Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, explica en ‘La Segunda Dosis’ las últimas informaciones sobre el caso Ábalos-Koldo-PSOE y la supuesta vinculación con Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. No es el único nombre del núcleo duro del presidente del gobierno que se está viendo afectado por este escándalo.
Carlos Cuesta recuerda que no sólo aparecen los nombres de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, o Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, sino que también aparece el nombre del responsable de la cartera de Interior Fernando Grande-Marlaska a través de la Secretaria de Estado de Seguridad.
«Él como juez estaría de acuerdo que sería ilegal llegar a una cuerdo verbal con una empresa si no has recibido ninguna justificación de su capacidad logística para traerte el material, si no te envían documentación, si no hay información de su relación con el sector (porque no pertenecen a él)… en las conversaciones grabadas por la UCO queda claro que nunca pidieron nada. Si eso no estar en la trama…», explica el periodista.
Así resume las sospechosas actuaciones del gobierno Sánchez en los meses previos al gobierno:
«Hay dos fases en las que se delata una actitud muy extraña. En la etapa previa a tomar decisiones porque se negaba la pandemia, el 4 de marzo (antes del ‘infectodrómo’ del 8 de marzo) hay una reunión en Europa por parte del Organismo Antipandemias a la que va Illa y se les ofrece entrar en las compras comunitarias conjuntas y se niegan, argumentando que ya tenían material. ¿Por qué se negó? La opción mala es pensar que ya estabas pensando en hacer negocio. Después, en otra fase, estando en un sistema autonómico y siendo la Comunidades las que tienen rutas establecidas de compras, se decreta el famoso Estado de Alarme y se les retira a los gobiernos regionales la capacidad de comprar. Nuevamente la pregunta ¿Por qué? La opción mala sigue siendo por interés de hacer negocio».