Por José María Arévalo

( Un elefante, anuncio del Circo Mundial en la Plaza Mayor, en 2010. Foto de H. Sastre en El Norte de Castilla) (*)

Como era de esperar, el nuevo alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, con los ocho concejales de su formación, los cuatro de Toma la Palabra y los tres de Sí se Puede, ha empezado el giro a la izquierda a toda velocidad, anunciando en estos dos meses el mayor número de cambios posibles, algunos de cara a la galería y otros con más carga política y económica para todos los ciudadanos. Entre los primeros el propósito de evitar 300 desahucios inminentes con una medida que la prensa ha llamado de “cambio de cromos”, de forma que los bancos cedan esos pisos para un parque social de viviendas a cambio de suelo público para sus promociones; lo que no sabemos a estas alturas en qué ha quedado. O el anuncio de que Valladolid se sumará en 2016 a las ciudades que impiden la presencia de circos con animales, por aquello del trato digno para las fieras. Y que aunque no hay intención de prohibir la celebración de los espectáculos taurinos, no contarán ya con el apoyo económico que del Ayuntamiento tenían hasta ahora.

Más calado ha tenido la decisión de paralizar la ampliación del centro comercial Vallsur, justificándola en la protección a los pequeños negocios; la oposición al proyecto de Ciudad de la Justicia en la parcela de Villa de Prado, ya en marcha, y en su lugar utilizar el colegio de El Salvador mediante expropiación o fórmula análoga, y una parcela del antiguo hospital Río Hortega; y lo que más directamente nos puede afectar a los ciudadanos, la petición al Gobierno de la revalorización catastral, lo que el Grupo Popular se ha apresurado a denunciar que pretende compensar la recaudación tras la eliminación de la Tasa de las Basuras, que el nuevo alcalde ha prometido se aplicará ya en 2016. Como “patatas calientes” que han afirmado abordarán pronto, el cierre del Museo de Santa Ana si no se encuentra una forma de financiación, y la rehabilitación y puesta de nuevo en uso del teatro Lope de Vega.

Aunque lo más debatido ha sido la utilización del Colegio El Salvador en vez de levantar la Ciudad de la Justicia, como ahora veremos, la mayor alarma nos la ha producido la acusación del PP vallisoletano de que «No están bajando los impuestos, los están subiendo», como ha asegurado –informaba Europa Press el 27 de agosto- el presidente del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo. Y titulaba: “El PP de Valladolid acusa al nuevo Ayuntamiento de «engañar» con la recaudación. El ‘tripartito’, en alusión a los grupos que forman Gobierno en Valladolid -PSOE y Toma la Palabra- y Sí se Puede, ha solicitado al Ministerio de Hacienda la revisión de los valores catastrales. El plazo expiraba el 31 de julio.

Martínez Bermejo ha explicado que en 2012, y con vigencia hasta el presente ejercicio, el Gobierno de la Nación ordenó a todos los municipios que no tenían actualizados sus valores catastrales antes de 2002, lista en la que se encontraba la propia capital del Pisuerga, subieran un 10 por ciento la parte aplicada al impuesto por el valor de la vivienda en el de Bienes e Inmuebles (IBI). Este año, según el propio presidente ‘popular’, Hacienda ha anunciado que tal revisión pasa a ser voluntaria, por lo que «se recuperaría» el porcentaje anterior a este aumento. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valladolid ha decidido acogerse a esta oportunidad, por lo que, a su juicio, «está subiendo de manera voluntaria e intencionada» los impuestos. Esta carga no afecta al valor actual de la vivienda, sino que por la revalorización de la misma se verán aumentadas otras, que no son de responsabilidad municipal, como el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) o las plusvalías en las operaciones inmobiliarias. Por este motivo, el PP ha presentado una moción en el Pleno del 1 de septiembre para que el Ayuntamiento no se acoja a esta subida, que puede ser mayor o menor del 10 por ciento establecido, según ha asegurado el propio presidente, y que valore la posibilidad de bajar la cantidad que se recauda si es la «suficiente» para mantener los servicios públicos. La moción, que apoyó Ciudadanos, ha sido rechazada.

En cuanto a la sustitución de la Ciudad de la Justicia por la ubicación de juzgados ahora en locales alquilados en el antiguo Colegio El Salvador, tras las dificultades que plantea la expropiación de este edificio de propiedad privada, y el posible elevado costo, la última noticia es que el Ayuntamiento planea pagar la expropiación del colegio con la parcela del Zambrana. El concejal de Viabilidad y Seguridad, Manuel Saravia, explicaba a la prensa que en el próximo pleno del Ayuntamiento se aprobará –como así ha ocurrido- la ubicación de la ciudad de la justicia en el colegio El Salvador y la parcela del antiguo Hospital Río Hortega, y que para ello el aprovechamiento urbanístico de la parcela de El Salvador se traslade al sector del centro de menores Zambrana de cinco hectáreas, que el Ayuntamiento tuvo que adquirir por sentencia judicial previo pago de 20 millones de euros. De esta manera, los propietarios de El Salvador no serían –relativamente- expropiados, y además, al ser compensados con una parcela pública y municipal, el Ayuntamiento no tendrá que desembolsar más dinero público. La parcela del colegio El Salvador pasaría a ser una dotación pública, al servicio de la ciudad.

Sobre este asunto del uso del antiguo Colegio El Salvador en vez de seguir adelante con la proyectada por el PP Ciudad de la Justicia, el pasado día 2 publicamos en esta páginas un documentado artículo de nuestro amigo el arquitecto y urbanista José Mª del Fraile Galán, “Zona judicial con lógica”, que se pronunciaba por no sacar del centro de la ciudad los juzgados. Teniendo en cuenta que la zona de San Pablo recoge ya buena parte de edificios dedicados a aquella función, en realidad el principal problema para el cambio de criterio es si, como denuncia el PP, ello “demorará el proyecto siete años”. Ya se rebaja así un poco el retraso, pues Catalá había dicho poco antes que el Campus de Justicia de Valladolid podría dilatarse hasta 2026 si se cambia la ubicación a El Salvador. Por el contrario, el PSOE calificaba de “compromiso cero y nulo” la actitud del ministerio con la Ciudad de la Justicia. De momento, en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se contempla una partida de solo 400.000 euros. Otros dicen que el proyecto de Ciudad de la Justicia lleva ya siete años de retraso, y que el anterior alcalde, León de la Riva, pudo dejar resuelta la implicación municipal y no lo hizo. El tiempo, que transcurre siempre inexorable, dirá quien tenía la razón.

Entre tanto, parece que el nuevo alcalde socialista se dedica a dar pequeñas satisfacciones a sus socios más a la izquierda, como en la prohibición del uso de animales en espectáculos circenses que Sí Se Puede Valladolid llevaba en su programa electoral y Toma la Palabra también la defendía en el suyo. Una medida populista pero poco popular porque el mayor atractivo de los circos era este de los leones tigres y elefantes, e incluso los caballos van a desaparecer de las atracciones en nuestra ciudad. Quizá en consonancia se ha suprimido también la policía municipal montada a caballo, tema también menor y menos controvertido que el de la implantación del tranvía, que aquí no se plantea todavía pero ya veremos si la polémica que lo rodea no es suficiente atractivo para los nuevos munícipes.

La última iniciativa populista municipal ha sido el anuncio del propósito de crear en Valladolid el Centro de la Igualdad, un organismo similar al que funciona en Fuenlabrada, Zaragoza o Gijón para unificar programas y servicios destinados a luchar contra los desequilibrios sociales. Y es que la Coordinadora de Mujeres, plataforma que engloba a una docena de colectivos de la ciudad, desde hace años viene reclamando la creación de un ente que aglutine las políticas de atención, ayuda y asesoramiento contra la desigualdad y la discriminación.

A esto se dedica el nuevo Ayuntamiento, en vez de resolver las “patatas calientes”, como decíamos del Museo de Santa Ana o del futuro del Lope de Vega, del que ya han anunciado se proponen negociar con Caja España-Duero para tantear una posible adquisición del inmueble en el futuro, y de momento urgirles a que, como propietarios, frenen su estado ruinoso. El edificio está valorado en cinco millones de euros y la rehabilitación se cifra en otros siete. Una tentación para incrementar el IBI, de lo que nos tememos no vamos a librarnos por una vía u otra.

Como la supresión del Museo del Toro, del que ya ha dicho Óscar Puente que es una instalación con un bajísimo nivel de visitas y supone un coste anual para las arcas públicas difícil de justificar. De momento el propio alcalde ha informado que el burladero de la plaza de toros de la capital no contará con representación institucional durante las corridas de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, tal y como ocurría hasta ahora. Lo curioso ha sido la justificación que ha dado: «porque nunca me ha gustado ver a los alcaldes ni a personajes públicos en el burladero», no solo por un tema legal sino por dar la sensación de «estar en otro plano». «En estos momentos, hay una cierta sensibilidad social creciente en contra del maltrato animal pese a que hay una parte indudable de arte en los toros y las instituciones deben ser sensibles con todas las opciones». En fin, que no tiene intención de prohibir la celebración de estos espectáculos taurinos, ha dicho, pero no contarán con el apoyo económico que del Ayuntamiento tenían hasta ahora. ¿No es todo un poco contradictorio?.

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(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
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