Por José María Arévalo
(Rectorado de la Universidad de Valladolid. Acuarela de J.M. Arévalo)
El Consejo de Ministros aprobó el último día de agosto el anteproyecto de Ley de Universidades en primera vuelta, y la prensa destacó de inmediato los puntos críticos del proyecto. ABC dedicó el día 1 siguiente un extenso artículo, al igual que La Gaceta Regional de Salamanca, que titulaba “Castells ‘feminiza’ la ley de universidades: prioridad de las mujeres en las plazas. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto que permite preferencias en la contratación en favor de la igualdad de género. Reduce a la mitad los contratos temporales del profesorado”
La Gaceta en un recuadro destacaba los “Aspectos polémicos” del nuevo proyecto de Ley:
- Los profesores titulares, posibles rectores – Podrán ser candidatos todos los funcionarios que cumplan tres requisitos: 3 sexenios de investigación, 3 quinquenios docentes y 4 años de experiencia en gestión académica. – Además, podrá elegir al rector un comité con un 30% de personas ajenas a la universidad.
- Expedición de títulos – No está claro si en la expedición de títulos se mantendrá al Rey. El Ministerio asegura que, aunque en la ley no se hace referencia expresa al tema, nada cambia pues hay un decreto anterior con el procedimiento; sin embargo, ayer algunos medios nacionales insistían en el que Rey pierde sus funciones.
- Control de la calidad de la docencia – La ley establece nuevos sexenios de excelencia docente para evaluar la docencia.
- Más funcionarización del profesorado – El profesorado funcionario deberá representar el 55% del total, de forma que sube 4 puntos respecto a los límites actuales.
- Reserva de plazas para profesores asociados – Obligará a las universidades a reserva de 15% de las nuevas plazas en sus programas de promoción y estabilización a profesores asociados acreditados a doctor, una cuestión que los rectores no comparten pues es una medida general cuando la situación varía considerablemente según las instituciones.
- Preferencia en la contratación de mujeres – La ley permite medidas para reservar y dar preferencia en la contratación a las mujeres. – Establece la obligación de que haya paridad en los órganos colegiados de las universidades.
“El anteproyecto –continuaba en el texto La Gaceta- de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado por el Consejo de Ministros, con el que inicia la reforma del sistema universitario, es una renovación que los rectores consideran necesaria, pues la actual ley tiene ya 20 años, pero que no convence en los términos planteados por el ministro de Universidades, Manuel Castells.
El ministro pretende “feminizar” el sistema universitario
En la futura ley “se podrá establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres”, recoge la norma que también establece mecanismos para que haya paridad en los órganos colegiados, un registro salarial para luchar contra la brecha en los sueldos y la creación de unidades de igualdad, planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual.
Evaluación permanente
El principal objetivo de la ley es, según subrayó Castells, mejorar la calidad del sistema universitario. En este sentido, una de las novedades de la norma es la evaluación permanente de la docencia, lo que dará lugar a sexenios de excelencia docente. Además, el ministro quiere acabar con la precariedad laboral del profesorado, por lo que la ley reduce a la mitad el máximo de contratos temporales en los campus, hasta el 20 por ciento, y eleva el porcentaje mínimo de profesores funcionarios, pasando del 51 al 55 por ciento. Además, obligará a las universidades con más de un 15% de profesores asociados a reservar un 15% de plazas de promoción para este colectivo.
Terminar con la endogamia
Castells se propone, igualmente, terminar con la endogamia. Su solución: en las comisiones de selección la universidad convocante deberá estar en minoría en cuanto a los miembros del tribunal y el resto de integrantes se elegirán por sorteo utilizando una base de datos con nombres nacionales e internacionales.
Elección de rector
A la espera –continúa la Gaceta Regional- de que a final de semana, según ha dicho el ministro, se conozca en detalle el texto del anteproyecto que ahora iniciará su tramitación en el Congreso de los Diputados, Castells avanzó los cambios que la ley introduce en la elección del rector. Contar con tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia en gestión académica serán los tres requisitos que deberán cumplir los aspirantes que ya no tendrán que ser catedráticos, sino que la ley abre la puerta a que cualquier miembro del cuerpo docente de funcionarios pueda aspirar al Rectorado. Esta cuestión ha causado mucho revuelo en el sistema universitario, pero el rector de Salamanca aseguraba ayer que era una “nimiedad”.
En cuanto a la mención al Rey en la expedición de títulos, fuentes del Ministerio aseguraron que el texto no recoge de forma expresa esta cuestión, pero que no significa que vaya a haber un cambio en la práctica puesto que esa mención ya figura en el decreto correspondiente.
Populismo y feminismo
En apartado que titula “La ley fantasma”, la Gaceta recoge que “Manuel Castells compareció ayer ante los periodistas para presentar su ley, pero no llevaba los deberes hechos. El ministro de Universidades se dedicó a alabar su normativa, pero no facilitó el texto del anteproyecto de la nueva ley y no lo va a hacer hasta final de semana. Y es que después de las ampollas que levantó el borrador, Castells tiene que dar una vuelta a la ley para que las universidades no se levanten en armas. Lo que ayer dejó claro el ministro es que ha seguido las recomendaciones de la también “podemita” Irene Montero con una ley que ante todo es muy feminista. Pero el ministro se ha sobrepasado en sus funciones. Así lo cree el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que hay que recordar es un experto en leyes. No ha ocultado el ministro tampoco su populismo al abrir la puerta de los rectorados a todos los profesores, despreciando a los catedráticos. Solo le ha faltado a Manuel Castells poner que en la elección de los rectores tendrán prioridad las mujeres”.
Crítica del rector salmantino
Y abre La Gaceta oro apartado que titula: “Rivero denuncia que la norma no respeta la autonomía universitaria” en el que incluye: “No hay un espíritu de dejar a las universidades que se organicen de manera idónea para alcanzar sus objetivos”, lamenta el rector del Estudio salmantino sobre el anteproyecto.
“El borrador de anteproyecto tiene varios elementos que son controvertidos y algunos, además, afectan a la autonomía universitaria”. Así resume el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, su sentir ante el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. El ministro Castells no ha hecho llegar a los rectores la última versión del borrador de la nueva norma, así que Rivero ha preferido no hablar sobre los detalles de la norma, pero sí se refirió ayer el rector del Estudio a cuestiones más generales. “En el borrador que yo he visto hay decisiones que se atribuyen al rector que deberían corresponder a órganos colegiados”, afirma y señala que la ley toca el diseño de los órganos internos de la Universidad “y yo creo que eso es autonomía universitaria”, incide convencido de que, pese a los cambios que puedan llevar a cabo —el texto no definitivo no se dará a conocer hasta el viernes—, no serán tantos como para que desaparezcan todas esas cuestiones que, según Rivero, pueden afectar a la autonomía universitaria. Además, el mandatario del Estudio salmantino pone el acento sobre la necesidad de una mayor coordinación entre esta norma y la próxima ley de la ciencia. “Al haber dividido los ministerios se pusieron ambos hace meses a preparar sendos borradores de anteproyectos, pero por separado. Es verdad que siempre ha habido una legislación universitaria y una ley de la ciencia, pero el hecho de que se preparen desde ministerios separados hace que la coordinación sea más difícil”, comenta Ricardo Rivero y pone como ejemplo el tema de la contratación de investigadores: “En el anteproyecto de la ley de la ciencia hay cosas que son importantes para las universidades, como la contratación de investigadores, la modalidad de la contratación y los requisitos, eso debería estar coordinado con la ley de universidades. Hace falta una mayor coordinación con la política científica y de investigación”. Respecto al anuncio de Castells de que la ley de universidades va a terminar con la precarización del profesorado, el rector recuerda: “La Universidad de Salamanca ha desprecarizado la plantilla hace años, así que creo que expresar como un problema de todas las universidades lo que puede ser un problema eventual de algunas, no está bien. Si hay universidades que no han dado oportunidades de estabilización a los asociados doctores, esa reserva de plazas tiene sentido, pero aquí, donde se llevan varios años aprobando programas en ese sentido, esa decisión afecta a la política y la estrategia del profesorado de la universidad. Rivero considera: “No hay un espíritu de dejar a las universidades que se organicen de manera idónea para alcanzar sus objetivos, al contrario, hay un prejuicio sobre problemas que el ministro cree que son generales y una aplicación de soluciones que cree que son idóneas para todas las universidades, pero entre ellas hay algunas que no comparto”.
No ha querido el mandatario de Salamanca entrar a valorar el cambio en el procedimiento para la elección del rector. “Es un señuelo para que nos pongamos a hablar de eso que es una nimiedad comparada con otras cosas importantes de la ley sobre aspectos sustantivos y organizativos de las universidades. Es una cuestión secundaria, pero lo principal de la ley no está ahí, es un error ponerse a debatir sobre esa cuestión que ya arreglarán en la tramitación de la ley”.
Rotundo rechazo
Estuve atento a la prensa por si salía el texto completo del proyecto de ley, sin resultado, no sé si porque el ministerio ha decidido posponer la publicación ompoirque la prensa no se ha hecho más eco, una vez comentado lo fundamental.
Y el pasado 12 de septiembre La Gaceta recogía: “Rotundo rechazo a la ‘ley Castells’ por restar participación y autonomía. Representantes del profesorado, del personal de administración y servicios y de los estudiantes de la Universidad de Salamanca muestran su repulsa hacia la futura norma.
No recogemos las opiniones que el artículo incluía de representantes d los distintos estamentos, pero sí el resumen que en un recuadro figuraba:
ASPECTOS DE LA ‘LEY CASTELLS’ QUE RECHAZA LA UNIVERSIDAD
Personal docente e investigador
✎Falta de estudios económicos. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no aporta estudios económicos del coste que tendrá la aplicación de la futura norma. Tampoco dice quién asumirá ese gasto, denuncia el presidente del Comité de Empresa del PDI laboral.
✎Desaparición de contratados doctores. Las figuras del personal docente e investigador laboral no quedan claras y en especial el profesorado rechaza que se elimine la figura de contratado doctor que se ha fomentado en los últimos años y está perfectamente establecida en la carrera académica.
✎Abandono del personal sanitario. Buena parte del profesorado en la Universidad son profesionales sanitarios, pero la ley no les tiene en cuenta y no soluciona sus problemas para acreditarse.
Personal de administración y servicios
✎Recortes en la participación. Recorta la presencia de los sectores universitarios en los órganos de gobierno de la universidad. Un ejemplo claro es la elección del rector, ya que el anteproyecto recoge la posibilidad de que se realice por un comité de 20 personas de las cuales el 30% de sus miembros pueden ser ajenos a la universidad, señala José Manuel Cagigas, delegado de CCOO en la Junta de PAS.
✎Provisión de plazas. En el apartado de provisión de plazas, la futura norma deja abierta la puerta a una excesiva interpretación sobre la utilización del sistema de concursos y sobre el personal que puede concurrir a los mismos.
✎Falta de mecanismos contra la temporalidad. El PAS valora positivamente la intención de reducir la excesiva contratación temporal en el sector público, pero José Manuel Cagigas lamenta que no se establecen mecanismos para lograrlo.
Estudiantes
✎En contra de 6 años de mandato. Los alumnos rechazan que la ley establezca la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años.
✎Merma de derechos. Los representantes de los universitarios consideran que la ley que ha elaborado Manuel Castells supondrá una merma de derechos estudiantiles y denuncian que su participación en la democracia interna universitaria, en todos los niveles, va a quedar muy reducida.
✎Voto por participación. El sistema electoral actual, con un voto prorrateado por grupos universitarios (profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios), pasará a estar limitado en función del porcentaje de participación, lo que supondrá una devaluación del voto de los estudiantes que piden acabar con las ponderaciones de los votos .
No convence al rector de la UVa
En cuanto a la Universidad de Valladolid, publicaba la prensa estos días El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado recientemente por el Gobierno, no convence al rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo. El máximo responsable de la institución académica lo califica como «frustrante» y considera que, por sí mismo, no resolverá algunos de los problemas para los que fue concebido. Por ejemplo, el de acabar con la precariedad del profesorado. La ley plantea una reducción del porcentaje de docentes con contrato temporal del 40 al 20 por ciento, una medida que afecta de lleno a la UVa, cuyo nivel de profesores asociados se encuentra actualmente en el 26 por ciento entre los que tienen un contrato a tiempo completo. Largo reconoce que es un porcentaje «superior a lo deseable», aunque puntualiza que la Uva está más cerca de ese 20 por ciento que otras universidades. Además, el rector incide en que ya se está poniendo solución a este problema con «una decidida política de oferta de plazas de entrada de carrera académica, es decir, profesores ayudantes doctores, que permita ir sustituyendo al profesorado asociado y, a la vez, mecanismos de estabilización tras la acreditación». La UVa ha ofertado este año 90 plazas de esta categoría, el triple de lo habitual, y en total, 112 de nueva creación en distintas categorías, además de 71 de transformación a contratado doctor, titular o catedrático.
Pese a esta medida, Largo señala que «no parece que la ley por sí misma resuelva el problema de la precariedad del profesorado». Según él, la desaparición en la regulación estatal de la figura de profesor contratado doctor es una «equivocación», porque «actualmente es la primera vía de estabilización. El rector aboga por regularlo en la ley y no dejarlo a las comunidades autónomas.
En términos generales, cree que en anteproyecto «es manifiestamente mejorable. «Las universidades venimos reclamando modificaciones legislativas que son inaplazables», dice en declaraciones a El Día de Valladolid, pero puntualiza que «no se trata de que, a través de una ley, se resuelvan problemas coyunturales, sino estructurales». Y cree que este proyecto no cumple esta premisa porque, «en buena medida, es continuista en los asuntos esenciales».
Otro cambio que, de confirmarse, afectaría a la UVa es el de la limitación de los miembros del Claustro (órgano de gobierno de la universidad) a cien personas, ya que la institución tiene actualmente unos 300. «Veremos en qué número queda finalmente, pero, si es así, lo adaptaremos intentando respetar la mayor representatividad de la comunidad universitaria», asegura. Una tarea que no será fácil en el caso de la UVa, ya que cuenta con cuatro campus «que deberán estar representados en todos sus estamentos».
Elección de rector. Otro cambio que, de confirmarse, afectaría a la Uva es el de la limitación de los miembros del Claustro (órgano de gobierno de la universidad) a cien personas, ya que la institución tiene actualmente unos 300. «Veremos en qué número queda finalmente, pero, si es así, lo adaptaremos intentando respetar la mayor representatividad de la comunidad universitaria», asegura. Una tarea que no será fácil en el caso de la UVa, ya que cuenta con cuatro campus «que deberán estar representados en todos sus estamentos».
Largo tampoco está contento con el cambio de sistema de elección de rector. Además del tradicional (por mayoría del Claustro), el anteproyecto plantea la creación de un órgano a tal efecto que valorará la trayectoria y méritos de los que se postulen. En él estarían representados los profesores (50 por ciento del órgano), alumnos (10 por ciento), trabajadores (10 por ciento) y ciudadanos de reconocido prestigio ajenos a la Universidad (30 por ciento). «Soy partidario de la elección, tanto del rector como de los decanos y directores, mediante procesos lo más democráticos posible, con la adecuada representación de la comunidad universitaria; por lo tanto, la elección mediante un órgano específico no me parece adecuada», opina. Según él, el proceso participativo es «más democrático y participativo, y garantiza mejor la independencia del rector».
Los estudiantes de la UVa, también en contra
A la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE), la mayoritaria en la UVa, tampoco le convence el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno. De hecho, su presidente, Pablo González, asegura que esta normativa «mata la Universidad». Entre los aspectos que considera más lesivos está la reducción de la participación del alumnado en el proceso de elección del rector, ya que la opinión de los estudiantes solo contará un diez por ciento. Además, González también critica que personas ajenas a la universidad tengan un 30 por ciento de representación en ese nuevo órgano que se crearía para elegir al nuevo rector. «Serán personas puestas solo para la elección de ese rector», opina. El representante de ADDE lamenta que, con este sistema, «da igual lo que diga el alumnado» porque siempre saldrá elegido «el rector que quiera la Administración», y eso es «un peligro» para la Democracia. «Es una forma de enchufar a los suyos», sentencia. También se muestra crítico con que la ley «sea tan tolerante con los suspensos» y con otros aspectos, «como el destrozo del mobiliario», dice, en referencia a la calificación como «grave» en lugar de «muy grave» de los desperfectos que se causen en los bienes de la universidad (solo estará calificado como muy grave los que afecten al patrimonio histórico).
Finalmente incluía el mismo día La Gaceta una entrevista con don Dionisio Fernández Gatta, profesor titular de Derecho Administrativo, que nos ha parecido del mayor interés para entender las críticas al proyecto de Ley.
“Hay cambios en la ley que suponen un retroceso democrático importante”
“–Algunos expertos han asegurado que la futura Ley de Universidades muestra indicios de inconstitucionalidad y vulnera la autonomía universitaria, ¿qué le parece?
–En el tema de la autonomía universitaria sí que hay problemas, sobre todo por el título que regula la composición de las universidades, desde la composición del equipo de gobierno hasta la organización administrativa de los servicios universitarios.
–Un tema muy polémico ha sido la desaparición del Rey de la expedición de títulos, ¿qué opina del argumento del Ministerio?
–Desde luego, no es un asunto menor. Está claro que suprime la referencia al Rey. Es un reflejo de la doctrina de Podemos, ya que en ningún país de la UE se cuestiona la Jefatura del Estado, pero ya sabemos qué sucede aquí y, desde luego, su actitud no es muy democrática en cuanto al Rey. Argumentan que está prevista su regulación en un real decreto, pero eso supone que la mención del rector esté en una ley orgánica y la del Rey, que es el Jefe del Estado, se mantiene en un decreto, como si fuera preferente, pero no es así. Lo normal en un país plenamente democrático es que el Rey firme el título universitario y en cualquier país democrático moderno esto no es problema.
–Los expertos han sido especialmente críticos con las medidas a favor de las mujeres.
–El problema de la ley en este tema está en los concursos de acceso porque incluye la posibilidad de implantar medidas para favorecer el acceso de las mujeres y a tal efecto dice que se podrán establecer preferencias “en igualdad de condiciones e idoneidad”. La cuestión es que en nuestro sistema el acceso se hace por méritos y capacidad, así que esa frase puede dar lugar a problemas de legalidad.
–¿Y viola el principio de igualdad de oportunidades?
–Sí, aunque se han cuidado de hablar en la ley de personas del sexo menos representado en la categoría. Personalmente, creo que desde el principio de la carrera universitaria hay que trabajar para buscar el equilibrio y ya hay elementos de fomento de la igualdad que se están cumpliendo, aunque tardarán un tiempo en reflejarse.
–Ya hay sentencias contrarias.
–No en el ámbito de la Universidad, pero sí hubo una sentencia que impidió una candidatura electoral formada en exclusiva por mujeres. Si nos vamos hacia la implantación radical, obviamente puede no cumplirse el principio de igualdad recogido en la Constitución. Puede haber problemas si nos escoramos hacia un lado o hacia otro.
–El Claustro se reducirá a más de la mitad con la futura ley, ¿qué puede suponer este cambio?
–Yo no le doy mucha importancia a este cambio si se mantiene la representación de los distintos sectores con la ponderación actual. Lo que sí creo es que lo que piden los estudiantes de una persona, un voto, no es posible, tiene que haber esa ponderación que deriva del trabajo universitario y es un principio desde la Ley de Reforma Universitaria de los 80 y nunca ha supuesto un problema.
–Frente a esto, abre la puerta a que gran parte del profesorado pueda ser rector.
–Me manifiesto absolutamente en contra. En la carrera universitaria la categoría superior por méritos es la de catedrático y pienso que quien tiene que tener la posibilidad de ser rector es la categoría docente más importante de la carrera universitaria. En cuanto al otro sistema de elección posible, mediante un órgano específico, creo que es un retroceso democrático importante, sería ir hacia el siglo XIX, cuando votaban los 30 más importantes, pero en una universidad del siglo XXI eso supondría una supresión. La elección directa mediante la ponderación es el modelo adecuado.
–¿Y es adecuado que limite los mandatos a seis años?
–Debería ser algo más amplio, seis años en proyectos universitarios de envergadura es poco.
–Hay cambios también en la elección de decanos, privilegio que recaerá en el rector, mientras que los directores de departamento seguirán eligiéndose por sufragio universal. ¿No debería ser igual para todos?
–Creo que es un retroceso, el sistema está perfectamente regulado y ha funcionado bien desde los años 80. Hay cambios en la ley que suponen un retroceso democrático importante.
–También se modifica la elección de los Consejos Sociales para que se realice a partir de candidaturas.
–Sí, los Consejos Sociales son los grandes desconocidos del ámbito universitario, a pesar de que las leyes han querido acercar la influencia de las sociedades a las universidades, no han acabado de calar y en este caso lo que sería necesario es lograr una mayor visibilidad y darle más funciones.
–Un aspecto muy controvertido de la ley es la desaparición de la figura del profesor contratado doctor y la creación de otras, como la del sustituto. ¿Es acertado?
–Es un error, la figura de los profesores contratados doctores está ya plenamente implantada en la carrera universitaria y ahora se quiebra mientras que se incluye una ambigüedad en la figura del profesor sustituto, que se puede convertir en un asociado actual que no cumple las funciones. Ahora se quiere revitalizar otra vez esa figura, pero yo no soy partidario, debería mantenerse a los contratados doctores, una figura que está plenamente implantada y ha funcionado bien hasta ahora.
–Ahora comenzará la tramitación de la ley, ¿cambiará mucho?
–Este ministro, que ha sido bastante errático, se ha dado prisa en presentar este y otros proyectos, como si estuviera terminando la legislatura. Como profesor universitario, creo que otra ley universitaria, otro cambio, no era necesario. En lugar de esta ley, que no está suficientemente consensuada, habría que acordar un texto que tuviera una vigencia de décadas, de forma que fuera quien fuera el partido que gobernara, hubiera tranquilidad. La verdad es que al ser aún un anteproyecto puede que haya cambios. En la tramitación puede suceder de todo, a la vista de cómo está la legislatura, incluso que no se tramite. Veremos qué sucede en los pactos para ser aprobada porque una ley orgánica tiene que tener mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, yo considero que no era necesaria una ley nueva de forma completa. Hay algunos temas, como el de la financiación, que parece que es en lo que más de acuerdo está todo el mundo, que sí era necesario cambiar, pero más allá no veo la necesidad de una ley completa.
–¿Es un texto muy sesgado ideológicamente?
–Claro. En el título sobre cultura y deporte han metido un párrafo que es la filosofía del ministro de Podemos, con el concepto de “Ciencia ciudadana”, que no existe en un texto legal y en mayúscula. Otro problema es el de las lenguas cooficiales, cuando lo que hay que proteger es el castellano. Luego se incluyen objetivos buenistas, que no tienen razón de ser en un texto general, como el de una sociedad más justa, pacífica e inclusiva, así como el objetivo de combatir el cambio climático y sus efectos, una cuestión que debe ir en las normas generales. Y lo más importante, que creo que es un retroceso, es cuando habla de “promover en todos los ámbitos académicos la formación en docencia e investigación en materia de memoria democrática como forma esencial de formación de las nuevas generaciones”. La memoria democrática bien entendida es cosa de los historiadores, yo lo que tengo que explicar es la Constitución y los valores constitucionales, en un texto de estas características todo esto no procede.”
