Una miseria… como siempre.
Y la prueba palpable de lo que los desprecia Marlaska.
Los 900 policías que han sido enviados a Ceuta para reforzar el dispositivo en la frontera se encuentran trabajando bajo unas condiciones que resultan casi insólitas: 77 euros diarios para cubrir sus gastos de comida y alojamiento, además de pasar las noches en barracones militares proporcionados por Defensa.
No se trata de una queja casual ni reciente. Los sindicatos policiales llevan días alertando que esa cantidad es insuficiente para poder acceder a un hotel decente en la ciudad autónoma, donde durante la temporada estival la oferta es escasa y los precios se disparan, mientras que el alojamiento disponible se caracteriza por sus condiciones francamente deficientes.
Dietas congeladas, bolsillo propio y una ciudad sin margen
Una de las cifras que ha causado mayor indignación en el operativo es la de 77,13 euros diarios, distribuidos en 48,92 euros para alojamiento y 28,21 euros para manutención dentro de la escala básica. De acuerdo con los sindicatos, esta cantidad no se ha actualizado en años, obligando a muchos agentes a recurrir a su propio bolsillo para poder cumplir con sus funciones fuera de su lugar de residencia habitual.
El problema no es meramente económico, sino que plantea dificultades prácticas. En Ceuta, la falta de camas disponibles y el alto coste del alojamiento hacen imposible encontrar una habitación con ese presupuesto. Los representantes de los policías lo ilustran así: con 40 o 48 euros para dormir, “no encuentras nada”. En este panorama, la dieta deja de ser un apoyo y se convierte en una cruel broma que la Administración nunca contabiliza, pero que acaban pagando los agentes.
Barracones militares, ventiladores y baños insuficientes
Ante la falta de opciones adecuadas, parte de los agentes han sido alojados en dependencias del Regimiento de Artillería Mixto número 30, unas instalaciones cedidas por el Ministerio de Defensa. Aunque la ayuda militar ha logrado evitar un problema mayor, no ha podido borrar las quejas sobre las condiciones de estas estancias: literas, colchones en mal estado, escasa ventilación, ausencia de aire acondicionado y baños que, según los testimonios, son claramente insuficientes.
Las imágenes compartidas por los sindicatos muestran situaciones de hacinamiento, con entre siete y ocho agentes por habitación, y un único inodoro para varias decenas de funcionarios en algunas plantas del acuartelamiento. También se han mencionado enchufes insuficientes, carencia de alargadores y dificultades para cargar teléfonos móviles, un aspecto que, en medio de un despliegue operativo, parece casi anecdótico si no fuera porque revela el nivel de precariedad al que se enfrentan.
Qué está diciendo Interior y por qué el conflicto va a más
El Ministerio del Interior, según las informaciones conocidas, ha optado por no comentar en profundidad las denuncias sindicales y se limita a afirmar que las dietas no son arbitrarias, sino que están en conformidad con la normativa vigente. Sin embargo, esta respuesta no resuelve el fondo del problema: aunque la normativa existe, la realidad del año 2026 dista de ser la de 2005, y los sindicatos recalcan que las cifras están muy por debajo de los precios actuales.
Además, hay un factor político que añade tensión al asunto: el debate sobre las dietas y los desplazamientos ha llegado al Congreso, donde el PSOE, Sumar y Bildu votaron en contra de una propuesta que buscaba incrementar estas cantidades, mientras que el PNV optó por abstenerse. A su vez, otros reportes han señalado retrasos en los pagos y problemas en las entidades que gestionan los fondos para afrontar comisiones de servicio, lo que genera una percepción de desorganización administrativa que el Ministerio no parece poder contener.
El coste humano de un operativo mal resuelto
Más allá de las disputas sindicales y del tira y afloja político, se revela un problema profundo en la gestión de grandes despliegues: cientos de agentes son movilizados, pero la logística llega tarde o en condiciones deficientes. En Ceuta, esto se traduce en falta de descanso, escasez de alimentos y una operativa que depende de la paciencia de los policías y la generosidad de los militares.
Esta situación presenta también una imagen poco digna para el Gobierno: los agentes que deberían enfocarse en la seguridad en la frontera terminan negocian dónde dormir, cuánto gastar y cómo sobrevivir a una comisión de servicio en una ciudad donde el mercado hotelero no perdona. En política, las crisis rara vez surgen de un gran acto; a veces, comienzan por un colchón desgastado y un baño compartido entre setenta personas.
- Las dietas de la Policía Nacional para estas comisiones siguen sujetas a una regulación que, según los sindicatos, no refleja el verdadero coste de la vida en 2026.
- El alojamiento militar ha evitado que algunos agentes se queden sin un techo, pero no ha solucionado las quejas sobre higiene, ventilación o descanso.
- En ocasiones, incluso las comidas han dependido de la solidaridad de los propios militares, quienes habrían compartido bocadillos con los policías desplazados.
- El contraste es notable: mientras la administración se aferra a la normativa, los agentes describen colchones en el suelo, baños insuficientes y noches en las que el aire acondicionado es un lujo que brilla por su ausencia.
Y como sucede en estas historias, el detalle más revelador es el más simple: cuando una comisión de servicio hace que celebrar la existencia de un enchufe disponible y una botella de agua fría sea un logro, el problema ya trasciende el mero alojamiento, convirtiéndose en una cuestión de dignidad.
