“Por sus hechos la conoceréis”, de Emilio Campmany, “El comisario de Justicia de la UE demanda `reformas estructurales´ para que al menos el 50% de los magistrados sean`elegidos por sus pares´”, de Pablo R. Suanzes, y “El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de Vox y PP a la Ley Celaá”, de Juan Robles
(Viñeta de Ramón en El Norte de Castilla el pasado día 21)
POR SUS HECHOS LA CONOCERÉIS
Artículo de Emilio Campmany publicado en Libertad Digital el pasado día 22
Mónica García fue la reina tuerta en el país de los ciegos de la izquierda. Pero, comparada con los otros tres candidatos, incluido Bal, fue peor. Son muchos los comentaristas que dan a la cabeza de lista de Más Madrid como vencedora en el debate de este miércoles. Tal aseveración sólo es posible hacerla si se limita la competición a los tres líderes de la izquierda, entre los que, sin duda, García fue la mejor. Gabilondo no es mal tipo y parece que la cabeza le funciona, aunque a paso de carreta. Sin embargo, para poder apreciar sus capacidades es necesario mantenerse despierto mientras habla, hazaña casi imposible. Pablo Iglesias no sale del populismo marxista, que pudo ser eficaz antes de que llegara al Gobierno. Ahora que ha demostrado lo que da de sí como gestor y se ha visto cómo dispone de los fondos públicos, es muy fácil contestar sus argumentos. Así que, de acuerdo, Mónica García fue la reina tuerta en el país de los ciegos de la izquierda. Pero, comparada con los otros tres candidatos, incluido Bal, fue peor.
El programa económico de García no está dirigido a crear riqueza, sino a quedar bien. Está pensado para salvar al planeta del cambio climático, no para crear empleo. El objetivo es muy encomiable, pero olvida que la economía verde es cara y poco competitiva. Su programa sólo se podrá poner en práctica cuando todos los países, incluida China, lo suscriban. Mientras, abrazar lo verde significa perder competitividad y empleo. Es un programa para jóvenes idealistas, no para trabajadores sin empleo o que teman perder el que tienen.
Monasterio tiró de demagogia. Lo de los excesivos miembros que tiene la Asamblea de Madrid es cierto. Pero lo grave es que la mayoría no saben lo que votan, no que sean demasiados. Y eso es culpa del sistema de listas cerradas, que hace que lo que se exige al parlamentario de a pie, en la Asamblea de Madrid o en las Cortes, sea hacer lo que se le mande sin rechistar. Eso sí, arreó buenos sartenazos a los líderes de la izquierda.
Edmundo Bal fue el mejor. Los comentaristas lo denigran sólo porque es casi imposible que obtenga representación, pero de eso la culpa la tiene Arrimadas. Es verdad que prometer puestos fijos en la Administración a los interinos es una forma algo rastrera de buscar votos, mucho más viniendo de alguien que eligió el duro camino de las oposiciones para ser funcionario, pero en lo demás estuvo más que correcto.
Ayuso tenía mucho que perder y poco que ganar, de manera que era difícil que fuera la mejor, después de que Miguel Ángel Rodríguez le obligara a transitar por el debate con el freno de mano puesto. Pero cuando tuvo que reaccionar a las mentiras de García e Iglesias lo hizo de forma contundente y segura de lo que decía. En cualquier caso, su más poderoso argumento es su gestión, que en Madrid sabemos que ha sido mucho mejor que la del Gobierno de la nación. Es posible que durante el debate no ganara un voto, pero tampoco lo perdió.
El caso es que la mayoría de los electores, antes de ser anestesiados por el discurso de Gabilondo, ultrajados por el populismo de Iglesias o hipnotizados por la ideología verde de García, prefirieron entretenerse con las confesiones de Rociito, lo que da idea del nivel. Ya veremos qué votarán el día 4.
Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/emilio-campmany/por-sus-hechos-la-conocereis-6748294/
EL COMISARIO DE JUSTICIA DE LA UE DEMANDA «REFORMAS ESTRUCTURALES» PARA QUE AL MENOS EL 50% DE LOS MAGISTRADOS SEAN «ELEGIDOS POR SUS PARES»
Artículo de Pablo R. Suanzes publicado en El Mundo el pasado día 20
«El anuncio de hoy es una buena noticia. Que tras tantas discusiones se haya decidido en Madrid frenar esa reforma que hablaba de las tres quintas partes del CGPJ y se haya abandonado esa senda es positivo. Pero no es suficiente. Es muy importante que se complete la renovación del Consejo General del Poder Judicial para estar en línea, completamente, con los estándares europeos. Ese debe ser el siguiente paso». Así lo afirma el belga Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, en una entrevista apenas unas horas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dado marcha atrás en una de sus medidas más polémicas y criticadas.
La satisfacción en Bruselas es clara, pero no completa. No al menos todavía, porque se ha parado una reforma que preocupaba mucho, pero falta el gran objetivo: completar de una vez la renovación del órgano de los magistrados y lograr, en la próxima reforma, que al menos la mitad de los integrantes sean elegidos por sus pares.
«Pedimos a todas las fuerzas políticas que se sienten a discutir para lograr un acuerdo. No voy a estar en la mesa, no sé si es más difícil para el Gobierno de coalición ceder o es lo es para la oposición, eso les corresponde a ellos. Pero no sólo pedimos la reforma del CGPJ, sino un compromiso claro de todas las fuerzas políticas de que cumplirán en el futuro con los estándares europeos en su totalidad. Ese es el objetivo», avisa el comisario. «Todas las fuerzas políticas deben comprometerse, ahora o después de las elecciones regionales, para sacar adelante reformas estructurales que permitan a España cumplir con los estándares europeos. En el futuro esperamos una reforma en España para que al menos el 50% de los miembros sean elegidos por los jueces», insiste.
Este martes se ha congratulado en un tuit la vicepresidenta Vera Jourova, que ayer recibió en persona la promesa del ministro Juan Carlos Campo de que se retiraría la reforma. Y lo hace también Reynders. Pero no basta. El objetivo es «profundizar en la despolitización» y eso tiene un método muy claro: «Hay que completar la renovación del CGPJ y aprobar reformas estructurales para cumplir del todo con los estándares europeos. Al menos el 50% de los miembros del Consejo deben ser elegidos por sus pares». Así lo repite más de 25 veces Reynders durante la entrevista: la mitad de los integrantes, como mínimo, deben ser elegidos por otros jueces. No por el Parlamento, ni por el Ministerio ni por el Gobierno. Ni mediante un gran acuerdo político: «Por sus pares». Esos son los estándares europeos, hacia eso avanzan (a distinto ritmo) los 27 y la presión no va a reducirse.
Hay diferentes fórmulas, admite. En Francia es el Ministerio el que nombra a los jueces, pero escuchando a las recomendaciones de un órgano independiente («esto es, con un 50% de jueces al menos elegidos por sus pares»). Y hoy mismo el Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que el modelo de Malta, donde es el primer ministro el que nombra a los magistrados, es aceptable, pero sólo si sigue a rajatabla las recomendaciones de otro órgano independiente. «En España no digo que tenga que ser lo mismo, pero hace falta que haya un cuerpo independiente (…) Es importante que los ciudadanos sepan y crean que hay independencia, que no hay influencia del sistema político. Si una parte del CGPJ la eligen los jueces es precisamente para distanciarse de los cuerpos políticos. Eso es una garantía para ciudadanos y empresas de que el sistema es totalmente independiente», señala en la charla con corresponsales europeos.
Insta a Gobierno y oposición a «volver a la mesa y pactar» rápido la renovación
El comisario de Justicia trata de quitar hierro a la discusión con España, que sabe que ha provocado un debate político acaloradísimo en nuestro país. «Más que resistencias del Gobierno estos seis meses hablaría de muchas dificultades», apunta. «Pero no sólo por la posición del Gobierno. Han sido años difíciles en España, con dos elecciones seguidas, la pandemia, ahora elecciones regionales importantes. No es fácil debatir sobre reformas estructurales en ese marco, lo sabemos, pero hay que mejorar. El de España no es un problema sistémico, la valoración general del Estado de Derecho en nuestro informe de 2020 es positiva; se trata de asuntos concretos, e importantes, en especial el CGPJ el vínculo entre la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo y la digitalización», explica.
Pero que en Bruselas comprendan las dificultades no quiere decir que eximan de la responsabilidad y aflojen: «Si la reforma ahora retirada hubiera sido adoptada, avanzando hacia una mayoría simple, la Comisión habría recurrido al TJUE. Pero no ha sido el caso… se lo dijimos a los ministros y esa es la mejor fórmula para llegar a soluciones», señala satisfecho. «Sobre España estaba muy claro que era posible abordar las principales discusiones. En muchos capítulos no tenemos ningún problema, pero tenemos preocupaciones en varios otros. Era posible mejorar la situación y lo estamos viendo».
Reynders dice una y otra vez que la situación de España no ha sido especialmente sangrante. Que ha habido desencuentros, pero que cuando acude a explicar sus preocupaciones a los Parlamentos nacionales, en todas partes ve las mismas quejas y preocupaciones y debates. Pero pide diálogo urgente a las fuerzas políticas. «Tengo contactos con la oposición, desde luego, con los grupos del Parlamento. Es normal escuchar y recibir dudas y comentarios y quejas. Es una situación compleja, lo sabemos, no pedimos sólo al Gobierno que tome una decisión clara sobre la composición del CGPJ, la misma petición se la hacemos a la oposición: hay que volver a la mesa y decidir los nombres de los nuevos miembros», insta el belga.
El Comisario especifica claramente que la situación de España nada tiene que ver con la de Polonia y que la opción de recurrir al Artículo 7, como algunas fuerzas políticas de la oposición o asociaciones de jueces han apuntado, nunca ha estado sobre la mesa. «Sobre la referencia al Artículo 7… para nada. Reaccionamos cuando se va a hacer una reforma, pero actuamos sólo si hay un texto. En España no hay texto adoptado modificando las condiciones. No se ha hecho», explica.
Todas las fuerzas políticas deben comprometerse para hacer reformas estructurales que permitan a España cumplir con estándares europeos
En el mes de julio la Comisión publicará el segundo informe sobre el Estado de Derecho en todos los Estados miembros, sobre la base del primero, viendo si se han escuchado las recomendaciones. Reynders cree que los estándares, creados a partir de lo que dicen los Tratados, de las decisiones del TJUE, de las recomendaciones del Tribunal de Estrasburgo o de la Comisión de Venecia (que no son parte de la UE) y de las decisiones de los ministros están cada vez más claras y que hay una discusión positiva y enriquecedora en Europa, que hará más difícil las resistencias en algunas capitales e intentos como el de Pedro Sánchez de sacar adelante una reforma que va contra «las mejores prácticas. Pedimos al Gobierno que no siguiera en esa senda negativa. Pero no es suficiente, hay que completar la renovación con un acuerdo entre fuerzas políticas. Hacen falta reformas reales para que la mayoría de los jueces sean elegidos por sus pares», zanja.
Si PP y PSOE no han sido capaces de ponerse de acuerdo, cada con uno con sus propias ideas, quizás podrían intentar otra fórmula, sugiere el belga, experimentado político y ex ministro en el país de las coaliciones y acuerdos imposibles: «Cuando necesitas compromisos quizás es mejor buscarlos sobre la base de propuestas de fuera que con propuestas del gobierno o la oposición. Y una buena guía con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia», propone.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2021/04/20/607ef091fc6c832b0c8b45a7.html
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRÁMITE LOS RECURSOS DE VOX Y PP A LA LEY CELAÁ
Artículo de Juan Robles publicado en Actuall el pasado día 20
Los recursos presentados por Vox y PP entienden que la Ley celaá vulnera de forma grave libertades y derechos fundamentales. La educación concertada, la enseñanza religiosa o los centros de educación especial están en peligro con la Ley Celaá.
El Tribunal Constitucional estudiará la constitucionalidad de nueva Ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, al admitir a trámite los recursos de PP y Vox contra la LOMLOE, también denominada Ley Celaá, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano.
Vox fue le primero en presentar un recurso ante el Tribunal constitucional el pasado 25 de marzoal considerar que la norma ataca la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial. Vox también considera como contrario a la Constitución la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
El partido liderado por Santiago Abascal también critica en su escrito que durante la tramitación de la ley «no sólo han dejado de oírse en ambas cámaras legislativas a los colectivos afectados», sino que «ni siquiera se ha solicitado informe a los principales órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar».
Los ‘populares’ presentaron su recurso, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), unois días más tarde, el 29 de marzo. Su presidente Pablo Casado, calificó la norma como «un atentado contra la libertad» y considera que va también contra la calidad del sistema y la unidad del mismo.
El recurso, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española.
Los ‘populares’ creen que la norma impide la libertad de elección de centro educativo, para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad. Además, consideran que ataca al castellano como lengua vehicular en toda España» y critican que permita «pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluido las troncales».
