Por José María Arévalo

(La procesión del Corpus en Sevilla. Óleo de Manuel Cabral)

Tres días antes de que supiéramos que pasábamos a la fase 0,5 (fase 0 atenuada en Madrid, Barcelona y ciudades de Castilla y León) en que ya podríamos ir a Misa y comulgar, lo que ardientemente esperaba como les conté en artículos anteriores, resulta que me entero que hay una Misa diaria no muy lejos de mi casa, pero no en el centro –donde siguen todas las iglesias cerradas-, al otro lado del Pisuerga, y ello desde principios de mayo. Así que me arriesgué a asistir a ella y así he seguido haciéndolo esos tres días, hasta que ha abierto mi parroquia. Digo me arriesgué porque, por los medios de comunicación –incluido whatsapp- sabía que en varios casos la Policía ha interrumpido misas en varias ciudades españolas, la primera la que iba a decir nuestro arzobispo en la catedral de Valladolid al comienzo del confinamiento; pero también que se discutían abiertamente estas actuaciones del Gobierno, incluso se había presentado una querella criminal contra él por ellas, como veremos. Enseguida miré los argumentos a favor y en contra, pero sobre todo me fui a la fuente legal y comprobé si tenía base la protesta y denuncia.

Así pude confirmar que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, BOE del mimo día, por el que se declaró el estado de alarma, en su artículo 11 que se titula “Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas”, dispone: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Así que tenía indudable base legal para poder ir a Misa antes de pasar a la fase 0,5. Solo me faltaba resolver el problema de la salida a la calle, pues la Misa empezaba justo a las 7 de la tarde, y necesitaba salir de mi casa diez minutos antes para llegar a tiempo; así que me eché al bolsillo el envoltorio de un medicamento que uso, por si me paraban alegar que había ido a la farmacia antes de empezar mi paseo y no lo había encontrado. Pero no tuve problema, nadie me paró. Hay que ver lo que tiene uno que hacer en esta situación de alarma-excepción-persecución en que nos ha metido el Gobierno. Me recordaba a la de mis padres en Madrid durante la guerra civil, que ya les conté en mi serie “Memoria familiar”.

Queda claro que podía mantenerse el culto desde el principio; quizá ese ataque a algunas celebraciones ha derivado de que a partir de la Fase 1 de desescalada los lugares de culto pueden abrir limitando su aforo a un tercio, lo que han dicho algunos que implícitamente supone reconocer que antes no podían abrir, incluso parece, como ahora veremos, que a ello aludió el presidente del Gobierno. Pero el argumento es falso, porque la Fase 1 se regula por Orden ministerial, que no puede ir contra un Decreto al que precisamente es desarrollo.

Pero los señores Obispos, cuando se pronunciaron, ante el anuncio del estado de alarma, por el cierre general de iglesias –eso sí, con dispensa de la obligación dominical- ¿no se dieron cuenta de que aplicaban más cautela que la obligación legal? Yo creo que sí, pero vieron imposible resolver el problema en las misas de los domingos, en que muchas suelen estar abarrotadas. Pero podían haber previsto excepciones como mantener algunas misas tempranas en días de diario, permitir templos donde poder hacer oración, hacer la Visita al Santísimo, comulgar e incluso confesar. Quizá no quisieron complicarse la vida o quedar como que ponían en riesgo a los fieles más practicantes. Yo creo que si hubieran previsto y divulgado estas excepciones desde el principio, se hubieran evitado la polémica que ha surgido después. Como suele ocurrir, el no ejercitar los propios derechos tiene consecuencias.

La otra gran sorpresa ha sido que la regulación final de la Fase 1 incluye una prohibición de culto en la calle, vaya usted a saber por qué. Veamos antes los incumplimientos del Decreto que se han producido, por prohibición policial –mejor dicho, gubernamental- de asistir a misas.

La web Actuall publicaba el 16 de abril un comunicado de MasLibres.org que destacaba que «La Policía no puede acceder a una iglesia sin una orden judicial dado que no estamos en estado de sitio o excepción” y que “miles de personas están exigiendo explicaciones al Gobierno por permitir que agentes de la Policía Nacional -sin una orden judicial- desalojasen a los 20 fieles que en Viernes Santo asistían a misa en la catedral de Granada. El caso de Granada ha sido uno de los últimos, que se suma a lo sucedido durante el estado de alarma en iglesias de Cádiz, Sevilla y Valldoreix, en Barcelona.

La campaña, que ya ha recogido más de 17.000 firmas, pide que se garantice la libertad de culto de los cristianos en los términos que marca la ley en el Real Decreto del pasado 14 de marzo por el que se declaraba el estado de alarma. “Los cristianos están en el punto de mira de las autoridades y de los medios de la izquierda que les acusan de violar la cuarentena y eso es rotundamente falso”, ha asegurado Javier Nogués, portavoz de MasLibres.org.

“El estado de alarma permite las ceremonias religiosas y la asistencia al culto. Así se explica claramente en el artículo 11 del Real Decreto que nos mantiene confinados. ¿Por qué están impidiendo entonces por la fuerza la celebración de la liturgia o que la gente acuda a las iglesias a rezar si se hace conforme estipula la ley?”, ha afirmado el portavoz de la plataforma en defensa de la libertad religiosa.

“Le pedimos al ministro de Interior Grande-Marlaska que garantice nuestra libertad religiosa y desde luego queremos recordarle que la Policía no puede acceder a una iglesia sin una orden judicial dado que no estamos en estado de sitio o excepción”, ha concluido el portavoz de MasLibres.org.

Además del caso de Granada, MasLibres.org también ha tenido conocimiento de otro triste caso del pasado 14 de abril denunciado por el párroco de la iglesia de los Santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares en Madrid. Fuentes del Obispado de Alcalá -consultadas por MasLibres.org- han asegurado que la iglesia desalojada por la Policía Nacional el pasado lunes, en la que había cinco feligreses durante la celebración eucarística, cumplía todas las condiciones de seguridad exigidas por el decreto de estado de alarma. Explican que los hechos tuvieron lugar cuando un vecino llamó a la Policía para denunciar que una misa estaba teniendo lugar y un agente se extralimitase en sus funciones desalojando a quienes estaban en el templo.”

El 14 de mayo publicaba también Actuall que “Cerca de 50.000 ciudadanos se han sumado a una petición para que sea desestimada la denuncia municipal contra el cardenal Cañizares. La plataforma MasLibres.org denuncia que “la locura laicista ha llegado a un extremo intolerable. Con la excusa del coronavirus, los creyentes están siendo perseguidos”.

El cardenal Cañizares sacó a la Virgen de los Desamparados al umbral de la catedral para que los fieles pudieran venerarla en plena pandemia.

“Lo que el Ayuntamiento de Valencia está tratando de perseguir con la denuncia al cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Cañizares, es una manifestación religiosa espontánea de unos pocos ciudadanos que mostraron su cariño por la patrona de Valencia. Reinterpretar las normativas y utilizarlas para restringir los derechos fundamentales de colectivos concretos, como el de los cristianos, es abusivo y discriminatorio”.

Estas son las palabras con las que más de 55.000 ciudadanos -desde primera hora del jueves 14 de mayo- se están dirigiendo a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, para pedirle que actúe y ponga fin a la denuncia de la Policía Local contra el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. La iniciativa parte de la plataforma por la libertad religiosa, MasLibres.org, que este lunes lanzó la campaña, con el título ‘La izquierda criminaliza al cardenal Cañizares’.

“El consistorio valenciano quiere multar al cardenal Cañizares porque dice que se saltó el Estado de Alarma. Sin embargo, ni siquiera sacó la imagen de la Virgen de los Desamparados del templo. Sólo la expuso durante unos segundos desde el interior, cumpliendo las normas sanitarias. Pero la verdad no le interesa a la izquierda, que sólo busca hacer daño a los creyentes”, explica el portavoz de MasLibres.org, Antonio Velázquez.

Velázquez lo tiene claro: “La locura laicista ha llegado a un extremo intolerable, con la excusa del coronavirus, los creyentes y los religiosos están siendo perseguidos”. En concreto, fue el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano, el promotor de la denuncia contra el prelado. “Esta actuación no es sólo una amenaza para el cardenal Cañizares. Es un ataque a todos los cristianos de España y una demostración más del aprovechamiento ideológico de la crisis para imponer un laicismo basado en el odio a lo cristiano y los creyentes. Además, resulta sorprendente que los mismos que defendieron las concentraciones feministas del pasado 8 de marzo, son ahora incapaces de tolerar los aplausos de unos pocos fieles emocionados ante la imagen de su patrona local”, señala el portavoz de MasLibres.org.

Entre tanto, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro de Interior, en defensa de la libertad religiosa. Y ha ampliado la querella también contra el presidente Sánchez por ‘reconocer’ la prohibición de las celebraciones religiosas. «El gobierno está aprovechando el estado de alarma para imponer su ideología y cercenar la libertad religiosa», denuncia Polonia Castellanos.

La organización de juristas acusa a Marlaska y a Sánchez de delito de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal, así como de dos delitos contra los sentimientos religiosos, uno de prohibición de culto (art. 522 del C.P.) y otro de interrupción de culto (art. 523 del C.P.). Y con agravante de discriminación (tipificado en el artículo 22.4 del Código Penal).

Sostienen que “el anuncio realizado por el presidente del gobierno el pasado 28 de abril de que a partir de la Fase 1 de desescalada los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio supone reconocer implícitamente que antes no podían abrir, algo que va en contra de la ley”.

Y destacan que “es obvio que, dicha afirmación, no obedece a un error involuntario sino que con ello trata de amparar las interrupciones ilícitas de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante la pandemia, a sabiendas de que dichas celebraciones cumplían con las condiciones establecidas en el artículo 11 del Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma y, por tanto, ya se encontraban permitidas”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “el gobierno está aprovechando el estado de alarma para imponer su ideología y cercenar la libertad religiosa. Hay una auténtica campaña de persecución a los cristianos”.

María García publicaba el 8 de mayo en Actuall un interesante artículo que resume la cuestión, titulado “Los ataques a la libertad religiosa siguen durante el confinamiento”, donde denuncia que se siguen cancelando actos religiosos en varios lugares. “Así pasó en San Fernando de Henares, perteneciente a la diócesis de Alcalá, que no había anulado las eucaristías. En Madrid también pararon una misa “en directo”, pues se estaba retransmitiendo por internet. En Valencia, nueve fieles y un sacerdote fueron desalojados de la iglesia, mientras que en Sabadell la policía local pedía poner fin a la Adoración Perpetua. Además, el gobierno prohibió en Alicante la salida de la Santa Faz para bendecir la ciudad.

Digo yo que los agentes de la Policía Nacional y Local que cancelaron estos servicios religiosos, que recordemos que no están prohibidos en el estado de alarma, estarían mandados por alguien…

Nosotros ya le pedimos al ministerio del Interior que la Policía no irrumpiera en más misas, pero ni por esas. Ahora, ya podemos salir a pasear, a muchos comercios, a hacer deporte… pero aún no podemos ir a los templos, aún con medidas de higiene y seguridad adecuados. Gran y grave contradicción.

Los políticos laicistas tampoco han dejado de hacer de las suyas en el Senado. Hace unos días, el Grupo de Izquierda Confederal ha registrado una proposición no de ley para demoler la basílica del Valle de los Caídos. Este grupo está formado por las “confluencias” de Podemos (algunos peleados actualmente con ellos y otros no).

Además, los “cachorros” de la CUP, Arran, continúan con su odio exacerbado hacia los católicos: En el “Día de la visibilidad lésbica” publicaron en su twitter un cartel ofensivo con las religiosas en particular y los creyentes cristianos en general, similar al que difundió hace tres años con dos obispos.

¿Esto irá aún a peor con el fin del confinamiento?

Nosotros seguiremos alerta para defender la libertad religiosa.”

Finalmente ya digo que se ha hecho viral una denuncia sobre la prohibición de los actos religiosos al aire libre en la fase 1 de la desescalada. Efectivamente, la Orden 399/2020, de 9 de mayo, BOE de la misma fecha, “para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad” dispone en su artículo 9, sobre “Lugares de culto”: “2. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto”.

Verdaderamente esta disposición, que no se matiza con condición ninguna, incumple frontalmente lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que recordamos dispone en su artículo 11 que “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. Este precepto no se refiere solo a las iglesias sino a cualquier lugar en general, ya que especifica lugares de culto y ceremonias, y “en función de las dimensiones y características de los lugares”. Es el caso, por ejemplo, de las procesiones, que la Orden así impediría cuando el Decreto las condiciona solo a “evitar aglomeraciones” y garantizar la distancia entre personas de al menos un metro.

Esta ilegalidad palmaria de la Orden parece, en mi opinión, provocada por el afán de regularlo minuciosamente todo, como por ejemplo que incluye en el apartado 3. e) del mismo artículo: “No se permitirá el uso de agua bendecida”. ¿Y de rosarios o estampitas?. Increíble pero cierto.

Alguno de los whatsapp que, ya digo, se han hecho virales, sobre esta prohibición de culto en la calle, incluye que el riesgo de esta prohibición es que se prolongue más allá del estado de alarma, indefinidamente, hasta que otra norma lo derogue. Lo dice un curilla que está claro no tiene ni idea de Derecho. Es evidente que la norma solo puede conservar su vigencia mientras dure el estado de alarma –yo diría incluso la Fase 1-, por ahí no hay peligro, salvo en que tiente a nuestro políticos a legislar de nuevo contra los actos públicos religiosos a la vista de la facilidad con que ha colado esta manifiesta ilegalidad de la Orden de desarrollo de la Fase 1.

Y si no protestamos, ciertamente puede ocurrir. Tiene razón Polonia Castellanos cuando dice: “¿Cómo es posible que se pueda ir a un concierto con 200 personas pero 5 personas no puedan rezar en el jardín de una iglesia? No podemos seguir dejando que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y todo este Gobierno laicista siga restringiendo nuestra libertad religiosa a golpe de BOE”.

De la eficacia de la protesta hemos tenido buena prueba estos días con las manifestaciones en algunos barrios madrileños de caceroladas y banderas de España, que al principio parece que trataba de obstruir la Policía, pidiendo documentación e incluso entrando en algunas casas sin orden judicial, pero a medida que la gente se resistía pasaron a exigir nada más la norma de distanciamiento y no detenerse en el paseo.

Vamos a tener ocasión de comprobarlo pronto, ya que la próxima fiesta del Corpus, que será el 14 de junio, probablemente aún tengamos restricción de procesiones y es el momento de manifestarnos pacíficamente contra esta restricción ilegal, yendo a la procesión si la autoridad eclesiástica la convoca –lo que me extrañaría- o yendo a las inmediaciones de la Catedral de Valladolid –que es de donde suele salir- de 7 a 8 los mayores y a partir de las 8 los jóvenes, y pasearnos por allí guardando un metro de distancia con los demás, como hacen los de las caceroladas. A ver si es verdad.

P.D. Una última hora: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la Asociación Enraizados, contestando así a las más de 4.000 personas que pedían que el Gobierno no anulara Eucaristías en el transcurso de su celebración. Explica José Castro Velarde, presidente de Enraizados: “Queda claro que, en el estado de alarma, como no podía ser de otra manera, se respetaba el derecho a la libertad religiosa, lo que implicaba poder ir a la Iglesia con las debidas medidas de seguridad. En la carta enviada por el Ministro pretende justificar a posteriori, y seguramente como argumento de defensa ante las ya demandas y querellas presentadas ante los Tribunales españoles, que el mencionado Real Decreto establece ‘en su artículo 7 una serie de limitaciones a la movilidad personal, entre las que no están excepcionados los desplazamientos de fieles hasta sus lugares de culto’. La falsedad es manifiesta, pues no puede haber derecho a la asistencia a los lugares de culto si no se puede transitar hacia ellos”.