“Portugal quiere erigirse como el ‘paraíso fiscal’ de los jóvenes para frenar la fuga de talento”, de elEconomista.es; “Nuevo varapalo a Sánchez por negarse a detallar sus reuniones con Barrabés”, de Antonio R. Naranjo; “El Parlament vota por primera vez el cupo catalán para examinar a Puigdemont: `O está con el concierto o con el expolio fiscal´”, de Víctor Mondelo; y “El Gobierno se revuelve contra el «giro social» del PP”, de Rocío Esteban
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 10)
PORTUGAL QUIERE ERIGIRSE COMO EL ‘PARAÍSO FISCAL’ DE LOS JÓVENES PARA FRENAR LA FUGA DE TALENTO
Artículo de elEconomista.es publicado en su web el pasado día 11
Propone exenciones fiscales durante los 10 primeros años de carrera. Durante el primer año los menores de 35 no pagarían impuestos a la renta. La exención iría disminuyendo paulatinamente desde el 75% del segundo año.
Portugal quiere aprovechar la tramitación de los Presupuestos para acabar con la fuga de talento joven. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, quiere convertir al país en un ‘paraíso fiscal’ para jóvenes implantando una década de exenciones fiscales que sea tan atractiva como para que se queden en vez de ir a buscar empleos mejor remunerados a otros países.
El proyecto final del Presupuesto para 2025 fue apoyado ayer por el Gobierno en minoría que encabeza el conservador Montenegro y comienza hoy una tramitación parlamentaria que, de momento, no ofrece garantía de éxito de cara a la votación del 29 de noviembre; son los socialistas los que tendrán la llave si se abstienen o votan a favor y es con ellos con quienes el ejecutivo lleva semanas negociando.
Una de las medidas consensuadas con el Partido Socialista (PS) es precisamente la que implica cambios fiscales para menores de 35 años para revertir el flujo migratorio de jóvenes que abandonan una de las economías más pobres de Europa occidental en busca de empleos mejor remunerados en el extranjero. En concreto, los jóvenes no pagarían impuestos sobre la renta durante su primer año de trabajo y tendrían una exención del 75% del impuesto entre el segundo y el cuarto año, del 50% del quinto al séptimo y del 25% del octavo al décimo año.
El acuerdo ha llegado a un punto intermedio sobre las bases iniciales y finalmente se aplicarán exenciones fiscales durante los primeros 10 años de carrera profesional, frente a los 13 que quería el Ejecutivo y los siete por los que apostaban los socialistas.
La medida se enmarca en un contexto económico especialmente complicado para los jóvenes por la convivencia de altos impuestos, bajos salarios y unos precios de la vivienda por las nubes. Lo cierto es que el plan tiene pocos precedentes en la política fiscal de otros países y no es visto con buenos ojos por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que duda de los incentivos fiscales para los jóvenes y considera «incierto» el impacto sobre la emigración que puedan tener las tasas impositivas preferenciales basadas en la edad.
El anterior gobierno socialista, que perdió las elecciones este año, ya introdujo exenciones fiscales para los jóvenes, pero sólo podían acceder a ellas los graduados universitarios.
Ese acuerdo entre el Ejecutivo conservador y los socialistas no asegura, sin embargo, que los Presupuestos salgan adelante ya que hay otros flecos sueltos, especialmente el referente al impuesto de sociedades, que el Gobierno quiere reducir pero los socialistas se oponen.
Montenegro afirmó este martes, en una entrevista en la cadena SIC, que no va a aceptar la exigencia del PS de que no haya una bajada del IRC en los presupuestos posteriores a los de 2025. Finalmente, el borrador contempla, aseguró, «todas las bases de negociación» que han tenido con los socialistas, como la reducción de un punto porcentual de la tasa de IRC para este año, la mitad de lo que el Gobierno había propuesto inicialmente.
NUEVO VARAPALO A SÁNCHEZ POR NEGARSE A DETALLAR SUS REUNIONES CON BARRABÉS
Artículo de Antonio R. Naranjo publicado en El Debate el pasado día 9
El Consejo de Transparencia le requiere para desvelar sus encuentros con el socio de Begoña Gómez, tras incumplir sus órdenes iniciales y negar ante el juez que lo conociera a pesar de que el empresario confesó sus encuentros en Moncloa.
Pedro Sánchez no quiere que se sepa cuántas veces se vio con el empresario Carlos Barrabés, asociado de la «cátedra» de su esposa, Begoña Gómez, y receptor de adjudicaciones millonarias del Gobierno que ahora son objeto de investigación judicial con el respaldo de la Audiencia Provincial.
La resistencia del presidente del Gobierno a cumplir las órdenes que ya recibió del Consejo de Transparencia es tal que, en una nueva resolución a la que ha accedido El Debate, se confirma que ha tenido que requerirle de nuevo para que dé «cumplimiento a lo señalado» y confiese sus encuentros con uno de los nombres clave del caso que tiene a su propia esposa al borde del banquillo por delitos de tráfico de influencia.
El anómalo comportamiento de Sánchez coincide con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener abierta la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez, en una causa en la que también aparece como investigado el propio Barrabés, que confesó en haber visto en alguna ocasión al presidente del Gobierno en compañía de su esposa, a pesar de que el líder del PSOE negó conocerle en su breve declaración ante el magistrado.
Ahora, el Consejo de Transparencia se ve obligado a dirigirse directamente al presidente para recordarle sus obligaciones de explicar cuándo y cuántas veces se vio con el citado empresario, beneficiario de adjudicaciones millonarias de distintos Ministerios del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes desde que entabló relaciones con Begoña Gómez.
En concreto, el organismo ha girado un oficio para que el Ejecutivo cumpla con la resolución previa que ya le obligaba a desvelar esas reuniones, en una resolución con número de serie R1032/2024 que ratifica las órdenes previas y le exige que deje de esconder una información relevante. La defensa legal de este periódico acudirá a los tribunales para defender el derecho a la información en el caso de que se repita el incumplimiento, tal y como hizo con éxito en el caso de la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Sánchez se niega a explicar cuántas veces vio y para qué a Barrabés y dijo no conocerle pese a haberle ensalzado antes en público
Los encuentros del presidente con Barrabés, confirmados por éste, coinciden con los que la propia Gómez mantuvo en La Moncloa con el rector de la Universidad Complutense, tras los cuales se creó una «cátedra» de Transición Social Competitiva con el mismo nombre con el que luego fundó una empresa privada hoy bajo sospecha por explotar un software financiado por la institución académica y hasta tres multinacionales.
Sánchez dijo no conocer a Barrabés cuando prestó declaración como testigo ante Peinado, en un tenso interrogatorio, pese a que el empresario sí reconoció encuentros con él y el propio presidente del Gobierno ensalzó en público, tiempo atrás, las excelencias de su corporación.
«El Grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque (Huesca) y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo», dijo el secretario general del PSOE en Zaragoza, un 22 de enero de 2021.
La insurgencia de Sánchez hacia resoluciones legalmente vinculantes se parece a la que él mismo protagonizó para esconder el uso del Falcon, saldada con una reprimenda de la Audiencia Nacional, y la de Yolanda Díaz para ocultar sus gastos en viajes, restaurantes y hoteles, resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a instancias de El Debate, que obligó a la vicepresidenta a confesar que gastó más de 44.000 euros, en un solo año, en esas controvertidas excursiones.
La desobediencia de Sánchez le llevó a desatender el mandato de remitir la relación de «visitas oficiales mantenidas en el Palacio de la Moncloa por Doña Begoña Gómez con Carlos Barrabés; con el CEO y/o personal directivo de Globalia; y con personal perteneciente a la cátedra del Instituto Empresa desde el año 2019 hasta la actualidad».
Del mismo modo, tampoco ha aclarado la cantidad de reuniones que han tenido lugar en la sede de la Presidencia con el rector de la UCM, Carlos Goyache, otro de los imputados en la causa que, en sede judicial, manifestó que fue la secretaria de Begoña Gómez la que le citó en La Moncloa para mantener una reunión con la esposa del presidente y abordar la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
Día negro para los Sánchez
El varapalo personal a Sánchez se suma al sufrido por su esposa, objeto de una investigación judicial que no han podido detener ni las presiones corales del Gobierno, con hasta cuatro ministros acusándole poco menos de prevaricación, ni las querellas al juez Peinado presentadas por el matrimonio ni el llamativo apoyo de la Fiscalía a sus intereses.
Gómez seguirá bajo investigación judicial por sus actividades bajo el paraguas de una cátedra que consiguió pese a no ser licenciada, no acreditar méritos y carecer de control durante sus primeros cursos. La sospecha de que la utilizó para generar negocio a quienes a su vez se asociaban a ella está en el eje de las pesquisas, solventadas por su marido con una desaparición inicial y, a continuación, con la elaboración de un «Plan de Regeneración de la Democracia» destinado a consolidar sus ataques a la justicia y a la prensa.
Artículo en: https://www.eldebate.com/espana/20241009/nuevo-varapalo-sanchez-negarse-detallar-reuniones-barrabes_234146.html
EL PARLAMENT VOTA POR PRIMERA VEZ EL CUPO CATALÁN PARA EXAMINAR A PUIGDEMONT: «O ESTÁ CON EL CONCIERTO O CON EL EXPOLIO FISCAL»
Artículo de Víctor Mondelo publicado en El Mundo el pasado día 8
Junts se decanta por rechazar la financiación tal y como fue pactada entre ERC y Sánchez. ERC quiere convertir el Debate de Política General, que el Parlament acoge entre hoy y el jueves y que marcará el verdadero arranque de la legislatura catalana, en una encerrona para testar el grado de compromiso de Salvador Illa con el despliegue del concierto económico y para obligar a Junts a expresar, formalmente, su respaldo o rechazo al acuerdo suscrito entre los republicanos y los socialistas para conducir a Cataluña a la «plena soberanía fiscal».
La formación comandada por Marta Rovira presentará una resolución sobre el cupo catalán que forzará a los neoconvergentes a posicionarse públicamente ante la Cámara. Aunque el resultado de la votación no será vinculante, sí permitirá medir las posibilidades de que el partido de Carles Puigdemont acabe apoyando la salida de Cataluña del régimen común de financiación, según las condiciones acordadas entre ERC y el PSC, cuando el asunto salte al Congreso. Entonces, los votos de Junts resultarán determinantes para armar una mayoría suficiente que permita modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), requisito imprescindible para que el cupo catalán pase de promesa a realidad.
«O Junts está con el concierto o con el expolio fiscal», sintetizan fuentes de ERC, para evidenciar la incómoda disyuntiva que pretenden plantearle a la formación heredera de Convergència, que se encuentra volcada en diluir el pacto alcanzado entre los republicanos y los socialistas desde el mismo día en que fue anunciado.
«No puede ser que quien se define como independentista renuncie a mejoras para Cataluña», sostuvo ayer la portavoz de ERC, Marta Vilalta, para empezar a caldear un pulso que se resolverá el jueves por la tarde, cuando las iniciativas de los grupos sean sometidas a debate y votación.
Por el momento, Junts exuda la misma frialdad que ha venido exhibiendo en los últimos meses. «Veremos si ERC presenta realmente quitarnos de la Lofca y llevarnos a la soberanía fiscal», repuso ayer el secretario general de los neoconvergentes. Un Jordi Turull que semanas atrás fijó como condición indispensable para que la nueva financiación catalana cuente con su concurso que sea Cataluña quien decida, unilateralmente, la cuota de solidaridad que transferirá al Estado una vez recaudados todos los impuestos.
«ERC conoce perfectamente nuestro posicionamiento. No será sorpresa para nadie», prosiguió Turull, con la evidente intención de allanar el terreno a su eventual negativa a la «financiación singular» defendida por los republicanos.
Las limitaciones a la transferencia competencial fijadas recientemente por el Gobierno facilitarán que Junts se desmarque. Que la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, sólo se comprometa a traspasar a la Generalitat la capacidad de recaudar el IRPF y señale que cualquier otro avance deberá ser negociado respalda la tesis neoconvergente, que niega que ERC haya logrado realmente el concierto y sitúa la negociación en el extranjero que Junts mantiene con el PSOE como el foro en el que el cupo acabará acordándose en un futuro indeterminado.
Los republicanos encajaron y replicaron con disgusto las palabras de Montero, y ahora buscan probar ante la opinión pública que el pacto con los socialistas continúa vigente. «Perseguimos una mayoría valiente, que vaya desde el PSC hasta Junts», aducen desde ERC, conscientes de que recabar el beneplácito de Puigdemont roza lo imposible, pero ávidos por arrancar a Illa un contundente espaldarazo al concierto que permita atajar las especulaciones sobre el fracaso de la medida más relevante de las convenidas con el socialista a cambio de su investidura.
El presidente de la Generalitat está dispuesto a escenificar ese entendimiento renovado con el partido independentista que le precedió en el cargo, pero buscará obtener algún rédito instando a los republicanos y a los comunes a estabilizar su alianza y extenderla al resto de la legislatura para garantizar que, tanto la nueva financiación, como el resto de medidas incluidas en el pacto de investidura cuenten con garantías de desarrollarse.
En este sentido, cabe recordar que Illa se comprometió a impulsar una «Convención Nacional para la resolución del conflicto político», que dependerá del Parlament y que permitirá a los independentistas plantear nuevas vías para conquistar la secesión, con el referéndum como última meta.
Illa, que abrirá el Debate de Política General esta tarde con su intervención, también vinculará la aplicación de los planes sociales ideados junto a ERC y los comunes a la aprobación de los primeros Presupuestos del mandato, que el Govern del PSC ambiciona tener aprobados el próximo 1 de enero.
En su réplica, que llegará el miércoles, ERC insistirá en la necesidad de acompasar el avance del concierto económico con la negociación de las cuentas autonómicas. Una posición de amenaza que los republicanos ostentarán prometiendo una «vigilancia constante» al Govern.
El referéndum, también presente
ERC ha decidido que también presentará en el Parlament una propuesta sobre su voluntad de celebrar un referéndum independentista en Cataluña. Lo hará sin haber acordado su resolución previamente con Junts y la CUP. Con los ultras de Aliança Catalana se niega a negociar.
Su aprobación se antoja imposible, dado que no existe mayoría separatista en la Cámara y que el umbral de 68 diputados no se alcanzaría ni añadiendo a la propuesta el respaldo de los ‘comunes’, partidarios de una votación de este tipo.
Los republicanos aseguran que mantendrán su iniciativa y la someterán a votación de todos modos, para evidenciar que siguen apostando por pactar con el Gobierno un referéndum.
Artículo en: https://www.elmundo.es/cataluna/2024/10/08/67041cf0fc6c8394198b45bb.html
EL GOBIERNO SE REVUELVE CONTRA EL «GIRO SOCIAL» DEL PP
Artículo de Rocío, Esteban publicado en La Razón el pasado día 7
El Gobierno tiene un suelo electoral rocoso. Una masa de votantes que puede fluctuar, entre el PSOE y Sumar, en función de lo convincente que sea la llamada al «voto útil» por parte de Pedro Sánchez, pero que, en esencia, ha creado un muro hasta ahora infranqueable, cimentado en las políticas y los derechos sociales. El PP lo ha entendido y, más allá del encendido discurso territorial –para dar la batalla contra la amnistía o la financiación autonómica a medida para Cataluña– sabe que donde verdaderamente puede asestar la estocada final al Ejecutivo es en este flanco. Es en este electorado donde están los votos que le faltan para apuntalar el vuelco.
En Moncloa también lo saben. Son plenamente conscientes de que, si Alberto Núñez Feijóo no es presidente hoy, pese a ganar las elecciones el 23J, es porque la «alerta antifascista» que desplegaron contra su alianza con Vox volvió a surtir efecto. Sobre todo, entre el colectivo LGTBiQ+ y las mujeres, que percibieron un riesgo real de retroceso en derechos si los de Santiago Abascal tenían cierta influencia en la agenda. En este punto, el «giro social» del PP se ha visto con más temor que escepticismo por parte del PSOE. Los socialistas se revuelven- derechos sociales- que hasta ahora habían explotado en exclusividad y que consideraban patrimonio de la izquierda.
Esto, pese a que algunas de las iniciativas que ha presentado el PP sean calcadas a las suyas, como el aumento de los permisos de maternidad y paternidad de las 16 a las 20 semanas. En este punto, desde el Gobierno se critica la «falta de credibilidad» del PP y se avanza que no se apoyará ninguna de estas medidas, pese a que la esencia sea compartida. El partidismo pesa más que el avance social. «No vamos a contribuir a este lavado de cara que quieren hacerse», apuntan fuentes socialistas, invitando a apoyar las propuestas que, en este sentido, eleve el Ejecutivo. El grueso de este tipo de medidas, el Gobierno las reserva para la aprobación de los Presupuestos –en los que no contará con el voto favorable del PP–. Entre ella, la retribución de cuatro de las ocho semanas por cuidado del menor, que el Ejecutivo todavía tiene pendiente aprobar con la consiguiente multa que Europa ya ha impuesto por el incumplimiento.
Si bien en la parte socialista del Gobierno, el PP solo ha encontrado reproches, en el ala minoritaria cuenta con aceptación la nueva senda que exploran los populares. Sumar todavía muestra síntomas de máxima debilidad al no conseguir la unidad en su espacio y en medio de su proceso de reconfiguración tras la «dimisión» de Yolanda Díaz, que el PP abrace algunas de las banderas más sociales y que las saque a la palestra es una suerte de alineación de los astros para ellos. Es por eso que Sumar, al contrario que el Gobierno, no saldrá a replicar a Feijóo. «No hay que salir a golpearlos con esto, sino a confrontar modelos», advierten desde el partido, donde han ordenado ya esta estrategia.
En el partido reconocen que ese «giro social» de Feijóo les abre una oportunidad para debatir y mostrarse fuertes después de un inicio de la legislatura en la que el protagonismo tan solo lo tenía Sánchez y Junts por la aprobación de la Ley de la Amnistía. «La agenda ahora nos favorece», explica una fuente del partido. «Estamos comodísimos», explican con el marco actual, en medio del debate sobre la jornada laboral y la aplicación de la Ley de Vivienda, dos asuntos en los que el PP ha presentado iniciativas la pasada semana.
De hecho, en la Ejecutiva de Sumar del pasado lunes, el partido «celebró» la propuesta de conciliación del PP porque les permite «que el debate» gire entorno a medidas que Sumar ha defendido y que ahora mismo están en proceso de negociación con los sindicatos y la patronal. «El PP baila al ritmo de nuestra música. Todavía no se sabe bien los pasos, pero es una magnífica noticia que los populares entren a hacer propuestas en este terreno aunque las aborden desde modelos contrapuestos a los de Sumar», celebró esta semana el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón. Aun así, en el partido no se fían de este «giro» popular . La propia Díaz retó a Feijóo a «demostrarlo cumpliendo» con la Ley de Vivienda en las comunidades en las que gobierna el PP. Otra cuestión con la que Sumar busca diferenciarse en Moncloa en medio del clamor social ante la subida de los precios del alquiler. En el partido fucsia advierten de que esta problemática puede «cargarse al Gobierno» y por ello han situado en el foco a la ministra de Vivienda a la que acusan de «inacción». Este sábado secundarán la manifestación por la Vivienda.
En el partido creen que han empezado el curso «más ordenados» que antes del verano y con iniciativas de su lado. Y es que el primer semestre del año con el calendario electoral, acabó comiéndose cualquier propuesta legislativa y su propia debacle les acabó por sentenciar.
