La nefasta gestión política de la pandemia

Alejandro Vázquez: «Vivienda, okupación y preocupación»

El sistema legal español protegiendo a los ocupantes ilegales como en ninguna otra parte del mundo

Alejandro Vázquez: "Vivienda, okupación y preocupación"

Para la mayoría de personas la ocupación no es una opción, sin embargo, cada día resulta más obvio cómo ésta se está convirtiendo en un último recurso desesperado para muchas personas, que aún trabajando, han sido excluidas del mercado de alquiler, o que simplemente no pueden seguir pagando unos precios abusivos; mientras tanto, para otros es una elección de estilo de vida o incluso una declaración política.

Debido a la nefasta gestión política de la pandemia que padecemos en esta amalgama de reinos de taifas suicidas, la crisis económica generada podría impedir a muchos inquilinos seguir pagando sus rentas, convirtiéndose así en okupas por necesidad. Actualmente los arrendatarios de apartamentos, propiedad de grandes consorcios privados o empresas públicas, están protegidos contra el desalojo, aunque dicha prohibición está programada para expirar el próximo 9 de mayo, coincidiendo con el final del estado de alarma. Una vez que eso suceda, es probable que aumenten los desalojos y asistamos a un repunte alarmante de los desahucios. Irónicamente, muchos de estos desahucios podrían suponer la ocupación de nuevos inmuebles, y es que España se está convirtiendo en los últimos años en un referente para ocupación por una serie de factores que pasaremos a diseccionar a continuación:

En primer lugar, debido al enorme número de viviendas vacías en gran parte legado de la última crisis inmobiliaria. Debemos tener en cuenta también que muchas de estas propiedades pertenecen a bancos y fondos buitres, los cuales están más interesados en especular y obtener ganancias patrimoniales que en alquilar las mismas.

En segundo lugar, delincuentes emprendedores han empezado a explotar un lucrativo y nuevo mercado. En los últimos años hemos presenciado atónitos cómo organizaciones criminales se están especializando en la localización y ocupación de apartamentos vacíos. Una vez que encuentran un objetivo, cambian rápidamente las cerraduras, conectan el apartamento a los suministros de gas, agua y electricidad públicos, para después «vender» el piso por entre 1.000 y 2.000 euros a sus nuevos ocupantes ilegales. De esta manera, los usurpadores pasan a vivir en un apartamento con todos los servicios, sin tener que pagar ni alquiler, ni luz, ni agua.

En tercer lugar, la ley de propiedad española tiende a proteger más a los ocupantes ilegales que a los mismos propietarios, especialmente si la propiedad ocupada no es residencia principal. Si el ocupante ilegal ocupa una residencia principal, podría ser acusado de allanamiento de morada, cuyo castigo suele ser penas de prisión de entre seis meses y dos años. Sin embargo, si un ocupante ilegal ocupa una propiedad que no está siendo utilizada como residencia principal, es probable que sea acusado de usurpación de bienes inmuebles, razón por la cual el castigo generalmente es mucho más leve.

En cuarto lugar, debido a la lentitud del proceso judicial. De media, y yendo bien las cosas, el tiempo medio necesario para ejecutar un desalojo es de seis meses. En términos generales, el propietario puede optar entre dos vías para recuperar su vivienda ocupada. Una primera opción es acudir a un tribunal civil, lo que significa contratar a un abogado, pagar las tasas judiciales y a menudo esperar mucho tiempo, aunque el propietario puede estar seguro de que al final podrá recuperar la propiedad; o bien puede optar por la vía penal, que es gratuita y en ocasiones más rápida, aunque el resultado depende en gran medida de la efectividad de las fuerzas de seguridad involucradas. En este caso, para desalojar a los ocupantes ilegales de forma rápida es necesario  demostrar que la propiedad fue ocupada, lo cual es más fácil decir que hacer, especialmente si no se tiene acceso a la propiedad. La mayoría de las veces, la investigación no va a ninguna parte, dejando al dueño de la propiedad sin otra opción que tomar la vía civil.

En 2018 se trató de agilizar el proceso civil introduciendo una cláusula de desalojo exprés que permite a los propietarios afectados solicitar ante los tribunales la devolución de la propiedad, permitiendo al juez adoptar como medida cautelar el desalojo del inmueble antes de dictar sentencia. Si se les concede, los ocupantes ilegales en teoría tienen sólo unos días para presentar un «título suficiente» para quedarse o dejar la propiedad, aunque puede llevar mucho más tiempo cuando los ocupantes ilegales en cuestión son una familia con hijos menores.

Por último, España ha sido durante décadas un país tradicionalmente de propietarios, no de arrendatarios. Con anterioridad a la crisis financiera global, presumíamos de una de las tasas de viviendas en propiedad más altas de Europa, con más del 80%. En el apogeo de la burbuja inmobiliaria, se estaban construyendo casi 700.000 viviendas al año, más que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos. Sin embargo, la implosión de la burbuja inmobiliaria supuso que más de medio millón de familias perdieran sus hogares, y muchas de las casas recién construidas nunca llegaran a ser habitadas. Desde entonces, el mercado de alquiler ha asumido un papel mucho más preponderante, pero las condiciones del mercado no son exactamente favorables para el consumidor. Muchos apartamentos apenas sirven a su propósito, pero sus propietarios exigen rentas desproporcionadas, mientras los salarios siguen estancados.

Paradójicamente, el derecho de todos los ciudadanos españoles a disponer de una vivienda digna y adecuada está consagrado en el artículo 47 de la Constitución de 1978.

Pero lo cierto es, que en grandes ciudades como Madrid, Barcelona ó Málaga, cada vez más residentes locales descubren que ese derecho ya no existe en sus ciudades de origen, viéndose obligados a buscar viviendas cada vez más alejadas de los grandes núcleos urbanos. A menos que esta tendencia se invierta, y mientras el sistema legal español continúe protegiendo a los ocupantes ilegales como en ninguna otra parte del mundo, la ocupación seguirá representando una de las principales preocupaciones de la sociedad española.

Alejandro Vázquez

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