografía de un caos comercial que resultó peligroso y caro.
Artículo en: https://www.abc.es/opinion/abci-abc-caos-unas-compras-peligrosas-y-caras-202004272319_noticia.html
LA CONCERTADA DENUNCIA EL «AUTORITARISMO SIN PRECEDENTES» DEL GOBIERNO
Artículo de Ana Fuentes publicado en Actuall el pasado día 28 de abril
La escuela concertada cree que la limitación del plazo de enmiendas a la nueva ley educativa «manifiesta un déficit democrático inadmisible». La plataforma ‘Concertados’ critica que el Gobierno hurta «el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley».
La plataforma ‘Concertados’ critica la decisión de la Mesa del Congreso de no querer aceptar un aplazamiento del trámite de presentación de enmiendas a la Ley Orgánica de Mejora de la LOE y asegura que se trata de «una actitud poco elegante y que, desde luego, manifiesta un déficit democrático inadmisible».
La plataforma ‘concertados’ está constituida por los principales actores del sector de la educación concertada de iniciativa social: Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera).
Estas organizaciones entienden que «en un momento en el que la pandemia del COVID-19 está asolando a nuestro país es necesario priorizar la vida y la salud de nuestra sociedad» y por esta razón denuncian como «no comprensible» que el Ministerio de Educación «trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la LOMLOE, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan importante como el educativo».
Las principales organizaciones de la escuela concertada explican su sospecha sobre las razones del gobierno para actuar con esta celeridad. A su juicio, «la prisa del Gobierno parece obedecer, no solo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza»
por otro lado, ‘Concertados’ considera que esta actitud revela «su propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de paso posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad».
Los representantes de la educaicón concertada recuerdan al Gobierno que ha llamado a adoptar soluciones extraordinarias en la Educación debido a la pandemia y reclaman «que se aplique este mismo criterio a la aprobación de la LOMLOE: que se paralice su tramitación hasta que se levante el estado alarma y pueda restablecerse la normalidad».
De esta manera, consideran que se permitirá a la sociedad y a la comunidad educativa participar en el debate de una ley de este calado.
«Si el Gobierno persiste en la actitud de aprovechar a su favor un momento tan crítico y excepcional, va a ser difícil continuar por las vías del diálogo y de la colaboración ante lo que entendemos es un ejercicio de autoritarismo sin precedentes. Ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación», subrayan.
Por último, la plataforma considera que «medidas de este tipo, unilaterales y que despiertan sospechas, no ayudan a conseguir el Pacto Escolar que demanda y necesita la sociedad». En este sentido, solicitan que los pactos de Estado que busca el Gobierno para facilitar la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia de coronavirus, incluyan también las cuestiones educativas. A su entender, este es un paso previo imprescindible «para lograr una reforma consensuada, centrada en los problemas reales que tiene la enseñanza de este país» que permita esta preparados «para una ley educativa de todos y para todos».
La falta de ayudas a la concertada, «un ataque» contra la «enseñanza que disiente»
El presidente de la Fundación Educatio Servanda que gestiona 7 colegios concertados Juan Pablo II en España ha señalado que la falta de financiación a la educación de iniciativa social y la ausencia de ayudas previstas para este sector en el marco de la situación de crisis derivada de la pandemia pone en cuestión su futuro.
Juan Carlos Corvera alerta «del acoso constante a la escuela concertada, católica en su mayoría, que continúa incluso en este tiempo de pandemia», en concreto con declaraciones que invitan a devolver las cuotas voluntarias y que aseguran que éstas se han triplicado en algunos casos.
Corvera asegura que en los siete colegios que gestiona «ni hemos triplicado la cuota voluntaria, ni hemos cobrado servicios no prestados» y se pregunta «hasta cuándo podrán sostenerse los centros con el nivel de infrafinanciación que sufren las escuelas concertadas».
En lugar de alentar a las familias a que devuelvan sus aportaciones, Corvera considera más razonable que estos centros «recibiesen una ayuda del Estado para lo que queda de curso» como se está proponiendo para otros sectores. ayuda que podría ir directamente a las familias «que siempre están pagado la infrafinanción de la concertada».
Sin las ayudas y con el llamamiento a devolver las cuotas que cubren ese déficit, «¿cómo se pagarán la mayor parte de las nóminas del personal de administración y servicios?, ¿y las cuantiosas hipotecas que se solicitaron para la construcción de los centros?, ¿y el mantenimiento de esos inmuebles?, ¿y los gastos extraordinarios como las licencias para ofrecer la formación online que la propia administración nos ha pedido?«, se pregunta el presidente de la fundación Educatio Servanda.
A su juicio, sin ayudas «inevitablemente, los colegios se verán abocados al cierre. En cuyo caso, ¿a dónde llevaremos a nuestros hijos?».
Por último Corvera plantea sobre esta cuestión: «¿Se trata de un problema económico o, por el contrario, somos víctimas de un ataque velado cuyo objetivo no es otro que el de acabar, de una vez por todas, con un modelo de enseñanza que disiente de la ideología dominante?».
Artículo en: https://www.actuall.com/educacion/la-concertada-denuncia-el-autoritarismo-sin-precedentes-del-gobierno/
EL 68% DE LOS ESPAÑOLES CONSIDERA UN «DESASTRE» LA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y SUSPENDEN A SÁNCHEZ CON UN 3
Artículo de Actuall publicado en su web el pasado día 22
Una encuesta del Instituto de Estudios Analísticos también suspende a Iglesias (2,3) y el 64% cree que el doctor Simón ha faltado a la verdad. La mejor nota de esta encuesta se la llevan los sanitarios, que logran un 9,7 sobre 10 seguidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército.
El 67,9 por ciento de los españoles considera que la gestión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis del coronavirus ha sido un «desastre», según una encuesta del Instituto Nacional de Estudios Analíticos (INEA). Los ciudadanos suspenden con un 3 la gestión concreta del jefe del Ejecutivo y con un 2,3 al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias y una amplia mayoría, un 64 por ciento, consideran que el doctor Fernando Simón ha faltado a la verdad.
La muestra de este estudio sobre la situación del estado de emergencia es muy amplia ya que se han realizado 351.688 encuestas de manera online en todo el territorio nacional. Estas se han llevado a cabo entre los días 1 y 10 de abril, cuando también estuvieron paralizadas las actividades esenciales por el permiso obligatorio recuperable que decretó el Gobierno.
Según este trabajo, solo el 22 por ciento considera que la gestión del Ejecutivo ha sido muy eficiente y la opinión de un 10,2 por ciento es neutra al respecto.
El mayor rechazo a esta gestión se ha producido en Ceuta (78,4 por ciento) y Melilla (75,5), pero también se sitúa por encima del 70 por ciento en Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia. Y muy cercano a ese porcentaje aunque por debajo del 70 por ciento se sitúa la crítica de Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid y Valencia. En el caso de Cataluña, la opinión negativa está en el 63,3 por ciento, mientras que en Galicia, País Vasco y Canarias, el rechazo a la gestión del Ejecutivo se sitúa por debajo del 60 por ciento.
La mala valoración resulta mayoritaria en todos los grupos de edad, especialmente entre los mayores de 65 años con un 71,1 por ciento de la población, y con un 70,7 por ciento entre los 46 y los 55 años de edad. Los más jóvenes, de 18 a 25, años rechazan su gestión en un 58 por ciento.
En cuanto a la gestión del presidente del Gobierno, el 75,3 considera que es «mala o muy mala» y le suspenden con un 3, siendo más criticado por hombres que por mujeres, aunque el 71,3 por ciento de estas también ven su gestión muy negativa. La nota más alta, un 3,7 se la lleva de los jóvenes de entre 18 y 25 años y la más baja, un 2,8, del rango de edad de entre 46 y 55 y a partir de 65 años, informa Europa Press.
Pero los ciudadanos valoran aún peor al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a quien otorgan un 2,3 por su gestión de la crisis del coronavirus. El 80,9 por ciento de los encuestados la ven «mala o muy mala». También en este caso es mejor valorado por las mujeres que por los hombres. Y por edades, los jóvenes de entre 18 y 25 años le dan la mejor nota, un 3,2, que desciende al 2,1 entre los mayores de 65 y en el rango de edad entre 46 y 55 años.
El 69% pide responsabilidades políticas o penales para el Gobierno
En cuanto a quién creen los encuestados que ha tomado la iniciativa en las decisiones del Ejecutivo, un 38 por ciento opina que ha sido Pedro Sánchez, mientras que el 33 por ciento piensa que Iglesias. Pero estos porcentajes varían mucho con la edad, aumentando con ésta el porcentaje que considera que es Pablo Iglesias el que está tomando la iniciativa en el Gobierno.
Respecto a la gestión de los actos previos a la crisis por parte del Gobierno de España, como las manifestaciones del 8M, conciertos, el congreso de Vox en Vistalegre y eventos deportivos, el 79,6 por ciento considera que fue irresponsable mantenerlos a pesar del aviso de la OMS, y el 69 por ciento cree que el Gobierno debería pagar responsabilidades políticas y penales.
Además, el 68 por ciento considera que no se han sabido tomar medidas efectivas, y un 72,9 por ciento opina que la sanidad española no cuenta con los medios suficientes.
Fernando Simón, mentiroso para 6 de cada 10
En este estudio, también se ha preguntado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, que es quién ha ofrecido la información de la pandemia desde el primer momento. En opinión del 64 por ciento de los encuestados, ha faltado a la verdad en sus declaraciones.
La compra de material sanitario para luchar contra el virus tampoco tiene buena valoración, ya que el 74,1 por ciento considera que ha sido «mala o desastrosa». Todos los rangos de edad coinciden en calificar así esta gestión de compra, siendo los rangos de edad entre los 36 y 55 años de edad, los que peor lo valoran.
El ministro Illa, el mejor valorado del gobienro, sólo llega al 3,2.
El ministro que mejor valoración logra en este trabajo del INEA es el de Sanidad, Salvador Illa. Suspende con un 3,2, pero es la nota más alta del equipo del Gobierno. Los encuestados entre 46 y 55 años son los que dan una nota media más baja al ministro Illa, un 2,9.
Por el contrario, la ministra de Igualdad, Irene Montero, es quien se lleva la nota más baja del Ejecutivo, un 2,1. Suspende en todos los rangos de edad, y son los encuestados entre 46 y 55 años los que dan una nota media más baja, de un 1,9.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se queda con una nota del 2,8, la misma nota que la titular de Hacienda, María Jesús Montero. En la encuesta también se ha pregunta a los ciudadanos por el director de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, que suspende con un 2,5 y por el secretario de Estado de Comunicación, que ordena los turnos y las preguntas de las ruedas de prensa, Miguel Ángel Oliver, que también suspende con un 2,6.
La mejor nota, para sanitarios (9,7) y FCSE y Ejército (9,3)
La mejor nota de esta encuesta se la llevan los sanitarios, que logran un 9,7 sobre 10. Aunque la buena nota es generalizada en toda España, donde mejor valoración reciben es en Madrid, Andalucía y la comunidad valenciana.
También la Policía, la Guardia Civil y el Ejército logran un sobresaliente, un 9,3. Los dos cuerpos policiales logran su mejor nota en Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha, Madrid, comunidad Valenciana y Castilla y León, donde no baja de 9,5 y 9,4. Por el contrario, en Cataluña, País Vasco y Navarra es donde peor se les valora. Aún así, logran un 8,4 en la comunidad que preside Joaquím Torra.
En cuanto al Ejército, en Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha, Extermadura, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana es donde mejor se le valora. Por el contrario, Cataluña es donde peor, pero con un notable, un 8,1. También Navarra y País Vasco están entre las CCAA que peor nota dan a las FAS.
Torra, el peor valorado y Almeida, el único que aprueba
El presidente autonómico peor valorado es el catalán Joaquím Torra, a quien los ciudadanos solo le otorgan un 1. Su calificación en Cataluña es del 2,6, mientras que en Madrid es del 0,9 y en Andalucía, del 0,8.
La presidenta de la comunidad de Madrid cosecha un 4,6 (en una horquilla que va del 5,3 en Madrid al 3,5 en Cataluña).
Tampoco la alcaldesa de Barcelona tiene una buena calificación, un 2,3, frente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es el único político que aprueba en esta encuesta con un 5,2 (que va del 6,1 en Madrid al 4,1, en Cataluña).
En cuanto a los dirigentes de la oposición, el mejor valorado aunque también con un suspenso, es el líder de VOX, Santiago Abascal, con un 3,7; mientras que Arrimadas cosecha un 3,6 y Pablo Casado, un 3,5.
El Rey Felipe, calificado con un 4,4
El trabajo del INEA también pregunta por la gestión del Rey Felipe VI, al que los ciudadanos dan un 4,4 sobre 10. Un 36,9 por ciento cree que su gestión ha sido positiva, un 12,9 opina que negativa y la mayoría, el 50,5, la ve irrelevante. Y los medios de comunicación también suspenden aunque andan cerca del aprobado, un 4,7.
