La columna que escribe hoy la periodista Isabel Durán en El Debate se presenta bajo un título que deja clara su postura sobre el ámbito político y electoral de su análisis: El asalto de Sánchez al censo electoral nacional. Publicada el 5 de septiembre de 2026, este artículo forma parte de una serie de investigaciones en torno al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y el impacto de la conocida ley de nietos en la estructura democrática de España.
Desde el principio, Durán establece una tesis contundente: el notable aumento del censo exterior durante el gobierno de Pedro Sánchez no es sólo un dato administrativo sino que se trata de una maniobra política con repercusiones directas en la representación en el Parlamento, teniendo a Madrid como núcleo de esta situación. La autora entrelaza cifras, instrucciones emitidas desde los consulados y decisiones gubernamentales, construyendo un relato en el que la manipulación censal se convierte en una auténtica herramienta de control.
El salto del CERA bajo Sánchez
El primer segmento del artículo se dedica a detallar la magnitud del cambio demográfico y electoral reflejado por el CERA desde que Pedro Sánchez asumió el cargo en La Moncloa. En este contexto, Durán sienta la base de su argumento con una frase que encapsula el meollo de la denuncia:
- «Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el CERA ha sumado 677.964 electores, un 32,9 % más. Casi dos tercios de todo ese crecimiento se ha producido desde el 1 de noviembre de 2022. Es la instrucción de Sofía Puente la que marca el punto de inflexión que dispara las altas del voto de presuntos españoles en el exterior nacionalizados por la ley de nietos».
Con esta base numérica, la exposición se articula alrededor de tres ideas que atraviesan el texto:
- El crecimiento exponencial del CERA en un periodo corto, muy por encima de la tasa habitual de cambios en un censo.
- El papel de la instrucción de Sofía Puente, funcionaria de alto rango en la Administración electoral, como desencadenante técnico de un fenómeno político.
- La conexión directa con la ley de nietos, que facilita la nacionalización masiva de descendientes de españoles en el extranjero, muchos de ellos residentes en países latinoamericanos.
Durán no sólo se limita a exponer cifras, sino que las sitúa en un marco temporal muy específico: a partir de noviembre de 2022, coincidiendo con la plena aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se observa un aumento notable en las altas del CERA, concentrándose en zonas clave para la distribución de escaños, con una especial atención a la provincia de Madrid.
La mecánica de la aceleración y el récord mensual
El segundo segmento del artículo se adentra en el detalle mensual del movimiento del censo, destacando que el fenómeno no solo se mantiene, sino que se intensifica con el tiempo. La autora señala un hito que expone como prueba de esta aceleración:
- «El último mes vuelve a batir el récord».
Esta afirmación da pie a una sección explicativa en la que Durán se centra en la serie histórica y el comportamiento del censo en el último año. La glosa permite organizar los principales puntos que se extraen del texto:
- La aceleración no es simplemente un efecto inicial de la ley, sino que persiste con fuerza.
- El crecimiento mensual del CERA alcanza cifras sin precedentes.
- La ubicación de las altas se inclina hacia Madrid, lo que altera el equilibrio entre provincias.
El artículo incluso detalla el último corte censal comparado:
- «La aceleración no pertenece únicamente a los primeros años de aplicación de la Ley de Nietos. Entre el censo cerrado a 1 de junio y el cerrado a 1 de julio de 2026, el CERA nacional pasó de 2.715.986 a 2.736.522 electores. Son 20.536 más en un solo mes. Es la mayor subida mensual de toda la serie histórica. Y, como revelábamos ayer, Madrid vuelve a concentrar una parte extraordinaria del salto».
Durán enfatiza que no se trata de una anomalía estadística aislada, sino de un patrón que da continuidad a una tendencia: casi dos tercios del crecimiento total desde 2018 se produce después de 2022, y dentro de esa ola, el último mes marca un récord histórico, con Madrid como el principal receptor del nuevo voto exterior.
El plazo que se cierra… y un contador que sigue abierto
Uno de los aspectos más preocupantes que subraya la autora hace referencia a la prolongación práctica de la ley de nietos más allá de su fecha oficial de cierre. La columna detalla cómo una modificación normativa introducida en noviembre de 2024 genera un efecto de retraso que mantiene el flujo de nuevos electores activo durante años. Durán lo describe así:
- «La modificación que amplió el plazo por la puerta de atrás en noviembre de 2024 permitió que quienes hubieran solicitado telemáticamente una cita dentro del plazo pudieran presentar personalmente la documentación después de su vencimiento, cuando finalmente fueran convocados por el consulado. La norma no fijó una fecha final para esas comparecencias posteriores. Quedó así constituida una enorme bolsa diferida de solicitudes cuya comparecencia, resolución, inscripción registral, alta consular e incorporación al CERA se prolongará durante años. El plazo se cerró. El contador electoral continúa abierto».
En la glosa, esta parte del artículo se convierte en un elemento clave para interpretar el contenido:
- Lo que se presenta como un cierre del plazo es, en realidad, un cierre administrativo aparente.
- La “bolsa diferida” de solicitudes asegura un flujo constante de nuevas altas durante años.
- El efecto político es un censo exterior en expansión permanente, complicado de controlar y auditar, que depende de consulados y registros civiles conectados al sistema censal.
Durán sugiere que esta estructura normativa crea una ventana de oportunidad extendida para seguir incorporando electores afines, mientras que el debate público se focaliza en la supuesta caducidad de la ley.
Censo, confianza democrática y el caso Madrid
En la parte final del artículo, Durán ajusta ligeramente el tono: de la mera presentación de datos a la reflexión institucional. El núcleo de esta reflexión se basa en una distinción que plantea de forma explícita y que resulta fundamental para entender su tesis: aceptar resultados electorales no equivale a aceptar sin matices el sistema que los genera. El texto lo expresa así:
- «El censo no se acata a ciegas Pedro Sánchez tiene razón en una cosa: los resultados electorales deben asumirse. Pero el presidente tendrá que asumir también que la confianza democrática no se ordena desde una rueda de prensa. Se construye publicando los datos, explicando las altas, mostrando las instrucciones consulares y permitiendo reconstruir la adscripción provincial de cada nuevo elector».
A partir de aquí, Durán rescata el matiz esencial que propone:
- No se pone en tela de juicio el derecho de voto de quien ha obtenido legalmente la nacionalidad.
- Se cuestiona la opacidad del procedimiento, la adscripción territorial de los nuevos electores y la falta de criterios verificables.
- La exigencia de transparencia es particularmente urgente en Madrid, donde el voto exterior ya ha determinado un escaño y el censo CERA se aproxima al medio millón de inscritos.
La autora deja claro en uno de los pasajes más contundentes del texto:
- «No se trata de cuestionar el derecho al voto de quien ha adquirido legalmente la nacionalidad española. Se trata de verificar que la nacionalidad fue concedida conforme a la ley y que la circunscripción electoral fue asignada con criterios objetivos, homogéneos y verificables. Madrid convierte esa exigencia en urgente. En 2023, su voto CERA ya cambió un diputado. Desde noviembre de 2022, su censo exterior ha incorporado otros 127.860 electores y se acerca al medio millón».
El cierre de la columna sintetiza la tensión entre legitimidad formal y la confianza real en el sistema electoral. Durán se dirige al presidente del Gobierno con una frase que resume su argumento y que sirve como colofón de la exposición:
- «Sí, señor Sánchez: los resultados se asumen. El censo, en cambio, no se acata a ciegas. Se verifica.»
Curiosidades y aristas del “asalto” censal
La pieza de Isabel Durán revela varios detalles interesantes que completan el panorama:
- El papel de Sofía Puente como figura administrativa clave en la evolución del CERA.
- La noción de “bolsa diferida” de solicitudes, que convierte el plazo legal en un mecanismo de largo alcance.
- La concentración del nuevo voto exterior en Madrid, la provincia que más escaños reparte y donde el CERA ya ha influido en la elección de un diputado.
- La insistencia en separar el respeto al derecho de sufragio de la necesidad de una auditoría censal, como condición esencial para la confianza democrática.
En resumen, la columna traza un mapa donde el censo exterior deja de ser un dato técnico para convertirse en uno de los elementos más esquivos del ecosistema político español: complicado de percibir a simple vista, cargado de efectos a mediano plazo y, si no se supervisa adecuadamente, capaz de alterar silenciosamente el equilibrio del poder.
