La táctica es más vieja que el hilo negro.
Pedro Sánchez y su ministra de Sanidad, Carolina Darias, han tratado de sacarse de la manga unas normas contra la hostelería que no dejan de ser unas simples recomendaciones.
Es decir, los establecimientos no tienen obligación de seguirlas porque la competencia, en realidad, está en manos de las autonomías.
Pero el Gobierno socialcomunista tiene a Madrid en el punto de mira y mucho más después de ver como los hosteleros apoyaron sin fisuras a Isabel Díaz Ayuso.
Por eso ‘dañina’ Darias no ha dudado en recurrir al Boletín Oficial del Estado para colar de rondón unas recomendaciones vistiéndolas de normas de obligado cumplimiento y que, en el caso de Madrid, La Rioja o el País Vasco obligaría a cerrar del todo o casi en su totalidad el interior de los locales y restringir el aforo en las terrazas.
Por eso la organización empresarial Hostelería de España ha rechazado el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre las actuaciones coordinadas frente a la pandemia de Covid-19 y en un comunicado ha sido bastante tajante contra el Gobierno Sánchez:
Aunque la labor del Consejo Interterritorial es promulgar acciones coordinadas, establecidas bajo consensos, siete comunidades votaron en contra de las restricciones que afectan a la hostelería y al ocio nocturno, concretamente Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Región de Murcia, mientras que Melilla y Castilla y León y abstuvieron y País Vasco no participó en la votación
Asegura Hostelería de España que aquí no ha habido el tan cacareado consenso que tanto esgrime la ministra de Sanidad:
Se tergiversa el concepto de consenso como acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, algo que no tiene nada que ver con lo ocurrido el 3 de junio de 2021 en el Consejo Interterritorial
Denuncian los responsables de este ente que se trata de una medida dictatorial:
Esas medidas carecen de legitimidad y ponen de manifiesto una manera de actuar autoritaria por parte del Ministerio de Sanidad hacia las comunidades autónomas.
Al igual que vaticina una colisión con las propias autonomías:
Esta resolución avoca a una guerra con las comunidades porque invade competencias que el Gobierno decidió dejar de ejercer hace un mes, cuando se puso fin al estado de alarma para que cada comunidad autónoma ejerciese de nuevo sus competencias plenas.
Y no oculta la organización que, detrás de toda esa parafernalia, está el intentar acorralar a Madrid
Esta resolución es incoherente y deslegitimada porque solo puede interpretarse dentro de la búsqueda de confrontación contra, especialmente, la Comunidad de Madrid.
