No conocemos dónde puede estar el límite al creciente autoritarismo del actual gobierno social-comunista que gobierna en España, pero lo que sí que sabemos es hasta dónde llegaron sus homónimos, cuando gobernaron en España durante la IIª República; esa que tanto añoran y tienen como modelo.
Valga como botón de muestra, de hasta dónde fueron capaces de llegar, la clasista “LEY DE VAGOS Y MALEANTES”, una ley que fue redactada, debatida y aprobada por las Cortes de la Segunda República Española, y firmada y promulgada por su presidente, Manuel Azaña, el 4 de agosto de 1933; ley en la que presumía como delincuentes, “carne de campo de concentración”, a los parados que vivieran en zonas marginales. Así, el hecho de vivir en barrios humildes y no tener un trabajo remunerado, convertía a un ciudadano en presunto delincuente susceptible de ser arrestado e internado en un campo de concentración. En lugar de la actual “presunción de inocencia”, lo que existía era la “presunción de delincuencia”.
Esa fue la “brillante solución final” del gobierno social comunista de la IIª República, para terminar con el paro en España: Encerrar a los parados que vivían en los barrios pobres, en campos de concentración y obligarlos, “a palos”, a realizar trabajos forzados; vamos, “a picar piedra”.
El 18 de agosto de 1934, la revista gráfica Estampa, publicó un interesante reportaje sobre esta ley «progresista». En la portada de dicha publicación, bajo el titular “EL PRIMER CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE VAGOS Y MALEANTES”, se veía a un grupo de supuestos “vagos y maleantes”, en fila de formación, en el campo de concentración de Alcalá de Henares.
Posteriormente, durante el franquismo, la progresía iletrada tachó durante años a dicha Ley, de franquista y fascista. Y es que en eso de correr bulos, como el del culo, los social-comunistas siempre han sido unos maestros. Sin embargo, en el caso de esta ley, los progres más leídos, por vergüenza torera, se han cuidado muy mucho de revolver en el cieno de sus miserias históricas.
Menos mal que, de momento y para desgracia de los social-comunistas, existen los libros de sesiones de las Cortes de la Segunda República Española, amén de las hemerotecas…; de momento.
Tal vez por ello, y porque no les conviene la verdad histórica, el gobierno sanchista está tramitando a toda prisa la NUEVA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, para multar y encerrar a todo aquel que se atreva a discrepar de la verdad oficial que eructe el Gran Hermano.
