A qué normalidad volvimos

Por José María Arévalo

(La Guardia Civil se ha sumado a las celebraciones por el Día del Orgullo, actualizando su imagen de perfil en redes sociales con una bandera LGTBI, lo que le ha supuesto al organismo un aluvión de críticas)

El pasado 28 de junio se celebraba el día del Orgullo LGTB, que debido a la pandemia transcurrió principalmente de forma virtual (aunque no se pudo evitar alguna manifestación feminazi, pero no tanto como las desgraciadas del 8M, de infausta memoria), y ya en días precedentes latían varias polémicas, una la que enfrenta a feministas y colectivos trans sobre la autodeterminación y la identidad de género, y otra sobre las banderas LGTBI colgadas en algunos edificios oficiales. Además, por esas fechas se debatía en las Cortes de Castilla y León una nueva norma para garantizar el aborto en Sacyl si no hay objeción de conciencia. Vamos, una semanita de aupa, recien inaugurada la “nueva normalidad”, en la que aquellas noticias eclipsaban casi a las de nuevos y preocupantes rebrotes.

Me dio pena leer la noticia del “amplio acuerdo” alcanzado en las Cortes de Castilla en defensa del aborto, a poco más de doce años de que esas mimas Cortes, en mayo de 2008, nos aplaudieran a los representantes de la Iniciativa Popular Red Madre, yo estaba entre ellos, que con más de 40.000 firmas había sido admitida a trámite, la primera Iniciativa Legislativa Popular en nuestra autonomía, que trataba de evitar que ninguna mujer se sienta abocada a abortar. Ahora nuestras Cortes se dedican a luchar por lo contrario, cuando el coronavirus –se lee en la prensa- dispara la pobreza un 11%, el segundo aumento más crítico durante la pandemia registrado en la Comunidad. Y añade la noticia que hay 41.000 personas más por debajo de este umbral y que la desigualdad también aumenta cerca de un 5%. Complementada por otra: el presidente de la Junta de Castilla y León, deberá aclarar hoy en el pleno de las Cortes si el Ejecutivo autonómico abonará, finalmente, el pago de las ayudas comprometidas a los casi 70.000 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) en la región, con una renta menor de 1.200 euros netos, dado “el cambio de criterios fijado por la renovada Consejería de Empleo e Industria, tras la dimisión de Germán Barrios”.

Pero las Cortes preferían centrarse en garantizar el aborto, en un acuerdo en el que Vox ha sido la única formación que ha rechazado el pacto.

Efectivamente, ya cuando presentamos aquella primera Iniciativa Legislativa Popular y el entonces Presidente de la Junta Juan Vicente Herrera nos recibió, le transmitimos nuestras quejas por el apoyo que el gobierno, con clara mayoría entonces del Partido Popular, dedicaba tantas ayudas a las clínicas abortistas. Recuerdo que nos reconoció que sería preferible que ninguna mujer se sintiera obligada a abortar, pero eso lo reconocen hasta las más exaltadas abortistas. Ahora se da un paso más en favor del aborto en nuestra Cortes

Si no hay objeción de conciencia

Efectivamente el miércoles, 24 de junio,  las Cortes de Castilla y León alcanzaban un “amplio acuerdo”, únicamente rechazado por Vox, para que la sanidad pública de esta comunidad (Sacyl) garantice la práctica de abortos en sus hospitales, con la única limitación de la objeción de conciencia de los sanitarios, “aunque algunos grupos han lamentado que el registro de profesionales lleve diez años sin actualizar, lo que en la práctica limita el alcance de este acuerdo”.

Esta iniciativa del PSOE, defendida por el procurador Jesús Puente (que no es el alcalde, Oscar Puente, que por cierto se acababa de enfrentar con la Junta declarando que sólo suspenderá las fiestas en función de la pandemia y dándose de plazo para decidirlo hasta el 14 de agosto), ha sido enmendada por Ciudadanos y finalmente han logrado el acuerdo del PP y de Podemos en torno a un texto que incluye además la gratuidad de los métodos anticonceptivos para personas con escasos recursos económicos, algo que en la iniciativa original vinculaba a la juventud.

“Puente –recogía El Norte de Castilla- ha lamentado la «resistencia ideológica» a aplicar en su integridad la ley del aborto de 2010 y ha calificado de «incomprensible» que Sacyl no haya garantizado su cobertura en centros públicos de la Comunidad y haya sometido a las mujeres a viajes interprovinciales y también a otras autonomías para completar su aborto quirúrgico en clínicas privadas.

El representante socialista ha defendido la necesidad de incrementar el número de interrupciones de embarazo por medios farmacológicos, menos agresivos y con menor dependencia de terceras personas, en lugar de apostar por los abortos quirúrgicos, condicionados a la existencia de equipos médicos dispuestos, y ha vinculado esta realidad con la preferencia de las clínicas privadas que los realizan. De hecho, Puente ha lamentado que en Castilla y León únicamente el 3,1 por ciento de los abortos sean farmacológicos, frente al porcentaje que se observa en otras autonomías como Galicia, de hasta el 30 por ciento.

(El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, interviene en el pleno de las Cortes de Castilla y León)

La procuradora de Ciudadanos Marta Sanz ha defendido una enmienda al texto socialista que finalmente ha logrado el consenso, únicamente tras puntualizar el PSOE que debía quedar reflejado que la garantía de los abortos se refería a los hospitales públicos y con respeto a la objeción de conciencia.

«Hay debates que la sociedad española tiene superados o debería», ha reflexionado Sanz, convencida de que se debe hacer «todo lo posible» para garantizar este derecho, a lo que se ha opuesto seguidamente el procurador de Vox, Jesús García-Conde, defensor de que los abortos queden «al margen de la sanidad pública» y se prime la «esfera familiar» en la toma de decisiones, aunque también ha planteado la necesidad de que haya un protocolo de atención a adolescentes embarazadas y a familias que esperan hijos con malformaciones.

Esta intervención ha llevado a la representante de Podemos Laura Domínguez a cuestionar la reflexión sobre si este debate está o no superado en la sociedad española y ha lamentado que «por desgracia para las feministas hay luchas que no van a acabar nunca».

Por su parte, el procurador del PP Alejandro Vázquez ha lamentado que «incomprensiblemente» el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado aún sobre el recurso que planteó su partido contra ocho preceptos de la ley del aborto de 2010 y ha asegurado que este debate es «de escasa actualidad».

Vázquez ha asegurado que «lo único» que impide que se realicen abortos en los hospitales públicos de la Comunidad es la existencia de la objeción de conciencia de profesionales, lo que limita la práctica, aunque ha destacado que en Castilla y León al menos se realizan abortos en el hospital de Miranda de Ebro (Burgos), algo que no ocurre en autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón.

En su última intervención, para cerrar el debate, el representante del PSOE ha recordado que, según el último dato oficial aportado por la Junta, en 2017 se realizaron en Castilla y León 2.531 abortos, la inmensa mayoría en clínicas privadas de la Comunidad, pero también de la Comunidad de Madrid, hasta donde se desplazan mujeres desde la provincia de Ávila.

Puente ha considerado que el «cruce de mujeres» que se produce con los desplazamientos entre provincias de la Comunidad es una «locura que tiene que terminar», para lo que ha insistido en la defensa del método farmacológico, frente al quirúrgico.

Como puede verse, solo defiende el derecho a la vida Vox, el PP se queda en buenas palabras.

En apenas dos minutos, los que contaba como miembro del Grupo mixto de la cámara de representación castellano leonesa, Jesús María García-Conde subrayó que «Vox es un decidido defensor del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural» y calificó el término interrupción voluntaria del embarazo de «eufemismo que esconde la terminación deliberada de la vida por medios quirúrgicos o farmacológicos» que, en todo caso, «deberían quedar al margen de la Sanidad Pública».

Respecto a la objeción de conciencia del personal sanitario, García-Conde constató que la mayoría de abortos en la región son efectuados por empresas privadas dedicadas a tal fin «porque existe la posibilidad legal de la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios» en la red pública sanitaria.

A la propuesta del PSOE sobre esta materia, el representante de Vox señaló que «no se puede obligar a nadie a actuar ni a tomar iniciativas contra sus valores y convicciones» y mostró su preocupación porque «no se guarden las medidas de confidencialidad en los registros de objetores y se acaben filtrando y sólo sirvan para estigmatizar a muchos profesionales».

García-Conde incidió en que las propuestas de Vox en este ámbito pivotan sobre tres ejes «información, ayudas y alternativas» y reclamó que las mujeres embarazadas reciban «de forma neutral toda la información a la que tienen derecho, tanto en lo referente a su embarazo como en lo relativo a las alternativas al aborto (…) velando siempre por el bien de la mujer y de su hijo».

El procurador de Vox reclamó la puesta en marcha de un protocolo de atención a adolescentes embarazadas y otro dirigido a las familias «que esperan un hijo con malformaciones o anomalías graves, proporcionándoles el acompañamiento que sea necesario por profesionales socio-sanitarios».

«Para nosotros todas las vidas son igualmente dignas», subrayó García-Conde, quien además reclamó respeto a las convicciones y los propios valores de las familias para que la educación afectivo sexual quede en manos «de sus progenitores o tutores legales, o en quien ellos deleguen expresamente».

La polémica sobre las banderas LGTBI

Por las mismas fechas, Abogados Cristianos se ha querellado contra el Presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, por colgar la bandera LGTBI en la fachada del edificio Pimentel, en un acto con presencia de dicho presidente de la institución. La organización de abogados recordó que «una sentencia reciente del Tribunal Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos». La organización de juristas sigue el mismo procedimiento que con el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’. Solicita además medidas cautelarísimas para obligar a las dos administraciones a retirar dicha bandera de sus fachadas a la mayor brevedad posible.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, insistió en que «se trata del mismo caso que con las banderas independentistas». «No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía», defendió.

Castellanos desveló que «en un escrito la Diputación respondió a la petición de Abogados Cristianos asegurando que no se trata de una bandera sino de una colgadura». Por ello, afirmó: «Esperamos que Conrado Íscar sea inhabilitado por reírse así de las leyes y de las sentencias del Tribunal Supremo».

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo fija como doctrina que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

Así, la celebración del Orgullo 2020 llega marcada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, y que ha desembocado ya en una resolución judicial: una juez ha ordenado al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, retirar la enseña del arcoiris.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cádiz ha ordenado, como medida cautelar, la retirada de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz de la bandera arcoíris, símbolo del movimiento LGTBI, y que el consistorio defendió porque “no elimina ninguna otra, sino que sirve para sumar derechos”.

La juez acepta así en un auto la medida cautelar solicitada por la Asociación Abogados Cristianos, que se ha querellado contra el alcalde gaditano por izar esta enseña. La entidad acusa al edil de prevaricación porque el izado de la bandera se hacía en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que ha estipulado que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente” la utilización, “incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

El Ayuntamiento de Madrid no colgará este año la bandera arcoíris del Orgullo LGTBI alegando la sentencia del Tribunal Supremo. En Valladolid, el único concejal de Vox, Javier García Bartolomé, solicitó ayer al alcalde de la ciudad, el socialista Óscar Puente, que retire “con carácter inmediato” la bandera arcoíris colocada en el balcón de la fachada principal de la Casa Consistorial.

(Campaña de Correos con colores de la bandera LGTBI)

Podemos impulsa de nuevo la Ley ‘mordaza’ LGTBI, esta vez desde el gobierno

También por esas fechas, el Ministerio de Igualdad (Irene montero, Podemos) ha puesto en marcha el mecanismo para rescatar el proyecto de ley ‘mordaza’ LGTBI. El Gobierno expone abiertamente su intención de aprobar a toda costa la ley: «Vamos a intentar ir con toda la rapidez posible», sostienen.

“El Ministerio de Igualdad –recogía la webActuall- ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la elaboración del anteproyecto de la Ley integral de derechos LGTBI, si bien todavía no cuenta con un calendario definido para la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros.

Fuentes del departamento han explicado que, tal y como establece la ley, Igualdad ha decidido iniciar una consulta pública previa para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes la elaboración del anteproyecto. «Es fundamental que no haya una norma sin que el colectivo este implicado en la redacción», han argumentado estas fuentes.

Una vez esté redactado el anteproyecto, este deberá aprobarse o no en Consejo de Ministros. Posteriormente, Igualdad ha informado de que abrirá un nuevo trámite de audiencia e información pública y, tras ello, el texto se someterá al examen de los distintos órganos consultivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de Ley y su remisión a las Cortes.

Fuentes de este Ministerio asumen que será un trámite y proceso «largo», si bien se inicia su trámite en vísperas de la celebración del Orgullo 2020 y «con el convencimiento» de que esta Ley es «una urgencia». «Hoy arrancamos y vamos a intentar ir con toda la rapidez posible», sostienen.

La previsión inicial del Ministerio era llevar al Consejo de Ministros el texto de la ley LGTBI «antes de este verano», tal y como anunció la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una comparecencia. Si bien, «este periodo de sesiones se ha visto gravemente afectado» por la pandemia del coronavirus, tal y como han precisado desde Igualdad, que ahora no ha concretado cuándo prevé elevarlo.

Parten de un borrador de los lobbys LGTBI

Sobre la redacción del anteproyecto, la ministra de Igualdad y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, han recibido recientemente el borrador de la ley que han realizado la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) -entidad de la que fue presidenta García Rodrigo- y la Fundación Triángulo.

Fuentes del Ministerio han apuntado que el borrador entregado por los colectivos «bebe» del texto que fue registrado por Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso en 2017. Aunque la Cámara Baja aprobó en septiembre de ese año su toma en consideración, su tramitación decayó cuando se disolvieron las cortes en marzo de 2019 por las elecciones generales de abril.

Entre otras cuestiones, la norma incluía la prohibición de las terapias de conversión y planteaba la eliminación de los requisitos médicos para determinar la condición de una persona transexual o transgénero. Y es que, desde Unidas Podemos, ahora socio de Gobierno del PSOE, han expresado reiteradamente su apoyo a la ‘autodeterminación de género’ en iniciativas parlamentarias presentadas en el pasado en el Congreso, como esta ley LGTBI y la Ley Trans.

Ahora, desde Igualdad con Irene Montero al frente, se han comprometido a incluir esa libre determinación del género tanto en la futura ley LGTBI como en la Ley Trans y en la de Igualdad de Trato, tres normas que «van de la mano». «El compromiso es que tiene que estar la autodeterminación, que se tiene que despatologizar esta autodeterminación», han declarado fuentes del Ministerio.

«Evidentemente que se va a reconocer la autodeterminación de este derecho, evidentemente estará reconocido en la ley LGTBI también, y en la Ley Trans es de cajón que tiene que estar, ya veremos cual es el encaje concreto, pero lo importante no es dónde va a estar, sino que va a estar», han subrayado estas mismas fuentes.

De esta forma, han desvinculado la postura oficial del Ejecutivo de coalición del documento interno del PSOE. En este argumentario, los socialistas rechazan el derecho «a la autodeterminación sexual» así como las denominadas teorías y activismo ‘queer’ que, a su juicio, «desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico».

Al respecto, desde Igualdad han hecho hincapié en que la postura del Gobierno «es clara». «El Gobierno apoya a las personas LGTBI, con todas sus letras, y es un Gobierno que es consciente de la deuda histórica que tiene con las personas trans a las que debemos algunas conquistas más importantes», ha incidido.

Eso sí, desde Igualdad asumen que estos textos legislativos, al igual que la futura Ley de Igualdad de Trato, serán objeto de un debate político «extenso».

Mujeres LTB, sororidad y feminismo

En el contexto de este 2020 dedicado a “las mujeres LTB, sororidad y feminismo”, la federación española FELGTB ha querido subrayar, según el comunicado de la organización, que “no hay una única forma de ser mujer”.

Ya hemos dicho que tras la reivindicación del Orgullo de este año late la polémica que desde hace varios meses enfrenta a feministas y colectivos trans sobre la autodeterminación y la identidad de género. O sea, el debate sobre el derecho de toda persona a decidir sin traba alguna cuál es su género. Los socialistas hasta ahora han rechazado el derecho «a la autodeterminación sexual» así como las denominadas teorías y activismo ‘queer’ que, a su juicio, «desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico».

Pero el feminismo, señala el comunicado de la FELGTB, “es necesariamente trans inclusivo o no es feminismo”. Se reivindica así “el derecho a ser quienes somos, a expresar libremente nuestro género, a elegir nuestras relaciones afectivo-sexuales, a decidir si queremos ser madres o no, a tener un trabajo digno, a no ser discriminadas por situarnos fuera de la normatividad y a recibir la atención sanitaria que necesitamos”. Se resalta también que con la pandemia de la Covid-19, las personas vulnerables están sufriendo mayores riesgos

Esta semana, la FELGTB y la Fundación Triángulo se reunieron con la ministra de Igualdad, Irene Montero, para reclamar que se garanticen por ley los derechos de las personas trans y de todo el colectivo LGTB. Se reclama así que se reconozca “el derecho a la libre autodeterminación de género” y a la despatologización de la transexualidad.

En fin, menuda forma de empezar con la “mueva normalidad”. Inaguantable, de verdad.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Recibe nuestras noticias en tu correo

Tres foramontanos en Valladolid

Con el título Tres foramontanos en Valladolid, nos reunimos tres articulistas que anteriormente habíamos colaborado en prensa, y más recientemente juntos en la vallisoletana, bajo el seudónimo de “Javier Rincón”. Tras las primeras experiencias en este blog, durante más de un año quedamos dos de los tres Foramontanos, por renuncia del tercero, y a finales de 2008 hemos conseguido un sustituto de gran nivel, tanto personal como literario.

Lo más leído