Tienen un morro que espanta.
Pero en realidad, a estas alturas de la película, ya nada debería de sorprenderle al sufrido ciudadano español de a pie.
El Gobierno socialcomunista se habrá hartado infinidad de veces en defender la sanidad pública, realzado sus bondades, aunque luego su vicepresidenta primera, la infectada Carmen Calvo Poyatos, optase por los cuidados de la prestigiosa Clínica Ruber.
Pues el penúltimo despropósito, contradicción o, directamente, burla inmisericorde contra el contribuyente es lo del Ministerio de Trabajo.
Esa cartera, cuya titularidad recayó sobre la muy podemita Yolanda Díaz, la de las risotadas con los ERTE, va realizarle a sus empleados 500 pruebas diagnósticas para saber si están contagiados por coronavirus o pueden presentar los síntomas de la enfermedad.
Concretamente los afortunados serán los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal que se beneficiarán de los ‘buenos oficios’ de su jefa para poder acceder a unos tests de una clínica privada, tal y como publica este 23 de abril de 2020 el diario ABC.
Los defensores de lo público se han tirado de hoz y coz a buscar nada más y nada menos que la nada económica clínica Quirón Prevención. El pretexto del departamento dependiente de Yolanda Díaz es que el SEPE no dispone de personal sanitario propio.
Lo contradictorio de este asunto es que fue el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quien en este mes de abril de 2020 aprobó la intervención por decreto de las clínicas privadas que estaban realizando las pruebas de detección del Covid-19 y así poder ponerlas a disposición de un sistema público de salud carente de esos tests.
La partida aprobada para la adquisición de estas pruebas se eleva a 125.000 euros. Con una sencilla división, si se está hablando de 500 tests, cada uno sale por la nada módica cifra de 250 euracos, cuando hay laboratorios que se están moviendo en márgenes que no superan los 80 euros.
Precisamente, a raíz de esa decisión de Moncloa, la empresa Siemens Gamesa vio como le volaban las miles de pruebas que había adquirido para poder hacérselas a sus empleados cuando estos se reincorporasen a sus funciones en la compañía.
El argumento utilizado era, precisamente, el de que había que priorizar a los servicios públicos de salud de las diferentes autonomías, pero este Gobierno no desaprovecha la oportunidad de meter la zarpa y acabar usando las pruebas requisadas, incautadas o como le quieran llamar para su propio beneficio.
LA JUSTIFICACIÓN DEL SEPE
Los responsables del Servicio Público de Empleo Estatal se escudan en las bajas laborales sufridas para recurrir a este servicio privado:
La experiencia acumulada en las últimas semanas muestra que la aparición de un caso compatible entre el personal que presta servicios mínimos presencialmente puede haber supuesto el contagio a otros trabajadores/as, haciéndose preciso adoptar medidas para conocer, de forma voluntaria para las personas, si los posibles contactos laborales están contagiados o no a fin de impedir su regreso al trabajo o bien hacerlo en condiciones de seguridad si no se hubiese transmitido el virus.
