En un movimiento que ha sorprendido a la comunidad internacional, el gobierno chino, bajo el liderazgo de Xi Jinping, ha emprendido una masiva campaña de construcción de centros de detención en todo el país.
Esta iniciativa, que se enmarca en la ampliación de la purga anticorrupción iniciada por Xi, ha llevado a la edificación o expansión de más de 200 instalaciones especializadas desde 2017, según revela una investigación reciente de CNN.
El informe, publicado el 28 de diciembre de 2024, detalla cómo estas nuevas instalaciones están diseñadas para albergar a sospechosos de corrupción bajo el sistema «liuzhi«, un mecanismo de detención que otorga a las autoridades amplios poderes para retener e interrogar a funcionarios sospechosos de corrupción sin las protecciones legales habituales.
La construcción de estos centros parece haber cobrado un nuevo impulso en 2023 y 2024, tras una breve pausa durante la pandemia.
El gobierno chino ha establecido directrices estandarizadas para la construcción de estas instalaciones, incluyendo un plan nacional para el período 2023-2027.
La China de Xi Jinping está entrando en una nueva fase marcada por un control más estricto de su población y con una vigilancia más intensa de cada ciudadano.
El motivo ‘oficial‘ es la determinación inquebrantable de eliminar la corrupción, real o percibida, de las filas del partido y del gobierno.
El mundo observa con atención cómo se desarrolla esta campaña y sus posibles consecuencias para el futuro de la segunda economía mundial.
La purga se extiende más allá del Partido Comunista
La campaña anticorrupción de Xi, que inicialmente se centró en el Partido Comunista Chino (PCCh), ahora se ha extendido al Ejército Popular de Liberación (EPL) y a otros sectores de la sociedad china.
En los últimos meses, se han producido destituciones de altos cargos militares y ministros, evidenciando la amplitud y profundidad de esta purga.
Xi Jinping ha instado recientemente a «eliminar influencias negativas» y a «utilizar con valentía el filo del cuchillo para eliminar prácticas nocivas», según un discurso publicado en la revista Qiushi, órgano oficial del PCCh.
Estas declaraciones subrayan la determinación del líder chino para llevar a cabo una limpieza sin precedentes en las filas del partido y del ejército.
El sistema «liuzhi» y las preocupaciones sobre derechos humanos
El sistema «liuzhi», que reemplazó al anterior «shuanggui», ha sido presentado por las autoridades chinas como un avance hacia el «estado de derecho» en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado serias preocupaciones sobre los métodos empleados en estos centros de detención.
Un informe de Human Rights Watch documentó 11 muertes bajo custodia en el sistema «shuanggui» entre 2010 y 2015, junto con numerosos casos de maltrato y tortura.
Aunque las autoridades chinas afirman que el nuevo sistema «liuzhi» es más regulado y profesional, persisten las dudas sobre la protección de los derechos de los detenidos.
La pena de muerte en China: un tema controvertido
En el contexto de esta intensificación de la campaña anticorrupción, es importante destacar el papel de la pena capital en China.
El país asiático mantiene la pena de muerte para una variedad de delitos, incluyendo algunos no violentos como la corrupción a gran escala.
Actualmente, China utiliza dos métodos de ejecución: el fusilamiento y la inyección letal.
Esta última se ha vuelto más común en los últimos años, especialmente para altos funcionarios condenados por corrupción.
Sin embargo, la falta de transparencia en el sistema judicial chino hace difícil determinar el número exacto de ejecuciones que se llevan a cabo anualmente.
Control policial y expansión internacional
La campaña de Xi no se limita a las fronteras chinas.
En los últimos años, se ha informado de la existencia de «comisarías» chinas en varios países extranjeros, supuestamente para monitorear a ciudadanos chinos en el extranjero.
Estas acciones han generado preocupación entre gobiernos y organizaciones de derechos humanos, que ven en ellas una extensión del aparato de vigilancia y control del régimen chino más allá de sus fronteras.
La intensificación de la campaña anticorrupción y la construcción de nuevos centros de detención tienen implicaciones significativas tanto para la política interna como para la imagen internacional de China.
A nivel interno, estas medidas refuerzan el control de Xi sobre el partido y el ejército, consolidando su posición como líder indiscutible.
Sin embargo, también generan un clima de temor e incertidumbre entre los funcionarios y miembros del partido.
En el ámbito internacional, la campaña anticorrupción y las preocupaciones sobre derechos humanos asociadas a ella pueden afectar las relaciones de China con otros países, especialmente en un momento en que el gigante asiático busca expandir su influencia global.
