El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha confesado «decepcionado» por la negativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de «permitir a los ayuntamientos de España ser tratados igual que las comunidades autónomas y el Estado», y ha alertado de que el rechazo del Ejecutivo central a autorizar la refinanciación de la deuda a las corporaciones locales causará tensiones de Tesorería y retrasos en el pago a proveedores.
El primer edil ha comparecido en rueda de prensa en La Moncloa tras mantener un encuentro de más de una hora y media con el presidente, a quien ha expuesto los principales puntos de su propuesta, aplicable a todos los ayuntamientos del país: refinanciación de la deuda que vence el 31 de diciembre, refinanciación del 80% de la deuda que venza en los próximos ejercicios, cobertura de déficit con deuda dentro de los límites del Plan de Estabilidad, ampliación del periodo de amortización de la deuda extraordinaria asumida en 2009 y permiso para pagar gastos corrientes con cargo a deuda.
Sin embargo, ninguna de estas peticiones ha sido atendida por el Gobierno central, que tan solo ha autorizado a la capital a subrogar la deuda de la empresa Madrid Calle 30 dentro de la deuda del Consistorio, lo que permitirá un ahorro de aproximadamente cien millones al año; y a «seguir estudiando» la propuesta municipal. Unas medidas positivas aunque insuficientes para el regidor.
«No he obtenido un compromiso de modificación de la normativa y eso nos mantiene en una situación de expetativa porque seguimos pendientes del cumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación local, (y además) no quiero materializar esta decepción hasta que se produzca la decisión final en la tramitación de la Ley de Presupuestos. Pero, a día de hoy, no tengo ningún elemento de seguridad y tampoco ninguno de optimismo distinto a antes de la reunión», ha confesado el regidor.
Además, ha considerado que la respuesta del Ejecutivo central supone «una auténtica discriminación legal a las corporaciones locales, carente de sentido dentro de las finalidades del Gobierno de España de solvencia económica del conjunto de las administraciones públicas».
ARGUMENTOS DE UNO Y OTRO
Así, Gallardón ha expuesto que la responsabilidad de cada administración en el cómputo total de la deuda de las administraciones públicas corresponde en un 77 por ciento al Estado, en un 16,4 por ciento a las comunidades autónomas y «tan solo» en un 6,3 por ciento a los ayuntamientos.
«Y no entendemos por qué, alegando que había que buscar impulsos económicos de solvencia en relación con el problema de la deuda, se establecía un criterio restrictivo y legalmente discriminatorio para unas administraciones que sólo representan el 6 por ciento de la deuda total, mientras se permitirían sin embargo criterios laxos, más flexibles, para los responsables del 94 por ciento restante», ha continuado.
Por su parte, el alcalde madrileño ha relatado que la postura de Zapatero se basa, fundamentalmente, en «los compromisos internacionales del Gobierno de España». «Pero esos compromisos, que es lo que yo le he dicho, sólo se ven afectados en un 6,3 por ciento, porque en el 94 por ciento restante sí se han aceptado esas normas», ha insistido el regidor, que ha asegurado que el encuentro ha sido «intenso en cuanto a la argumentación» y con un tono «de absoluta concentración en el trabajo y dentro de la importancia y la gravedad de este asunto para todas las corporaciones locales».
Preguntado por si Zapatero le ha trasladado algún reproche sobre la gestión del Consistorio madrileño, Gallardón ha recordado que la situación de la capital es similar a la de la mayoría de corporaciones del país, ha asegurado que Madrid no tiene «dificultades» para atender los intereses de su deuda, y ha apostillado que la capital paga un tercio por su deuda de lo que paga el Estado.
«Si alguien hiciera un reproche al Ayuntamiento tendría que multiplicar por tres el reproche a sí mismo. Y, no teniendo la predisposición el presidente del Gobierno a criticar su gestión, no ha criticado una que es tres veces mejor en este caso concreto», ha añadido.
EFECTOS DE LA DECISION
A renglón seguido, el dirigente ‘popular’ ha expuesto las consecuencias que esta decisión gubernamental tendrá en los ayuntamientos y, particularmente, en el de Madrid. «Si esta solución no se articula, el problema de las corporaciones locales será que la deuda financiera se convertirá en deuda comercial: nos obligarán a pagar antes a los bancos, y eso provocará tensiones de Tesorería y retrasos en los pagos a proveedores», ha ilustrado, añadiendo que, después, podrían venir los cierres de empresas y los despidos.
«Entendemos que no es una buena solución trasladar en estos momentos (de crisis) el coste de la deuda que soportan los bancos a los proveedores, que aspiran a que se abrevien los plazos de pago de las corporaciones locales», ha opinado, sobre todo teniendo en cuenta que la capital «no tiene problemas de solvencia para atender la deuda ni sus intereses».
También ha recordado que no se podrán cumplir los plazos estipulados por la Ley de Morosidad. De hecho, el último dato conocido de la capital indica que estas facturas tardan nueve meses de media en ser abonadas, lo que podría elevarse incluso por encima del año de retraso. Una solución a este problema sería la puesta en marcha de la Línea ICO para pago a proveedores autorizada por el Congreso y el Senado y que ahora se está intentando suprimir. Sin embargo, tampoco sobre este tema ha conseguido Gallardón un compromiso de Zapatero.
En cualquier caso, según Gallardón los escuetos presupuestos que se derivarán de estas decisiones «no afectarán a las nóminas, al gasto corriente interno del Ayuntamiento», aunque sí obligarán a recortar aún más los presupuestos municipales, que en los dos últimos ejercicios han sufrido fuertes tijeretazos en inversiones, principalmente. En cualquier caso, «los servicios sociales y los que afectan a los sectores más perjudicados por la crisis no disminuirán», se ha comprometido.
LA VOZ DE TODOS
Por último, el alcalde ha reiterado en varias ocasiones que las peticiones trasladadas a Zapatero «no se referían en exclusiva» a Madrid sino «a todos los ayuntamientos de España». De hecho, precisamente porque las decisiones del Gobierno afectan a corporaciones de todos los signos políticos, Gallardón ha rechazado que se trate de una maniobra para tratar de ‘asfixiar’ a la capital de cara a las elecciones municipales de 2011.
«Nosotros no hemos pedido una situación distinta para Madrid que para el resto de ayuntamientos de España, así que el efecto de esta medida es idéntico para todos y, si se mantiene en los PGE, tendrá un efecto negativo para todos los ciudadanos de España», ha concluido, recordando asimismo que en la FEMP alcaldes tanto ‘populares’ como socialistas han apoyado las medidas recogidas en el documento.
Además, el primer edil ha confirmado que se mantendrá el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra estas decisiones del Ministerio de Economía con el objetivo de que, cuando salga el fallo dentro de dos o tres años, «se acabe en el futuro con la posibilidad de discriminacion de unas administraciones sobre otras».
Asimismo, ha confesado que habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, antes de la reunión y que volvería a comunicarse con él después, y ha eludido valorar las palabras del secretario general del PSM, Tomás Gómez, diciendo que autorizar la refinanciación a Madrid sería premiar al mal gestor.
