Otra y dura.
Porque las derrotas parlamentarias se suceden con una cansina monotonía.
Han sido muchas y vendrán más.
Pedro Sánchez y su Gobierno Frankenstein han recibido un golpe que puede marcar un antes y un después: la proposición de ley que buscaba ceder a la Generalitat de Cataluña la gestión de la inmigración ha sido rechazada, con 177 votos en contra frente a 173 a favor. Esta medida era una de las principales exigencias de Carles Puigdemont para seguir apoyando al Ejecutivo.
El resultado no solo pone de manifiesto la fragilidad del bloque de investidura, sino que también revela un Gobierno paralizado, sin capacidad real para legislar, mientras crece la sombra de unas elecciones anticipadas sobre el panorama político nacional.
El rechazo no provino únicamente del tradicional antagonismo del PP y VOX, sino que también se sumó el voto negativo de Podemos, que no dudó en calificar el texto como “racista”, así como dos diputados del bloque Sumar, Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), quienes desobedecieron la disciplina de voto impuesta por Yolanda Díaz.
De este modo, el bloque progresista, lejos de mostrar una imagen cohesionada, ha evidenciado sus divisiones justo cuando se acercan unos Presupuestos Generales que prometen ser tan complicados como inciertos.
El gran perdedor en esta situación, más allá del propio Sánchez, es Junts per Catalunya. El partido liderado por Puigdemont ve cómo se esfuma una oportunidad crucial para demostrar su fuerza negociadora ante sus votantes y distanciarse del crecimiento de la ultraderecha independentista representada por Aliança Catalana. La portavoz del partido, Míriam Nogueras, defendió esta cesión como una herramienta necesaria para “controlar el actual desbordamiento” migratorio que, según su visión, pone en peligro la identidad catalana y presiona los servicios públicos. Sin embargo, estas justificaciones han sido tachadas de xenófobas por Podemos y parte del bloque progresista, quienes perciben en el texto un preocupante giro hacia posturas identitarias excluyentes.
En este trasfondo, las relaciones entre Junts y el PSOE se resienten con cada revés parlamentario. La derrota en esta cesión migratoria se suma al reciente fracaso sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Se acumulan promesas incumplidas que alimentan la desconfianza y acercan cada vez más a Puigdemont a cerrar la puerta al diálogo con Sánchez. Cada votación perdida proporciona más argumentos a los independentistas catalanes para considerar retirar su apoyo al Ejecutivo, incrementando así la presión sobre un presidente que parece estar cada vez más acorralado.
Otro aspecto notable de esta jornada ha sido la división interna dentro de Sumar. La ruptura de disciplina por parte de Compromís y Chunta Aragonesista evidencia las dificultades para mantener una postura conjunta ante propuestas que afectan tanto al modelo territorial como a la igualdad entre comunidades autónomas. Por su parte, Podemos ha optado por marcar distancias al votar junto a PP y Vox, una estrategia que ha dejado atónitos al resto del bloque progresista y ha suscitado críticas desde Junts y otros aliados parlamentarios.
La líder de Podemos, Ione Belarra, defendió su posición apelando a principios históricos sobre el derecho a decidir y el autogobierno. Sin embargo, rechazó cualquier insinuación de racismo o exclusión en relación con la gestión migratoria. En definitiva, esta votación ha servido para poner de relieve las dificultades que enfrenta un bloque donde conviven intereses y sensibilidades muy diversas. Todo esto anticipa un otoño caliente en el Parlamento, con Sumar debilitada justo cuando más unidad se requiere.
Un Gobierno paralizado y la sombra de las urnas
El rechazo a ceder competencias sobre inmigración no es un hecho aislado. Se suma a una serie continua de fracasos legislativos que dibujan un Ejecutivo con escasas posibilidades de maniobra. La incapacidad para alcanzar mayorías suficientes, junto con las tensiones internas entre sus socios y dentro del propio Gobierno, sitúa a Sánchez ante una disyuntiva: debe encontrar maneras de recomponer alianzas difíciles o enfrentarse al inquietante escenario de unas elecciones generales anticipadas que nadie desea en su entorno socialista pero que parecen cada vez más inminentes.
Los Presupuestos Generales, considerados como el gran proyecto político del curso político actual, se han convertido ahora en una verdadera carrera llena de obstáculos. La desconfianza entre los socios gubernamentales, las presiones ejercidas por Junts y las luchas internas dentro de izquierda complican enormemente cualquier avance legislativo significativo. Todo esto ocurre en un clima social tenso donde crecen las formaciones radicales tanto en Cataluña como en otras partes del país; estas últimas aprovechan cada tropiezo del Gobierno para aumentar la polarización.
