Cumplió su amenaza.
Tal y como publica este 1 de octubre de 2021 el nuevo medio de Bieito Rubido, El Debate, ‘El Pollo’ Carvajal ha procedido a entregar a Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, las pruebas que ponen contra las cuerdas al exmagistrado Baltasar Garzón.
Según la información de María Jamardo, «hay un exjuez al que sin hacer ningún tipo de trabajos para PDVSA, sin prestar ningún tipo de servicio, le pagaron 10 millones de euros. A (Baltasar) Garzón. Por nada. Por corrupción», denunció ‘El Pollo’ en el transcurso de su declaración voluntaria el 20 de septiembre de 2021 ante el magistrado Manuel García-Castellón.
‘El Pollo’ aseguró estar en disposición de aportar contenido documental útil para respaldar sus afirmaciones y este jueves ha hecho efectivo su compromiso con el juez instructor.
En el dossier ya consignado en sede judicial, Carvajal ha incluido varios documentos que demostrarían la vinculación, presuntamente irregular, de Ilocad, S.L. –la mercantil que da nombre al bufete de Baltasar Garzón y de la que el exjuez es administrador único– con el chavismo. La cifra total de las colaboraciones ascendería a 8.835.000 euros.
Un asunto de lo más turbio que, de paso, salpica a la mismísima fiscalía general del Estado, Dolores Delgado, tal y como también ha venido publicando The Objective.
La defensa del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, ha presentado ante el juez el polémico documento que pone de manifiesto que Ilocad —despacho del que es administrador único Garzón, fue contratado para la «coordinación con la Fiscalía y tribunales en España»:
De esta forma, Carvajal pretende reiterar su disposición a colaborar con la Justicia para evitar su extradición a Estados Unidos. El exjefe de la inteligencia venezolana, detenido en Madrid a comienzos de septiembre, podría disponer de información sensible sobre esa polémica «coordinación» entre el bufete de Garzón y la Fiscalía General del Estado, que está comandada por su actual pareja, Dolores Delgado.
Cómo afecta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado
Se trata de una noticia que salpica de lleno a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA.
Así lo demuestra la reunión del Consejo Fiscal, que se celebra este martes 27 de octubre de 2020, para informar sobre la provisión de 18 plazas en la cúpula fiscal, entre ellas un total de nueve en la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscal General del Estado, ‘novia’ del exjuez, tendrá que decidir qué destino tomarán las carreras de Ignacio Stampa y Miguel Serrano, los dos miembros del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso Villarejo cuyo puesto fijo en Anticorrupción se dirimirá a lo largo de la jornada.
Es importante recordar que exjuez es el defensor jurídico en el ‘Caso Villarejo’, por lo que se podrá ver beneficiado por los nombramientos de los fiscales de Anticorrupción que anuncie Dolores Delgado.
Ignacio Stampa y Miguel Serrano no son titulares de una plaza fija del departamento dirigido por Alejandro Luzón, por lo que la reunión del Consejo Fiscal puede suponerles la seguridad de que podrán seguir investigando las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
En el caso de no ser elegidos, deberían abandonar Anticorrupción una vez concluya la comisión de servicios para la que fueron nombrados. En este sentido, tendrían que volver a la Fiscalía de Madrid, donde tienen plaza asignada.
