“Las cuentas del Gran Perillán”, de Juan Van-Halen, “La Ley de Inseguridad Nacional o de Defensa de Sánchez”, de Federico Jiménez Losantos, y “Hungría protege a niños contra colonialismo ideológico… y los burócratas de la Unión Europea le declaran la guerra”, de Carlos Polo
(Viñeta de Ramón en El Norte de Castilla el pasado día 06 de julio)
LAS CUENTAS DEL GRAN PERILLÁN
Artículo de Juan Van-Halen publicado en El Debate de Hoy el pasado día 8
La historia significa poco para nuestro presidente, el Gran Perillán, y su capacidad de okupa, una de sus múltiples personalidades, se ha fijado en este histórico órgano jurisdiccional.
Las famosas Cuentas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, contestando al requerimiento de Fernando el Católico, se estudiaban en el viejo Bachillerato; no sé ahora, pero lo dudo, y más tras la patética Ley Celaá del aprobado facilón. Verdad histórica o leyenda, el Gran Capitán, durante su victoriosa campaña en Italia, se despachó con escasa delicadeza ante la petición de su Rey sobre la gestión de los dineros públicos. No aclaró nada. Desde aquellos principios del XVI, cinco siglos, se han aclarado las cuentas del Estado por los órganos sucesivos encargados de ello, pero acabamos de afrontar una nueva sorpresa que podría ampararse en el marbete “las Cuentas del Gran Perillán”. Un “perillán” es alguien pillo, pícaro o astuto. A Sánchez, al que se le aplican tantos epítetos, también se le puede considerar un perillán.
Verdad histórica o leyenda, el Gran Capitán, durante su victoriosa campaña en Italia, se despachó con escasa delicadeza ante la petición de su Rey sobre la gestión de los dineros públicos
Lo que hoy es Tribunal de Cuentas hunde sus raíces en la Edad Media y es bajo el Rey Juan II de Castilla (1405-1454) cuando toma cuerpo y se inicia una tradición que llega a nuestros días por encima de sistemas y regímenes. Pero la historia significa poco para nuestro presidente, el Gran Perillán, y su capacidad de okupa, una de sus múltiples personalidades, se ha fijado en este histórico órgano jurisdiccional. Nuestra Constitución recoge en su artículo 136: “El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado así como del sector público”. De su Ley de Funcionamiento, de 1988, se desprende que las resoluciones del Tribunal de Cuentas no son actos administrativos sino sentencias en el ejercicio de su jurisdicción.
Sánchez, en el zigzagueo característico de su gestión, exigió ya en diciembre de 2017 que los líderes del “procés” devolvieran “lo antes posible” las cantidades malversadas de dinero público. Fue una petición del PP apoyada por PSOE y Ciudadanos en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Uno de los hombres fuertes de aquel Grupo Parlamentario Socialista era José Luis Ábalos, hoy ministro de todo y de nada, que acaba de considerar las actuaciones del Tribunal de Cuentas sobre las malversaciones del “procés” como “piedras en el camino” de la concordia sanchista pese a opinar lo contrario en 2017.
Responsabilidades contables
Sánchez entonces lo tenía claro. Su portavoz en la Comisión, su fiel Antonio Hurtado, exigió saber “si se ha destinado dinero por parte de la Comunidad catalana a competencias que no le son propias y si se ha podido destinar dinero a actividades consideradas ilegales” defendiendo “el control del Tribunal de Cuentas como mecanismo de garantía del Estado de derecho”. Y aclaró que si había incumplimientos “se estaría incurriendo en responsabilidades contables que exigirían resoluciones contundentes por parte del Tribunal de Cuentas para reparar los daños ocasionados al erario público”. Pidió especialmente la fiscalización de las llamadas “embajadas” catalanas. Todo eso está olvidado, como se olvidó la oposición de Sánchez a la concesión de indultos a los políticos del “procés” condenados en un juicio con todas las garantías procesales no por sus ideas sino por cometer delitos.
Es tal la desvergüenza del Gran Perillán que, en coro con la vicepresidenta Calvo, la de las ocurrencias y gazapos, y el inefable y vacuo ministro Ábalos, el de las maletas de Delcy Rodríguez en Barajas, no se le ocurrió memez mayor que acusar al Tribunal de Cuentas de estar ideologizado porque la ponente de las cuentas del caso “procés”, Margarita Mariscal de Gante, fue ministra de Justicia ¡en 1996! en el primer Gobierno de Aznar. Olvida Sánchez el nombramiento como Fiscal General del Estado de Dolores Delgado, hasta entonces ministra de Justicia y diputada del PSOE.
El Gran Perillán y sus corifeos ocultan que la instructora de la causa por el 9-N en el Tribunal de Cuentas fue Llanos Castellanos que en su acta de liquidación determinó la responsabilidad contable de Artur Mas en aquel referéndum ilegal
Tampoco debe sorprender que el Gran Perillán y sus corifeos oculten que la instructora de la causa por el 9-N en el Tribunal de Cuentas fue Llanos Castellanos que en su acta de liquidación determinó la responsabilidad contable de Artur Mas en aquel referéndum ilegal por cargar al presupuesto de la Generalidad los gastos de aquella aventura. La malversación ha sido confirmada la semana pasada por el Tribunal Supremo. Precisamente la instrucción de Llanos Castellanos dio lugar al procedimiento posterior de Margarita Mariscal de Gante a la que, por turno, también le tocó resolver las responsabilidades contables del “procés”. En el caso sobre Artur Mas, la sentencia de Mariscal de Gante, antes de ser confirmada por el Tribunal Supremo, recibió la confirmación de los tres magistrados de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Uno de ellos propuesto por el PSOE y otro propuesto por IU. Llanos Castellanos, militante y dirigente socialista, recibió de Sánchez como premio su nombramiento de Presidenta del Patrimonio Nacional sin que se le conozcan saberes sobre esa materia. Recibe más de 100.000 euros anuales.
Nada de lo que cuento impide que Sánchez mienta -ya lo hace por hábito, miente incluso cuando dice la verdad- ni que un indigente intelectual, consecuente con su apellido, Gabriel Rufian, que en un Estado riguroso no hubiese pasado de ser concejal de una pedanía irrelevante, haya afirmado que “el Tribunal de Cuentas es un chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado las cuarenta familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando en este país los últimos ochenta años”. Y como le faltan lecturas y sólo conoce la falsa historia de Cataluña, ni siquiera le da la risa. A este personaje rufianesco ni le suena quién fue Juan II de Castilla ni conoce la historia del Tribunal de Cuentas. ¿Para qué?
Mientras, el Gobierno del buen rollo independentista sigue jaleando a Villarejo dando credibilidad a un encarcelado cuando sus patrañas atacan a alguien de la oposición. Le llevan en romería de la cárcel al Parlamento y los medios afines le dan cancha. Ya sólo nos queda saber que Sánchez metió los goles españoles en la Eurocopa y Casado era el guardameta en el último penalti que fallamos. Pero sigamos atentos. Iván Redondo tiene ese argumento en cartera. Todo se andará.
Artículo en: https://eldebatedehoy.es/noticia/ojo-avizor/08/07/2021/las-cuentas-del-gran-perillan/
LEY DE INSEGURIDAD NACIONAL O DE DEFENSA DE SÁNCHEZ
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 4
Esta Ley de Inseguridad nacional, que supera en sectarismo a la Ley de Defensa de la República de Azaña, debería llamarse Ley de Defensa de Sánchez. Sólo a su tiranía sirve. El País, pasquín subvencionado por la crema catalana y la nata del Ibex35, y portavoz de la dictadura en ciernes del tirano Sánchez, publicó ayer en su portada una exclusiva que debería poner los pelos de punta a la Oposición en bloque, si existiera. Pero este PP rajoyano se limitaría, en el Poder, a presentar un incidente de ejecución de sentencia; en la Oposición, a una pregunta parlamentaria. Según los teodolitos mediáticos, ni presentará una moción de censura ni cree que lo haga Vox. Ni hace ni deja hacer. La moción, como explicó ayer Somalo, deberían presentarla los tres partidos de la Oposición. Como Casado deserta, bastan Inés y Abascal. Pero la audacia es mercancía de partido, nunca obedece al interés nacional.
Propiedad y Libertad, a merced del Gobierno
Textual: «El anteproyecto fue visto en primera lectura por el Consejo de ministros el pasado 22 de junio y está pendiente de aprobación definitiva para su remisión al Congreso, aunque ya se ha informado de su contenido a las comunidades autónomas y a algunos grupos parlamentarios».
Nótese el «algunos». Estas serían las bases legales de la dictadura:
«Toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las «prestaciones personales» que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades.»
«En el supuesto de que en España se declarase un estado de crisis («situación de interés para la Seguridad Nacional» es la denominación que le da la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. En sus primeras redacciones, la ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal.»
«Entre otras novedades, el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo».
Según el pasquín, se trataría de llenar los huecos observados durante el interminable Estado de Alarma, durante el que no se recurrió a la Ley de Seguridad nacional. ¿Por qué se hace ahora con los retoques pertinentes? Porque es evidente que el Estado de Alarma será declarado inconstitucional cuando a González Rivas de Pumpido le apetezca y porque así nacería otra situación de ilegalidad recurrible que permitiría al TC dejarla aplicar un año o dos. Y vete tú a reclamar luego daños y perjuicios a una dictadura.
Una ley propia de una dictadura
Este proyecto es como las leyes habilitantes de Hitler adaptadas para la dictadura de Hugo Chávez por los leguleyos podemitas, que facultan al Poder para convertir sus decisiones en leyes. Como no describe qué es una crisis, el Gobierno puede declarar «crisis» cualquier situación de cualquier tipo. Y proceder a la detención de todos los ciudadanos y al robo de sus bienes. La obligación de los medios de comunicación está clara: «colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo.»
Es decir, que se anularía el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. Aunque antes se habrían anulado todos los artículos referentes a la seguridad jurídica de la libertad individual y a las garantías a la propiedad privada. Vamos, que en España no habría más Estado de Derecho que el que no le torciera el aparejo al mulo monclovita.
El proyecto de Ley del Gobierno socialcomunista es genuinamente totalitario. A Xi Jinping quizás le parecería excesivo. A Lenin, no, porque responde a la idea de militarizar a toda la sociedad, en un estado de guerra permanente que, en realidad, es la guerra que declara el gobierno al pueblo, exactamente como se explica en el reeditado Libro negro del comunismo. Sánchez no organiza la sociedad para defenderse ante una crisis, sino que la desorganiza. No crea un nuevo marco legal. Anula la legalidad vigente para defenderse de la crisis que pudiera desatarse en España contra… Sánchez.
El papel clave de los medios
Cuando el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil confesó que se estaba utilizando a la Benemérita para combatir las noticias negativas sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, quedó claro, además de la corrupción de la cúpula de la Guardia Civil, mera escolta de las fechorías de Marlaska, que Sánchez ve al Estado como un medio de comunicación y que los medios como tales sólo deberíamos tener la obligación de respaldar al Gobierno en situaciones como la del Covid19, criminalmente gestionada por el Ejecutivo de Sánchez, como prueban los 140.000 muertos, el mayor número en relación con su población de todos los países occidentales.
¿Cuántos muertos más habría tenido España si algunos medios no hubiéramos informado de las contradicciones y disparates del Gobierno? ¿Cuántos, si no hubiéramos informado de la falta de material sanitario, cuando el infame Simón decía que las mascarillas eran «contraproducentes» porque, según confesó luego el vil sujeto, entre risas, entonces no tenían? ¿Y si no hubiéramos defendido la política de la Comunidad de Madrid, frente a los atropellos de Illa y de Sánchez, que como se demostró luego, eran ilegales y, esta vez sí, contraproducentes? ¿Deberíamos habernos reído del hospital de campaña en el Ifema o jaleado los sabotajes y burlarnos del Hospital «Isabel Zendal», como tantas ratas televisivas subvencionadas?
¿Quiénes fueron más responsables de miles de contagios y muertes? ¿Los medios de comunicación, que, haciendo lo que ahora quiere imponer el Gobierno por ley, alertamos contra el infectódromo del 8 de marzo, o los que se reían en los platós diciendo «coronavirus, oé, coronavirus, oé«? ¿Los que dijimos que la intervención de la Comunidad de Madrid era ilegal, como ratificaron los tribunales, o los que la aplaudieron, como las televisiones a las que el Gobierno regaló 100 millones de euros? ¿Para qué sirven los medios de comunicación si sólo pueden apoyar al Gobierno, aunque sepan que el Gobierno atropella a la población o, simplemente, se equivoca? ¿Para comer y callar?
Maldición y rebelión
Esta Ley de Inseguridad nacional, que supera en sectarismo a la Ley de Defensa de la República de Azaña, debería llamarse Ley de Defensa de Sánchez. Sólo a su tiranía sirve.
Sólo a los españoles libres obligaría a compartir la pitanza de trolas que a diario nos sirve. Los serviles no la necesitan, los que aspiramos a la condición de ciudadanos la maldecimos antes de promulgarse. Y debemos rebelarlos antes de que pueda hacerlo. Con los partidos de Oposición o contra el Gobierno y contra la Oposición.
HUNGRÍA PROTEGE A NIÑOS CONTRA COLONIALISMO IDEOLÓGICO… Y LOS BURÓCRATAS DE LA UNIÓN EUROPEA LE DECLARAN LA GUERRA
Artículo de Carlos Polo publicado en el pasado día 4
Hungría aprueba por 157 a 1 su legislación para proteger a sus niños de la ideología LGTB y Holanda y la Comisión se le echan encima. Sólo Polonia y Eslovaquia han salido en su apoyo. La soberanía de los estados europeos está en riesgo.
El 15 de junio, después de semanas de deliberación, la Asamblea Nacional de Hungría aprobó una Ley contra la Pedofilia. En su forma original, el objetivo era aumentar las penas por delitos sexuales en los que estuvieran implicados menores, crear una base de datos nacional de delincuentes sexuales y prohibir a los culpables de determinadas profesiones. El tiempo de las sanciones penales a aplicarse variaban dependiendo de la gravedad del caso.
Una semana antes de votarse el proyecto de ley, el primer ministro Viktor Orban revisó la legislación para incluir protecciones adicionales para los niños, especialmente orientadas a protegerlos contra la ideología LGBTQ+. El proyecto de ley revisado prohibía que los contenidos, incluidos anuncios de televisión y radio, promuevan la homosexualidad o la reasignación sexual a menores. Prohibía lo mismo a educadores sexuales en colegios, y ordenaba que las clases de educación sexual solo sean impartidas por organizaciones registradas. Decir que el voto en la Asamblea Nacional fue abrumadoramente mayoritario es algo mezquino. Esta nueva legislación obtuvo una votación de los representantes del pueblo húngaro de 157 contra 1.
Sin embargo, fuera de Hungría, la nueva legislación tuvo una acogida diferente. La legislación -la prohibición de publicidad LGTBIQ+ para niños- ha provocado una tormenta de agresiones diplomáticas y amenazas de otros líderes de la UE. Hasta la fecha, los líderes de más de la mitad de los países de Europa han criticado la decisión de Hungría y han firmado una declaración conjunta condenando la legislación. Algunos de ellos han pronunciado las palabras más duras jamás oídas contra un país en la historia de la UE.
El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, criticó especialmente la nueva legislación, alegando que Hungría ya no tiene cabida en la Unión Europea. El líder holandés hizo sus comentarios en Bruselas esta semana mientras asistía a una cumbre de la UE. «Por lo que a mí respecta, no tienen nada que hacer en la UE», dijo Rutte. «El objetivo es poner de rodillas a Hungría con respecto a esta cuestión. Tienen que entender que son parte de la Unión Europea y de la comunidad de valores que compartimos», palabras textuales de Rutte según informa EuroNews. Rutte había hablado con periodistas antes de la cumbre e hizo comentarios similares diciendo que Hungría «no tiene nada más que hacer en la Unión Europea» y que la nueva ley que prohíbe la propaganda LGBT en las escuelas significa que el país debe ser eliminado de la UE.
Por supuesto, Rutte sabe muy bien que no existe ningún mecanismo por el cual los burócratas de la UE, o incluso todos los países de la UE juntos, puedan expulsar a Hungría. Simplemente no hay ninguna disposición en el tratado de la UE para expulsar a los países miembros. Los propios países pueden retirarse, como hizo el Reino Unido, pero eso es todo. El objetivo de toda la retórica agresiva contra Hungría y a favor de la ideología LGBTI es enviar un mensaje a Hungría, Polonia y otros países no alineados a su dictadura ideológica. Este mensaje bien podría expresarse así:
«Somos dueños de la UE, las reglas han cambiado, y si intentan hacer valer los derechos de las familias y proteger a los niños del adoctrinamiento radical de género, los atacaremos sin compasión».
La virulencia del ataque del primer ministro holandés se sumó al de varios otros líderes europeos, entre ellos el abiertamente gay primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien dijo que «permanecerá intolerante a la intolerancia y esta será mi lucha hoy». Decir que es «intolerante a la intolerancia» es muy parecido a decir que sería «racista para luchar contra el racismo.» ¿Dónde se ha oído una lógica similar antes? (Les doy una pista. Escriban en su buscador de internet “Teoría crítica de la raza” o en inglés “critical race theory”).
La Comisión, contra Hungría
Dirigida por su presidente Ursula Von der Leyen, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra la nueva ley de Hungría. La Comisión está facultada para ordenar formalmente a Hungría que deje de aplicar la ley. Si Orban no cumple, lo que parece probable, la cuestión se trasladaría entonces al Tribunal de Justicia Europeo, que puede intentar anular o modificar la ley. Von der Leyen dijo que la ley húngara es «ilegal», lo que es una estupidez patente. Las leyes de la Unión Europea dejan claro que, en cuestiones como la educación, debe respetarse la soberanía de cada país. En otras palabras, un proyecto de ley de educación aprobado democráticamente no puede, por definición, ser «ilegal».
Más bien, lo que Von der Leyen quiere decir realmente es que las normas han cambiado, y en adelante los burócratas no elegidos democráticamente interpretarán el Tratado de la UE para adaptarlo a su agenda. La cuestión ya no se refiere únicamente a Hungría o a una determinada ley. Se trata más bien del futuro de la UE y de si sus burócratas serán capaces de imponer su ideología -incluida la ideología de género- a todos los países y ciudadanos que los habitan.
A pesar de estos ataques, el primer ministro Orban se mantiene firme. Sostiene rotundamente que el objetivo del proyecto de ley es proteger a los niños de ideas nocivas, y también proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos como mejor les parezca. Niega tajantemente que el proyecto de ley sea discriminatorio, señalando que no infringe los derechos de orientación sexual de las personas mayores de 18 años. El proyecto de ley, afirma Orban, solo protege a los niños de los excesos de una sociedad hipersexualizada que continuamente presenta la sexualidad como «un fin en sí misma».
Hasta la fecha, Hungría está casi sola. Solamente Polonia y Eslovaquia han salido en su defensa. Cualquiera esperaría que el estado Vaticano hable en apoyo de la nueva legislación de Hungría, por no mencionar la defensa de la democracia misma. El papa Francisco ha definido como «colonialismo ideológico» a enseñar la ideología transgénero a los escolares. Él lo considera como parte de una «guerra global contra la familia». En cuanto a la teoría de género, señala que «desea socavar a la humanidad en todas las áreas y en todas las formas educativas posibles y se está convirtiendo en una imposición cultural que, en lugar de venir desde abajo, es impuesta desde arriba por algunas naciones como único camino cultural posible a seguir». Reiterando la doctrina católica, el papa Francisco enseña que «los jóvenes necesitan ser ayudados a aceptar su propio cuerpo como fue creado» y que la educación sexual debería evitar la «pretensión» de intentar «cancelar la diferencia sexual solo porque uno ya no sabe cómo lidiar con ella.»
Hoy es un buen momento para que el papa Francisco reitere su oposición a este tipo de «colonialismo ideológico» y apoye a los húngaros. También podría añadir que, en una democracia, es el pueblo quien gobierna y no una pequeña oligarquía hipersexualizada y atea.
