“El F-16 y los cálculos interesados del nacionalismo catalán”, de José Manuel Cansino; “EL PP reacciona al silencio de Sánchez: `Está acorralado; hoy es más sospechoso que nunca´”, de Marisa Cruz; “La principal asociación de jueces alerta a la Comisión Europea de los `ataques´ y críticas `furibundas´ al juez Peinado”, de Ricardo Coarasa; “Sánchez cae en su propia trampa ante al juez Peinado: un fallo garrafal por dos motivos”,de Benjamín López; y “Un año más de Sánchez: de la dictadura personal al despotismo conyugal”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 31)
EL F-16 Y LOS CÁLCULOS INTERESADOS DEL NACIONALISMO CATALÁN
Artículo de José Manuel Cansino publicado en El Debate el pasado día 31
Los cálculos de las balanzas fiscales han estado particularmente patrocinados por el nacionalismo catalán desde la década de los sesenta del siglo pasado. La cuestión de las balanzas fiscales regionales se aborda pertinazmente en España de manera incompleta. La razón es doble; estrechez de miras al analizarla sin conexión con el debate sobre la organización territorial del Estado y falta de información suficiente provista por el Ministerio de Hacienda. Así las cosas, las soluciones a esta cuestión recurrente, son insatisfactorias.
El economista Ángel de la Fuente acaba de publicar un análisis actualizado de la cuestión en la serie de apuntes de la Fundación Fedea. Sin duda es uno de los mejores conocedores de este asunto y él mismo señala que «la polémica sobre los saldos fiscales regionales sólo puede entenderse como un aspecto de un debate más amplio sobre la organización territorial del Estado». Así es pero, la mayor parte de los esfuerzos han estado orientados a verificar principalmente los cálculos de estas balanzas. Unos cálculos particularmente patrocinados por el nacionalismo catalán desde la década de los sesenta del siglo pasado.
Aquí, como en tantas otras cuestiones, los académicos españoles tardaron en desmontar los cálculos interesados del nacionalismo catalán permitiendo que calase hasta hace muy poco, el relato de «España nos roba». Un relato que propalaba un argumentario numéricamente cuantificado y aparentemente objetivo, que parecía avalar la tesis de que existía un reparto territorial inequitativo de los costes y beneficios ligados a la actuación del sector público. Un reparto injusto que lesionaba los intereses de los ciudadanos catalanes.
De entre las dos alternativas metodológicas para echar las cuentas de las relaciones financieras entre las administraciones autonómicas y la administración central, la de la carga-beneficio y el de flujo monetario, los estudios pro secesionistas han elegido mayoritariamente la segunda. Una metodología que imputa el beneficio social al lugar donde se realiza un determinado gasto.
El sesgo de esta metodología es inmediato como señala el propio de la Fuente con este ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la compra de un F-16 asignado a la base aérea de Zaragoza que patrulla por todo el espacio aéreo español? De acuerdo con el flujo monetario, este gasto se imputaría por entero a Aragón, pero es en Missouri donde se produce el avión y se genera, por tanto, empleo y renta. Sin embargo, está claro que los beneficiarios de sus servicios de defensa somos todos los españoles. En definitiva, aunque el gasto se realice en la base aérea de Zaragoza, es evidente que el beneficio se dispersa por territorios bien lejanos. Lo mismo ocurre con el apoyo público a una película cuya productora radica en Madrigal de las Altas Torres pero acaba ganado la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y viéndose en las plataformas digitales de buena parte del mundo.
Cataluña ocupa la posición que se espera con un déficit del 5 % del PIB
Pero más aún, el reparto territorial de cargas (en el sentido de esfuerzo fiscal) y beneficios del gasto público siempre debe ser necesariamente desigual si -como ocurre en España- el esfuerzo fiscal se distribuye en función de la capacidad de pago y ésta se reparte desigualmente. Por eso, cuando se realizan los ajustes para tener en cuenta la renta por habitante (o versiones más sofisticadas de esta idea), Cataluña ocupa la posición que se espera con un déficit del 5 % del PIB, a considerable distancia de las cifras patrocinadas por el secesionismo. Los territorios más ricos generalmente presentan déficits fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits. No ocurre así para todas las administraciones regionales españolas (es sistema requiere mejoras) pero sí es lo que sucede con Cataluña.
Trato privilegiado
Sobre lo anterior, el también economista Clemente Polo acaba de publicar en la revista Consejeros datos muy solventes del trato privilegiado que Cataluña recibió en el reparto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En términos porcentuales sobre el total de financiación suministrado, Cataluña recibió el 32,74 % mientras que el porcentaje de población catalana sobre la población de las quince autonomías de régimen común es tan sólo del 17,64 %. La conclusión a la que llega es que entre 2012 y 2024 el Estado ha suministrado a Cataluña una financiación por habitante muy superior al resto de regiones con un sistema de financiación similar salvo en el caso de Valencia.
Entre 2012 y 2024 el Estado ha suministrado a Cataluña una financiación por habitante muy superior al resto de regiones, salvo Valencia
Pero, como sosteníamos al principio, la cuestión de las balanzas fiscales se afronta de manera incompleta cuando se hace de forma desconexa del debate más amplio sobre la organización territorial del Estado. También cuando falta la información como la que durante un escaso periodo de tiempo ofreció el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas.
Una prueba de lo primero es la reivindicación conjunta que hicieron en presidente andaluz Moreno Bonilla y el entonces presidente valenciano Chimo Puig en septiembre de 2021. Una reivindicación que sólo tenía de bueno lo que de contrapeso supuso a las exigencias del secesionismo catalán. En lo demás, era la consabida máxima de que gobernar es gastar y gastar sin parar. Peor todavía resultaba cuando se leía con detenimiento el fundamento técnico de su propuesta de financiación autonómica. Ambos presidentes reivindicaron la capacidad para modular el IVA por parte de las Comunidades Autónomas, una capacidad de la que ni siquiera disponen los privilegiados territorios forales. De tenerse en cuenta la propuesta, tamaña barbaridad acabaría por distorsionar la ya dañada unidad de mercado interior estableciendo en la península tipos de IVA diferentes según regiones.
La lucha contra la pandemia y la más reciente crisis energética nos trajeron ejemplos de los beneficios derivados de la acción conjunta o concertada del sector público. Esos siguen siendo puntos de partida muy enriquecedores para rediseñar la organización territorial del Estado. Un rediseño que afiance la solidaridad entre españoles. No sólo fiscal, también la política de la que aquella es sólo una derivada lógica.
Artículo en: https://www.eldebate.com/economia/20240731/f16-calculos-interesados-nacionalismo-catalan_216419.html
EL PP REACCIONA AL SILENCIO DE SÁNCHEZ: «ESTÁ ACORRALADO; HOY ES MÁS SOSPECHOSO QUE NUNCA»
Artículo de Marisa Cruz publicado en El Mundo el pasado día 30
Última hora: Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez Peinado. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, afirma: «España no se merece un Gobierno que mienta, un Gobierno que robe».
El Partido Popular ha reaccionado de manera inmediata a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acogerse al derecho a no prestar declaración ante el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, ha dado por hecho que no su actitud, Sánchez demuestra que «está acorralado» y pone en evidencia que «hoy es más sospechoso que nunca».
Los populares admiten que la decisión de no declarar es un derecho al que puede acogerse cualquier ciudadano pero al que «nunca» debe aferrarse un cargo político porque contradice el compromiso de «transparencia» adquirido con la ciudadanía, más si cabe cuando se trata del presidente del Gobierno.
Para la dirección del PP, el silencio del presidente implica «reconocer que no tiene explicaciones» pese al argumentario ampliamente difundido por él mismo y por los ministros insistiendo en que tras la actividad profesional y los negocios de Begoña Gómez «no hay nada». El primer partido de la Cámara mantiene que «Sánchez y Gómez han convertido La Moncloa en un centro de negocios» y añaden que la «no colaboración» del presidente del Gobierno con la Justicia «le deja en muy mal lugar porque se pone en duda su calidad democrática».
En la cúpula del PP sostienen que con esta decisión el propio Sánchez se aboca cada día con más claridad a «tener que comparecer en la comisión de investigación del Senado». No obstante, afirman que esa comparecencia en ningún caso sería en agosto, el momento que, según fuentes del partido, sería el preferido por el presidente del Gobierno para que todo tuviera la menor repercusión posible.
Tellado, en una comparecencia ante la prensa en el Congreso, ha insistido en que Sánchez debía haber colaborado con la Justicia y «decir la verdad» y ha instado al presidente a «asumir que todos somos iguales ante la ley: él y Begoña Gómez, también».
«España», ha rematado el portavoz parlamentario, «no se merece un Gobierno que mienta, un Gobierno que robe».
Los populares exhiben dureza, además, contra los miembros del Gobierno y contra los portavoces del PSOE «por convertir al juez Peinado en objeto de cacería». «Mientras aseguran que en el caso de Gómez no hay nada que investigar y rechazan dar cualquier explicación, al juez le miran hasta el DNI» y culpan a Sánchez de haber convertido su gestión en «una mezcla de intereses públicos y privados».
LA PRINCIPAL ASOCIACIÓN DE JUECES ALERTA A LA COMISIÓN EUROPEA DE LOS «ATAQUES» Y CRÍTICAS «FURIBUNDAS» AL JUEZ PEINADO
Artículo de Ricardo Coarasa publicado en La Razón el pasado día 30
La APM insta al nuevo CGPJ a defender a los jueces «en su independencia» y afirma que no puede admitirse «el ataque personal» al magistrado. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha alertado por carga a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de los «ataques» y «críticas furibundas» al juez Juan Carlos Peinado por su investigación a Begoña Gómez por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La asociación que preside la magistrada María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid, insta además al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a defender la independencia de los jueces y a no permitir injerencias en su trabajo.
La defensa de Peinado se produce solo unas horas antes de que el magistrado tome mañana declaración como testigo a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, una citación que ha concitado duras críticas desde el Gobierno, ya no solo por la necesidad de la testifical en sí, sino también por la negativa del juez a que el presidente del Gobierno declare por escrito, como pretendía, al entender Peinado que tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa con el empresario Juan Carlos Barrabés en Moncloa no por su condición de jefe del Ejecutivo, sino como esposo de Begoña Gómez.
En esa misiva, el Comité Ejecutivo Nacional de la APM subraya que aunque las resoluciones judiciales están sujetas a crítica y la libertad de expresión «es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos», lo que está sucediendo en las últimas semanas «excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces, debiendo evitarse por parte del Ejecutivo y del Legislativo socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial».
Y recuerda que en esa misma línea se ha pronunciado la propia Comisión Europea en el informe sobre la situación del Estado de derecho en nuestro país que se dio a conocer la pasada semana.
La asociación judicial hace hincapié en que nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales -pudiendo interponerse por quienes son parte en el procedimiento los recursos que estimen oportunos si entienden que una resolución no es ajustada a Derecho-.
Pero lo que no cabe «ni puede admitirse en modo alguno», denuncia la APM «es el ataque personal al juez instructor, -incluso a su familia-, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que “aquí no hay nada de nada”, etc».
«Esperamos que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen», afirma la primera asociación judicial, que el CGPJ «cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia».
SÁNCHEZ CAE EN SU PROPIA TRAMPA ANTE AL JUEZ PEINADO: UN FALLO GARRAFAL POR DOS MOTIVOS
Artículo de Benjamín López publicado en ESdiario el pasado día 29
El presidente del Gobierno está reconociendo de manera implícita que lo que conocía de los negocios de Begoña Gómez lo sabía precisamente por su cargo.
Pedro Sánchez ha cometido un error estratégico garrafal al solicitar al juez Peinado, exigir más bien, que su declaración sea por escrito porque es su derecho como presidente del Gobierno. Aunque eso ha quedado descartado y la comparecencia será presencial, lo cierto es que el daño para sus intereses ya está hecho. Más allá de la imagen que traslada de tener muy pocas ganas de colaborar con la justicia, algo muy poco edificante siempre y más cuando se es presidente del Gobierno, su pretensión de contestar por escrito al juez conlleva un reconocimiento implícito de su grado de conocimiento de los negocios de su esposa que le compromete mucho.
Lo primero que hay que aclarar es que Pedro Sánchez no tiene derecho a declarar por escrito como testigo por el mero hecho de ser presidente del Gobierno. Solo se puede acoger a ese privilegio si las cuestiones sobre las que va a testificar las conoció en calidad de presidente del Gobierno. Si, por el contrario, son asuntos que conoce fruto de una actividad o una relación personal o un hecho que nada tenga que ver con su cargo, tendrá que declarar de manera presencial, si bien es el juez el que debe desplazarse hasta el despacho o el domicilio del jefe del Ejecutivo.
Eso es lo que establece con claridad la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) en sus artículos 412.2 y 413.3. Así que la cuestión no es si Pedro Sánchez es presidente del Gobierno 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, que evidentemente lo es, sino si los hechos concretos sobre los que le quiere preguntar el juez Peinado, los negocios de su esposa, los conoce como marido o como presidente.
La cuestión tiene un debate interesante, desde luego, pero también hay que dejar claro que Sánchez puede renunciar a su derecho a contestar por escrito, si es que le asiste, e incluso podría voluntariamente acudir a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar allí declaración. No lo tiene prohibido. Es más, aunque la ley le ofrece la posibilidad de no declarar cuándo el investigado es su familiar directo, como por ejemplo, su esposa o su hijo o su padre, también puede hacerlo si lo estima oportuno.
En todo caso, Sánchez se encuentra en un callejón sin salida o al menos de estrechas y difíciles salidas. Si pide declarar por escrito está reconociendo que lo que sabe de los negocios de su esposa lo conoce gracias a su cargo de presidente del Gobierno. Y eso es delicado porque implica que conocía las relaciones de Begoña Gómez con empresas como Barrabés, Globalia o con la Universidad Complutense desde su actividad como jefe del Ejecutivo. Y si eso es así, es un indicio más para pensar en que efectivamente hubo un presunto tráfico de influencias e incluso un posible delito de prevaricación por su parte.
Además, si el presidente del Gobierno se acoge finalmente a su derecho a no declarar, como cónyuge que es de la persona investigada, reforzará la idea de sus pocas ganas de colaborar con la justicia para esclarecer lo sucedido. Con eso tendrá que lidiar ante la opinión pública que probablemente no acaba de entender bien, al menos mayoritariamente no, que Pedro Sánchez y sus ministros se dediquen a descalificar al juez por atreverse a investigar a la “presidenta del Gobierno”, como la llamó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en un lapsus memorable.
Más bien la impresión hasta la fecha podría ser que Sánchez y sus acólitos están poniendo todo tipo de trabas a la investigación judicial. Que eso lo haga un ciudadano particular, mal, pero que lo haga el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia nada menos, es verdaderamente lamentable e irresponsable, como le ha recordado la Comisión Europea a Sánchez hace escasas fechas. «El daño a esta confianza en la Justicia es particularmente relevante cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales», afirma el comunicado emitido desde Bruselas.
La cuestión se complica cada vez más para Pedro Sánchez, víctima de una estrategia muy mal armada desde La Moncloa de la que ahora ya es muy difícil escabullirse. Y esta investigación tiene pinta de que va a ser larga, lo que supone un desgaste de meses para el Gobierno.
UN AÑO MÁS DE SÁNCHEZ: DE LA DICTADURA PERSONAL AL DESPOTISMO CONYUGAL
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 28
España sólo sería un Estado de derecho si se abstuviera de juzgar a su mujer, o sea, de juzgarlo a él, fiador de su virtud. Muchos análisis se han hecho al cumplirse el primer año de la II legislatura de Sánchez en el poder, y casi todos abundan en señalar la inestabilidad del Gobierno como rasgo definitorio. Y el mejor ejemplo fue la doble derrota parlamentaria sobre el techo de gasto y la ley de Extranjería, a manos del partido de Puigdemont, a quien las revelaciones sobre su sumisión a Moscú nos obligan a rebautizarlo Putimón.
Sólo a esta pandilla de cursis traidores se le ocurre pedir al genocida del Kremlin que financie la finalización de las obras de la Sagrada Familia para que las inaugure el Papa. Más fácil lo último que lo primero. Pero, ya puestos, y si les sobra dinero después de masacrar a tantos ucranianos, podían pagar las del Nou Camp, que cada vez se parecen más a las de la Sagrada Familia. Sinceramente, me asombra que Alfonso no se haya acordado de las obras del campo de Laporta, que si no llega a parecer camposanto es por su semejanza con un vertedero industrial. Pero entiendo que, para la Superliga, hasta un palitroque muerto viene bien.
La debilidad de estar profundamente enamorado
Si la doble derrota con que Sánchez celebró su aniversario pareció peor de lo que era, se debe a las muchas plumas que se ha dejado en la gatera en los últimos meses el inquilino de la Moncloa, ese «hombre profundamente enamorado«, en sus propias palabras, de una imputada por varios delitos. Y no por haberse casado mal, o desconocer las andanzas de su señora, sino porque todos los delitos que se imputan a su señora los ha cometido él. La única influencia con que ha podido traficar Begoña en estos últimos cinco años es la de estar casada con el presidente del Gobierno. Ni uno sólo de los vehementes indicios que han llevado al juez Peinado a llamarla a declarar como imputada tiene otro agarradero que su condición conyugal.
Es tan escandaloso el trasiego de fondos públicos a bolsillos privados, siempre los mismos, pasando por su marido, que Begoña ha dado al juez como lugar de trabajo, repito, lugar de trabajo, el palacio de la Moncloa. Un poco más y dice «la alcoba conyugal». O la cocina, rodillo incluido.
¿Qué efectos deletéreos ha producido en el comportamiento político del presidente su enamorada condición? La de tratar los problemas de Begoña como asuntos de Estado, haberla convertido en institución y señalar los descalabros de su imagen personal como atentados contra la democracia. Y, por tanto, que sólo los enemigos de la Libertad podían atacar a su símbolo.
Lo que pasa es que ni Begoña es un símbolo de la libertad, ni tiene rango de institución como cónyuge del presidente del Gobierno —de hecho, Sánchez se ha negado a debatir en las Cortes ese estatuto, como pide casi toda la Oposición—, ni tampoco ha demostrado ser capaz de afrontar un juicio como millones de españoles hacen una o varias veces en la vida. Sus dos comparecencias ante el juez Peinado han supuesto escandalosos alardes bolivarianos de la policía de Marlaska, con la rendición de la decana de los juzgados de Plaza de Castilla.
María Jesús del Barco, que le dejó entrar por el garaje, pero no evitó atropellos como la expulsión de los periodistas de la puerta por la que no iba a pasar. Todo el aparato del Estado se puso a los pies de la «presidenta» en el Gobierno. ¡Para, al final, decir «no diré nada»!
Un abogado de Sánchez, no de Begoña
El desgaste de Sánchez en todo este asunto ha radicado precisamente en la identificación de la suerte de su señora con la suya, y no como marido sino como presidente del Gobierno. Desde la grotesca carta a la ciudadanía y los cinco días de meditación, en los que más tarde confesó que no meditó nada, Sánchez puso todos los resortes de poder a su alcance, legales o no, al servicio de una apuesta: si Begoña es juzgada, la culpa es del juzgador o del juicio mismo. ¿Y por qué? Muchos ciudadanos son llamados a declarar como testigos o imputados y de eso no se deduce que sean culpables, sino que hay una denuncia y el juez cree que hay que investigar lo denunciado. No menos, pero tampoco más. Si llega a juicio, habrá que ver la sentencia, y, si es condenatoria, cabe recurrir esa condena en instancias judiciales superiores, tanto españolas como europeas. ¡Será por garantías!
¿A qué viene, entonces, una estrategia procesal que se lo juega todo a descalificar radicalmente al juez ante la sociedad, acusándolo de prevaricar, cuando la opinión pública está viendo a diario pruebas y más pruebas acusatorias? Desde su primera epístola a los adefesios, Sánchez se empeña en identificar la responsabilidad de Begoña con la suya propia. España sólo sería un Estado de derecho si se abstuviera de juzgar a su mujer, o sea, de juzgarlo a él, fiador de su virtud. Pero, así, él se convierte en cómplice de los posibles delitos pasados y de los obstáculos que encuentre la Justicia, o sea, que ponga él para no pagar por los delitos de ambos. Y a esa ruleta rusa lo ha apostado todo: la inocencia de su mujer y la decencia de su Gobierno. El resultado es que su señora parece culpable; y él, más culpable todavía.
La tesis brillantemente sostenida en LD por Emilio Campmany es que el error básico en esta estrategia de defensa es que el abogado no lo ha sido de Begoña, sino de Sánchez, y eso sólo puede ser, está siendo, malo para ella. Rigurosamente cierto.
Pero, ¿puede un proyecto de dictadura personal, como el que revelan la sentencia del Constitucional amnistiando a los condenados de los ERE o el comportamiento del fiscal general del Estado, tras la revelación de secretos en el caso que le montó al novio de Ayuso o en su empeño en desafiar las sentencias del Supremo, insistiendo en la cacicada en favor de Dolores Delgado, renunciar al despotismo conyugal?
La respuesta, evidentemente, es no. El narcisismo patológico no distingue lo íntimo de lo propio. Sobre todo, cuando todo lo propio se ha volcado en apropiarse de todo lo ajeno. Estamos ante un caso de robo al por mayor. Y para el que se atreve a asaltar el Estado, estas raterías sólo son menudencias.
Artículo en: https://www.libertaddigital.com/opinion/2024-07-28/federico-jimenez-losantos-un-ano-mas-de-sanchez-de-la-dictadura-personal-al-despotismo-conyugal-7150974/
