Por José María Arévalo
(Alumnos de último curso)
Recuerdo de mis años de ejercicio como laboralista que recomendábamos a las empresas se abstuvieran de dar a los becarios que facilitaba la Universidad, puestos de trabajo concretos, pues para eso estaban los “contratos en prácticas”, que podían realizarse con alumnos que hubieran acabado la carrera hasta cuatro años antes, y tenían una duración máxima de dos años. El riesgo de dar trabajo concreto a un becario, a pesar de que estuviera bien documentado el acuerdo con la Universidad, era que se considerara relación laboral y que debía haber sido dado de alta en la Seguridad Social, lo que fue siempre una “espada de Damocles” porque si sufría un accidente en el trabajo sin haber sido dado de alta corría la empresa con todos los gastos, incluida una posible pensión de invalidez.
Yo tuve varios becarios aprendiendo conmigo, pero solo viendo cómo trabajaba y comentando los problemas y soluciones, o buscando jurisprudencia y analizando expedientes ya resueltos. Recuerdo que un becario resolvió con un programa de informática, un grave problema de encadenamiento en la producción, y nos planteábamos cómo podíamos gratificarle de alguna manera, ya que su aportación resultó ser fantástica para la empresa. Al final no sé cómo se resolvió, quizá con un regalo.
Pues bien, ahora se ha publicitado que el ministro José Luis Escrivá pretende que se cotice a la Seguridad Social por las prácticas no remuneradas en las empresas, lo que ha provocado la indignación de las empresas , que consideran que la propuesta no es lógica y llega en el momento menos adecuado, en plena recesión económica. La patronal CES recuerda que este tipo de prácticas forma parte del proceso de aprendizaje del alumno y que requiere una tutela y formación de las empresas. Un esfuerzo al que se añadiría el pago de la cotización, un sobrecoste que hará que las compañías se replanteen si deben seguir ofreciendo prácticas.
Y veo en la Gaceta Regional de Salamanca que este cambio pone en riesgo las alrededor de 10.000 estancias en empresas que realizan los alumnos salmantinos, principalmente universitarios, aunque también de los que estudian ciclos de FP.
Antecedentes
El Gobierno de Pedro Sánchez –explica La Gaceta- vuelve a la carga con su intención de obligar a las empresas a que den de alta en la Seguridad Social y cotizar por todos los becarios, incluso aunque realicen prácticas no retribuidas. La medida se recogió ya en una disposición adicional del Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que el presidente firmó en 2018, pero quedó en suspenso a la espera de su desarrollo normativo. Sin embargo, el pasado mayo en la negociación que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantiene con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, volvió a poner sobre la mesa esta medida, que ha despertado la frontal oposición de los empresarios. Ante la difícil situación que están atravesando la mayoría de las empresas, entienden la iniciativa como una nueva zancadilla del Ejecutivo central en el camino a la recuperación, con independencia de que la cuota que deban abonar por los becarios sea o no muy elevada. Además, la medida conllevaría un mayor número de trámites para ellas por contribuir a la formación de futuros profesionales.
La directora del SIPPE de la Universidad de Salamanca, Mili Pizarro, explica que, “a falta del preceptivo desarrollo normativo, lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto–ley 28/2018 quedó en suspenso y no ha entrado en vigor de modo que, a día de hoy, no es de aplicación la obligatoriedad de alta y cotización de todos los estudiantes que realicen prácticas, incluidas aquellas por la que no perciban ninguna retribución en concepto de beca o bolsa de ayuda al estudio”.
“La legislación actualmente vigente sobre esta materia, obliga al alta y cotización en el régimen general de la Seguridad Social únicamente cuando el o la estudiante recibe alguna retribución, dineraria o en especie, por la realización de las prácticas académicas, estando bonificada la cuota al 100% en el caso de las prácticas curriculares”, apunta.
Retraso en el desarrollo
El Real Decreto-Ley que Pedro Sánchez firmó en 2018 establecía que el Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor, procedería a desarrollar lo previsto en la disposición que regula la cotización de las prácticas y a adecuar a la misma las normas reglamentarias sobre la materia. Dos años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ese desarrollo no se ha materializado
La Gaceta Regional de 6.06.21 recogía en titulares: “Rechazo empresarial a cotizar por los becarios como propone Escrivá”. “La patronal CES consideran inadecuado tener que pagar a la Seguridad Social por prácticas no retribuidas”. “Más de 10.000 estancias en empresas de alumnos de universidad y FP de Salamanca, en el aire por el cambio. Rechazo empresarial a cotizar por los becarios como propone Escrivá”
Rechazo empresarial
“De seguir para adelante con esta decisión, nos están obligando a las empresas a no tener becarios y a no darles la oportunidad de tener un primer contacto con el mundo empresarial, algo que consideramos muy injusto”, señala el presidente de la Confederación Empresarios Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano. “Es una medida muy desacertada dado el complicadísimo momento que están atravesando en la actualidad los empresarios y autónomos”, destaca insistiendo en que muchos negocios “se están asfixiando” y “se enfrentan a un futuro incierto” ante una importante recesión económica. También critica que las ayudas directas prometidas dentro del paquete de 7.000 millones de fondos europeos aún no han llegado. En este escenario, señala que la medida de que haya que cotizar por las prácticas no remuneradas “denota una falta de sensibilidad y compromiso por parte del Gobierno con el empresariado ante el duro momento que se está viviendo”. El Real Decreto aprobado hace dos años deja muy claro quien deberá asumir estas nuevas obligaciones con la Seguridad Social: “en el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios”. Ciertamente en esta disposición adicional quinta de la norma, se deja abierta la posibilidad de que los centros académicos puedan asumir los nuevos costes si así se acuerda previamente.
Rechazo de las Universidades
Pero las Universidades también se han manifestado a este respecto. En un comunicado de enero de 2019, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) aplaudía la predisposición del Gobierno de Sánchez a que no fuesen estas instituciones las que soportasen los gastos añadidos de esta decisión. Ya solo con la aprobación del Real Decreto, en 2019 se produjo, según explican fuentes de la Universidad de Salamanca, “un aluvión de consultas por parte de las entidades colaboradoras con dudas muy razonables” para las que la institución no tenía respuesta. Una circunstancia que también corroboró entonces la Consejería de Educación de Castilla y León.
Sin llegar a aplicarse, ya generó incertidumbre entre las empresas, con lo que de llegar a ponerse en marcha, y más con la actual crisis, las consecuencias serían mayores. La patronal ya advierte que muchas empresas renunciarían a ofrecer estas prácticas que, en el caso de Salamanca, ayudan a complementar la formación de miles de universitarios y estudiantes de ciclos formativos.
El anuncio de José Luis Escrivá no parece haber tenido repercusión de momento, y la Universidad apuesta por buscar el consenso en una normativa que considera necesaria. La directora del Servicio de Inserción Profesional Prácticas, Empleo y Emprendimiento (SIPPE) de la Universidad de Salamanca, Mili Pizarro, explica que ninguna empresa ha desistido de ofrecer prácticas por este motivo desde que el acuerdo entre la CRUE y el Gobierno estableció que la obligación no sería de aplicación en el pasado curso y, por extensión, hasta que entrara en vigor la normativa de desarrollo. “Esperemos que esto no cambie y no se cree ahora innecesariamente alarma y dudas entre las entidades colaboradoras externas que acogen estudiantes en prácticas”, destaca. Ante la repercusión que puede tener en la formación de los estudiantes la iniciativa que quiere poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, Pizarro apunta que “dependerá de cómo de bien y con qué procedimientos y nivel de consenso con todos los agentes implicados, Universidades incluidas, se elabore esta necesaria y esperada normativa que afecta significativamente a un aspecto cada vez más importante en la formación de los estudiantes”. La responsable del SIPPE mantiene que, como la CRUE, la Universidad valora que el Ejecutivo no cargue a las instituciones académicas con los “gastos añadidos” que supone que los becarios tengan que cotizar, y apuesta por el diálogo para llegar a un solución que resulte satisfactoria para todas las partes implicadas.
Las becas no implican relación contractual
La Universidad Pontificia por su parte, ha insistido en que las prácticas no deben implicar ninguna relación contractual El vicerrector de Internacionalización y Estudiantes, Juan Manuel Castro, ha explicado que “en la Universidad Pontificia de Salamanca creemos necesario que exista una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de las prácticas universitarias externas, aunque no estamos seguros de que una medida como la inclusión de los estudiantes en el sistema de Seguridad Social devenga en ese propósito de manera directa”. Asegura que las prácticas externas son actividades de carácter absolutamente formativo, que sirven para la adquisición de competencias propias de sus estudios y que, por tanto, no deberían implicar ninguna relación contractual, civil o laboral. “Además, cualquier normativa debería tener en cuenta la enorme diversidad tipológica de las prácticas existentes en las distintas titulaciones y niveles de estudios, con lo que la implantación de una medida así sería compleja si quisiera responder a las necesidades de cada uno de los posibles casos”, remarca.
Más de 10.000 prácticas de alumnos al año
La Universidad de Salamanca mantiene convenios de cooperación educativa con más de 4.900 empresas, de los que 2.800 están en renovación. El 55% de los acuerdos, son con pymes. La decisión que adopte finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la cotización de los becarios tendrá una importante repercusión en la provincia. Son más de 10.000 los universitarios y alumnos de Formación Profesional los que en Salamanca realizan anualmente prácticas curriculares —obligatorias para convalidar créditos— o extracurriculares. La disposición de las empresas resulta fundamental para que continúen complementando su formación con esta primera incursión en el ámbito laboral.
Por ello, si dar de alta en la Seguridad Social y pagar una cuota por estos estudiantes supone que muchas compañías renuncien a ofrecerlas, como asegura la patronal CES, muchas de ellas estarían en juego. En la Universidad de Salamanca, según explica la directora del SIPPE, Mili Pizarro, cada año entre 6.500 y 7.500 alumnos realizan prácticas. Si bien en los grados sanitarios o relacionados con la educación, la mayoría se realizan en centros de titularidad pública, como hospitales, centros de salud, colegios e institutos, la institución académica mantiene convenios de cooperación educativa con más de 4.900 empresas e instituciones, de los cuales unos 2.800 están actualmente en proceso de renovación. De ellos, el 55% de estos acuerdos son con pequeñas y medianas empresas. Pizarro señala que el porcentaje de prácticas remuneradas varía dependiendo de la oferta en cada curso. En el último, debido a la pandemia se produjo un descenso, y solo en el 4,6% se ofrecía una remuneración. Pero, en cualquier caso, señala, “únicamente entre el 5% y el 8% del total de prácticas realizadas, casi todas ellas extracurriculares, están dotadas con alguna beca o ayuda al estudio”. De la misma forma, en la Universidad Pontificia son muchas las titulaciones en los que los estudiantes realizan prácticas voluntarias u obligatorias. Son indispensables en los grados sanitarios, como Enfermería o Psicología, y vinculados con la educación pero también son muchos los alumnos de las titulaciones de Comunicación y Marketing, así como en las ingeniarías que realizan durante la carrera incursiones como becarios en el mundo laboral. Al margen de los estudios universitarios, todos los currículos de los ciclos formativos incluyen siempre un módulo profesional de formación en centros de trabajo, cuya superación es requisito imprescindible para obtener el título. Así, si bien con la pandemia de la covid algunos estudiantes de FP se han encontrado con más dificultades que otros años para realizar esas prácticas, en el curso 2018/2019 fueron 1.717 los estudiantes que durante unos meses se convirtieron en becarios de empresas o instituciones, según los datos que ofreció la Junta de Castilla y León. El propio director general de FP, Agustín Siguenza, reconoció entonces, ante la aprobación del Real Decreto que ahora quiere desarrollar Escrivá, que “generó mucha confusión” al no precisar entonces el Ejecutivo central cómo pondría en marcha el nuevo sistema de cotización. “Modifica las reglas del juego y no sabemos qué impacto va a tener. Tememos que hay empresas que muestren dudas o rechazo”, aseguró.
Un curso difícil para las prácticas
Más de un tercio de los procesos de renovación de convenio con entidades externas colaboradoras se han suprimido en la Universidad de Salamanca, así que los centros han tenido que buscar alternativas.
El curso 2020-21 ha sido complicado para la realización de las prácticas por la situación sanitaria, pero también por la crisis económica. En la Universidad de Salamanca, aproximadamente, más de un tercio (33,7%) de los procesos de renovación de convenios concluidos desde principios de este año ha finalizado con la supresión del acuerdo debido a que la entidad colaboradora había cerrado, cesado su actividad o ha solicitado la no renovación por no encontrarse en situación de poder acoger estudiantes en prácticas, según los datos del Servicio de Inserción Profesional Prácticas, Empleo y Emprendimiento (SIPPE) del mes de marzo. Ante esta situación, las Universidades, tanto la de Salamanca como la Pontificia, han tenido que ideárselas para que los alumnos adquieran la formación práctica necesaria. Una solución ha sido optar por la modalidad híbrida, es decir, los alumnos acuden presencialmente unos días al centro de trabajo donde realizan las prácticas y otros desarrollan esta labor desde casa. Esta ha sido la opción mayoritaria en el caso de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia, cuyos responsables reconocen que “ha habido que buscar y gestionar nuevos centros y convenios en un tiempo récord”. También es el caso de las prácticas extracurriculares de Informática, ya que tres cuartas partes de las ofertas son para prácticas en formato no presencial. Y, aunque al comenzar el curso nadie pensó que los colegios fueran a permanecer abiertos mucho tiempo, al final no ha sido así, de forma que los alumnos de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria han podido realizar sus prácticas curriculares, aunque el número de centros entre los que pudieron elegir fue menor que otros años y también los tutores acreditados. Más difícil fue en el caso de los centros de Educación Especial. En cuanto a los de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ante el cierre de gimnasios, decidieron realizar las actividades al aire libre.
Ahora, con la vacunación de la población y la reducción de casos, parece que la situación se va normalizando y las prácticas también se irán recuperando en formato presencial, así lo creen en la Facultad de Comunicación de la Pontificia. Lo cierto es que la pandemia ha servido para dar otra visión a esta formación práctica y adaptar el modelo al formato “on line”. Tal y como sucedió en el estado de alarma, cuando la Universidad de Salamanca tuvo que buscar solución para el 27% de prácticas que no pudieron llevarse a cabo de forma presencial.
