Por José María Arévalo

(Cartel de propaganda de Vox para la propuesta de ley)

A finales del pasado mes de marzo, publicaba la prensa la noticia: “PP y VOX ponen fin al sectarismo de la izquierda: registran una Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León”. Y también “Con la aprobación de esta proposición de ley quedaría derogada toda la normativa autonómica anterior en materia de memoria histórica”. Aunque la ruptura de Vox del acuerdo de gobierno con el PP podría echar abajo esta iniciativa, su objetivo interés permite suponer que se  mantendrá el proyecto. Eso esperamos. Así que vamos a verlo.

Periodista Digital  explicaba que el texto de esta Ley de Concordia pretende recuperar los valores democráticos que dieron lugar a la Constitución de 1978; poniendo fin al sectarismo de la izquierda, PP y VOX registran una Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León.

Efectivamente, los grupos parlamentarios Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León presentaron a finales de marzo y de forma conjunta el texto para el comienzo de su tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León. Proposición de Ley que engloba un total de cuatro títulos, veinte artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales.

Tal y como se recoge en la exposición de motivos del propio texto, la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León se erige sobre el respeto a la dignidad humana y en base a la promoción de la convivencia y puesta en valor del Estado constitucional, excluyendo la confrontación partidista. De este modo, el artículo primero del texto propuesto recoge “El reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978”.

Cabe recordar, que en el acuerdo de Gobierno suscrito entre Partido Popular y VOX, en su tercer eje se recoge la necesidad de “Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”. Es precisamente con el registro de esta Proposición de Ley con lo que se da cumplimiento a este tercer eje del pacto de Gobierno entre ambas formaciones.

En cuanto al articulado de la norma, el Título I recoge el objeto y finalidad de la misma y sus principios generales, así como la concreción del régimen jurídico autonómico de las obligaciones que le son propias.

El Título II, contiene las medidas que adopta la Administración de la Comunidad de Castilla y León para su desarrollo, incidiendo en la necesidad de difundir los valores, libertades y derechos constitucionales desde sus orígenes a la actualidad, lo que constituye también una clara apuesta de convivencia para el futuro.

En este Título se recoge y reconoce el derecho a la recuperación de las personas desaparecidas y se establecen los instrumentos jurídicos necesarios a tal fin, como son el mapa de fosas o el derecho de acceso al patrimonio documental autonómico.

Por su parte, el Título III se refiere a todo el proceso de actuaciones públicas necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas.

El Título IV, por último, recoge la regulación de la Comisión de Exhumaciones como órgano colegiado, con funciones resolutorias de los expedientes en base a criterios estrictamente técnicos.

En esta Proposición de Ley, en su Disposición Derogatoria se recoge la derogación de todas las disposiciones normativas en aquello que o contradiga a lo dispuesto en la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León y en concreto, el Decreto 9/2018 de 12 de abril.

Con el registro de esta Proposición de Ley para la Concordia de Castilla y León, se sigue dando cumplimiento al pacto de Gobierno suscrito entre ambas formaciones en Castilla y León y en plena tramitación para la aprobación de sus segundos presupuestos autonómicos, lo que da muestra de la eficacia y utilidad de los Gobiernos autonómicos cuando VOX entra a formar parte de ellos en contraposición a la inestabilidad y la confrontación entre españoles que supone el Gobierno de la Nación, que como ha recordado el Portavoz de VOX en las Cortes de Castilla y León, se trata “del Gobierno más anticonstitucional de la historia, al tener dos sentencias en contrarias a su acción de Gobierno por parte del Tribunal Constitucional, sentencias que vinieron dadas por iniciativas de VOX”.

Reacciones negativas de la oposición

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al conocer la noticia, acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “resucitar al franquismo” con una norma de concordia, presentada por Partido Popular y VOX, que “iguala a víctimas y verdugos”. “No se puede igualar a quienes dieron un golpe de estado y a quienes defendían la democracia”, criticó Tudanca, tras conocer una propuesta legislativa de PP y VOX que comparó con «como si en Alemania promovieran hoy la defensa del nazismo y el holocausto o como si en Italia defendieran a Mussolini y el fascismo”.

En declaraciones recogidas por Ical durante su presencia en la localidad abulense de Arévalo, consideró Tudanca que el proyecto de ley es “intolerable” y aseguró que su formación solicitará a la Mesa de las Cortes de Castilla y León “que pida un informe al Consejo Consultivo” para que dictamine si la proposición legislativa “vulnera la legislación estatal y autonómica”. Además, también recurrirá el PSOE de Castilla y León al Gobierno para que, “como hace con otras legislaciones que PP y VOX están poniendo en marcha en otras comunidades como Valencia”, se analice la propuesta legislativa de concordia en Castilla y León y, “en su caso, se impugne esta legislación si vulnera la Ley de Memoria Democrática estatal”.

Una ley que, como recordó Tudanca, se traspuso en Castilla y León en el año 2018 con una norma de consenso entre PP y PSOE que se hizo “para todos, de acuerdo con la legislación estatal y con la protección de las víctimas”. Además, dicha norma, realizada durante el mandato de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta, “condenaba la dictadura”.

Sin embargo hoy, con la propuesta legislativa de PP y Vox, “Mañueco ha enterrado lo poco que quedaba del proyecto político de la derecha moderada en Castilla y León” para, “de la mano de la extrema derecha, resucitar al franquismo”. Por ello, consideró Tudanca que la derecha castellana y leonesa “no se distingue hoy ni de la extrema derecha ni del franquismo” y Mañueco “ha enterrado lo poco que le quedaba al PP de partido de estado, moderado, de la transición y constitucional”.

¿Blanqueamiento del fascismo?

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) calificó de “gran operación de blanqueamiento del fascismo” la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León presentada por el Partido Popular y Vox, quienes aseguraron que hacen un “uso fraudulento” de la palabra concordia a modo de “patraña para utilizar la Guerra Civil como burladero para esconder y embellecer la historia del fascismo en la Comunidad”.

En un comunicado recogido por Ical, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, recordó que la Guerra Civil «hizo desaparecer a miles de civiles, quienes fueron detenidos ilegalmente, torturados y asesinados, además de esconder sus cuerpos para negarles la memoria de haber existido y multiplicar el dolor y el terror de sus familias”, añadió, informa Ical.

El también nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado en España por una prueba genética, cargó contra el uso de un discurso que “habla de la Guerra Civil como si, tras el golpe de Estado de julio de 1936, el territorio de Castilla y León estuviera repleto de trincheras con dos ejércitos enfrentados; un argumento manido de la derecha, que ya utilizó el PP cuando aprobó su decreto autonómico de memoria histórica y que sólo tiene por objeto esconder y ocultar la violencia fascista”, denunció.

“Lo que ocurrió de forma generalizada a partir de julio de 1936 en el territorio de Castilla y León es que miles de pistoleros falangistas se vistieron sus camisas azules, se enfundaron sus pistolas, asesinaron a miles de hombres y mujeres civiles y desarmados, se apoderaron a punta de pistola de sus propiedades y otros bienes y perpetraron la mayor actividad literalmente terrorista que se ha conocido en la historia de la comunidad”, aclaró Silva.

Trasladó que el texto de PP y VOX utiliza expresiones como “cronología bélica” para “seguir escondiendo la actividad represiva de la Falange” en lugares en los que desde el principio “triunfó el Golpe de Estado”. Así, Silva afirmó que «para ser demócrata en España hay que comenzar por condenar la dictadura franquista y en esta proposición de ley lo único que se ve es un intento por legitimar desde instituciones democráticas la historia de la dictadura”, concluyó.

Igea también en contra

También fue crítico con la proposición de ley de PP y VOX el procurador vallisoletano Francisco Igea, que calificó este martes como “uno de los días más vergonzosos” de Castilla y León por la presentación de un proyecto legislativo “completamente incomprensible”. “Nadie ha sabido explicar por qué se extiende el periodo hasta 1931 ni si el Partido Popular encuentra legítimo el golpe de Estado del 36”, apuntó Igea, para quien la formación ‘popular’, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, “han sido humillados”.

Por el contrario, la Junta afirma que la Ley de Concordia servirá para «superar el frentismo»: Carriedo defiende sobre la proposición de PP y VOX que «seguro que no le gusta a Bildu y a sus socios» y remarca: «Por supuesto que condenamos la dictadura franquista».

La rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del miércoles 27 de marzo, adelantada un día por la festividad de Jueves Santo, estuvo marcada por la polémica proposición de Ley de Concordia presentada el día anterior por PP y VOX en las Cortes de Castilla y León. Una iniciativa que, a juicio de la Junta, servirá para «superar el frentismo», un paso que consideran necesario, y también para «reconocer los derechos de todas las víctimas, también las de la dictadura franquista».

Precisamente, la total ausencia del término dictadura a lo largo de todo el texto ha sido uno de los aspectos más polémicos, y por eso el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, dejó clara su postura al respecto a preguntas de los periodistas. «Por supuesto que desde la Junta condenamos la dictadura franquista», aseveró.

Regular mejor los derechos de las víctimas

Por otro lado, Carriedo también consideró «muy positivo» elevar a rango de ley la concordia porque permite «regular mejor los derechos de las víctimas». «Seguro que a quien no le gusta es a Bildu y a sus socios», opinó, al tiempo que recordó que la modificación de la Ley de Memoria Democrática del año 2022 fue redactada en su práctica totalidad por la formación política vasca.

El portavoz de la Junta de Castilla y León defendió que esta norma «es para buscar los puntos en común y para superar los problemas del pasado», y por eso puso en valor el «esfuerzo de concordia y de rechazo a la dictadura franquista».

Asimismo, en cuanto a esa polémica acerca de la terminología que el texto incluye o no, Carriedo apeló al debate parlamentario. «El parlamento tendrá que opinar y hacer las enmiendas que crean oportuno», defendió, y consideró que «lo bueno de una proposición de ley es que da lugar a que los grupos opinen». «Dejemos trabajar al parlamento», insistió, al mismo tiempo que no cerró la puerta a cambios si se alcanza un consenso. Eso sí, «si lo que se busca es que la normativa sea del gusto de Bildu, la negociación es más difícil», advirtió.

Junto a Fernández Carriedo quien también compareció ante los medios de comunicación fue el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que a pesar de participar en la cita por otro asunto, fue preguntado en varias ocasiones acerca de la Ley de Concordia por ser su departamento el que estará encargado de esta cuestión como lo está ahora de la memoria histórica.

Por un lado, y cuestionado acerca del coste que tendrá para las arcas de la Junta esta nueva ley cuando salga adelante, algo más que previsible dada la mayoría parlamentaria que ostenta el PP y VOX, González Gago recordó que al haberse tramitado como proposición de ley y no como proyecto, el texto no cuenta con memoria económica. «Pero puedo decir que la aplicación de esa ley implicará recursos económicos», matizó. «La comunidad autónoma en la actualidad está destinando unos recursos tanto propios como ajenos y es una de las cuatro que todos los años agota el conjunto de créditos que se destinan a Memoria Democrática. Como mínimo se seguirán destinando esos fondos», puntualizó.

Por otra parte, González Gago aclaró también que «el texto de memoria democrática es un texto en el que se viene trabajando por los dos partidos (PP y VOX) desde la conformación del gobierno regional». «Han participado en las negociaciones los grupos parlamentarios y han contado con la colaboración del gobierno autonómico porque es el que gestiona día a día este tipo de expedientes», agregó.

En la misma línea, el consejero de la Presidencia afirmó que las asociaciones en defensa de la Memoria Histórica están reconocidas a lo largo del articulado, así como su «interés público», además de que se crea un directorio oficial de las que actúan en Castilla y León. «Hay un reconocimiento total y absoluto de su participación en lo que se refiere a la Memoria Democrática y concordia», subrayó González Gago.

Igualmente, y acerca de las críticas por la ausencia de la palabra dictadura, el consejero opinó que «la importancia de las normas jurídicas está en su articulado». «Quizá estamos cargando mucho en la parte expositiva previa cuando es una ley que contiene 20 artículos», dijo, lo que supone que supera en cuatro al decreto vigente a día de hoy. «La parte expositiva no deja de ser la figuración del marco global», apostilló.