“La `cuestión de escasa relevancia´ que puede acabar con la carrera de García Ortiz”, de Casimiro García-Abadillo ; “Felipe González lanza un órdago a Sánchez: `Estoy a favor de lo que propone el PSOE y no hace el Gobierno´”, de Christian Dos Santos; “Nadie la ve pero está ahí: la danza sucesoria del sanchismo”, de Michael Viperino; y “Carrera sin frenos en los tribunales”, de Lola García
(“Con el agua al cuello”. Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 10)
LA «CUESTIÓN DE ESCASA RELEVANCIA» QUE PUEDE ACABAR CON LA CARRERA DE GARCÍA ORTIZ
Artículo de Casimiro García-Abadillo publicado en El Independiente el pasado día 10
Un tema menor ha sentado al fiscal general del Estado en el banquillo. El auto del juez instructor de la causa contra Álvaro García Ortiz hace hincapié en ese aspecto: «una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había partido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal» fue la clave para la comisión de un posible delito de revelación de secreto. ¿Fue el fiscal el que ofreció la conformidad penal o fue el abogado del novio de Díaz Ayuso quien dio ese paso?
Si estuviéramos ante un procedimiento normal, esa cuestión sería insignificante. Pero la clave en este proceso es que el infractor es precisamente el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Era importante saber quién había ofrecido el acuerdo porque «había que ganar el relato» de que Alberto González Amador era un defraudador fiscal «confeso». Lo que, en la mentalidad retorcida de quien impulsara la batalla por «ganar el relato», dejaba manchada a Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva años enfrentada al presidente del Gobierno, quien la considera como la enemiga número uno dentro del PP. Si no hubiera existido esa contaminación política, a García Ortiz el asunto no le hubiera importado un bledo. Menos aún ganar el relato.
Por eso, aunque en el auto se omite aquella afirmación que sí figuraba en su escrito de junio, como es que la carrera por «ganar el relato» se puso en marcha «a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno», parece lógico pensar que el fiscal general no se metió en este berenjenal sólo por el sano impulso de que brillara la verdad. Como bien recuerda el Tribunal de Apelación en su auto del 29 de julio: «Para realizar la réplica informativa -a una información publicada por El Mundo- no era preciso revelar información reservada. No se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto».
La composición de la Sala que juzgará al fiscal general augura un intenso debate. El caso está en buenas manos
Para «ganar el relato», en «una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado», se filtró a un medio de comunicación (la Cadena Ser) el texto de un correo enviado por el abogado del novio de Ayuso al fiscal que llevaba su caso. Eso es un delito de revelación de secreto como la copa de un pino, como saben muy bien García Ortiz y Juan Lobato. Incluso aunque la causa -esa es la tesis del gobierno- fuese justa.
No se ha podido demostrar que fuera García Ortiz el que dio la orden directa de filtrar ese correo, pero juega en su contra el hecho muy significativo de que borrase todos los mails de su teléfono móvil. Como apuntó la Sala de Apelación en su escrito: el borrado de los correos electrónicos «es un potente contra indicio» de la inocencia del fiscal general.
La causa, politizada desde el primer día, continuará siendo política cuando la Sala del Supremo abra el juicio oral y, finalmente, dicte sentencia. En una actuación preventiva, el gobierno ya ha dicho a varios periodistas of the record que la elevada fianza impuesta a García Ortiz es la prueba de que este es un juicio político. Algunos medios no han dudado en situar a Ángel Hurtado en el seno de la «fachosfera».
Pero las cosas no son tan simples. La sala de siete magistrados que tendrá que decidir si declara a García Ortiz inocente o culpable (la pena máxima sería de seis años de prisión) augura un intenso debate. Hay jueces claramente progresistas (como Ana Ferrer o Susana Polo), con gran capacidad y experiencia, que expondrán sus dudas, si es que las tienen, sobre la posible condena al fiscal general. Para Andrés Martínez Arrieta -un hombre que no tiene un marcado perfil ideológico- será una prueba de fuego como recién nombrado presidente de la Sala Segunda. Por su parte, Manuel Marchena, su antecesor en el cargo, tendrá que poner a prueba su auctoritas para intentar una sentencia respaldada, si no por todos, sí por una mayoría clara de magistrados. En fin, que pese a que habrá una valoración política de la sentencia, el caso está en buenas manos.
FELIPE GONZÁLEZ LANZA UN ÓRDAGO A SÁNCHEZ: «ESTOY A FAVOR DE LO QUE PROPONE EL PSOE Y NO HACE EL GOBIERNO»
Artículo de Christian Dos Santos publicado en La Razón el pasado día 9
El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha intervenido esta mañana en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, donde ha repasado la actualidad política de cara al inicio del curso político y judicial.
En este sentido, como viene siendo habitual, el expresidente socialista ha lanzado un órdago al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que si él estuviese en su situación actual -sin Presupuestos Generales del Estado- ya habría convocado elecciones. «Si yo me viera en esa situación, sin Presupuestos, indudablemente convocaría elecciones», ha sentenciado.
Además, el histórico socialista ha repasado los cambios de opinión del secretario general del PSOE, al que ha lanzado un mensaje: «Yo estoy de acuerdo con lo que propone el PSOE y no hace el Gobierno», matizando así que no está de acuerdo con las políticas del Ejecutivo actual. Aunque ha hecho un especial énfasis en la cuestión independentista, tema sobre el que ha asegurado que, él fue «partidario de los indultos» pero «no de la amnistía», y que en este sentido fue el Gobierno quién cambió su parecer al respecto.
A colación de la cuestión independentista, González ha reconocido que «no le gustó nada» la fotografía del encuentro entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont.
«No me gustó tener la sensación de que Illa iba de correveidile a ver a Puigdemont», ha aseverado González, mientras ha asegurado que no entiende cómo el socialista se prestó a tal cuestión y ha pedido que explique a los catalanes sobre lo que habló con Puigdemont. No obstante, ha reconocido que «no hay duda» de que el encuentro con el independentista fue una petición del presidente Sánchez que le trasladó durante la visita de Illa a La Mareta en verano.
Felipe González también se ha referido a la apertura del año judicial, que estuvo marcado por la polémica de la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por la ausencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,
En este sentido, González ha defendido la actuación de García Ortiz de acudir al acto, pues a su juicio, «no hay ninguna norma que le impidiese estar», puesto que «si sigue en esta función, la anomalía sería que no hubiese ido». Sin embargo, su parecer ha sido distinto con la ausencia de Núñez Feijóo, de quién ha señalado que, pese a que no exista un mandato consitucional para que asistiese al acto, fue «una anomalía» su ausencia.
Por otro lado, con respecto al paquete de medidas contra el genocidio en Gaza anunciado ayer por el presidente del Gobierno, González ha reconocido que «es lo mismo que se propuso hace dos años» y que «lo único que cambia es la calificación de genocidio». Todo ello mientras ha mantenido que él no rompería relaciones diplomáticas con el Estado israelí, pese a que «es intolerable» lo que está ocurriendo con Palestina.
NADIE LA VE PERO ESTÁ AHÍ: LA DANZA SUCESORIA DEL SANCHISMO
Artículo de Michael Viperino publicado en Vozpópuli el pasado día 8
Hace un tiempo había una teoría. Cuando Pedro Sánchez caiga, el PSOE será un solar y un partido tan necesitado de liderazgo, que sólo Sánchez podrá sucederse a sí mismo. Su cruel proceso de laminaciones, los que quedan en el camino por corrupción, el desprecio a los socialdemócratas clásicos, la huida de la moderación, el muro… Únicamente Sánchez y sus incondicionales quedarán en pie. El resto, habrá sido enterrado en vida. Esa teoría añadía que si pierde las próximas elecciones de 2027, Sánchez seguiría como secretario general del PSOE, pasaría a liderar una oposición drásticamente destructiva e incendiaría la calle contra la alternancia política. No habría ni un segundo de tregua en una legislatura corta del PP, inestable y convulsa, y se darían las condiciones necesarias para regresar a la presidencia del Gobierno.
Hoy esa teoría de perder para continuar y después ganar de nuevo ha decaído. En el PSOE cunde esa neurosis propia de los fines de ciclo. Sánchez tiene abandonados a los cuadros medios, no cultiva las agrupaciones desde su clausura en La Moncloa y ha atemorizado a alcaldes, concejales o miembros de diputaciones que aún no se han repuesto de la mayor pérdida de poder local y autonómico… La sucesión es el elefante en la habitación, aquello de lo que nadie habla, pero que está ahí, camuflado en la falsa mitología de que Sánchez es inmune a todo y a todos. Las danzas de apareamiento preparatorias de la sucesión aún no son visibles, pero nadie en su sano juicio con aspiraciones puede dejar de pensar en lo evidente. El visible deterioro de Sánchez, el rechazo social que genera, su irrelevancia internacional y su imagen de pobre mendicante del separatismo son irreversibles.
La única evidencia posible es que si alguien sucede a Sánchez -en algún momento ocurrirá- será sanchista. No es imaginable en este un PSOE un giro al pasado ni a la lógica. No existirá un retorno, ni siquiera emocional. Ahí está Salvador Illa, enviado especial de Sánchez a preparar el regreso de Puigdemont a España. Un presidente legítimo de la Generalitat catalana, arrobado ante un presidente que dice serlo también, pero en su falso exilio. Insólito. Agasajando a un huido. Dos siesos demostrando que jamás serán animadores de piscina en un crucero rumbo a Copacabana. Illa viajó a Bruselas con la desgana con la que Fernando Simón nos dijo que las almendras provocan tos. Participó en 2017 en las manifestaciones contra el golpe de Puigdemont, admitió que la amnistía era ilegal, participó de un sanchismo que prometió traer al fugado detenido, y fue artífice de la intervención del Estado en Cataluña, vía artículo 155. Hoy, en cambio, anda de risitas fingidas con un prófugo, desairando el discurso del Rey en 2017, desautorizando al Tribunal Supremo, y abrazado al tole tole de la “normalización” porque “el diálogo es el motor de la democracia”. La clave es que Illa ya sabe que si un día sucediese a Sánchez, ya tiene su propia ”foto con narco”. O sea, otro sacrificio deliberado de un peón.
¿Óscar Puente aspira? Sepa Dios. Pero lo parece. Se coloca, trastea sibilinamente en el PSOE, hace ruido para enfervorecer a su parroquia, va de azote con látigo y elude la gestión que le desgasta. Es más, ironiza con ella y nos inunda las estaciones con un “Disculpen las mejoras”. No es broma. Lo cierto es que no parece estar demasiado indignado por que los trenes no funcionen y se limita a exigir resignación. No está en la gestión, sino en forjar una imagen de dóberman implacable y desacomplejado que agrada a la militancia para rebañar liderazgo por si sonase la flauta. Sanchista de primera generación, mimético a Sánchez, no pide perdón por los errores. Se regodea en ellos y exige a los viajeros claudicación. Lo relevante en su baza es sacudir porque además cree tener opciones y no lo oculta.
Hace tiempo que Félix Bolaños dejó de ser aquel cerebrito de La Moncloa, ese einstein en segundo plano que nos vendieron como el jurista al que el Estado le cabía entero en la cabeza. Como a Fraga. Medró, llegó a ministro, enredó, manejó y pronto se obnubiló con la magia de los focos y los canutazos periodísticos. Y se gustó. Mandaba, decidía, influía y su ego crecía. Hoy está fallando al jefe. No ha podido cumplir -de momento- la orden de dar un vuelco ideológico a la Justicia en España desguazando su estructura. Le ha pasado como a Carmen Calvo, hoy premiada con la presidencia del Consejo de Estado como consuelo. Calvo recibió la orden de que el TC jamás sentenciase como inconstitucional el estado de alarma aprobado en la pandemia. Pero sus presiones al TC, algunas de ellas obscenas, fracasaron. Hoy Bolaños da la impresión de haber perdido el favor y fervor del jefe. Anda de capa caída y la judicatura lo huele porque el aplauso a la presidenta del Supremo el viernes no fue sino una bofetada con la mano abierta a Bolaños. En condiciones normales, habría aspirado a la sucesión porque se fabricó la imagen idónea para ello. Hoy, si acaso, no deja de ser una ilusión óptica. Nadie en el PSOE lo percibe como un líder orgánico. Ni siquiera Sánchez.
Pilar Alegría, de quien tanto se ha especulado -es mujer, es joven, es sanchista-, fue promocionada a portavoz del Gobierno. En Ferraz se le atribuía un futuro glorioso. Y ella ha creído siempre ser una elegida. La elegida. Pero ha sido enviada al matadero autonómico, como Óscar López, perfecto conocedor del PSOE, odiador sanchista ayer, y hoy acérrimo del líder por aquello del indulto que le preparó Rodríguez Zapatero para ser rescatado de su confinamiento. También como María Jesús Montero. Sánchez viste bien sus operaciones de derribo. Cualquiera que emerja en el PSOE como futurible, es “ascendido” a destinos imposibles y se convierte en otro alfil que va quemando a conveniencia de su propia supervivencia. Y ahí se anda el PSOE, cegato, nervioso, con agazapados inconexos como el asturiano Barbón, rebeldes con causa como García Page, y dos secretarios de Organización imputados. Uno, en prisión.
No es casual la salida de Jaume Giró de Junts. Era el instigador de un vuelco que terminase por jubilar a Puigdemont. Quería a Junts incrustado en la crema madrileña, en el negocio, en no tensar todo al límite. Quería prolongar la vida útil de este sanchismo decadente con un separatismo catalán de nueva generación y apariencia constructiva. Su adiós puede ser una señal de que Puigdemont tiene ya diseñado el golpe definitivo a Sánchez cuando le venga en gana. Los aspirantes en el PSOE también harán lecturas similares porque ha sido un golpe telúrico en Junts. Giró no era un ‘outsider’ irrelevante ni un pepito grillo. Tenía un objetivo y le han dicho que no, que el plan es otro.
En paralelo, Sánchez aprende de Zapatero por si acaso. No es casual su mirada obsesiva a China, donde hay amigos, hay dinero, hay corrupción y hay futuro por si el PSOE lo funde de una vez por todas. Crucificado en la esfera internacional como aspirante a un cargo digno en cualquier estructura europea o mundial, a Sánchez se le agotan las opciones. Hay un elefante sucesorio en la habitación. Nadie habla en público del paquidermo, pero todos lo ven. Y así debe ser si aún quedan residuos de inteligencia en ese partido. Todavía no es imaginable que el PSOE haya planeado suicidarse. Ni siquiera por Sánchez.
CARRERA SIN FRENOS EN LOS TRIBUNALES
Artículo de Lola García publicado en La Vanguardia el pasado día
Antes de final de año es más que probable que veamos al fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados ante un tribunal. Es también muy posible que ocurra lo mismo con el hermano del presidente del Gobierno. Incluso podría pasar con su mujer, si la Audiencia de Madrid no frena al juez Peinado, aunque sería algo más adelante en el calendario. Y, para redondear el panorama, está pendiente el retorno de Carles Puigdemont, con sus implicaciones judiciales y políticas. Todo eso está detrás de la creciente tensión entre el Gobierno y la judicatura.
El curso político empezó con una entrevista a Pedro Sánchez en TVE en la que dejó claro que su intención es resistir a ese escenario descrito que afecta directamente a su familia. Por eso, arremetió contra algunos jueces acusándoles de partidismo. Sabía ya entonces que iban a arreciar las presiones sobre el fiscal general para que renunciara a pronunciar su discurso en el acto de apertura del año judicial, el viernes, presidido por el Rey.
El Gobierno ha perdido el pulso en el Supremo y algo de fuelle en el CGPJ; le quedan el fiscal y el TC
El fiscal, Álvaro García Ortiz, está imputado por la presunta filtración de un correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso pedía un pacto de conformidad por dos delitos contra Hacienda. El juicio al fiscal podría empezar en octubre o noviembre. García Ortiz se niega a dimitir por considerarse víctima de un intento torticero de apartarle por parte de los jueces conservadores en connivencia con el PP. El Gobierno –que lo nombra– le da apoyo. Para el Ejecutivo es vital que el fiscal general aguante. De él dependen, por ejemplo, nombramientos de fiscales jefes en toda España. Es uno de los pocos bastiones que le quedan en el sistema judicial, donde ha intentado ganar terreno sin mucho éxito.
En el Tribunal Supremo, el Gobierno ha perdido el pulso con los conservadores para el relevo de los presidentes de las Salas Segunda y Tercera, que llevan asuntos penales, incluyendo causas contra políticos, o recursos contra actos de las administraciones públicas. Ante el rechazo que producía en el alto tribunal los nombres que defendían los progresistas, fueron elegidos dos magistrados considerados conservadores moderados, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, con más reputación y predicamento internos. Arrieta escogió como padrino en su toma de posesión a Manuel Marchena.
En el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), del que dependen nombramientos de jueces y magistrados, el PP y el PSOE pactaron un empate a diez vocales por cada sector y una presidenta de consenso. Pero los conservadores están siendo más activos y encima uno o dos de las filas progresistas han cambiado de bando en algunas ocasiones. Además, los conservadores parecen más satisfechos que los progresistas sobre la labor de Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, que leyó el viernes un discurso contundente en el fondo e impecable en el redactado contra las críticas del Gobierno a la judicatura.
Aunque a algunos conservadores les supieron a poco, las palabras de Perelló sonaron rotundas e inequívocas en presencia del Rey y del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue la asistencia de Felipe VI lo que evitó un boicot de los conservadores al acto. Pese al plante de Alberto Núñez Feijóo, nadie más se atrevió a seguir su ejemplo y desairar al Rey, cuyo rostro denotaba incomodidad.
Así pues, los refugios que puede encontrar el Gobierno en el ámbito judicial se limitan a la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Este último está pendiente de la jubilación del presidente, Cándido Conde Pumpido, a final de año. En principio, está garantizado que su relevo mantendría la mayoría progresista del tribunal. Ésta es fundamental para Sánchez y el retorno de Puigdemont, lo que podría dar algo de estabilidad a lo que quede de legislatura.
Sánchez insiste en que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. Como García Ortiz, el presidente está convencido de que, aunque las cosas estén llegando más lejos de lo que pensó, en algún momento los jueces resolverán en su favor, sea en el caso del fiscal general o el de su familia. Mientras, la estrategia del PP consiste en reforzar el mensaje de que la situación es insostenible. Una vez más, estamos ante una carrera política sin frenos en el Circo Máximo, en este caso de los tribunales.
Los de Puigdemont siguen en el ‘no’
Las arremetidas de Junts a la justicia española son frecuentes y, con ese argumento, el Gobierno intenta que el partido de Puigdemont apruebe la ley de reforma que impulsa el ministro Bolaños. Una ley que cambia las vías de acceso a la carrera judicial y que es criticada por varias asociaciones de magistrados que Bolaños sostiene que se mueven por corporativismo. Junts no discute lo esencial de la ley, pero reclama la supresión de la Audiencia Nacional y sobre todo un consejo descentralizado del CGPJ en Catalunya. Esto último pondría aún más en pie de guerra a la judicatura. El ministro también lo rechaza. La ley, de momento, sigue en barbecho.
No todo es la falta de medios
Se suelen achacar los problemas de la justicia, en especial su extrema lentitud, a la falta de medios. Pero un informe de Agenda Pública constata que en algunos casos se están fijando vistas para 2029, pero bucea en las causas y halla respuestas sorprendentes. Así, señala que, a pesar de que cada juez recibió en 2023 un 25% menos de casos que diez años antes, se han resuelto un 27% menos (casi dos millones y medio menos de casos resueltos). Concluye que la falta de medios técnicos y humanos es importante para agilizar la justicia, pero también la carencia de “incentivos que premien la eficiencia”, lo que “desincentiva el esfuerzo”.
