(AOC).-Mª Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, advirtió que el Ejecutivo hará uso de todas sus competencias y facultades legales y reglamentarias para que los alumnos cursen Educación para la Ciudadanía en todas las Comunidades Autónomas; por su parte, Mercedes Cabrera, ministra de Educación ha afirmado que se «tomarán medidas» contra aquellos centros que no impartan la nueva “religión” para la ciudadanía y advertido a los objetores que faltar a estas clases será considerado “absentismo escolar”.
Amenazas y presiones, intentos de manipulación y coacciones contra niños y familias que ya han objetado.
Que en pleno siglo XXI se pueda perseguir a alguien por el simple hecho de ser fiel a la Libertad, resulta anacrónico, totalitario y surrealista.
Afirmar que la objeción de conciencia es un ataque a la democracia, supone demoler los pilares del Estado de Derecho y vulnera abiertamente los derechos fundamentales y la Constitución española.
Pero obligar a repetir primero de bachillerato a quien suspenda dos asignaturas si una de ellas es EpC, no solo es ilegal sino que supone una intromisión en la autonomía de los centros y un agravio comparativo para los alumnos.
En el nuevo Bachillerato resultante de la LOE, sólo se repite si se han suspendido tres ó cuatro asignaturas cuya naturaleza impida, a juicio del centro, el futuro desarrollo académico del alumno.
Es irresponsable que el Gobierno no haya profundizado en las causas del absentismo, de la violencia ó del fracaso escolar; nuestros alumnos no saben Geografía, ni Historia, ni resolver problemas de Matemáticas y a este enfermo terminal, nuestro gobierno le prescribe una nueva Religión, la Educación para la Ciudadanía y sedantes de Inteligencia Emocional.
Lo ha dicho gráficamente el ex-secretario general de Educación, Francisco Lopez Rupérez “es como inducir un ataque epiléptico a un enfermo terminal”
