Mientras miles de personas cruzaban a nado la frontera de Ceuta en la madrugada del jueves 30 de julio, el dispositivo de seguridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contaba con 60 efectivos desplegados en La Mareta (Lanzarote), donde tenía previsto pasar sus vacaciones. En el enclave norteafricano, apenas 42 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) intentaron contener la avalancha, una cifra insuficiente para hacer frente a la magnitud del asalto.
Una frontera saturada y un dispositivo presidencial reforzado
La tensión en Ceuta era palpable desde días antes del salto masivo a la valla. La inestabilidad en las relaciones con Marruecos, agravada por el giro español sobre el Sáhara Occidental y la reciente visita de Sánchez a Argelia, había creado un escenario propicio para que las mafias coordinaran entradas ilegales masivas.
En el momento crítico, solo 42 policías nacionales estaban destinados en la zona, repartidos en turnos rotativos que reducían aún más su presencia efectiva en la línea fronteriza. Frente a ellos, miles de personas lograron acceder a territorio español, superando ampliamente la capacidad de contención de los agentes.
Paralelamente, el dispositivo de seguridad presidencial en Lanzarote incluía 20 policías nacionales y 40 guardias civiles, trabajando en turnos de 24 horas para proteger al mandatario durante su estancia vacacional. Esto significa que Sánchez contaba con 18 efectivos más para su protección personal que los destinados a defender una frontera que da cobijo a 83.000 ciudadanos españoles.
Agentes sobrepasados: «No pueden hacer nada»
Los testimonios policiales reflejan la impotencia de los agentes desplegados en Ceuta. «Están jodidos, sobrepasados, no pueden hacer nada», reconocen fuentes cercanas al operativo. Otro agente lamenta: «Es vergonzoso, no nos dejan trabajar como nos gustaría». La prioridad fue garantizar la seguridad personal de los efectivos, que se vieron obligados a replegarse ante la avalancha humana.
Sindicatos denuncian «abandono» y «fracaso del Ministerio del Interior»
La Confederación Española de Policía (CEP) ha sido contundente en su crítica: «Lo que está ocurriendo en Ceuta no es una emergencia inesperada, sino la consecuencia directa de años de inacción política». El sindicato acusa al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, de no haber anticipado una amenaza «cuya evolución conocía con absoluta precisión», según documentos oficiales del propio Gobierno.
La CEP exige que el Ejecutivo deje de escudarse en la excepcionalidad de los hechos para justificar una situación «perfectamente previsible» que podría haberse evitado con una planificación operativa adecuada.okdiario
Crisis migratoria sin precedentes
Las cifras de la avalancha son abrumadoras: más de 50.000 personas entraron en Ceuta en menos de 48 horas, según estimaciones gubernamentales. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, elevó ese número a 60.000. Al menos 18 personas fallecieron en el intento de cruzar la frontera marítima.
La crisis ha obligado a Sánchez a cancelar sus vacaciones y viajar a Ceuta junto al ministro del Interior para evaluar la situación.
Una planificación cuestionada
La distribución de recursos humanos en un momento de máxima tensión fronteriza ha encendido la polémica. Mientras el dispositivo presidencial en Lanzarote operaba con holgura de efectivos, la frontera de Ceuta se desbordaba con una dotación mínima. La CEP lo resume así: «Una planificación completamente alejada de la realidad operativa».
La crisis de Ceuta deja al descubierto las contradicciones de un Ejecutivo que, en plena emergencia migratoria, mantenía un blindaje policial reforzado para el ocio de su líder mientras la frontera más sensible de Europa se convertía en un polvorín sin control.
