Es de gilipollas financiar con dinero público a partidos e instituciones que se pasan la vida maquinando contra España e intentanto romperla (Juicio del 1-O: Las 18 palabras del fiscal que chafan a Oriol Junqueras y a su abogado con esta cara).
Y todavía más estúpido resultaba seguir pagando, con dinero sacado de los boilsillos del sufrido contribuyente español, a los ‘golpistas’ catalanes con escaño y se estaba haciendo (Raúl del Pozo hiela la sangre a los golpistas catalanes con tres avisos demoledores que dejan despeinado a Puigdemont).
Afortunadamente, todo hasta -hasta la tontería- tiee un límite (Carlos Herrera zumba de lo lindo a la abogada del Estado por ‘blanquear’ a los golpistas: «Hizo un papelón bochornoso»).
Los cuatro diputados catalanes suspendidos por encontrarse en prisión provisional acusados de golpismo no cobrarán su sueldo desde el día en que se constituyeron las Cortes, el 21 de mayo, ni percibirán ninguna otra cantidad a la que los parlamentarios tienen derecho desde el día mismo de las elecciones, en este caso, las generales del 28-A.
La Mesa del Congreso ha decidido este 5 de junio de 2019 ampliar la prohibición de percibir el salario por parte de Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCAT) desde el 21 de mayo, la fecha en la que se hizo efectiva su suspensión como diputados, hasta el 28 de abril, al entender que es «coherente» con la suspensión como diputados que no cobren nada por ello desde el día en que tendrían derecho a ello.
Así lo ha explicado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al término de la reunión de este miércoles, que ha tratado una cuestión que hace unos días exigió Vox, que registró un escrito para que los cuatro diputados suspendidos no percibieran ninguna cantidad, ni desde el día en que fue efectiva su suspensión -el 21 de mayo, cuando se constituyó el Congreso y ellos se convirtieron en diputados- ni desde el día en que fueron elegidos, el 28 de abril.
También el vicepresidente de la Mesa de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha recordado que esta fue una petición de su partido. En todo caso, fuentes parlamentarias apuntan a que la decisión de la Mesa de pedir la opinión de los letrados sobre este tema era anterior. Además, el alcance real de la decisión será menor que los cálculos que hizo Vox el día que pidió la medida.
Este partido estimó en 20.000 euros el dinero que ahorraría el Congreso por suspender de sueldo a Junqueras, Sànchez, Turull y Rull desde el 28-A al 21-M. No obstante, será menor. Batet ha recordado que los diputados suspendidos sólo empezaron a cobrar del Congreso cuando el 17 de mayo renunciaron a sus actas en el Parlament de Cataluña, es decir tres días.
Misma mayoría Por otra parte, la Mesa del Congreso también ha aceptado la indicación de los letrados y no se modificará ni el número de diputados, que seguirán siendo 350 aun con los cuatro diputados suspendidos, ni el umbral de la mayoría absoluta, que se mantendrá en 176.
Una modificación de esta mayoría, a 172 como se especuló, podría haber facilitado la investidura de Pedro Sánchez por mayoría absoluta, a pesar de lo cual el PSOE se ha mostrado a favor del informe de los letrados, con lo que se ha sumado al parecer que habían manifestado ya PP y Ciudadanos.
Sólo los dos miembros de Unidas Podemos han pedido más tiempo para estudiar la cuestión. Siguiendo la opinión de los letrados, la Mesa ha asumido que Junqueras, Sànchez, Turull y Rull no pierden su condición de miembros del Congreso, aunque no tendrán derecho a formar parte de ninguna comisión parlamentaria o de ninguna ponencia, además de a percibir sus sueldos.
Control a Sánchez
En medio de las negociaciones para formar gobiernos autonómicos y locales y sin saber muy bien cuándo habrá una nueva investidura del presidente del Gobierno, la Mesa del Congreso ha dado también luz verde este miércoles a una medida que perseguía el PP y que equipara a Sánchez con el expresidente Mariano Rajoy.
El actual presidente en funciones también tendrá que someterse al control del Congreso, de momento, respondiendo a preguntas parlamentarias o eventualmente con la comparecencia de algunos de sus ministros en las comisiones parlamentarias, cuando se creen y que PP y Ciudadanos esperan que sea pronto.
Los populares han defendido especialmente que Sánchez dé cuentas de la actividad de su Gobierno en funciones porque esto es algo a lo que el Tribunal Constitucional obligó en 2016 a Rajoy, cuyo Gobierno estuvo en funciones más de medio año. Entonces, por sentencia judicial, el presidente tuvo que someterse a sesiones de control en el Congreso.
