Después de la actuación de los Mossos durante el referéndum del 1-O y de su responsable, el mayor Josep Lluís Trapero, el consejo de Ministros ha acordado el cese del presidente de la Generalitat y del conseller de Interior, y en su caso de las autoridades dependientes.
El ejercicio de dichas funciones corresponderá a partir de que lo apruebe el Senado al Gobierno del Estado o a los órganos o autoridades creados o designados por el Ejecutivo.
Estos organismos o autoridades «podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la policía de la Generalitat de Cataluña- Mossos d’Esquadra.
Así, «los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cataluña, coordinando la actuación de la policía de la de la Generalitat- Mossos d’Esquadra».
El Ejecutivo también prevé que «en el caso de que sea necesario», los mossos «podrán ser sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Finalmente, el Gobierno indica:
«en el caso de que el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación, pudiera ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria, se podrá proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica especial que resulte de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables penales o de otro orden que pudieran dar a lugar».
En este sentido, el Ministerio del Interior, que asumirá la coordinación de las fuerzas de seguridad de Cataluña, «trabajará, dentro del marco legal, para que los Mossos d’Esquadra sean una policía sin adscripción política».
«La primera obligación de un cuerpo policial es cumplir y hacer cumplir la ley, y ese es el eje sobre el que se engranará el trabajo del Ministerio del Interior en esta etapa».
El Ministerio trabajará, asimismo, «para la normalización de la situación en Cataluña y la integración de todos sus ciudadanos, sean o no independentistas», con el objetivo prioritario de «asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes».
En este sentido, han añadido que «dada la especial sensibilidad de materias como la seguridad y el orden público, los detalles concretos sobre la aplicación de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros se irán dando a conocer a su debido momento».
Gabriel Rufián y otros rufianes independentistas oscilan entre el sollozo y la histeria: «Esto es otro 23F» https://t.co/q5WCwPweYs pic.twitter.com/Y0CYSjbG6I
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 21 de octubre de 2017
La aplicación del artículo 155 supondrá que el Gobierno, o el órgano que designe para ello, podrá cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político.
Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, acordado el cese del presidente, el vicepresidente y todos los consellers del Consell de Govern, la Administración General de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno.
Estos órganos podrán acordar el nombramiento, cese o sustitución temporal con asunción de las competencias correspondientes de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat, así como de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial.
Un capítulo en el que estaría incluida la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que dependen TV3 y Catalunya Ràdio.
Pero, además, en otro apartado del documento que será enviado al Senado se atribuye a los órganos que designe el Gobierno las funciones relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales y a las tecnologías de la información, en particular del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información en Cataluña.
Asimismo, en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, se garantizará la transmisión de una información «veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural», y con el equilibrio territorial.
Y que se garantice el conocimiento y el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Imponente bronca a los ‘traidores’ Mossos en la manifestación del 😯
