Por José María Arévalo
(Viñeta de Sansón en El Norte de Castilla el pasado 16 de Noviembre )
Los aficionados a las redes sociales y sobre todo a los mensajes entre amigos por whatsapp hemos vivido, desde que empezó la pandemia, las restricciones a la libre comunicación de informaciones, viendo como se producían primero, a poco de iniciarse el confinamiento, y después se incrementaban notablemente, y que a todos nos daba la impresión se derivaban de acciones del Gobierno sobre los propietarios de las redes sociales. La impresión era que, el Gobierno se había dado cuenta de que la opinión pública se decantaba muy negativamente primero contra la falta de información oficial de la pandemia y después contra la acción gubernamental que parecía claramente insuficiente. Influyeron mucho, en la opinión pública, los bandazos oficiales en la información, por ejemplo sobre el número de fallecimientos por covid, que no cuadraba con el que daban las comunidades autónomas, o sobre las mascarillas, que primero afirmaba el ministro de Sanidad no eran útiles y luego pasaron a ser necesarias, para finalmente convertirse en indispensables y obligatorias.
Restricciones en los whatsapp
Y así empezamos a encontrar trabas para difundir informaciones por el mero hecho de que esos mensajes habían sido enviados muchas veces; al principio no se permitía mandar a la vez a más de cinco destinatarios, y después había que hacerlo de uno en uno. Bien es verdad que aprendimos trucos para saltarnos estas trabas, como la confección de listas, el cambio de alguna parte del mensaje recibido, etc., pero a la vez iban apareciendo trabas a las listas y otros impedimentos. En fin, una lucha contra los elementos que parecía una sobreactuación “oficial” o gubernamental sobre las redes.
Y ya, creo que en fue en mayo, salió por la tele en las informaciones sobre la pandemia, un responsable de la Guardia Civil que afirmó rotundamente y sin empacho que una unidad especializada de este cuerpo estaba persiguiendo informaciones falsas contrarias al Gobierno.
El Gobierno persigue la desinformación
Después, en el mes de octubre, el Gobierno emprendió dos acciones oficiales para establecer la censura en prensa y redes sociales, primero implantando una normativa contra la “desinformación”, y después estableciendo una censura a la oposición en las redes sociales.aprobando que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) decida qué opiniones son legales y cuáles ilegales sin especificar los motivos concretos.
En realidad no sé muy bien si se trata de la misma medida, porque he ido guardado la respectiva información y la prensa se refiere a fechas distintas de octubre. Vamos a verla.
Es noticia de vísperas de Reyes que el Tribunal Supremo ha rechazado aplicar medidas cautelarísimas para suspender la vigencia del “procedimiento de actuación contra la desinformación”, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre. La Sala de lo Contencioso ha estimado que no cabe apreciar “circunstancias de especial urgencia” para adoptar la medida, ya que con ello no hay riesgo de causar un daño irreversible.
Normativa contra la “desinformación”
Los magistrados de la Sección Cuarta de dicha Sala han acordado tramitar la medida cautelar como ordinaria. A diferencia de la cautelarísima –que se aplica “inaudita parte”, es decir, sin oír al recurrido–, en la tramitación de la cautelar se dará un plazo de diez días a la Abogacía del Estado para que formule sus alegaciones en defensa de la norma.
No nos interesan tanto ahora las razones para esta desestimación como saber que se refiere el Tribunal a que la actuación objeto de impugnación fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 5 de noviembre del 2020 y que la impugnación se ha basado en la tesis de que el “procedimiento de actuación contra la desinformación” permitía medidas de censura previa, en contra del artículo 20 de la Constitución.
La norma aprobada y recurrida regula una Comisión Permanente contra la desinformación, organismo al que atribuye la función de “asistir” a distintas instancias de la Administración sobre “aspectos relativos a la valoración técnica y operativa de posibles campañas de desinformación”.
La actualización –explica la prensa- del procedimiento aprobada por el CSN en octubre, recogida en una orden ministerial el 5 de noviembre, redefine los organismos y autoridades que formaban parte, establece niveles desde la prevención de campañas de desinformación a la evaluación de las actuaciones, pasando por la detección y respuesta, y describe los cometidos específicos en cada uno de esos niveles. También plantea proponer la composición de un equipo de trabajo ad hoc para elaborar y revisar una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
La iniciativa del Gobierno persigue combatir los efectos de los bulos o fake news. Al respecto, el Ejecutivo subrayó al aprobar la norma recurrida que en estos momentos de rápido progreso del entorno digital y uso intensivo de los medios digitales resulta imprescindible evaluar de forma continua el fenómeno de la desinformación. Entre las razones en apoyo de la estrategia ,el texto aprobado se remitía a la definición acuñada por la Comisión Europea de la desinformación como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. En este perjuicio público se incluyen las amenazas a los procesos democráticos y a bienes públicos tales como la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos.
El CNI decide qué opiniones son legales y cuáles ilegales
Por su parte Actuall publicaba el 30 de octubre un artículo de Juan Robles que titulaba “El vicepresidente comunista Pablo Iglesias impulsa la censura a la oposición en las redes sociales. Acuden a la Comisión Europea para denunciar la censura que Iglesias va a imponer en las redes sociales”. Y añadía: La petición ciudadana puesta en marcha por HazteOir.org ya ha sido suscrita por más de 25.000 ciudadanos que denuncian la censura. Ignacio Arsuaga: “Aprovechando el estado de alarma sin fin Iglesias pretende acabar con la última vía de expresión que nos quedaba libre del control del Ejecutivo”.
En el artículo explicaba “ ‘Pablo Iglesias quiere silenciarte’. Con este título, la asociación HazteOir.org ha puesto en marcha este jueves una campaña en la que pide a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Leyen, que repruebe la censura que el Gobierno de España quiere imponer en las redes sociales.
Fue esta semana cuando el Congreso ha aprobado que Pablo Iglesias decida desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) qué opiniones son legales y cuáles ilegales sin especificar los motivos concretos.
“Los mismos que han ascendido al poder mediante mentiras y calumnias en las redes y todos los medios de comunicación a su servicio, ahora quieren silenciarnos. Sánchez e Iglesias están consiguiendo borrar del mapa a la oposición política en España: controlan el parlamento con puño de hierro, asaltan el poder judicial, indultan a la carta a sus aliados políticos y ahora quieren ponernos un bozal a todos los ciudadanos”, explica el presidente de la entidad cívica, Ignacio Arsuaga.
Hasta el momento más de 25.000 ciudadanos han apoyado la iniciativa de HazteOir.org, que sigue recabando firmas. “A partir de ahora, Pablo Iglesias podrá aplicar su doble vara de medir para censurar aquellos comentarios que según su criterio inciten al odio, mientras permite que la justificación política del terrorismo etarra se perpetúe en las redes”, destaca Arsuaga.
Y agrega: “Si no actuamos, estamos a un paso de que el Gobierno pueda identificar, censurar y denunciar a aquellas personas que se atrevan a discrepar de sus políticas, al igual que ocurre en las peores dictaduras”.
Para concluir el presidente de HazteOir.org tiene claro que los ciudadanos van a seguir luchando por sus libertades. “Pablo Iglesias quiere aplicar en España las mismas políticas que han convertido a la República de Venezuela en una dictadura bolivariana tercermundista. Para su desgracia, el Gobierno sabe que los españoles no dejaremos caer nuestra democracia, aunque ataquen al poder judicial, al rey y a la oposición parlamentaria como lo están haciendo”.
La carta a Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, expresaba:
“El Gobierno de España ha aprobado una iniciativa parlamentaria para poder censurar cualquier opinión en Internet o las redes sociales, sin especificar los motivos concretos que pueden acarrear esta sanción.
Ordenar a las fuerzas de seguridad que restrinjan la libertad de expresión de los ciudadanos, sin especificar qué criterios objetivos deben seguir para diferenciar las opiniones tolerables de aquellas que no lo son, es una actitud antidemocrática que rompe la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Aunque el Gobierno trata de justificar su censura en la necesidad de acabar con la incitación al odio en las redes sociales, la legislación española ya prohíbe aquellas manifestaciones públicas que inciten al odio o atenten contra el honor y la intimidad de otras personas.
La nueva censura que quiere implantar Pablo Iglesias aprovechando el control del CNI solo responde a los intereses partidistas del Gobierno. Por ello es inconstitucional y abiertamente contrario a los principios de pluralidad política y libertad de expresión que rigen los acuerdos de la Unión Europea.
Le pido que repruebe esta iniciativa del Gobierno de España para censurar arbitrariamente las opiniones de los ciudadanos en las redes sociales.”
Desinformación e incitación al odio
En fin, como decía al principio, no sé si se trata de una misma o dos medidas gubernamentales distintas, una contra la “desinformación” y otra contra la “incitación al odio”, pero la finalidad e instrumentación son parecidas, se trata de una especie de censura previa con la que los mismos que han ascendido al poder mediante mentiras y calumnias en las redes y todos los medios de comunicación a su servicio, ahora quieren silenciarnos. Como dice Hazteoir “Sánchez e Iglesias están consiguiendo borrar del mapa a la oposición política en España: controlan el parlamento con puño de hierro, asaltan el poder judicial, indultan a la carta a sus aliados políticos (delincuentes en toda regla)… y ahora quieren ponernos un bozal a todos los ciudadanos. No es la primera vez que el Gobierno se pasa de frenada en sus intentos de aniquilar a la oposición política de nuestro país, pero al igual que la Unión Europea ha censurado recientemente su golpe a la independencia judicial, ahora también podría ayudarnos a proteger nuestras libertades.
La situación es muy grave… Aprovechando el estado de alarma sin fin que quiere aplicar Sánchez, su camarada comunista Iglesias pretende acabar con la última vía de expresión que nos quedaba libre del control del Gobierno.”
Una carta que se ha hecho viral en las redes
La firma don Juan Manuel Jiménez Muñoz. Médico y escritor malagueño, y se refiere a las declaraciones que hizo el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, el socialista Alfonso Gómez de Celis. Empieza con ello: Gómez de Celis “ha solicitado el pasado viernes «DESECHAR» a quienes denuncian los errores del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus. En una entrevista en Canal Sur, Gómez de Celis ha pedido a los espectadores que se imaginaran en medio de un incendio descomunal, catastrófico: «todo el que quiere ayudar a apagar el fuego se aproxima con la mejor voluntad. Tenemos que DESECHAR a los que pisan la manguera para que no salga agua, o para que salga defectuosa, o a los que están detrás del que sujeta la manguera señalando permanentemente los errores que se están cometiendo».
Tras esas miserables palabras de Alfonso Gómez de Celis, dedicaré este relato a responder como merece, pues no se me escapa que sus declaraciones van dirigidas a personas como yo que, según él, “criticamos al Gobierno y pisamos la manguera”.
Mire usted, señor de Celis: cada mañana, o cada tarde, yo apago fuegos. Me voy a la consulta a atender penalidades, sin saber si será el día en que me contagiaré. Al llegar, me pongo allí unas caretas regaladas por el Sindicato Médico de Málaga, y unas batas regaladas por una señora particular; y así, de esa artesanal manera, me protejo un poco del coronavirus; pues usted, como jefe de bomberos, no me ha dado todavía el casco, el hacha, el traje y la manguera para apagar esos fuegos sin achicharrarme yo. Luego, tras la impúdica vestimenta, atiendo enfermos. Y después, día tras día, vuelvo a la soledad de mi domicilio para hacerme la comida, poner la lavadora y cortarme el pelo a trasquilones. Seis semanas llevo solo, señor de Celis: sin ver a mi mujer, a mis hijos y a mis nietos; sin sus risas, sus bromas y sus juegos; temiendo que cada estornudo mío sea el presagio de un trancazo por coronavirus, y que me pille solo en mi sola soledad.
Y otra cosa señor Celis, no se me vaya a olvidar. Se me cae la cara de vergüenza cuando los pacientes me preguntan por los test. Muchos se han creído las patrañas del Gobierno… ¡y piensan que hacemos test! ¡Qué desengaño! Un mes llevan ustedes afirmando que España es el segundo país del mundo en número de test por habitante. Incluso en el Congreso de los Diputados lo han dicho docenas de veces. Mentirosos. Que sois unos mentirosos. Embusteros compulsivos. Embusteros peligrosos. Porque esa enorme mentira sí nos pisa la manguera a los profesionales de a pie. Esa descomunal patraña sí nos deja a los pies de los caballos. Ese estratosférico bulo sí nos expone a que mucha gente, ahíta de propaganda, piense que no les hacemos los test porque no nos sale de los cojones a los profesionales sanitarios.
Pero ya ni “los suyos” le creen, señor de Celis. Ni los suyos. Hoy pondré aquí, bajo sus ojos, los rotundos desmentidos de Maldito Bulo, La Sexta y Newtral, ¡que ya es decir! Ayer mismo negaban en sus páginas que España fuese el segundo país del mundo en número de test por habitante. La clasificación, certificada por la Universidad de Oxford, es la siguiente: Islandia, Luxemburgo, Bahréin, Estonia, Israel, Noruega, Suiza, Lituania, Italia, Islandia, Austria, Eslovenia, Letonia, Portugal, Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Corea del Sur, Finlandia, Rusia, China… y España.
España, en número de test, como cualquiera puede comprobar en esa lista, no figura ni entre los veinte primeros países del mundo, pues han consumido ustedes todas las existencias con doña Irene de Galapagar y toda su parentela.
Y en esta soledad en la que vivo, siempre de casa al trabajo y del trabajo a la casa, cumpliendo escrupulosamente mi deber de ciudadano y mi obligación como médico, pagando religiosamente mis impuestos y obedeciendo al Gobierno en todo cuanto me dice, usted, señor de Celis, se permite atizar a mis vecinos PARA QUE ME “DESECHEN”. Para que me desechen. Para que me desechen. Debe de referirse usted a que me aíslen socialmente. O a que me escupan a la cara cuando pase por la calle. Como hacían en el País Vasco con las familias de los guardias. O como hacen ahora en Cataluña los independentistas con quienes no colocan esteladas. DESECHADOS POR ORDEN GUBERNATIVA. La muerte social por exponer públicamente el desgobierno del Gobierno.
Nos queréis putas y sumisas, señor Celis. Pero no va a ser así. Nos queréis putas y, además, follar de balde. Pero no va a ser así. Nos queréis trabajando con la cabeza gacha, humillados y en silencio. Pero no nos sale de los huevos. Nos queréis vestidos con bolsas de la basura y sin decir ni pío. Pero de ninguna manera os vais a ir de rositas.
Os van a llover querellas como agua tiene la mar. Los juzgados se saturarán de peticiones de justicia por parte del Sindicato Médico, del Sindicato de Enfermería, del Sindicato de Funcionarios, del Colegio de Médicos, del Colegio de Enfermería, del Colegio de Farmacia, de trabajadores de las residencias de mayores, de familiares de los muertos por coronavirus, de trabajadores infectados por vuestras inservibles mascarillas, de pacientes sin los test realizados, y de todos los <<desechados>> que, según usted, sacamos a la luz la pésima gestión de este Gobierno y merecemos, por ello, una reprobación social.
No caerán en el olvido los más de 70.000 españoles fallecidos y los más de 36.000 sanitarios contagiados. Se lo aseguro. No olvidaremos, tampoco, que España ha sido el país con más sanitarios infectados de todo el mundo mundial: un 20% aquí, frente a un 10% de Italia, un 4% de China o un 3% en Estados Unidos.”
Y concluye: “Eso se lo puedo jurar yo por los seres que más quiero».
Veremos en qué acaba todo esto.
