Los brigadistas se preguntan por qué deben jurar obediencia al Rey para obtener la nacionalidad

(PD).- Asociaciones de antiguos brigadistas que defendieron la República durante la guerra civil han criticado que para obtener la nacionalidad española estos antiguos combatientes tengan ahora que prometer o jurar obediencia al Rey.

Según consta en el expediente del Consejo de Estado sobre el real decreto que regula la concesión de la nacionalidad, la presidenta de la Asociación de Antiguos Brigadistas internacionales envió un escrito en el que criticaba que se exija fidelidad al Rey además de a la Constitución, «teniendo en cuenta que vinieron a España a defender la República».

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), Dolores Cabra, explicó a Europa Press que esa es también la posición de esta asociación. «Vamos a seguir pidiéndolo y recriminando (al Gobierno) esta conducta», afirmó.

El real decreto que regula la concesión de nacionalidad a los brigadistas, que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mantiene que para obtener la nacionalidad española los brigadistas deben cumplir el «requisito de jura o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes», tal como se exige en el artículo 23 del Código Civil.

No obstante, la nueva norma sí exime a los brigadistas de tener que renunciar a su anterior nacionalidad, un requisito que estaba vigente hasta ahora y que ha motivado que el 68 por ciento de las solicitudes hayan sido archivadas.

Según datos facilitados recientemente por el Gobierno, de un total de 106 peticiones formuladas, sólo fueron estimadas 34. La mayoría de estas solicitudes las habían presentado ciudadanos polacos y alemanes, seguidos por holandeses, búlgaros y cubanos.

Con el nuevo real decreto, los brigadistas podrán pedir la nacionalidad española sin límite de plazo, frente a los tres años que se establecía en la legislación anterior, por escrito o vía telemática.

Comisión para indemnizaciones

Por otro lado, el Gobierno ha creado una comisión de evaluación para atender las solicitudes de indemnización para las personas fallecidas o que sufrieron lesiones incapacitantes por su «defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos» entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.

La comisión, según ha publicado el BOE, estará adscrita al Ministerio de la Presidencia y de ella formarán parte el secretario general técnico de este departamento y un representante por cada uno de los ministerios de Presidencia, Economía y Hacienda, Justicia, Interior, y Trabajo e Inmigración.

Las indemnizaciones serán de 135.000 euros en los casos de fallecimiento y gran invalidez y de 35.000 euros en los de incapacidad permanente absoluta.

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