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Tal como se están desarrollando las cosas, si buena parte de los periodistas españoles siguen apollardados, intentando no perder las peonadas que pagan en las tertulias de televisión, en vez de dedicarse al Periodismo con mayúsculas, corremos el riesgo de terminar empapelados por contar la verdad o retuitear un meme que se burle de Pablo Iglesias, de su esposa y Ministra de Igualdad, o de Lilith la glamourosa hija de Verstrynge.
Unidas Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado -no contra la socialista Dolores Delgado, por avalar con su «éxito asegurado» la «información vaginal» de los burdeles clandestinos que usaba Pepe Villarejo para chantajear a jueces, políticos y empresarios o por su «Marlaska es maricón«, sino para intentar maniatar a ese minoritario sector del periodismo español que se niega a plegarse.
‘Palmamos Todas’, que es como se refiere a estos Federico Jiménez Losantos, atribuye las críticas al inepto Gobierno PSOE-Podemos a una ‘organización criminal’ y lo acongojante no es que los amigos de dictaduras como Venezuela, Cuba o Irán consideren un crimen criticar al que manda, sino que un juez antaño respetado, como Fernando Grande-Marlaska, anuncie, a propósito de esa torpeza, que su Ministerio del Interior está ‘monitorizando’ las redes sociales en busca de bulos y noticias falsas.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia y antiguo magistrado, que acompañaba a Marlaska en la rueda de prensa donde este dijo que han detectado casos «de utilización criminal» de Internet, fue todavía más allá, planteando la necesidad de revisar los instrumentos legales «para impedir que se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública».
Vaya por delante que no albergo el menor temor a que me echen preso, por los palos que les da cotidianamente Periodista Digital, donde se exponen con detalle las pifias, pufos, irresponsabilidades y majaderías que el socialista Sánchez y sus socios han perpetrado, lo que se traduce en que España sea el país del Planeta Tierra donde más muertos causa el coronavirus y más desamparados se ha dejado a los ancianos.
Ni siquiera creo que enchironen a Alfonso Ussía, al que han quitado el púlpito que tenía en la última página de ‘La Razón’, con el simple gesto de marcar el teléfono de Paco Marhuenda y decirle que lo ponía en la calle o se quedaba sin los chupetines que disfruta en Atresmedia.
Tampoco a Eduardo Inda, por mucho que levante la voz en los debates de LaSexta, ese vivero de la ‘Brunete Pedrete’ donde pastorea García-Ferreras y sobre el que jamás verán ni un atisbo crítico en el belicoso Okdiario.
No van los gerifaltes sociatas y podemitas a encarcelar periodistas, pero no porque les falten ganas, sino fuerzas.
España, aunque hayan cerrado el Congreso de los Diputados, impuesto la censura previa y anden urdiendo atrocidades, sigue siendo una democracia.
Lo que buscan, con la desquiciada iniciativa de Podemos, la connivencia de la fiscal Delgado y el aplauso de ministros como Marlaska o Campo es ‘acojonar’ al personal.
Es una estrategia vieja y ya testada. Cualquiera que conozca por dentro los medios de comunicación sabe el efecto que produce la llegada de un burofax, anunciando una demanda, una querella o una denuncia, firmada por un bufete de abogados.
Si vives en el alambre, cuando terminas de pagar las nominas de los redactores, los costes del servidor de Internet, la línea de fibra óptica, los seguros sociales, la calefacción y todo lo cuelga, lo último que te apetece es empezar a provisionar fondos, contratar procurador, adelantar dinero a tu letrado y asumir la posibilidad- aunque sea remota- de que te caiga una condena.
En España, la Justicia tiene mucho de lotería, porque nuestros jueces son una fauna variopinta y muy soberbia..
Hace poco más de una semana, desde su casa, cubierto con mascarilla, con respirador a su disposición por si le sube la fiebre y tres semanas después de que los juzgados madrileños suspendieran su actividad para no contagiarse de ‘peste china‘, Antonio Seoane, titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, cargó contra la Policía Nacional en un auto infame, por exigir medios para seguir ayudando a los españoles, pero algo protegidos contra el coronavirus.
Te cae un juez así y es capaz, porque ya lo hemos vivido, de aceptar la demanda que sea y hasta de imponer ‘cautelarmente’ una fianza descomunal, que te deja las finanzas patas arriba.
Si el asunto no llega a nada, pero no condenan en costas a los que te han demandado, termina saliéndote la cosa por un ojo de la cara.
Así que lo aconsejable, lo razonable, lo conservador es ahorrarte el riesgo.
¿Y cómo se hace eso? Pues callándote, evitando ciertos temas, eludiendo a ciertos personajes y autocensurándote.
La mafiosa táctica de usar el Código Penal, el Civil y la empanada judicial para neutralizar periodistas y medios ha sido utilizada a destajo por personajes como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y condenado por secuestrar con ETA, ex jueces prevaricadores como Elpidio Silva y algunos podemitas, pero no son los únicos.
El pasado 3 de abril de 2020, al filo de las diez de la noche, sonó mi móvil y aunque no conocía el número que aparecía en pantalla, descolgué.
Era Isabel Valldecabres, jefa de gabinete de Carmen Calvo, a la que no tenía hasta entonces el gusto de conocer y que educadamente, comenzó explicando que le había dado mi número privado Miguel Ángel Oliver, Secretario de Estado de Comunicación, a quien no conozco de nada, con quien no he tenido nunca el mínimo contacto y al que jamás he llamado por móvil.
Como no podía ser de otra manera, comenté a la señora Valldecabres -antes de que empezásemos a tutearnos a iniciativa suya- que no había problema alguno y que estaba encantado de recibir su llamada.
De lo que no tenía ni remota idea yo, para sorpresa de ella, era del motivo: una nota de un par de días antes titulada ‘Carmen Calvo trabajó en la Moncloa y asistió al Congreso con sospechas de tener coronavirus’.
Lo que irritaba Valldecabres y con razón no era el texto de la noticia, detallado e impecable, sino que se ilustrara con una fotocopia del parte médico hecho en la clínica privada donde se atendió a la vicepresidenta de Sánchez. Y que se eliminó de inmediato.
Lo que me irritó a mi, es que la jefa de gabinete, a medida que iba avanzando la conversación comenzara a deslizar conceptos como ‘ética periodística’ o ‘moralidad’.
Me quedé con las ganas decirle que el redactor de la nota es un chaval, llegado de Venezuela, al que dieron muy mala vida los verdugos chavistas con los se reúne de noche en Barajas el ministro Ábalos y son la guía moral del vicepresidente Iglesias.
Y que al periodista le pareció muy poco ético e inmoral que su jefa, Carmen Calvo, dijera a mediados de febrero que Venezuela, donde se apilan los muertos, torturados y reprimidos, ‘no importa a nadie’.
No hubiera servido de nada, como tampoco, en medio de gritos por ambos lados, soltara yo que me parece inmoral la censura que imponen, el haber empujado a miles de personas al contagio del 8M por apuntarse un tanto electoral, cerrar el Congreso o hacerse test y atesorar respiradores, cuando a los ancianos españoles, que llevan medio siglo cotizando a la Seguridad Social, los condenan a morir ahogados.
Isabel Valldecabres, doctora en Derecho y autora de una tesis doctoral -esta no fake como la Sánchez– con sobresaliente cum laude y sobre la ‘Imparcialidad del juez, libertad de expresión y Derecho Penal’, me pareció inasequible al argumento.
Siendo una persona preparada e inteligente, me dio la impresión de que no piensa muy distinto que alguno de los zotes que se sientan en el Consejo de Ministros.
De hecho, durante la bronca telefónica, citó seis veces a los abogados del Estado, cinco a los jueces y cuatro a posibles demandas.
Estoy seguro de que al igual que Iglesias, Campo, Delgado y por supuesto Sánchez y Calvo, cree sinceramente que lo están bordando, que son más transparentes que el cristal y que nuestras críticas son producto de una ‘oscura conspiración’, que hay que desmontar usando la Fiscalía.
Alfonso Rojo (PERIODISTA DIGITAL).
Y a uno, que durante muchos años publicó sus reportajes de guerra en diarios como The Guardian, se le ocurre preguntarles si también consideran ‘fake news’ y ‘bulos’ contra el Gobierno, lo que publican estos días los rotativos extranjeros.
En el penúltimo, porque hoy habrá otro, el que sale en The New York Times, subrayando que el desastre español «se ha convertido en un doloroso ejemplo de la tendencia a ignorar las experiencias de los países donde el virus ya ha atacado».
El corresponsal Raphael Minder recuerda el caso, a finales de enero, del turista alemán que se convirtió en el primer paciente con Covid-19 en España: «incluso cuando surgieron más casos, las autoridades españolas continuaron insistiendo en que el coronavirus era algo ajeno».
Y sentencia que la crisis, en territorio español, «se aceleró por la falta de atención a las advertencias».
“Por no prohibir a tiempo las reuniones masivas, como fue el caso del 8-M y por no haber almacenado equipo médico en previsión del aumento de casos de coronavirus, especialmente en un país cercano como Italia”.
Los palos a Sánchez y su numeroso equipo, llegan de todos lados.
El ‘Bild’, el periódico más leído de Alemania, pone el acento en que el líder del PSOE quiere que sean los germanos los que paguen sus errores e ineptitudes:
«El gobierno debe decir claramente a los contribuyentes alemanes cuánto les costará el rescate de Italia, España y compañía y si somos capaces de pagarlo».
El francés ‘Le Monde’, en una alusión al confinamiento soviético en polideportivos que a esas horas planeaba Sánchez, titulaba: «En España los niños están más estrictamente confinados que los perros».
Giles Tremlett en ‘The Guardian, se pregunta: “¿Cómo respondió tan mal España a la crisis coronavirus?”
Tremlett atribuye el elevado número de españoles fallecidos a una multitud de factores, desde el carácter extrovertido de los madrileños y el buen tiempo que se vivió durante los días en los que el brote estaba empezando a la reacción «tardía y torpe» del Gobierno Sánchez.
El diario italiano ‘La Repubblica’, hablando de España, tituló: «Todos los porqués de un balance catastrófico».
Y entre esos porqués cita: “reacciones tardías de las autoridades” y “falta de percepción del problema cuando el virus ya había empezado a circular».
La crónica subraya que Sánchez habló de un «riesgo bajo», cuando ya se habían producido los primeros casos y cómo se permitieron actos como el 8M.
Pues para todos eso, el del Bild, The Guardian, La Repubblica, Le Monde o The New York Times, notificación a Interpol, orden de busca y captura, y procesamiento como miembros de esa ‘organización criminal’ que denuncian Marlaska y compañeros mártires.
Y nosotros, a resistir… convencidos en que ganaremos y proclamando, avergonzados en cabeza ajena por esos 15 millones que este Ejecutivo quitó de los respiradores y mascarillas para dárselos a los ‘gordos’ de las cadena de televisión, que lo haremos sin aceptar ni un euro de dinero público.
