AENA tiene ‘secuestrada’ las imágenes de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, paseando en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. El presidente de la institución y hombre de confianza de Pedro Sánchez, Maurici Lucena, se niega a entregar las cintas de las cámaras de seguridad, según publica Esdiario.
El también consejero delegado de AENA habría recibido incluso peticiones formales esta semana, mediante requerimiento notarial, para que entregue esas grabaciones y no las destruya. Un temor que existe y se fundamenta en la militancia del directivo en el PSC-PSOE, así como en las denuncias de funcionarios policiales que advierten de las presiones a las que son sometidos para destruir las polémicas imágenes.
Uno de los requerimientos recibidos por Lucena procede directamente del Partido Popular, aunque se da por supuesto que también le han llegado por otros conductos y aparecen en la batería de preguntas parlamentarias ya registradas por VOX o los populares para próximas sesiones de control al Congreso.
Según ha constatado ESdiario en fuentes concernidas populares responsables de una de las peticiones, el presidente de AENA, que también fue diputado del PSC en el Parlamento catalán entre 2012 y 2015, no ha atendido hasta el momento los requerimientos oficiales. «Ni siquiera ha contestado», confirman a este periódico. Algo insólito en un alto cargo, obligado por la Ley de Transparencia y el mero interés de la opinión pública.
Presiones a la Policía Nacional
Las cámaras de seguridad grabaron a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) han confirmado a Periodista Digital que existen imágenes de ambos en el exterior e interior de la ‘terminal ejecutiva’ del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez. Sin embargo, advierten que las mismas podrán desaparecer tanto por las presiones del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así como por la política interna en materia de seguridad.
“Al menos que exista una orden explícita, las grabaciones externas son eliminadas a los siete días, mientras que aquellas que son tomadas en el interior se borran a los 15 días. A pesar de que no ha habido una orden directa de destruir las grabaciones, sí existen un gran control sobre el material y presiones para que se borren en cuánto sea posible”, denuncian a Periodista Digital. Sin embargo, temen que “debido a la polémica que está rodeando al encuentro, nos den una orden directa para su destrucción”.
Las imágenes, que aún no han salido a la luz, sólo tienen dos oportunidades legales para evitar su destrucción definitiva: una petición interna (por motivos de seguridad) para su preservación más allá del tiempo de almacenaje habitual o una petición judicial de todo el material audiovisual.
La opción con más probabilidades es la segunda, pero dependerá de si la Fiscalía acepta la denuncia de Vox y el Partido Popular contra Ábalos, donde se solicita explícitamente tener acceso “a las grabaciones de la sala VIP” donde estuvo la vicepresidenta de Nicolás Maduro y el propio ministro de Transportes español durante unas dos horas, según han informado funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a Periodista Digital.
Es importante destacar que la demanda también pide: “que se tome declaración de lo ocurrido a Ábalos; que se soliciten los nombres de las personas que intervinieron en el encuentro (datos API) y se solicite la autorización del aterrizaje en el Aeropuerto de Madrid; se solicita también el nombre del asesor de Ábalos que aparentemente acompañó a Rodríguez y los agentes de la Policía que estuvieron en su visita para que se les tome declaración”.