“Nuestro Estado de Derecho no admite la amnistía”, de José Manuel Otero Lastres; “Leonor en la academia militar: un cuento sin sentido”, de Garbiñe Biurrun Mancisidor; “Las 7 guerras pendientes que separan a Feijóo y Sánchez tras 11 meses sin reunirse”, de Raúl Piña; y “Sánchez acepta reunirse con Feijóo y el PSOE pide `respeto´”, de Ainhoa Martínez
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 29)
NUESTRO ESTADO DE DERECHO NO ADMITE LA AMNISTÍA
Artículo de José Manuel Otero Lastres, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, publicado en El Debate el pasado día 30
La interpretación efectuada desde nuestra Ley de Leyes y en relación con los presupuestos de nuestro modelo de Estado conduce a la conclusión de que la amnistía es incompatible con la Constitución de 1978.
En el apartado 1 del artículo 1 de la Constitución española de 1978 se declara que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho». Y en su Preámbulo se proclama la voluntad de la Nación española de «consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular».
De lo que antecede resulta que en 1978 la Nación española instituyó por medio de su Carta Magna un Estado social y democrático de Derecho, denominado España, cuya misión esencial es garantizar la convivencia democrática de todos los españoles dentro de la Constitución y las leyes. La Constitución es, por tanto, el marco del sistema o, dicho en otras palabras, fija los límites fuera de los cuales cualquier ley, justamente por no respetar dicho marco, no sería expresión de la voluntad popular en la que reside la soberanía nacional.
Al igual que sucede con cualquier otra ley, cuando en la Constitución hay algún punto oscuro o no previsto expresamente en su articulado hay que acudir a la interpretación, la cual debe hacerse, como dice la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer Callejón, desde la Constitución y en relación con los presupuestos del modelo de Estado que ésta incorpora.
Pues bien, en las líneas que siguen sostengo, razonadamente, que no estando expresamente regulada la amnistía, ni para prohibirla ni para admitirla, la interpretación efectuada desde nuestra Ley de Leyes y en relación con los presupuestos de nuestro modelo de Estado conduce a la conclusión de que la amnistía es incompatible con la Constitución de 1978.
Lo primero que debo significar es que, al igual que el Profesor Quintero Olivares, considero que el principal argumento para defender la inadmisibilidad de la amnistía no es el art.62-i) de la Constitución, que establece que «corresponde al Rey ejercer del derecho de gracia con arreglo a la ley no podrá autorizar indultos generales». Este precepto, aunque se refiere también a una medida de gracias como es el indulto, nada dice sobre la amnistía. Ambas son figuras jurídicas diferentes: en el indulto se condona la pena y en la amnistía se perdona el delito y se extingue la responsabilidad penal del autor de este. Pero si esto es cierto también lo es que del citado art. 62-i) se puede extraer el argumento favorable a la inadmisibilidad de la amnistía. En efecto, si en la Constitución se prohíbe expresamente lo menos (ejercitar la facultad de perdonar la pena de un delito) en buena técnica interpretativa es lógico entender que está prohibido lo más que es perdonar el delito mismo y extinguir la responsabilidad penal.
A lo que antecede cabe añadir que en la propia Constitución hay preceptos que permiten sostener que no cabe la medida de gracia de la amnistía y que a la misma conclusión se llega si tenemos en cuenta los presupuestos del modelo de Estado que incorpora. Entre los preceptos constitucionales que cabe invocar en contra de la admisión de la amnistía cabe citar, además del ya citado 62.i), los artículos 117 y 118, en relación con el artículo 24.1 y 14. Y entre los que contienen los presupuestos del modelo de Estado incorporado por la Constitución de 1978 que se verían afectados por la amnistía están los establecidos el artículo 1, apartados 2 y 3, y el artículo 2.
Del artículo 117 CE se desprende que corresponde al poder judicial la exclusividad y la integridad de la función jurisdiccional. La exclusividad tiene, además, una vertiente positiva reconducible a que los jueces y magistrados sean los únicos que juzguen y hagan ejecutar lo juzgado, sin injerencias de los otros poderes del Estado.
Por otro lado, el obligado cumplimiento de lo acordado por los jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que recoge el artículo 118, es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho. Exigencia objetiva del sistema jurídico, la ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido al contenido del art.24.1 de la CE, cuya efectividad quedaría decididamente anulada si la satisfacción de las pretensiones reconocidas por el fallo judicial en favor de alguna de las partes se relegara a la voluntad caprichosa de la parte condenada o, más en general, éste tuviera carácter meramente dispositivo (STC 15/1986, de 31 de enero).
Pues bien, así como el indulto que es una forma de conmutación de la pena no afecta en esencia al ejercicio de la potestad de los jueces y magistrados, la amnistía, en cambio, al suprimir el delito mismo hace desaparecer el proceso penal e incide de lleno en la función jurisdiccional de los jueces que tienen atribuida con carácter exclusivo. Finalmente, desde la óptica del artículo 14 el indulto constituye una excepción al principio de igualdad ante la ley, que el legislador constitucional quiso que existiera y por eso es plenamente admisible. Sin embargo, admitir la amnistía, que no está expresamente prevista, supone una vulneración del principio de igualdad porque supondría acoger una excepción a dicho principio que no goza de la previsión expresa del indulto.
Para finalizar, si desde la perspectiva de los preceptos concretos de la Carta Magna pasamos a los presupuestos del modelo de Estado incorporado por ésta, conceder una amnistía a todos los procesados en el procés supondría convalidar la actuación de todos ellos y, consecuentemente, considerar políticamente lícita la declaración unilateral de independencia de la República de Cataluña, lo cual supondría privar de sus efectos a los principios constitucionales de la soberanía nacional, la Monarquía parlamentaria, y la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles.
La amnistía es, pues, tan radical y palmariamente contraria al Estado de Derecho de la Constitución de 1978 que no sería descartable que su concesión a sabiendas pudiera tener consecuencias jurídicas.
Artículo en: https://www.eldebate.com/espana/20230830/nuestro-estado-derecho-no-admite-amnistia_136324.html
LEONOR EN LA ACADEMIA MILITAR: UN CUENTO SIN SENTIDO
Artículo de Garbiñe Biurrun Mancisidor publicado en eldiario.es el pasado día 29
Este mes de agosto tan activo nos ha dejado, el mismo día en que se han constituido las Cortes Generales, el día 17, otra noticia sobre la que quiero aportar algunas ideas que me han asaltado. Me refiero al ingreso de Leonor de Borbón Ortiz, la “heredera” a la Jefatura del Estado, en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar su “formación militar” que, según se ha anunciado, durará tres años y se repartirá en los tres Ejércitos. El propio Gobierno, a través de la ministra de Defensa en funciones, Sra. Robles, ha dado explicaciones sobre la cuestión resaltando la importancia de que “su Alteza Real la Princesa de Asturias, que en su día está llamada a ostentar la jefatura de las Fuerzas Armadas, conozca muy de cerca lo que es la formación y la carrera militar”.
Pues, la verdad, pese a mi “ignorancia activa” en estas cuestiones, no acierto yo a apreciar tal “importancia”, en absoluto, teniendo en cuenta las previsiones constitucionales y legales vigentes al respecto.
Cierto es que el artículo 62.h) de la Constitución determina que “Corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas” y que su artículo 63.3 señala que “Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz”.
También es cierto que, paralelamente, el artículo 97 del texto constitucional prevé que “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”.
De ahí que, dicho de manera sencilla, haya tres sujetos constitucionalmente llamados a intervenir, de una manera u otra, en cuestiones militares, mayormente en la gravísima decisión de una declaración de guerra: el Gobierno, las Cortes Generales y el Rey. No olvidemos, en este sentido, que el Rey solamente puede hacerlo con la previa autorización parlamentaria y que, es de suponer, ésta responderá a una iniciativa del Gobierno en tal sentido. Sin olvidar tampoco que, como establece el artículo 64 de la Constitución, “Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” y que de dichos actos “serán responsables las personas que los refrenden”.
La “cuestión militar” –defensa y bases de la organización militar -, está regulada, hoy, en lo esencial, en la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. Ley que, de conformidad con las previsiones constitucionales, reitera las competencias del Rey y detalla las correspondientes a las Cortes Generales, al Gobierno y al presidente del Gobierno. Es de resaltar que, según esta norma, “Corresponde al Gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución, así como dirigir la Administración militar y acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional”, así como que corresponden a su Presidente las competencias de “la dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza”, “Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el de la participación en las organizaciones internacionales de las que España forma parte” y “Ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas”, competencias que serán ejecutadas esencialmente por el Ministerio de Defensa.
Con independencia de la experiencia que desde 1978 se ha ido acumulando en las diversas intervenciones militares de España en el extranjero y del papel de cada institución, así como del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 –esto último con todas las cautelas y dudas, claro está–, de lo expuesto hasta ahora colijo que poco papel tiene la Jefatura del Estado en todo esto de la Defensa y lo militar – afortunadamente, desde el único punto de vista posible, el estrictamente democrático–, como también en otras materias, en las que, como se ha dicho, los actos del Rey necesitan el refrendo de los responsables políticos y que, como llevamos oyendo hasta la saciedad, se trata de un papel “simbólico”, de una función “arbitral” y “moderadora”, sin verdadero contenido decisorio.
Pues bien, de ahí que la “formación militar” de la “heredera” a la Jefatura del Estado sea un mero spot publicitario –uno más–, un cuento ridículo, una “batallita” sin sentido alguno, una simple pretendida apariencia de servicio al Estado, que se nos va a recordar reiteradamente. Ningún fundamento ni objetivo o finalidad efectivos tiene esta formación. Por varias razones, en el orden que ustedes luego quieran leerlas.
De un lado, porque, en la experiencia histórica de los últimos 40 años, en ningún conflicto bélico exterior en que España haya tomado parte, hemos visto que el jefe del Estado haya participado directa e inmediatamente de ninguna manera: ni con el fusil en los dientes ni arrastrándose por tierra ni planteando estrategias bélicas o dirigiendo operaciones ni pilotando vehículos de ninguna clase… Por tanto, ¿cuál es la virtualidad de una formación que nunca se va a poner en práctica? ¿Para qué perder un tiempo que podría ser mucho más útil –imprescindible, en verdad–para conocer de primera mano el país, sus gentes, sus necesidades, el funcionamiento y los requerimientos de los servicios públicos básicos, el sistema constitucional, las relaciones internacionales, la realidad mundial…?
De otro lado, porque en ningún Estado organizado como una República esto tiene paralelismo ninguno. Ciertamente, sería imposible y absurdo, ya que, a diferencia de una Monarquía, nadie nace para ostentar la Jefatura del Estado, por lo que difícilmente podría tener esta formación previamente –sí, en cambio, otras formaciones, capacidades y aptitudes más importantes, sin duda, que la ciudadanía valora a la hora de la elección presidencial–, sin que ello merme en absoluto las competencias y atribuciones constitucionales de tales Jefaturas. Así ocurre en los Estados más cercanos, como Francia, Portugal o Italia, en los que la persona que ejerce la Presidencia de la República también tiene la jefatura de los ejércitos, naturalmente, siempre tal como su propia normativa interna determina. Y ello, sin “formación militar” alguna, y siempre con los controles constitucionales correspondientes.
Finalmente, porque en el supuesto de que la “primera heredera” no pudiera o no quisiera ejercer la Jefatura del Estado cuando sea constitucionalmente llamada a ello, sería sustituida por otros “herederos”, siendo, en este caso, la primera de ellas su hermana, que no sabemos si va a recibir tal formación. Si no la recibiera, como no la recibieron las hermanas del hoy Rey, ¿significaría esto que una hipotética Jefatura del Estado en manos de alguien distinto de la hoy llamada a ello tendría menos garantías por esta falta de formación? Si no lo creemos así, ello revela igualmente la irrelevancia de la misma.
En definitiva, pura propaganda y ninguna sustancia ni relevancia, interés o utilidad para la ciudadanía. ¡Y qué desalentador resulta que este Gobierno o, al menos, parte de él, asuma todo esto con naturalidad e, incluso, con auténtico entusiasmo!
LAS 7 GUERRAS PENDIENTES QUE SEPARAN A FEIJÓO Y SÁNCHEZ TRAS 11 MESES SIN REUNIRSE
Artículo de Raúl Piña publicado en El Mundo el pasado día 29
Cuando Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente del PP a principios de abril de 2022, en La Moncloa y en el PSOE creyeron que, quizás, sería posible un mínimo entendimiento con los populares, una mayor comunicación e interacción, después de una etapa con Pablo Casado donde la relación estuvo marcada por la confrontación permanente. Sin embargo, más de un año después, hay un hecho paradójico: los socialistas pactaron con Casado la renovación de RTVE y entre Feijóo y Sánchez sólo han logrado ir de la mano para reformar la polémica ley del sólo sí es sí.
Todo estuvo a punto de cambiar cuando a finales de octubre del año pasado ambos partidos tenían prácticamente cerrado el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC). Pero todo saltó por los aires en una llamada de Madrid (Feijóo) a Pretoria (Sánchez) el 27 de octubre de 2022, donde éste le confirmó al líder de la oposición su pretensión de cambiar los delitos de sedición y malversación en el marco de las conversaciones con los independentistas.
Esas expectativas de una mejor relación pronto se frustraron. Y lo cierto es que la convivencia entre ambas mandatarios ha estado marcada por choques broncos y tensos, con expresiones gruesas por una y otra parte. Unas expectativas que no mejoran de cara a la nueva cita entre ambos. «Nosotros iremos con toda naturalidad a la reunión. Pero no creemos que [Feijóo] tenga muchas esperanzas en nuestro voto», ironizan desde el equipo de Sánchez.
«Le tiemblan las piernas» es un argumento que ambas partes se han arrojado. Los socialistas para señalar que Feijóo carece de autoridad y sucumbe a las presiones internas y externas; y los populares lo han empleado para describir que el presidente del Gobierno era incapaz de mantener en orden el Consejo de Ministros y de romper con unos socios que en muchas ocasiones cargaban contra el propio líder del Ejecutivo.
CGPJ. Es una de las grandes espinas por las que se desangra la relación entre el PSOE y el PP. Todo estaba encauzado, encarrilado. Parecía que por fin, tras cuatro años de bloqueo, en octubre de 2022 era el momento del ‘sí’. Pero volvió a ser el del ‘no’. El CGPJ sigue sin renovarse 1.726 días después. «Las discrepancias entre el partido de gobierno y el que lidera la oposición no pueden servir para justificar que no se cumpla lo que es un mandato constitucional», objetan desde las filas socialistas. El PSOE acusa al PP de blandir la Constitución mientras incumple la Carta Magna; y estos hablan de «traición» por negociar con ERC cambiar el Código Penal mientras hablaban con ellos sobre dar pasos para despolitizar la Justicia.
LAS TENSIONES INTERNAS. La difícil convivencia entre el PSOE y Unidas Podemos también ha sido un elemento de fricción entre los dos principales partidos. Mientras Sánchez se esforzaba por blindar la coalición y tratar de mantener la unidad y la estabilidad, Feijóo llegó a deslizar que el presidente del Gobierno había perdido la «dignidad» por seguir gobernado con un partido que lo llamaba «cobarde, machista, traidor al feminismo y fascista».
Desde el otro lado, los socialistas consideran que el liderazgo de Feijóo está en entredicho, que sus actuaciones y decisiones están «debilitando todavía más un liderazgo tocado». «Su liderazgo está siendo cuestionado dentro y fuera de su partido», han dicho en más de una ocasión, empleando, como hicieron con Casado, la figura Isabel Díaz Ayuso para tratar de presentarlo como un presidente sin autoridad. «Algunos líderes del PP están calentando por lo que pueda pasar», dijo ayer Pilar Alegría, portavoz del PSOE.
‘SÓLO SÍ ES SÍ’. Esta ley ha sido uno de los principales campos de confrontación entra el PSOE y el PP. Las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales beneficiados por la normativa que impulsó el Consejo de Ministros provocó las críticas de toda la oposición, con el PP como punta de lanza. «Ya vemos dónde conduce una forma de gobernar basada en el eslogan y el marketing», afeó el PP tras votar con el PSOE para reformar los tipos y subir las penas. Los socialistas trataron de rebajar el pacto a unas «correcciones técnicas», mientras que la coalición se rompió, viviendo su mayor crisis de la legislatura.
CESIONES A LOS INDEPENDENTISTAS. La alianza de Sánchez con los independentistas para transitar la gobernabilidad ha sido uno de los leit motiv de la legislatura. Los populares han acusado al líder socialista de estar dispuesto a todo para «gobernar a toda costa». Esta relación alimentó uno de los choques más broncos que Sánchez y Feijóo han protagonizado en el Senado. Fue a cuenta de las listas electorales de Bildu que incluían a condenados por delitos de sangre. «Es un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas», le espetó Feijóo. «Cuando ETA no es nada, para ustedes ETA es todo», opuso Sánchez.
En el PSOE afilan cuchillos a la espera de las reuniones del PP con ERC y Junts en el marco de su ronda de negociación. «Hay mucha hipocresía», dicen los socialistas.
RELACIÓN CON VOX. La relación del PP con el partido de Santiago Abascal es una de las digestiones que protagonizan los populares, mientras que para el PSOE supone un flanco de ataque. Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de querer meter a España en el «túnel del tiempo» y promover «retrocesos» y «recortes» frente a «avances» y «derechos».
LISTA MÁS VOTADA. Es un argumento que va y viene y que ambos partidos han usado a su conveniencia. Ahora lo exige Feijóo que, incluso, quiso que Sánchez firmara un compromiso en su cara a cara. El PSOE lo ofreció en Castilla-La Mancha y los populares lo rechazaron.
PRESIDENCIA EUROPEA. Feijóo se queja de que Sánchez no le informa de los principales asuntos de Estado. Que no comparten información con ellos y que no busca consensuar.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2023/08/29/64ecf086fc6c83c5428b458d.html
SÁNCHEZ ACEPTA REUNIRSE CON FEIJÓO Y EL PSOE PIDE «RESPETO»
Artículo de Ainhoa Martínez publicado en La Razón el pasado día 28
Tras meses de incomunicación entre ambos, fuentes gubernamentales apelan ahora a la «normalidad democrática» para participar en la ronda de contactos del líder del PP. Tras meses de incomunicación y de una distancia que va más allá de lo ideológico, la posibilidad de una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estaría más cerca. En el marco de la ronda de contactos que el líder del PP va a iniciar como consecuencia del encargo del Rey para someterse a la investidura a partir del próximo 26 de septiembre, desde Génova informaron esta mañana de que el primer movimiento que hará Feijóo será ponerse en contacto con el presidente del Gobierno en funciones.
Una iniciativa que se ha recibido con cierta frialdad, en un primer momento, desde el PSOE, donde impusieron cautela y pidieron esperar a recibir la llamada para tomar cualquier decisión. El posicionamiento inicial es, una vez se inicie el contacto, que sea la dirección socialista quien evalúe cómo actuar. Tras confirmar que se acudirá a la cita, la portavoz del partido, Pilar Alegría, ha asegurado que «cuando se produzca esa llamada, nosotros evidentemente convocaremos una Ejecutiva, decidiremos y tomaremos la decisión y abordaremos las distintas cuestiones».
Además, Alegría recordó el nivel de crudeza de los ataques que se han recibido por parte del PP, tanto durante la legislatura como en campaña y tras las elecciones, apelando incluso a que algunos diputados socialistas rompan la disciplina de voto y apoyen la investidura de Feijóo, y ha pedido «respeto» para su partido, antes de iniciar cualquier acercamiento. En concreto, la portavoz socialista emplazó al líder del PP a «pedir perdón» al PSOE.
Mucho menos taxativos se manifiestan desde la Moncloa, donde muestran su disposición a que Sánchez pueda reunirse con el candidato del PP a la investidura. Según estas fuentes, el presidente del Gobierno en funciones «está abierto» a entrevistarse con Feijóo. «Normalidad democrática. Por supuesto que estamos abiertos a hablar con Feijóo y con todas las fuerzas políticas, salvo con Vox», añaden desde Moncloa.
Esta disposición contrasta con la dureza del tono que se exhibe desde el Gobierno últimamente contra el líder de la oposición por su intento de someterse a una investidura sin tener garantizados los apoyos. Un intento que califican de «fake», anticipando un nuevo fracaso, y que consideran que solo busca «su supervivencia personal» dentro de su propio partido, en el que necesitaría consolidar su liderazgo a nivel interno. Ahora, sin embargo, en Moncloa parecen dispuestos a participar, en la que a su juicio, es la «ficción» de Feijóo.
De hecho, fuentes socialistas criticaron posteriormente la intención del líder del PP de reunirse personalmente solo con el líder del PSOE, mientras que con el resto de grupos parlamentarios lo hará a través de «personas interpuestas». Consideran que «mientras él permanece atrincherado en la planta noble de la sede de Génova, enviará a las reuniones a terceras personas», señalan las citadas fuentes, que lo ven una «falta de respeto y consideración a los grupos y a sus votantes».
En Ferraz califican de «inédito y revelador» que un candidato a ganarse la confianza de la Cámara renuncie a reunirse con los grupos parlamentarios que pueden darle la mayoría necesaria y entienden que denota «la nula capacidad del candidato Feijóo para ser presidente del Gobierno». «La dimensión de la pérdida de tiempo a la que el candidato Feijóo va a someter al país durante estas semanas crece cada día», señalan los socialistas.
Artículo en: https://www.larazon.es/espana/sanchez-acepta-reunirse-feijoo-psoe-pide-respeto_2023082864eca6da9598e3000199cbec.html
