“Crisis constituyente”, de Ignacio Camacho, “El Gobierno necesita un pequeño 23-F”, de Federico Jiménez Losantos, y “Nueve agujeros negros del Gobierno en la gestión del coronavirus”, de Nicolás de Cárdenas

(Viñeta de Serrano en El Español el pasado día 8 )

CRISIS CONSTITUYENTE

Artículo de Ignacio Camacho publicado en ABC el pasado día 10

El notario mayor del Reino ha puesto la legislatura boca abajo. Estamos ante una revisión constitucional de facto, La frase, dicha en voz queda, pasó inadvertida en el fragor de la bronca parlamentaria. En el Congreso al principio -en el siglo XIX- se hablaba para los diputados; luego para los periódicos, después para la televisión y ahora para Twitter, y en esa evolución se han ido acortando las frases y reduciendo las subordinadas hasta quedar jibarizados los discursos en simples píldoras de propaganda.

Así, sus señorías se citan cada miércoles en la carrera de San Jerónimo como esas bandas de hinchas rivales que quedan para pegarse antes de los partidos, y en vez del florete de la esgrima dialéctica sacan estacas goyescas y navajas cabriteras, sabedoras de que en las redes lo que luce son las palabras gruesas. Pero Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, es hombre de retórica más bien templada y frugal en escándalos. Por eso cuando dijo lo que dijo prácticamente nadie le hizo caso a pesar de que, tal vez sin pretenderlo, estaba poniendo la legislatura boca abajo. «Crisis constituyente», ése fue el enunciado exacto en respuesta a una pregunta de la diputada de ERC María Carvalho. Luego se reafirmó -«estamos en un debate constituyente»- por si no había quedado claro. No fue un lapsus: un representante del Ejecutivo, y de los más sensatos, estaba diciéndoles a sus aliados republicanos que este mandato ha puesto en revisión las bases jurídicas del sistema democrático. Ojo al dato, que diría el Butano.

Así se entienden mejor algunas cosas. La alianza con los separatistas, la influencia de Iglesias en el Gobierno, el estado de alarma indefinido, la longa manus del presidente en la Justicia, el ninguneo oficial al Rey vigente e incluso acaso la investigación judicial al emérito. Las sospechas de una agenda oculta han quedado por sorpresa al descubierto.

No sólo hay una crisis sanitaria, ni una económica y de empleo, sino una crisis de régimen: el proceso refundador tantas veces reclamado por Podemos. Y le ha dado carta de naturaleza, conscientemente o no, el mismísimo notario mayor del Reino. Ese momento confuso, críptico, del ministro Campo ha resultado paradójicamente sincero. Con el coronavirus en tregua, ya veremos por cuánto tiempo, el Gabinete vuelve por sus fueros. La hoja de ruta de la legislatura no es la que está escrita en los acuerdos de investidura sino la de establecer un modelo constitucional nuevo. Aunque ante la evidente falta de consenso lo tenga que hacer por vía de hecho, a través de leyes habilitantes que desarrollen el proyecto inconcluso de la etapa de Zapatero.

La oposición está despistada, encelada en la pasión del griterío, y tal vez se le esté escapando la dimensión real del momento político. La arquitectura institucional del Estado está en el objetivo de una estrategia de cambio subrepticio. Y si alguien pegara la oreja al suelo podría oír el ruido de placas tectónicas que se mueven presagiando un seísmo.

Artículo en: https://www.abc.es/opinion/abci-ignacio-camacho-crisis-constituyente-202006102354_noticia.html

EL GOBIERNO NECESITA UN PEQUEÑO 23-F

Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 7

Lo que le vendría bien al Gobierno para la desmilitarización de la Guardia Civil y la creación de una cúpula izquierdista es un 23F pequeñito. Al llegar a los tribunales las demandas por su criminal inacción durante la crisis sanitaria, el Gobierno ha entrado en estado de pánico. Y como cabía prever en matones universitarios metidos a asesores del golpismo chavista, como la banda de Iglesias, o en hijos del golpismo mediático-policial del 11M y el guerracivilismo zapateril, como la tribu de Sánchez, su primer gesto ha sido llamar a los militares… para evitar responsabilidades civiles.

El intento de corromper a la Guardia Civil por parte del ministro del Interior y sus represalias contra los jefes de la Benemérita por mantenerse fieles a la Ley y a la Constitución, que les mandan obedecer a los jueces y no a sus superiores, han desembocado en una epiléptica denuncia contra la Oposición -reducida a PP y Vox, tras la deserción de Cs- por buscar la «insubordinación de la Guardia Civil» y «tratar de impedir la purga de la corrupción policial o «policía patriótica», terminacho podemita del que se burlaba Sánchez antes de convertirse en un podemita más, si no el mayor. Y como el miedo es contagioso, han acabado, por la escasa sutileza de los Echeniques y las Calvos, en culparlos de intentar un golpe de Estado.

Culpar de un deseo y quedarse tan fresco

El más chulo y finalmente el más cobarde ha sido el vicepresidente Iglesias, que tras acusar a Vox de llamar al Golpe dijo que, en realidad, no lo hacían porque no se atrevían, pero que era lo que deseaban. Tan ridícula acusación, basada en la interpretación de un deseo oculto y no de ninguna acción o declaración, contó con el silente apoyo de Batet y Coll, cariátides icetáceas que presiden Congreso y Senado, y que, con obscenidad chavista, amparan todas las injurias y agresiones del Gobierno contra la Oposición.

Esta semana, la Oposición debería haber dejado a Batet sola en su mostrador de trapacerías, junto a sus pisarellos y tontarellas, anunciando que piden protección europea ante la tiranía del gobierno social-comunista. Si no, cualquier día se los llevarán detenidos los marlaskos de uniforme y no sabrán cómo han llegado a esa situación. Respuesta sencilla: dejándose.

La derecha debe tomar posición ahora

La derecha, con la brillante excepción de Cayetana, anda pasmada en los predios peperos; y titubeante, aunque siempre animosa, en los voxeros. Se ha visto claro en la votación -no, sí, no- sobre el Ingreso Mínimo Vital. Como ha sucedido en casi todas las votaciones sobre el estado de alarma, los argumentos de Casado invitaban a pensar en lo contrario de lo que al final votó el PP, período de esquizofrenia que terminó quince días después de lo que debía, pero que, al fin, terminó. Lo que sigue igual es el miedo del PP a lo que hará Vox, cuando tendría fácil remedio haciéndolo juntos.

Y también a eso le teme, por el qué dirá la izquierda, que de todas formas dice lo mismo que si votaran juntos. Cuanto más miedo tiene el PP a que le digan que es como Vox, más le dicen que es como Vox. El miedo de la derecha española a hacer lo que debe, no lo que se dice o se supone que debe hacer, desemboca en no cambiar lo que hace la Izquierda. Y hay tres leyes que ya ha hecho la Izquierda en el Poder y que la derecha debe aclarar si cambiará o no: la de eutanasia, la de libertad sexual y la de la protección de la infancia, que impone un comisario por aula y decreta la presunción de culpabilidad de cualquier adulto o niño por denuncia propia o de terceros.

La eutanasia sería negociable, porque hay normas, como la católica contra el encarnizamiento terapéutico, que permiten un margen de acuerdo. Las otras dos destruyen el Estado de Derecho de raíz. ¿Por qué espera la Derecha a que se debata en las Cortes el texto de cada una? ¿Cree que la opinión pública vive pendiente de los debates en el Congreso y el Senado? ¿O que no se ha formado ya una opinión sobre esos asuntos, antes de ver lo que espera ver? Es verdad que los problemas sanitarios y económicos son agobiantes, pero la Izquierda siempre hace lo mismo: cambia la legislación sobre asuntos de fondo, que afectan a la ética, la familia, la libertad básica de expresión, opinión o religión, y cuando llega la derecha, ya es, ay, tarde. Pero mientras agitan el espantajo del golpe, los comunistas han cambiado toda la normativa legal sobre las relaciones vitales, familiares y escolares. ¿Cuándo y dónde esperan PP y Vox dar esas batallas de opinión pública?

No importa el uniforme, sino la conducta

Pero volvamos a jugar a los soldados, o con ellos, como hace el Gobierno. Mientras una parte de la cúpula de la Guardia Civil resistía las presiones, otra parte las aceptaba y sustituía a la resistente. Y la Derecha, que ve un uniforme y se licúa, se ha limitado al aspaviento en defensa del Honor, con mayúscula, de la Benemérita. García Egea parecía D´Artagnan retando a Marlaska, mientras apuñalaba a Sigfrida-Cayetana sin éxito y se deshonraba. Tras Roldán y sus «pata negra», el PP debería ser prudente en los elogios a bulto. Lo admirable de la Guardia Civil no son las personas sino las conductas. Hay, pues, que valorar éstas por encima de aquellas.

¿Acaso el señor de Aduanas que ha sustituido a una de las víctimas de Marlaska, presente en el cúmulo de delitos a cuenta de Delcy Rodríguez, tiene la misma consideración moral que De los Cobos? ¡Ya se sabe que no! -dirá algún entusiasta-. ¿Seguro que se sabe? ¿Y por qué no se dice? ¿No ha demostrado ya el PP que mantiene a todos los que coloca el PSOE, por sórdida que sea su procedencia? ¡Demasiado! ¿Cómo sabrán, pues, los que se rinden al Gobierno y a la corrupción que no pagarán cara su traición, y cómo sabrán los resistentes que no se les olvidará, si cambian las tornas?

Los comunistas actúan siempre mediante el mecanismo psicológico de la proyección, que consiste en culpar a los demás de lo que uno está haciendo o deseando hacer. Cuando acusa a la Derecha, tan pardilla, de que está intentando un golpe de Estado, es que sueña con darlo. Pero este Ejército no está roto como el del 36 y esta Guardia Civil o esta Policía no pueden compararse con la gente armada que conocen, la de Venezuela, Cuba y la narcoguerrilla. En Podemos siempre han soñado tener militares revolucionarios, al modo del Che, Velasco en Perú o Hugo Chávez, pero lo único que han podido fichar es a Julio el Rojo, que Iglesias tiene de Jefe de Gabinete para que se note que no tiene Gabinete. Y tiene tan poco crédito en las FAS como portabolsos de Carmen Chacón y desertor del Alakrana, que nadie lo verá como un Spínola, Rosa Coutinho o Saraiva de Carvalho.

Julio ‘El Rojo’, de Tejero

De lo único que se puede disfrazar es de Tejero. Lo que le vendría bien al Gobierno para acometer la desmilitarización de la Guardia Civil, la fusión con la Policía nacional y la creación de una cúpula izquierdista en el ejército paralelo resultante, es un 23F pequeñito. Sin mucha fuerza, no sea que empiece a unírsele gente cabreada y acabe el Gobierno en la cárcel, pero que se notara muchísimo, como una superproducción de Roures con León de Aranoa dirigiendo el making off, igual que hizo el de Podemos. Si Iglesias se asienta en el CNI, la primera tejerada que podría denunciar sería una Operación Galaxia, cháchara golpista en la céntrica cafetería madrileña un año antes del 23-F, por lo que nadie se sorprendió de lo que luego pasó.

Pero al Gobierno le faltan un Miláns, un Armada, capitanes generales que pudieran poner en duda, luego en jaque, el orden constitucional. Y les falta un rey Campechano, que dijera comprender, engullendo bocadillos de sardinas y tinto peleón, las inquietudes de la tropa, jefes, oficiales y clases. Entiendo el odio que a Felipe VI le tienen Sánchez e Iglesias. Es lo que les falta: alguien que aliente un golpe fracasado y liquide el régimen. Si ellos se atrevieran, tendrían que hacerlo de civil o de trapillo bolivariano. En el Rastro venden uniformes y sacos para dormir al raso en Villa Tinaja. Ánimo.

Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/gobierno-necesita-pequeno-23-f-90958/

NUEVE AGUJEROS NEGROS DEL GOBIERNO EN LA GESTIÓN DEL CORONAVIRUS

Artículo de Nicolás de Cárdenas publicado en Actuall el pasado día 8

La gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es una compendio de despropósitos aderezados con tics autoritarios. Retrasar las medidas, pactar con los herederos de ETA o dinamitar internamente la Guardia Civil: todo por seguir en el poder.

Recién aprobada la que al parecer va a ser la última de las prórrogas del estado de alarma, la mayor concentración de poder en manos del Gobierno desde la Transición, y con la mayoría del país en una fase avanzada de desescalada hacia la «nueva normalidad» (sic), parece buen momento para hacer balance.

La propaganda del Gobierno socialcomunista proclama que «salimos más fuertes», pero lo cierto es que son muchos los frentes abiertos, unos como consecuencia lógica de una pandemia de las dimensiones que conocemos, pero muchos otros derivados de la gestión del Gobierno que ya está siendo investigada por los tribunales.

1.- El 8-M, tía (y todo lo que implica)

La celebración de las manifestaciones del 8 de marzo, dominadas por el discurso feminista radical impulsado desde el Gobierno fue, sin duda un foco de contagio. Pero su importancia va mucho más allá, porque todas las acciones del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respecto a la pandemia que nos llegaba fueron encaminadas a la celebración a toda costa de este evento esencial en su agenda ideológica, permitiendo durante más de un mes otros multitudinarios como conciertos, partidos de fútbol o mítines políticos. sólo una excepción: obligaron a cancelar un encuentro internacional evangélico.

No importaba que la Organización Mundial de la Salud hubiera comenzado a alertar sobre el brote de coronavirus en diciembre de 2019 (de ahí que se conozca a la enfermedad como covid-19) y que, como se ha conocido, el gobierno tuviera informes antes del 9 de marzo que aconsejaban tomar medidas que paliaran, al menos en parte, el colapso del sistema sanitario y provocara una masacre como la que hemos conocido.

Hasta el propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, tuvo los arrestos de decir que no impediría a su hijo acudir a la manifestación, cuando el 10 de febrero había firmado un informe oficial del Ministerio de Sanidad en el que se afirmaba la peligrosidad del virus y su alta capacidad de contagio.

El colofón del despropósito en torno al 8-M lo firmó la ministra de Igualdad Irene Montero quien menos de 24 horas después de celebrado el encuentro feminista reconocía que se había convertido en un foco de contagio y que la baja participación respecto a años anteriores se debía al coronavirus, cosa que no pensaba reconocer ante las cámaras.

Para poder celebrar el 8 de marzo, donde por cierto se contagiaron la propia Montero o la vicepresidenta Carmen Calvo, el Gobierno perdió un tiempo de oro para preparar el sistema sanitario y ralentizar el nivel de contagios y, en consecuencia, evitar muchas muertes.

2.- El baile de los muertos

Precisamente el baile de cifras de muertes provocadas por el coronavirus es, probablemente, el agujero negro más tétrico de todos cuantos se pueden enumerar en la gestión del Gobierno en la crisis por el coronavirus.

Hasta en cuatro ocasiones ha modificado el Ejecutivo el modo en que se contabilizaban los fallecidos y, como ha criticado el exministro socialista Fernando Sebastián, siempre para bajar las cifras.

Mientras tanto, observatorios estadísticos y sanitarios como el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Salud Carlos III o las propias funerarias, ofrecen datos que superan con mucho los ofrecidos por el Gobierno. La horquilla en estos momentos oscila entre los 28.000 del Gobierno y los 44.000 que ofrecen otras organizaciones.

Por supuesto, se hizo lo imposible porque no se viera el horror de los ataudes o de las bolsas funerarias acumuladas.

3.- Pactar con Juana o con su hermana

Pedro Sánchez llegó al poder de la mano de Pablo Iglesias, aunque meses atrás había asegurado que un pacto con el líder comunista impediría dormir a la mitad de los españoles, incluido él mismo. Pero la mayoría parlamentaria suficiente necesitó del apoyo explícito de los nacionalistas (PNV, ERC), grupos regionalistas ( Teruel existe o PRC) que sacaron tajada y abstenciones significativas como la de los herederos de ETA.

La legislatura, antes aún del coronavirus, se prometía compleja en cuanto a los equilibrios parlamentarios. Pero las sucesivas votaciones para ampliar el estado de alarma han complicado el sudoku. Hasta el punto de que la última prórroga conocida ha sumado los apoyos en principio antagónicos de ERC, EH-Bildu, PNV y Ciudadanos.

De fondo, negociaciones imposibles, compromisos secretos que salen a las pocas horas a la luz y movimientos entre bambalinas que terminan por lograr que el corcho del Gobierno siga a flote.

4.- Iglesias en el CNI y cargos a gogó

El Gobierno ha aprovechado el Estado de Alarma para pagar los ‘recibos’ a sus socios y colocar a algunas personas en altos cargos. Así h asuccedido, de manera muy destacada con el blindaje del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de inteligencia.

La inclusión de Iglesias en la comisión de control del CNI se realizó en febrero, pero fue recurrida, porque la ley determina que dicha comisión sólo cuenta con un vicepresidente y no varios como había decidido Sánchez.

Así, en un decreto ley de de ayudas contra el coronavirus, el Gobierno dispuso una disposición final que da cabida a la presencia de varios vicepresidentes en la comisión de control de los servicios de inteligencia de España.

A esto hay que sumar la elección de más de 20 nuevos altos cargos que, en su mayoría en nada tiene que ver con la gestión de la crisis sanitaria.

5.- Desprotección del personal sanitario

La situación a la que se ha enfrentado el personal del sistema sanitario (médicos, enfermeros, celadores, limpiadores, etc.) ha sido dantesca. Las imágenes de estos profesionales envueltos en bolsas de fertilizante o forrados de improvisados equipos de protección individual más propios de un país tercermundista llevaron del aplauso emocionado cada día a las ocho de la tarde al hastío. Hasta los propios trabajadores del sistema sanitario se rebelaron contra los aplausos.

Buena parte de esta desprotección deriva del pecado original de no mover apenas un dedo hasta que se celebrara el 8 de marzo. Pero también de las nefasta gestión de las compras de material necesario. Mientras empresarios como Amancio Ortega o Fernando Roig eran capaces de obtener materiales, el Gobierno parecía incapaz de acertar con el modo de aprovisionar a nuestro país.

Aún más, grupos de empresarios y científicos pusieron todo su conocimiento y capacidad en facilitar modos de realizar test. El Gobierno, que con el estado de alarma había asumido el mando único, los ignoró.

6.- Desescalada: fases prêt à porter

El plan de la llamada desescalada no ha sido un plan. Ha sido una subasta. Si el partido que gobierna en una comunidad autónoma tenía algo que ofrecer al Gobierno, sacaba tajada en la relajación de las restricciones de derechos impuestas por el estado de alarma.

Es llamativo, por ejemplo, que el PNV haya obtenido ventajas no sólo para las provincias vascas, sino también para Navarra a cambio de sus apoyos parlamentarios a las prórrogas del estado de alarma.

El caso de la Comunidad de Madrid es también notorio. Si bien es cierto que al ser la región con más afectados era obvio que el ritmo de vuelta a la normalidad sería más lento, se han producido circunstancias cuando menos sospechosas que incluso han llevado a la Comunidad de Madrid a pedir amparo al Tribunal Supremo para conocer los criterios objetivos para la toma de decisiones.

Claro que…

7.- Comisión fantasma

… resulta poco menos que ilusorio pedir unos criterios claros y públicos para la toma de decisiones cuando desde el gobierno se han negado de forma sistemática a dar el nombre del supuesto grupo de expertos que estaba, junto a Fernando Simón, decidiendo sobre el ejercicio de derechos fundamentales de toda la población.

Hasta el punto de que Fernando Simón aseguró en rueda de prensa: «No les voy a dar los nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad (…) Si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno (…) Lo mejor es que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible».

8.- Crisis en la Guardia Civil

Uno de los episodios más esperpénticos durante la gestión del coronavirus ha sido el uso que ha realizado el Gobierno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. el pasado 15 de abril, el Estado Mayor de la Guardia Civil emitió una orden por la que se llamaba a recopilar publicaciones «susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno». El escándalo estaba servido.

Pero el escándalo mayor en este campo sucedió cuando se conoció la destitución del director adjunto operativo (DAO) coronel Diego Pérez de los Cobos el 24 de mayo, después de que éste se negara a aceptar el requerimiento de sus superiores políticos para que recabar información de una investigación sobre el 8-M encargada a la Benemérita en funciones de policía judicial.

Dichas investigaciones quedan siempre bajo el secreto que estipule el juez y no pueden ser reveladas. En este caso, la juez encargada del caso especificó al capitán encargado de las diligencias que no comunicara nada de lo hallado ni siquiera a sus superiores.

Pese a que el ministro del interior Fernando Grande-Marlaska negó en reiteradas ocasiones , incluso en sede parlamentaria, que la destitución estuviera relacionada con la investigación judicial sobre el 8-M en relación a la pandemia de coronavirus, el hecho cierto es que ese fue el motivo.

Así lo certifica el documento en el que se comunica el cese, firmado por la directora general de la Guardia Civil por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

La destitución de Pérez de los Cobos creó un malestar interno en el cuerpo casi sin precedentes, hasta el punto de que tres coroneles dela Guardia Civl habrían rechazado sustituirle. Finalmente, Interior a nombrado para el puesto al teniente coronel David Blanes, hasta ahora jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Madrid. El mismo que estaba al frente de la seguridad de Barajas cuando se produjo el caso ‘Delci’ coprotagonizado por el ministro Ábalos.

9.- Libertad religiosa

Durante los primeros compases del estado de alarma, no fueron pocas las denuncias de abusos policiales contra la celebración de misas, que nunca han estado prohibidas, si bien el decreto de alarma establecía una serie de condiciones de seguridad, en ningún momento quedó formalmente eliminado el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.

El artículo 11 del Real Decreto 463/2020 por el que se establece el estado de alarma en España el pasado 14 de marzo, referido a las «medidas de contención» relacionadas con lugares de culto y las ceremonias religiosas, en ningún momento prohíbe las celebraciones religiosas.

Literalmente, especifica:

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.

Pese a ello, se sucedieron las irrupciones de agentes armados en los templos donde se celebraban misas con apenas fieles presentes que mantenían siempre una prudencial distancia de seguridad.

Artículo en: https://www.actuall.com/democracia/nueve-agujeros-negros-del-gobierno-en-la-gestion-de-la-coronavirus/