Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha endurecido su postura tras la segunda vuelta electoral al advertir que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. En una comparecencia pública, sostuvo que el proceso ha estado marcado por irregularidades, especialmente en el voto emitido desde el extranjero, lo que —según afirma— compromete la legitimidad del resultado.
El aspirante denunció que el Jurado Nacional de Elecciones introdujo cambios normativos durante el propio desarrollo del proceso, lo que habría alterado el sistema de conteo de votos fuera del país. A su juicio, estas modificaciones favorecieron a su rival política y vulneraron las garantías democráticas. También criticó la eliminación de mecanismos utilizados previamente, como la digitalización de actas, y cuestionó el traslado físico de documentación electoral.
En este contexto, Sánchez ha solicitado la nulidad de los comicios celebrados en sedes consulares y ha acusado a las autoridades electorales de negarse a revisar votos en mesas cuestionadas. Según su versión, esta negativa alimenta sospechas de un “fraude en desarrollo”.
Más allá del terreno electoral, el candidato ha convocado movilizaciones en distintas regiones del país, incluyendo una protesta en Lima, en lo que define como una “resistencia patriótica”. Entre sus demandas destaca la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido tras su fallido intento de autogolpe de Estado, una postura que ha generado fuerte controversia.
Asimismo, sectores críticos han puesto el foco en el entorno político e ideológico de Sánchez. Algunos analistas y opositores señalan supuestos vínculos o afinidades con organizaciones como el Movimiento de Liberación 19 de Julio (ML-19), descrito en sus propias publicaciones como tupacamarista, antiimperialista, anticapitalista y socialista. También se han mencionado presuntas conexiones con el Movadef, considerado por las autoridades peruanas como el brazo político de Sendero Luminoso, grupo responsable de una ola de violencia en las décadas de 1980 y 1990 que dejó cerca de 80.000 víctimas. Estas acusaciones, sin embargo, forman parte del debate político y no han sido confirmadas judicialmente.
Mientras tanto, Sánchez ha anunciado que recurrirá tanto a instancias nacionales como internacionales para defender lo que considera la voluntad popular, elevando aún más la tensión en un escenario político ya profundamente polarizado.
