Un sector de la banca española aún está rindiendo pleitesía al régimen de Nicolás Maduro. Con el ‘gobierno progresista’ alejándose lentamente de su apoyo a Juan Guaidó para dar oxígeno a la dictadura chavista, las instituciones financieras también están tomando uno de los bandos. De ahí que existan una parte de ellas que están impidiendo que el presidente encargado pueda hacerse con el control total de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una empresa que hasta ahora venía siendo expoliada masivamente por parte de los bolivarianos.
La Asamblea Nacional de Venezuela –reconocida internacionalmente como la única institución democrática de Venezuela–aprobó el pasado 20 de agosto el nombramiento de Enrique Castells Ycsiar como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional C.A. y destituyó al anterior equipo directivo designado por el Gobierno chavista.
En aplicación de dicho acuerdo, Manuel Castells fue nombrado el pasado 3 de enero administrador único de CVG Internacional Filial Europea SL, que tiene su sede en Madrid. Este nombramiento ya ha sido reconocido legalmente y publicado por el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
El equipo de Manuel Castells tomó posesión de la sede de CVG Internacional, situada en un edificio de oficinas de Alcobendas (Madrid), el pasado 22 de enero acompañado por un notario para levantar acta de la situación. Justo tres días antes de que la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, fuera recibida en secreto por el ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez.
La primera decisión de los nuevos administradores de la filial europea de CVG fue destituir a los funcionarios chavistas que trabajaban en su sede de Alcobendas y se mantenían leales al Gobierno del dictador Maduro.
Sin embargo, el equipo de Castells se ha encontrado ahora con una dificultad añadida: tres entidades financieras españolas (CaixaBank, Sabadell y Cajamar) no le permiten asumir el control de las cuentas bancarias de la compañía, en las que hay depositados cerca de 20 millones de euros, según adelanta OKDIARIO.
Este obstáculo puede tener graves consecuencias. El equipo de confianza de Juan Guaidó no puede pagar los despidos de los antiguos funcionarios chavistas y teme que los anteriores administradores puedan seguir accediendo a las cuentas bancarias de la compañía, para completar su expolio.
La entidad que ha puesto más dificultades es Cajamar. En una de sus sucursales en Cuenca, los anteriores administradores de CVG Internacional han intentado cursar un cheque de más de un millón de euros –que había sido anulado antes incluso de que Guaidó tomara el control de la compañía– para realizar pagos duplicados a un proveedor afín al chavismo.
La Corporación Venezolana de Guayana
La corporación CVG Internacional C.A. fue fundada en 1960, durante la Presidencia de Rómulo Betancourt, para controlar la explotación y comercialización de las principales materias primas del país, como el hierro, el oro, los diamantes y los recursos forestales. En la actualidad depende del Ministerio de Industrias Básicas y Minería y tiene una plantilla próxima a las 20.000 personas.
La Asamblea Nacional y la Administración de Donald Trump han otorgado a Juan Guaidó el control de varias empresas estatales venezolanas en el exterior, entre ellas CVG Internacional, para llevar a cabo una operación de rescate de activos, con el fin de evitar que sean expoliadas por el chavismo como ha ocurrido con la petrolera PDVSA.
El equipo de Juan Guaidó teme que la Embajada de Venezuela en Madrid y el Gobierno formado por PSOE y Podemos estén ejerciendo una presión política para que el Ejecutivo de Maduro mantenga el control en España sobre esta empresa pública estratégica. Y no descarta que Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos abordaran esta cuestión durante su encuentro secreto en Barajas.
