Por José María Arévalo
(El arzobispo de los Ángeles, José Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal)
Durante toda la campaña para las elecciones en Estados Unidos me preguntaba cómo el candidato demócrata, Biden, defendía el aborto y lo incluía en su programa electoral, cuando es bien sabido que Biden es católico declarado. Precisamente uno de los puntos fuertes de Trump ante los católicos norteamericanos con derecho a voto era su defensa del derecho a la vida, que ha demostrado ser muy eficaz en estos cuatro años de mandato, como hemos destacado en diversos artículos en este blog. Pero ¿qué pasa con Biden, que es también, cómo es que la iglesia norteamericana no le ha .llamado la atención en su campaña con puntos claramente de abortista? Pues, efectivamente, no ha hecho más que tomar posesión, cuando la iglesia norteamericana ha salido al paso afeándole su postura contraria a los principios católicos de defensa de la vida. Y así titulaba Religión en Libertad el pasado 25 de enero “El Arzobispo norteamericano José Gómez ante la llegada de una Administración activamente proabortista”. Gómez es arzobispo de los Ángeles, pero sobre todo, para entender la importancia de la noticia, presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana.
Sin embargo ya se ve por el titular referido que algo más pasa entre los obispos norteamericanos cuando la noticia no dice que se trata de la reacción de la iglesia católica en EE.UU. frente a un presidente activamente proabortista. Vamos a ver la noticia a este respecto, y cómo tres horas antes de que el nuevo presidente jurara su cargo, cuando la secretaría de Estado de la Santa Sede intervino exigiendo que se retrasara la publicación de la declaración del arzobispo de los Ángeles.
Obispos de EEUU piden a Biden que rechace el aborto
“Apenas lleva dos días en la Casa Blanca- comenzaba el artículo de Religión en Libertad-, y Joe Biden ya ha anunciado su intención de «convertir en ley» la sentencia Roe vs Wade del Tribunal Supremo que legalizó el aborto y «nombrar jueces que respeten precedentes fundamentales como Roe». Él y Kamala Harris (pues lo expresan como una intención de la «Administración Biden-Harris») afirman que «durante los últimos cuatro años, el derecho a decidir [el aborto] ha sufrido un ataque implacable y extremo», en referencia a la política abierta y desacomplejadamente provida de Donald Trump.
Es el mismo Joe Biden a quien, horas antes de tomar posesión del cargo, dio de comulgar el cardenal arzobispo de Washington, Wilton Gregory, lo que ha sido considerado por el líder provida Austin Ruse como «un escándalo sobre otro escándalo» con el que Biden «come y bebe su propia muerte espiritual», a tenor de lo que dice San Pablo: «Quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor… Quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su condenación» (1 Cor 11, 27-29).
En ese contexto, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la conferencia episcopal estadounidense, José Gómez, firmó un comunicado advirtiendo al nuevo inquilino del Despacho Oval de que la Iglesia se mantendrá firme en la defensa de la vida ante la nueva ofensiva abortista.”
Dudas de algunos eclesiásticos
“Algunos obispos –continúa el artículo-, como el cardenal arzobispo de Chicago, Blase Cupich, le censuraron públicamente por ello.
Esto ha dado lugar a una polémica cuyas interioridades cuenta George Weigel en First Things (los ladillos son de ReL)”. [Efectivamente, ReL incluye a continuación “Arzobispo José Gomez: un perfil de valentía episcopal”]
“Durante su reunión anual –escribía George Weigel- en noviembre del año pasado, una masa crítica de obispos católicos de Estados Unidos reconoció que la elección de Joe Biden a la presidencia había llevado a la Iglesia a un punto crítico. El presidente electo ha hablado durante mucho tiempo, y con evidente sinceridad, del modo en que su fe católica le había sostenido en momentos de gran sufrimiento, incluyendo la muerte de su primera esposa y de su hijo. Asistía regularmente a misa y era famoso por presumir de llevar su rosario consigo. En su campaña de 2020, ha citado al Papa Francisco, ha hablado a menudo de su afecto por las religiosas y ha invocado la doctrina social de la Iglesia como fuente de sus posiciones políticas.
Sin embargo, a lo largo de su carrera en el Senado y en sus ocho años como vicepresidente, Biden se ha convertido en un defensor cada vez más acérrimo de la interpretación más extrema del régimen del aborto impuesto al país por la sentencia Roe v. Wade de 1973, reforzada por la sentencia Planned Parenthood v. Casey de 1992.
La multinacional abortista Planned Parenthood respaldó y financió la campaña de Joe Biden a la presidencia «para invertir el daño hecho por Donald Trump a nuestro acceso a la salud», donde «salud» significa «aborto».
Ha sido un gran defensor de la sentencia Obergefell v. Hodges y del «matrimonio gay» (él mismo ofició una ceremonia de este tipo cuando era vicepresidente). No ha habido ninguna distancia visible entre, por un lado, sus posiciones políticas recientes y, por el otro, las de los defensores más agresivos del colectivo LGBT y la «teoría de género». Además, parecía no ser consciente de las amenazas que todo esto suponía para la libertad religiosa de las instituciones católicas y los derechos de conciencia de los católicos en la sanidad, la educación y otros ámbitos.
Durante la campaña de las primarias de 2020, llegó a decir que, como presidente, anularía la exención del mandato anticonceptivo del Obamacare (que incluía algunos abortivos) que la administración saliente había concedido a las Hermanitas de los Pobres, que se negaban a incluir anticonceptivos y abortivos en la cobertura del seguro médico de sus empleados.
Lo que acordaron los obispos
En la reunión de la Conferencia Episcopal estadounidense de noviembre se llegó a un punto de inflexión descrito posteriormente por un obispo como un «consenso atronador»; otro obispo dijo que la reunión concluyó con un «mandato fuerte y claro» para actuar. ¿Qué hacer entonces?
El presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, el arzobispo José Gómez, de Los Ángeles, decidió nombrar un grupo de trabajo para llevar adelante las relaciones con la nueva administración, que propondría un plan de acción a la luz de este desafío sin precedentes para la coherencia sacramental y moral de la Iglesia. El grupo de trabajo estaría presidido por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Allen Vigneron, de Detroit; entre sus obispos miembros estarían los presidentes de las comisiones permanentes de la conferencia episcopal; y haría sus recomendaciones al presidente de la conferencia, monseñor Gómez, lo antes posible.
En dos reuniones el grupo de trabajo llegó rápidamente a un consenso y formuló sus recomendaciones al arzobispo Gómez. Tal y como informó posteriormente Gómez a los obispos, el grupo de trabajo había propuesto dos iniciativas.
La primera sería una carta dirigida al nuevo presidente por el arzobispo Gómez, escrita como pastor. La carta prometería apoyo a la nueva administración en los puntos de acuerdo. También identificaría las políticas de la administración, incluyendo el aborto, que los obispos consideran que violan la dignidad humana, e instaría al nuevo presidente a replantearse sus posiciones sobre estas cuestiones. La segunda iniciativa propuesta por el grupo de trabajo fue la elaboración de una declaración de la Conferencia sobre la coherencia eucarística de la Iglesia.
Esto último está por desarrollar -y será desarrollado-, pero el arzobispo Gómez está de acuerdo con la recomendación del grupo de trabajo de que se lleve a cabo un acercamiento al nuevo presidente lo antes posible. En lugar de una carta, Gomez optó por emitir una declaración pública el día de la toma de posesión de Biden.
Interviene la Secretaría de Estado vaticana
Sin embargo, el día antes de la toma de posesión, el cardenal Blase Cupich, de Chicago, y el cardenal Joseph Tobin, de Newark, presionaron con fuerza al arzobispo Gómez para que no hiciera ninguna declaración; lo mismo hizo el nuncio apostólico en Estados Unidos, el arzobispo Christophe Pierre. El arzobispo Gomez resistió a esas presiones y planeó publicar su declaración a las 9 de la mañana del día de la toma de posesión, tres horas antes de que el nuevo presidente jurara su cargo. Entonces intervino la secretaría de Estado de la Santa Sede, exigiendo que se retrasara la publicación de la declaración.
La interpretación caritativa que se puede a dar a esta injerencia sin precedentes en la acción propuesta por una conferencia nacional de obispos es que reflejaba la preocupación del Vaticano por que la primera declaración católica sobre el nuevo presidente viniera del propio Papa (como ocurrió poco después del mediodía del 20 de enero, en un anodino mensaje de felicitación). También podría especularse, no sin razón, de que algunos de los que habían intentado silenciar al arzobispo Gómez hicieron gestiones ante el Vaticano, y tal vez ante el propio Papa Francisco.
En un artículo publicado en internet en America [revista jesuita], un funcionario del Vaticano no identificado dijo que la Santa Sede no había estado al tanto de la declaración inminente del arzobispo Gómez hasta horas antes de la publicación prevista de la declaración. ¿Quién, puede uno preguntarse, causó inquietud entre los funcionarios romanos en el último momento e instó al Vaticano a intervenir en los asuntos públicos estadounidenses? ¿Nadie, a uno u otro lado del Atlántico, consideró que esa injerencia es precisamente de lo que habían advertido siglos de viejas leyendas negras protestantes (por no hablar de las caricaturas de Thomas Nast)? ¿Habría intentado la Santa Sede anular o retrasar la publicación de una declaración del presidente de la conferencia episcopal alemana (algunas de cuyas recientes declaraciones públicas no han demostrado estar familiarizadas con las cuestiones establecidas de la doctrina y la práctica católica)? ¿Por qué el nuevo ultramontanismo sólo se aplica a Estados Unidos? Estas son cuestiones interesantes para el futuro.
Una declaración pastoral y «mesurada»
En cualquier caso, la declaración del arzobispo Gómez se publicó poco después de que el presidente Biden terminara su discurso de investidura. Era claramente una declaración pastoral, no un manifiesto político. Su tono era totalmente respetuoso y carente de clericalismo. Reconocía la renovación del nuevo presidente y expresaba públicamente su piedad en «una época de creciente y agresivo secularismo en la cultura estadounidense». Se comprometía a trabajar con la administración entrante en temas que los obispos habían destacado en la edición más reciente de su guía, Forming Consciences for Faithful Citizenship [Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles], como la política de inmigración, la reforma de la justicia penal, la lucha contra el racismo y el empoderamiento de los pobres. Acogía con satisfacción «el llamamiento del presidente Biden a la reconciliación y la unidad nacional» y proponía un diálogo con el nuevo presidente y la administración sobre los pasos que hay que llevar a cabo para construir una cultura de la vida en Estados Unidos.
Y la declaración destacaba adecuadamente la singular gravedad moral de las cuestiones relativas a la vida, subrayando que la licencia para abortar «no es solo un asunto privado, [sino que] plantea cuestiones preocupantes y fundamentales de fraternidad, solidaridad e inclusión en la comunidad humana.» Así, escribe el arzobispo Gómez, la cuestión del aborto «es un asunto de justicia social», ya que los estadounidenses «no pueden ignorar la realidad de que las tasas de aborto son más altas entre los pobres y las minorías, y que el procedimiento se utiliza regularmente para eliminar niños que nacerían con discapacidades».
Según cualquier criterio razonable, la declaración del arzobispo Gómez fue equilibrada y mesurada; de no ser por la controversia que estalló antes y después de su publicación, algunos probablemente habrían argumentado que era demasiado equilibrada y demasiado mesurada. La controversia, sin embargo, subrayó la postura firme, clara e inequívoca de la declaración sobre la «prioridad preeminente» de las cuestiones relativas a la vida, y, por tanto, aumentó el impacto de aquellas partes de la declaración que los cardenales disidentes encontraron tan objetables que intentaron anular todo el documento.
Cupich hace visible la división
Más tarde, el día de la toma de posesión, el cardenal Cupich emitió una declaración, seguida de una serie de tuits, en los que deploraba la declaración del arzobispo Gómez por considerarla «poco meditada», una «sorpresa para muchos obispos» y el resultado de «fallos institucionales internos» por parte de la Conferencia Episcopal estadounidense. No está claro si estos duros juicios reflejan la opinión tanto de Roma como de Chicago. En cualquier caso, no resistirían un análisis cuidadoso.
La sugerencia de que el arzobispo Gómez estaba actuando, de alguna manera, independientemente de la conferencia episcopal y, por ende, de forma irresponsable, es en sí misma injusta e irresponsable. La declaración del arzobispo se elaboró en respuesta a las recomendaciones del grupo de trabajo que había nombrado en noviembre. Esas recomendaciones reflejaban, a su vez, el amplio consenso entre los obispos mostrado en su reunión de noviembre.
Además, al identificar los puntos de acuerdo y desacuerdo con la administración entrante, la declaración no iba más allá de lo que la Conferencia Episcopal estadounidense había dicho durante años, incluso décadas. Sugerir que había sido una acción sin precedentes es falsificar la historia. Lo que sí era inédito, como señaló el arzobispo Gómez en su declaración, era la situación de un presidente de Estados Unidos que profesaba un catolicismo devoto y sincero y que, sin embargo, se comprometía públicamente a facilitar graves males morales. No reconocer ese hecho, y no abordarlo con el nuevo presidente, habría costado mucho a los obispos en cuanto a su propia autoestima y su credibilidad pública.
Ningún obispo que haya asistido a la reunión de la Conferencia Episcopal de noviembre y haya escuchado atentamente las preocupaciones expresadas allí debería haberse sorprendido por el contenido de la declaración del arzobispo Gómez. La declaración reflejaba con bastante precisión los temas dominantes de esa reunión.
Gómez, un hombre de fe y valiente
Hay muchas cuestiones morales graves en el debate político público contemporáneo, pero las cuestiones relativas a la vida, como ha insistido el propio Papa Francisco, tienen prioridad porque afectan a cuestiones básicas de la dignidad humana y los primeros principios de la justicia. Algunos pueden sorprenderse de que el arzobispo Gómez haya tenido el valor de escribir tan directamente al presidente Biden, y hacerlo después de haber sido presionado por dos cardenales; pero tal sorpresa delata una ignorancia del hombre. El arzobispo Gómez es una persona tranquila y gentil que no busca el protagonismo; no es un tuitero empedernido; no es conflictivo. Pero, sobre todo, es un hombre de profunda fe y sólida piedad, que en noviembre comprendió que se había llegado a un punto de inflexión y que la credibilidad evangélica de la Iglesia estaba en juego por ello. Ofreció un perfil de valentía episcopal en un momento en el que otros -los verdaderos atípicos en este drama- exigían (uno espera que sin reconocer la analogía) una repetición del enfoque acomodaticio de los funcionarios públicos católicos defendido durante mucho tiempo por Theodore McCarrick, sobre todo durante las elecciones de 2004.
El padre Santiago Martín coincide con George Weigel en que la unidad de la Iglesia estadounidense no puede intentarse a costa de la verdad de Cristo.
En los últimos meses, los obispos estadounidenses, incluyendo prácticamente a toda la cúpula episcopal de la conferencia, han manifestado su acuerdo en una cosa: mantener una falsa fachada de unidad episcopal no merece el sacrificio de las verdades que la Iglesia debe decir. Estas incluyen la verdad sobre la propia integridad sacramental de la Iglesia y la coherencia eucarística; las verdades sobre la dignidad y el valor inalienables de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural; la verdad sobre la libertad religiosa en su totalidad y los derechos de conciencia de aquellos que se niegan a actuar contra la dignidad humana; y la verdad sobre la preocupación de la Iglesia por la salud espiritual de los funcionarios públicos católicos que, sea cual sea el grado de culpabilidad subjetiva, facilitan sin embargo graves males morales.
En su a menudo conmovedor discurso inaugural, el presidente Biden nos llamó a «poner fin a esta guerra civil que enfrenta a rojos y azules» y declaró su creencia de que «podemos hacerlo si abrimos nuestras almas en lugar de endurecer nuestros corazones». Dudo que el arzobispo José Gómez haya recibido una copia anticipada del discurso del presidente. Pero, providencialmente, su declaración en el día de la toma de posesión fue una invitación del pastor al presidente Biden para que hiciera precisamente eso: abrir su alma a la plenitud de la verdad católica. El arzobispo merece un gran crédito por haber tenido el valor de hacerlo, al igual que los muchos, muchos cardenales y obispos que lo apoyaron, y que seguirán trabajando para convertir este punto de inflexión en un momento de renovación católica evangélica, sin importar lo que cueste.
Biden se deja de disimulos
La última noticia sobre el tema la veo en Actuall, en artículo de Jorge Soley que titula “Biden se deja de disimulos y elige al talibán abortista Becerra como secretario de Salud”
Becerra nunca ha ocupado un puesto de alto nivel en el ámbito sanitario, pero en cambio tiene un amplio historial de ataques a los provida y a las organizaciones religiosas. Joe Biden, el presidente de la unión y la reconciliación, empieza su mandato con una elección que augura una guerra cultural sin cuartel.
Kamala Harris será posiblemente la vicepresidenta de los Estados Unidos más agresivamente abortista de la historia. Harris ha dado muestras de actuar siguiendo los designios de Planned Parenthood y de ser una feroz talibán presta a combatir con todos los medios a su alcance cualquier iniciativa dirigida a defender la vida de los no nacidos. Su historial al respecto, que recordé recientemente, es demoledor.
Joe Biden tiene un perfil menos agresivo que nos retrotrae a los tiempos en que los demócratas abogaban porque el aborto fuera algo “seguro” pero raro, excepcional. Pero Biden no ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos por ser un hombre de principios, sino por su habilidad para adaptarse a las tendencias del momento. Y el Partido Demócrata del año 2021 ha abrazado el aborto como el derecho sagrado sobre el que se funda su concepción de una sociedad libre. Así que Biden va a luchar para que no exista ninguna restricción a la posibilidad de matar a un ser humano en el seno materno. Una opción es la de aumentar el número de miembros del Tribunal Supremo para llenarlo de jueces abortistas, pero quizás no sea necesario llegar hasta esos extremos y baste elevar el “derecho al aborto” a rango de ley federal, como ha prometido Biden durante la campaña electoral.
En cualquier caso, y a la espera de ver qué camino elegirá el nuevo presidente estadounidense, el anuncio del nombramiento de Xavier Becerra como nuevo secretario de Salud nos indica que Biden no se anda con chiquitas. Una cosa es la retórica, moderada y reconciliadora (“vamos a volver a unir al país”) y otra los hechos. Como declaró Marjorie Dannenfelser, presidenta de la Susan B. Anthony List, con esta elección “Biden ha demostrado una vez más que es un extremista del aborto. Becerra es agresivamente proaborto y un enemigo de la libertad de expresión”.
Biden ha elegido a Becerra por encima de otros candidatos menos controvertidos, como la exgobernadora de Michigan, Jennifer Granholm o la exsecretaria del HHS, Sylvia Burwell. A diferencia de otros candidatos al puesto, Becerra nunca ha ocupado un puesto de alto nivel en el ámbito sanitario, pero en cambio tiene un amplio historial de ataques a los provida y a las organizaciones religiosas.
Y es que Becerra, siendo fiscal general de California, se ha dedicado a emprender continuas batallas judiciales contra los pro-vida. Una de ellas, que llegó al Supremo en 2018, se originó después del intento de obligar a los centros pro-vida que ayudan a mujeres embarazadas a hacer publicidad de los servicios de aborto a los que pueden acceder. El Tribunal Supremo echó por tierra la pretensión de Becerra y del estado de California, que consideraron una violación de la Primera Enmienda. Por otra parte, Becerra no dudó en continuar la ofensiva de su predecesora en el cargo, Kamala Harris, para perseguir al periodista de investigación David Dalendein, que había expuesto la venta ilegal de tejido fetal procedente de abortos por parte de la multinacional abortista Planned Parenthood.
Presión a la administración para favorecer la píldora abortiva
En los inicios de la pandemia, Becerra lideró una coalición de fiscales generales del estado para presionar ante la administración para que redujera sus restricciones a la distribución de la píldora abortiva. Pero no fue ésta la única iniciativa de Becerra en este complicado año: en octubre pasado, el gobernador Gavin Newsom lanzó una nueva serie de restricciones arbitrarias sobre los lugares de culto y Becerra se lanzó a perseguir a quienes no las cumplieran. El reverendo Trevor Burfitt, un sacerdote católico, calificó las restricciones de «laberinto burocrático de absurda complejidad» e interpuso un recurso que llevó a que el Tribunal Supremo, una vez más, le quitara la razón a Newson y Becerra.
Otro de los campos en los que ha destacado Becerra es en el intento de imponer el mandato contraceptivo que obligaba al empleador a contratar un seguro que incluyera la posibilidad de esterilización, anticoncepción y aborto para todos sus empleados. Biden ya ha anunciado que pretende resucitar el mandato contraceptivo de Obama, por lo que probablemente Becerra se verá involucrado en una importante batalla al respecto.
Otra batalla judicial en la que probablemente tendrá protagonismo será la del mandato transgénero, que impide que sea negada cualquier petición de cirugía ‘de transición‘. Este mandato fue rechazado en un tribunal en 2019 pero ahora se espera que Becerra apele. Asimismo, se teme que las cláusulas de protección de conciencia para trabajadores sanitarios que reconoció la administración Trump sean rechazadas por el nuevo secretario de Salud.
Así que, oh sorpresa, Joe Biden, el presidente de la unión y la reconciliación, empieza su mandato con una elección para un puesto clave que augura una guerra cultural sin cuartel. Lo resume bien Ross Douthat dese el New York Times: “Becerra es la elección que haces si tienes la intención de perseguir a muchos de tus compatriotas, ya que eso es lo que lo caracteriza: es un convencido combatiente en temas como las armas y la inmigración y un maximalista del derecho al aborto que ha utilizado la oficina del fiscal general para demandar a las Hermanitas de los Pobres después de una decisión de la Corte Suprema en su favor y para perseguir a los cineastas provida que hicieron vídeos encubiertos de ejecutivos de Planned Parenthood hablando de la venta de partes del cuerpo de los fetos abortados”.
