Un socialista vinculado a una trama de 35 millones de euros de PDVSA dio el visto bueno al primer fraude electoral del dictador

José Bono y Raúl Morodo, los observadores de Zapatero que blanquearon el fraude electoral de Maduro en 2013

¿Por qué el PP, con mayoría absoluta en 2013, permitió una delegación de observadores liderada por el PSOE?

José Bono y Raúl Morodo, los observadores de Zapatero que blanquearon el fraude electoral de Maduro en 2013
Raúl Morodo, José Bono y el dictador Nicolás Maduro.

Cuando en el inicio del verano del 2019 se destapó el ‘caso Morodo’, en realidad se estaba mostrando apenas la punta del iceberg.

Nombrado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo fue embajador de España en Venezuela durante el período 2004-2008, pero justo ese año que abandonó el cargo de diplomático comenzó a recibir decenas de transferencias desde la petrolera PDVSA.

Fueron más de 35 millones de euros los que entraron en cuentas vinculadas a la trama, según pudo determinar la Fiscalía Anticorrupción y publicó El Mundo.

La ingente cantidad de transferencias realizadas desde la empresa venezolana, cuya procedencia legal no ha podido ser demostrada, se realizaron hasta el 2013, justo el año que Raúl Morodo aterrizó en Caracas acompañado de su valedor para obtener aquel cargo diplomático, José Bono.

Ambos fueron invitados como observadores junto a representantes del Congreso, partieron con la misión de dar «acompañamiento internacional» a las elecciones presidenciales celebradas el 14 de abril, el primer fraude de Maduro.

El Congreso de los Diputados, con la mayoría absoluta más amplia de la historia del Partido Popular, envió en la comitiva a los parlamentarios Daniel Serrano (PP), Antonio Trebín (PSOE) Antoni Picó (CiU), Enrique López (IU) y Aitor Esteban (PNV).

«Creemos que el resultado electoral es fiable por contrastable y porque asegura el ejercicio libre, secreto y universal del voto”, manifestaron los siete dirigentes políticos enviados por España en calidad de observadores.

Aún cuando la oposición venezolana no reconoció los resultados y estaban a la espera de una auditoría que nunca llegó, los observadores suscribieron una declaración a toda prisa. El 15 de abril en Caracas redactaron el documento y con la encomienda hecha tomaron un avión de regreso a España el mismo día.

En el texto, estos observadores instaron a la Comisión Nacional Electoral venezolana (CNE) a «dar respuesta con la máxima celeridad y transparencia posibles a las denuncias de irregularidades», elemento este al que Maduro y el CNE no prestaron la menor atención, como dicen los venezolanos, música paga no suena.

Maduro finalmente fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales, con una ventaja superior a los 200.000 votos.

A partir de allí, la crisis político se desbordó, la oposición nunca reconoció la legitimidad de Maduro, el régimen chavista, por su parte, utilizó al Tribunal Supremo para dinamitar cualquier espacio democrático conquistado por los opositores, pero además el poder de las armas para impedir cualquier tipo de protestas.

El fraude que no vieron los ‘observadores’

Según reseñaba El País en un artículo de principios de abril de 2013, los grupos del Congreso no estaban seguros de enviar una comitiva a «acompañar» las elecciones fraudulentas del chavismo.

«Algunos creen que la presencia de parlamentarios, sin verdaderos poderes de observación electoral, solo servirá para avalar la anunciada victoria de Maduro. ‘La mayor irregularidad’, alegan, ‘no estará en el recuento de votos, sino en el desequilibrio de medios entre los dos candidatos'», afirmó el Miguel González para el antes indicado diario.

Lamentablemente para Venezuela, terminaron convencidos, a diferencia de los observadores españoles, los delegados de la Unión Europea decidieron no reconocer de forma automática la victoria de Maduro, producto que los datos eran reversibles, sobre todo teniendo en cuenta las 3.000 irregularidades denunciadas por el candidato de la oposición, Henrique Capriles.

La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sus miembros divididos por las posturas de Chile y Colombia, no pudo dar un comunicado en el reconocimiento de Maduro hasta el 19 de abril, cuando exigieron una auditoría de la totalidad de los votos.

José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, puso a disposición de Venezuela los observadores de la OEA para llevar a cabo un recuento del 100% de las actas, a lo que se había comprometido Maduro la noche electoral, esto después de que Capriles denunciara su ilegitimidad como presidente tras ser declarado ganador por la siempre leal Tibisay Lucena.

«A mí me robaron las elecciones, si se anulan las actas de las mesas que hemos cuestionado mediante un contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ganaríamos las elecciones con 400 mil votos de ventaja.

Nicolás Maduro está tratando de vincular el proceso electoral a la máquina de votación. Yo lo quiero sacar de la máquina porque el problema es el cuaderno de votación. Ese es el único instrumento que personaliza el voto, lo único que deja realmente constancia de que ustedes y yo votamos. No es posible determinar el fraude si solo se revisa el funcionamiento del sistema”, denunciaba Capriles en un artículo de El País.

Una situación que pone en contexto lo apresurado del reconocimiento de Maduro por parte de la delegación española, cuyo dictamen se basó en un recorrido por 12 colegios electorales de Caracas en plena jornada electoral.

A partir de allí, afirmaron que «el ejercicio del voto y el secreto del mismo», según lo que pudieron ver, estuvo «garantizado» y resaltaron que «el sistema permite un doble contraste de resultados, con el voto electrónico y el recuento de papeletas, por lo que consideramos que ofrece una adecuada fiabilidad».

Como salvedad del informe, señalaron que observaron propaganda electoral durante el periodo de reflexión y en la propia jornada de votaciones.

Morodo en un acto chavista en España, días antes de las elecciones

La primera pregunta que surge, tras más de siete años transcurridos –y más 35 millones dejados por el camino–, es por qué el PP, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputado, designó una misión de observadores liderada por José Bono y Raúl Morodo, aún cuando se conocía en el ministerio de Relaciones Exteriores de España, de la relación prácticamente personal del último con Hugo Chávez.

Para tener una idea de lo grotesco del asunto, es preciso recordar lo ocurrido en un evento que se celebró en Madrid el día 6 de abril de 2013, siete días antes de que los observadores partieran al país caribeño.

La Embajada de Venezuela en España organizaba un acto para rendir tributo a Hugo Chávez tras su muerte y apoyar a Nicolás Maduro. El moderador fue Pablo Iglesias y entre los invitados españoles se encontraban Cayo Lara, Diego Valderas, Joan Tardà, Willy Meyer, Willy Toledo y… Raúl Morodo.

El exembajador que tenía «línea directa con Chávez» estuvo en ese gran evento, en la sede del sindicato de Comisiones Obreras, y anunció que asistiría como observador a las elecciones venezolanas, y ya decretaba que el sufragio sería «limpio y democrático».

¿Por qué el PP apoyó la comisión con lideres socialista comprometidos con el chavismo?

El poder en el parlamento estaba en manos del vitoriano Alfonso Alonso, era él quien ostentaba el cargo de portavoz entre diciembre de 2011 y diciembre del 2014. Después de dicho período fue designado por la organización que dirigía Mariano Rajoy para que dirigir la cartera de Sanidad, para sustituir a Ana Mato, quien salió de su despacho por ser imputada por la trama Gürtel.

Alonso alternaba dicho cargo con otro, también importante, la dirección del PP en el País Vasco, donde fue barón desde octubre del 2015 hasta febrero del 2020, siendo este último asunto de vital relevancia, pues el retiro de Alonso arroja más sospechas sobre aquella decisión de los de la calle Genova de enviar una delegación de observadores con líderes de tendencia chavista.

Después de que el vitoriano Alonso se retirara de la política a inicios de este 2020, fichó por la consultora Acento, de José Blanco López, hombre de confianza de Zapatero al punto que fue su portavoz en el Congreso y ministro de Fomento que además asumió la cartera de Vivienda, incluso muchos pensaron que sería su sucesor en el PSOE, aunque finalmente ese trago amargo lo pasó Rubalcaba.

Es preciso detenerse en este nombre. Pepiño, como es también conocido José Blanco, ha sido señalado por haber intermediado con Alfonso García Pozuelo sentenciado a prisión de dos años por la trama Gürtel –caso de corrupción en España vinculado al PP, consistía en un conglomerado de empresas que conseguía contratos públicos a cambio de pagos ocultos a las autoridades–, para que vendiera la Constructora Hispánica a la familia Monje.

Tras el cambio de manos de la constructora a finales de 2009, los Monje decidieron cambiar el nombre de la sociedad y llamarla Assignia Infraestructuras y pasó a formar parte del Grupo Essentium, propiedad de la extesorera y exvicepresidenta del FC Barcelona Susana Monje Gutiérrez.

La empresa, además de seguir ejecutando los jugosos contratos en España, se hizo con importantes contratos de construcción de viviendas en Venezuela durante los últimos años de la presidencia de Zapatero, «gracias a los contactos de [José] Blanco con el presidente Chávez», tal como se desvela de los documentos bancarios reflejados en un informe de la Policía Nacional española al que tuvo acceso El Confidencial.

Solo en el año 2012, un año antes de las primeras elecciones fraudulentas de Maduro, el grupo de la empresa de la familia Monje recibió 92,6 millones de dólares de PDVSA, tal como se desvela en documentos bancarios reflejados en el mencionado informe.

Pagos de PDVSA a Essentium S.L. el año 2012. Fuente: El Confidencial.

A esto hay que añadir que el dinero que llegaba a la cuenta de la empresa en el Banco Sabadell se utilizaba para ser trasvasado automáticamente a cuentas ajenas a Essentium en paraísos fiscales, todo muy similar a lo observado en la trama Morodo, pero con la diferencia de que esta empresa prestaba servicios a PDVSA.

Pero el asunto no quedaba allí, ya que según un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), una de las filiales de Essentium –no está claro que sea Assignia Infraestructuras– habría pagado comisiones de hasta el 4,8% a altos cargos venezolanos, a través del Banco Madrid, a cambio de conseguir el contrato para la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas, que ascendió a 1.850 millones de dólares, tal como publicó el periodista José María Olmo en el medio antes citado.

Como los lazos deportivos no podían quedar por fuera del asunto, hay que recordar que Susana Monje –propietaria del Grupo Essentium—llegó como tesorera del FC Barcelona y mano derecha de Sandro Rosell en 2010. Ya en el 2012 la alcaldía de Puerto Cabello llegaba a un acuerdo con el Barça para crear una escuela de fútbol en el municipio, al año siguiente el pequeño Matías Lacava, hijo del entonces alcalde de Puerto Cabello y ahora Gobernador del Estado Carabobo, era fichado por el club catalán en calidad de estrella con apenas 10 años, llegaron entonces los Lacava y sus millones a la ‘high class’ de Barcelona.

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Autor

Jesús Mitchelle Torres

Licenciado en ciencias fiscales (ENAHP – IUT), especialista en auditoría de Estado (Universidad Simón Bolívar) y magíster en gerencia pública (IESA) con siete años de experiencia como auditor de Estado en Venezuela.

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