Desde el Atlántico

Carlos Ruiz

Ofensiva de la ideología de la «amenaza yihadista»: nuestra libertad en peligro

Ellos mismos lo dicen: «nos jugamos mucho». Y, efectivamente, la cuestión de si en España hay o no hay una «amenaza yihadista» es algo en lo que todos nos jugamos mucho: ellos, conseguir el Estado policial; nosotros, defender nuestras libertades. No sólo están intentando desmontar el Estado de Derecho y las libertades; es que encima lloriquean cuando los tribunales se lo impiden. Los reveses judiciales les están poniendo nerviosos. Los dos medios más cercanos a la ideología de la «amenaza yihadista» se quejan de que los Tribunales hagan cumplir la ley y la Constitución.

1. LOS HECHOS: LOS TRIBUNALES DEFIENDEN LAS LIBERTADES CONSTITUCIONALES FRENTE A LOS ATROPELLOS «ANTIYIHADISTAS»
En este blog me he hecho eco de varios casos en los que los Tribunales han desmontado las manipulaciones y falsificaciones con las que se quería justificar la existencia de una «peligrosísima» «amenaza yihadista» en España. Recapitulemos.

En varios casos, la sentencia o resolución final del Tribunal ha desmontado de forma demoledora la tesis de la existencia de supuesas «tramas» «islamistas»:
La «amenaza yihadista», coartada para destruir el Estado de Derecho (18-V-2009), sobre la sentencia de la Audiencia Nacional desmontando la «operación Tigris»
Otra mentira sobre la «amenaza» «yihadista» al descubierto (7-I-2009), donde la Audiencia Nacional archiva las actuaciones contra Bassam Dalati y otros.

También he tratado un supuesto en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desmonta una operación «antiyihadista» en el Reino Unido en la que había demandantes que también fueron calificados de «terroristas» por los promotores de la ideología de la «amenaza yihadista» en España
Tribunal de Estrasburgo: nuevo golpe a la ideología de la «amenaza yihadista» (20-II-2009)

Finalmente, me he hecho eco de otros asuntos, pendientes de sentencia judicial donde las actuaciones judiciales apuntan a que los acusados serán absueltos y a que las operaciones policiales han sido un montaje:
«Operación Frontón» contra el «yihadismo»: otra siniestra farsa (25-V-2009), sobre la «operación Frontón»
Bengalas infantiles, explosivos yihadistas (6-V-2009)
«Operación Fish»: otra mentira de la ideología de la «amenaza yihadista» (6-II-2009).
El fraude de la ideología de la «amenaza yihadista»: nuevos datos (2-II-2009), que desmonta la llamada «operación Cheapest»

A ello podría añadir otras sentencias:
– las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anulan decisiones «antiterroristas» que atentan contra los derechos fundamentales, por ejemplo, la sentencia de 18 de enero de 2007 (sobre el PKK), la sentencia de 11 de julio de 2007, la sentencia de 8 de septiembre de 2008 (que anula la aplicación de «listas negras» de grupos supuestamente terroristas sin oir a los afectados), la sentencia de 4 de diciembre de 2008 (en la misma línea que la anterior), la sentencia de 10 de marzo de 2009 (que anula la exigencia de imponer obligaciones mediante una legislación secreta para fines «antiterroristas»),
– la sentencia de la Audiencia Nacional que desmonta la llamada «operación Nova» que, según sus fabuladores, preparaba la voladura de la Audiencia Nacional.

Y señalemos finalmente que la sentencia del 11-M no atribuye ni la comisión (o autoría material) ni la inducción (o autoría intelectual) del atentado a Al Qaeda.

2. LOS TRANSMISORES DE LA IDEOLOGÍA DE LA «AMENAZA YIHADISTA» RECLAMAN UNA NUEVA LEGALIDAD ADAPTADA A SUS PROPÓSITOS
Esta sucesión de varapalos judiciales, verdaderamente demoledora, hubiera llevado a abandonar la tesis defendida… pero no ha sido así. Lo cual nos hace pensar en la magnitud de los intereses que debe haber implicados para intentar mantener, al precio que sea, la ideología según la cual España está «amenazada» por «Al Qaida» y el «yihadismo» y que debemos apoyar los «esfuerzos» policiales para «salvarnos» de este «peligro».
Los dos medios que más se han destacado por su disposición a transmitir la ideología de la «amenaza yihadista» son La Razón y El País. Y ambos han reaccionado a las últimas resoluciones, principalmente a la sentencia que desmonta la llamada «operación Tigris». Veamos lo que dicen. Introduciré mis comentarios en letra cursiva para distinguirlos del texto glosado:

La Razón (24-V-2009)

24 Mayo 09 – J. M. Zuloaga

(…)
Expertos dedicados a combatir el terrorismo islamista (¿quienes?), algunos de ellos extranjeros (¿añade algo que sean extranjeros o seguimos con el paletismo de que lo de fuera tiene un prestigio adicional?), con los que ha establecido contacto LA RAZÓN (¿o son ellos los que han establecido el contacto con LA RAZÓN? como no se dice quienes son los «expertos» no lo podemos verificar), han expresado su preocupación por la aparente benevolencia (¿desde cuando la aplicación de la ley es «benevolencia» aunque se la califique de «aparente»?) con la que las instancias judiciales españolas afrontan este grave problema (¿pero es que es un «grave problema»? ¿Por qué se da por demostrado justamente lo que los tribunales insisten en decir que no se demostrado?). De un tiempo a esta parte, las puestas en libertad, la imposición de pequeñas fianzas o, incluso, las absoluciones, están a la orden del día, como si las investigaciones policiales carecieran de rigor (no, no es «como si» carecieran de rigor, es que los tribunales han demostrado que carecen de rigor). La acción preventiva es fundamental para combatir a los terroristas islamistas porque, cuando ya tienen la bomba en su poder, es tarde y nada se puede hacer (y entonces cómo es posible que sí que se hayan evitado en otras ocasiones atentados donde ya tenían la bomba en su poder?). Los agentes dedicados a una tarea tan compleja (¿es que es menos compleja la tarea de los policías que la de los tribunales?) precisan del apoyo de todos, incluido el judicial (¿apoyo para qué? ¿para que aceptemos las fabulaciones de tramas terroristas que llevan a personas inocentes a la cárcel?).

El País (25-V-2009)
José Yoldi 25/05/2009

Algo falla. Porque de lo contrario no se explica que en las últimas operaciones contra el terrorismo yihadista, como la Nova, la Sello, la Alepo o la Tigris, entre otras, hayan resultado absueltos más de la mitad de los acusados (quizá no se lo explique quien no haya leído las sentencias: quien las haya leído se lo explica perfectamente. Se les ha absuelto porque las «pruebas» eran falsas).
Tras el fiasco de la Tigris -(…)-, un colega del País Vasco me preguntó por qué los etarras confiesan y los yihadistas, no. (…). ¿Cuál es la razón? (Debiera decir a su colega del País Vasco que se informe mejor. Porque cuando hay auténticos terroristas islamistas confiesan muy orgullosos sus crímenes. Dele a leer esto, por ejemplo. Pero claro, sólo falta que a un inocente, además de fabricarle pruebas falsas, se le pida que encima se confiese él mismo culpable)
(…)
Con los yihadistas nos encontramos con movimientos radicales islamistas, donde es difícil demostrar que son organizaciones terroristas. Es cierto que defienden ideas religiosas radicales y hasta violentas, pero eso no basta para acreditar el carácter terrorista, porque no se puede criminalizar las ideas.
Luego, con los comandos de ETA suele haber armas, explosivos, zulos e incluso documentos. Algunos confiesan su participación y la de sus compañeros. Con los yihadistas sólo suele haber indicios: las vinculaciones entre ellos, teléfonos, agendas comunes, libros y material de contenido radical islámico; a veces, envío de fondos para sostener la yihad. Pero esos indicios son ambiguos, porque se pueden valorar de una forma u otra (¿de una forma u otra? Yo pensaba que sólo se podían valorar de acuerdo con lo que establece la ley). Y no hay que olvidar que los más radicales antes que una detención prefieren inmolarse (depende de en qué país… si van a ser detenidos en un país sin garantías prefieren suicidarse a las torturas que les esperan, si no lo habitual es que se entreguen).

Ante perfiles tan difusos, los yihadistas disponen de un terreno especialmente bueno para «marear la perdiz». Son liantes, reconocen cosas a medias y tratan de enredarte (¿y los delincuentes comunes no? ¿es que entonces los «chorizos» cuando les detienen lo confiesan todo?), (…) Como muchos proceden de la delincuencia común, del menudeo con drogas, se manejan perfectamente con la policía y los jueces. Todo vale, incluso mentir o robar, prohibido en el islam, si con eso consiguen sus fines de ayudar a la yihad (¿y no será, más simplemente, que su fin es no ir a la cárcel?). Saben disimular y se apoyan constantemente en el idioma. Hablan español, pero siempre piden intérprete y lo lían todo alegando que hay defectos en la traducción (como todos los delincuentes de origen extranjero). (…)

Los etarras, en cambio, cuando ven que están pillados, pueden confesar ante la policía y el juez por estrategia procesal. A veces admiten delitos que no han cometido para ayudar a compañeros que pueden salir en libertad (¿y acaso los supuestos «yihadistas» a los que no les importa «mentir», «prohibido en el islam, si con eso consiguen sus fines de ayudar a la yihad», no podrían actuar del mismo modo?). Y siempre denuncian haber sido torturados, como un medio más de combate (¿es que los supuestos «yihadistas» tampoco pueden denunciar que han sido torturados «como un medio más de combate»?).

Por ello, aunque en la ley hay instrumentos más que suficientes para luchar contra ETA, sería conveniente una redefinición del concepto de organización terrorista (¿para incluir qué conductas que no sean ahora delictivas?) y, como pedía la sentencia de la Operación Tigris, que el legislador acoja cuanto antes los delitos de provocación a la comisión de un delito de terrorismo, la captación y el adiestramiento de terroristas, definidos en la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 28 de diciembre de 2008 (¿qué se quiere incluir que no esté ya incluido en el Código Penal?).
(…) Nos jugamos mucho.

3. HABLEMOS CLARO:¿QUÉ QUIEREN LOS DE LA IDEOLOGÍA DE LA «AMENAZA YIHADISTA»?
El terrorismo y la provocación para cometer actos terroristas son delitos AHORA en España.
El Código Penal define el terrorismo:

Artículo 571.

Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas.

La conspiración y provocación para delinquir ya está castigada en el Código Penal

Artículo 579.
1. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.

Hablemos claro:
¿qué quieren incluir los de la ideología de la «amenaza yihadista» en el Código Penal que no esté incluido ya?
¿o el problema no es el Código Penal…. sino la Constitución y las leyes procesales que impiden a la policía y a la fiscalía falsificar las pruebas?
El señor Yoldi no lo dice, pero hay que decirlo aquí: los procesados en la «operación Tigris» no han sido absueltos porque en España no se haya acogido una Decisión Marco de la UE. Han sido absueltos porque las pruebas contra ellos eran FALSAS.
¿Quieren convertir a España en un Guantánamo y a los tribunales de justicia en las comisiones militares de Bush que acepten pruebas obtenidas de cualquier modo?
Hablemos claro, sí, porque nos jugamos mucho.

CODA
Acaba de presentar su dimisión el jefe de contraterrorismo del CNI, responsable de la lucha contra ETA y el «yihadismo internacional» por desavenencias con la línea mantenida por el director del centro.

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Autor

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental Universidad de Santiago de Compostela

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional
Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental
Universidad de Santiago de Compostela

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