Los lunes, revista de prensa y red

“Acuerdo de pensiones y reforma laboral, antes del 26 de mayo”, de Toni Bolaño, y “Pero ¿de qué lado está el Tribunal de Estrasburgo?”, de Alfonso Basallo

( Viñeta de Caín en La Razón el pasado día 23) (*)

ACUERDO DE PENSIONES Y REFORMA LABORAL, ANTES DEL 26 DE MAYO

Artículo de Toni Bolaño publicado en La Razón el pasado día 24

El Gobierno ultima con partidos, sindicatos y empresarios desbloquear el Pacto de Toledo y así coger impulso en vísperas de la cita electoral. El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de los problemas que le acechan por su escasa fuerza parlamentaria y por la debilidad de la mayoría que le llevó a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Para superar estos escenarios negativos y llegar a las elecciones del 26 de mayo con un programa solvente, está dispuesto a mantener la iniciativa política en materia social. Pedro Sánchez ha anunciado que presentará en breve una Agenda del Cambio, un programa económico de carácter socialdemócrata y liberal progresista, que va más allá de esta legislatura, y un programa social que se inició con la aprobación del salario mínimo, acuerdo sobre autónomos y aumento de las pensiones.

Por este motivo, en estos días el Gobierno ha intensificado las negociaciones con UGT, CC OO, CEOE y CEPYME con el objetivo de intentar alcanzar un principio de acuerdo en materia de reforma laboral y reforma de pensiones. El acuerdo, sin embargo, será de mínimos, porque «hay que ser consciente de que no hay consenso suficiente porque no hay una mayoría parlamentaria que haga posible una amplia reforma», apuntan fuentes de la negociación. Mientras, otras fuentes coinciden y apuntan que será «una reforma descafeinada», aunque sentará «una base sólida de futuro». Para lograr esta mayoría, el Gobierno socialista mantiene una negociación dual: con las fuerzas sociales y parlamentarias.

La negociación de la Reforma Laboral se sustenta en el acercamiento que «se había producido entre los agentes sociales y la ministra Fátima Báñez», apuntan los negociadores. Para los sindicatos, los acuerdos «no son los deseables» e instan al Ejecutivo a «tirar para adelante» en una mayor profundidad de las reformas aunque definen alcanzar un acuerdo de mayor trascendencia como «casi imposible, por la actitud de la CEOE».

Según ha podido saber LA RAZÓN, se modificará el artículo 42, el cual define la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa y la definición de la actividad principal de la empresa, como elemento fundamental para luchas contra la subcontratación desmedida.

Sobre este punto hay diferencias formales que «se pueden subsanar» en la mesa social, y en el Congreso la ministra Magdalena Valerio ha acordado enmiendas transaccionales con diferentes grupos «aunque es la cuadratura del círculo poner de acuerdo a Podemos, PP, Ciudadanos y nacionalistas».

También se está negociando, con reticencias de la CEOE, la derogación de la ultraactividad, que evitaría que un convenio decaiga una vez finalizada su vigencia por la falta de acuerdo entre las partes, y el control horario. Para los sindicatos, el control horario es «fundamental para luchar contra el fraude a la Seguridad Social, porque no se cotizan las horas extras, a los trabajadores que hacen estas horas sin cobrarlas y contra el dumping de las empresas que no cumplen con sus obligaciones frente a las que sí cumplen». Sin embargo, la CEOE considera esta medida «como un sistema arcaico».

Las dificultades de la negociación se plasman en una nueva regulación de los Expedientes de Regulación. Ni la supresión de la autorización administrativa previa ni el cambio de condiciones de trabajo que puede aplicar la empresa de forma unilateral, tienen visos de verse modificados. Los negociadores sindicales apuntan que «seguirán siendo los tribunales los que adopten decisiones porque ahora este acuerdo es imposible porque la patronal se ha enrocado y el gobierno no tiene mayorías suficientes».

Las negociaciones sobre pensiones avanzan en paralelo a las que se están produciendo en el marco del Pacto de Toledo. El gobierno y las fuerzas sociales han tomado como base la reforma del sistema de pensiones de 2011 que «fue firmado por empresarios y sindicatos». Los puntos de encuentro se sitúan en la regularización de las pensiones de forma automática con el IPC, la eliminación con cargo a cuotas de los salarios de los trabajadores de la Seguridad Social y sus gastos corrientes porque «es el único organismo del Estado que funciona de esta manera», la eliminación de bonificaciones a la contratación, la inclusión de las pensiones no contributivas en los Presupuestos Generales del Estado y el cálculo de la pensión del trabajador en 35 años. Asimismo, las conversaciones incluyen «el contador a cero» del actual déficit de la Seguridad Social para que sea asumido también en presupuestos –o sea financiado con impuestos– y la derogación del factor de sostenibilidad que se empezaría a aplicar en 2020 y que podría significar la reducción de las pensiones, por la aplicación de un índice que se calcula sobre diversas variables, en hasta un 50% en 2040

Este último es clave en estas negociaciones. Para desbloquear la situación, sobre la mesa se plantea que en el plazo de unos meses –se habla de seis– los negociadores propongan diferentes fórmulas para sustituir al «factor de sostenibilidad». En definitiva, toma cuerpo que las pensiones no sólo se financien con cotizaciones sociales sino también con impuestos para garantizar su viabilidad. Los negociadores apuntan que con estas medidas se podrían ahorrar 15.000 millones anuales.

Las diferencias son ostensibles entre los sindicatos y los empresarios, y también entre los grupos parlamentarios, pero un acuerdo con CEOE, UGT y CC OO permitiría al Ejecutivo sacar pecho y músculo antes las fuerzas políticas, y «continuar con la iniciativa política». Algo más que necesario ante los interrogantes que se ciernen sobre la política española que tiene el 26 de mayo una cita clave para el futuro.

Artículo en: https://www.larazon.es/espana/acuerdo-de-pensiones-y-reforma-laboral-antes-del-26-de-mayo-CP21599568?n=1

PERO ¿DE QUÉ LADO ESTÁ EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO, ¿A FAVOR O EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Artículo de Alfonso Basallo publicado en Actuall el pasado día 21

Las instituciones de Europa nos tienen perplejos a los europeos. A veces parece que las ha ideado nuestro peor enemigo. En concreto el Tribunal de Estrasburgo no se sabe muy bien en qué equipo juega. Si a favor o en contra de los derechos humanos, sobre todo cuando el islam anda de por medio.

Musulmanes en Holanda a favor de la sharia y de que el islam domine el mundo.
Hay que decir, lo primero, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una institución de la UE, pero sí está relacionada con ella, puesto que los jueces que lo componen son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Pero a veces dan ganas de preguntarse de qué lado está: a favor o en contra de los derechos de los ciudadanos europeos.

Ese tribunal fue, por ejemplo, el que tumbó la doctrina Parot, en 2012. Lo cual suponía soltar a 61 presos etarras y dar la razón a la terrorista Inés del Río, con 24 asesinatos a sus espaldas -entre ellos los de 12 guardias civiles del atentado con coche bomba en la madrileña plaza de la República Dominicana-.

El tribunal condenó a España -es decir a usted y a mí- a indemnizar a la ‘killer’ con 30.000 euros, alegando que nuestro país había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estrasburgo no se entera. O, peor aún, se entera demasiado. Ya que el juez que promovió semejante decisión era el socialista Luis López Guerra, que había sido “número dos” del Ministerio de Justicia con el Gobierno de Zapatero (otro que, por cierto, no se sabe si está del lado de España o en contra).

El caso es dar la razón a los enemigos y reírse de las víctimas. Mutatis mutandi, eso es lo que ha pasado con otra decisión judicial que abre la puerta a la sharia o ley islámica en Europa.

Con una reciente sentencia (el caso Molla Sali v. Grecia), Estrasburgo acepta la aplicación de la sharia en Europa en ciertas condiciones, a pesar de que el propio tribunal siempre ha considerado que la ley islámica es, por definición, incompatible con los derechos humanos.

De hecho, en 2003 los jueces de Estrasburgo confirmaron la disolución de un partido islamista que quería decretar la sharia en Turquía, advirtiendo que era incompatible con los principios fundamentales de la democracia.

Estrasburgo ha abierto la puerta a la ley islámica, igual que el conde Don Julián abrió la puerta a Muza y Tarik en el 711

Con el cambio de criterio, cualquier Estado europeo, a partir de ahora, puede conceder a su comunidad musulmana la libertad de regirse por las leyes de la sharia sin que esto contravenga la Convención europea de derechos del hombre.

Alguien puede alegar: ¿y qué? mientras no molesten a los demás, mientras se circunscriba sólo a su ámbito… El problema es que ese ámbito no para de crecer demográficamente. Y cuando, andando el tiempo, surjan partidos islamistas con suficiente peso electoral y lleguen a ayuntamientos, parlamentos y gobiernos la sharia podría llegar a imponerse en el resto de la población. Sin aspavientos, por el conducto democrático reglamentario, igual que pasó en la Alemania de los años 30.

El famoso multiculturalismo, denunciado por Giovanni Sartori, es lo que tiene. Y lo que ha hecho Estrasburgo es abrir la puerta, desde dentro, a la ley islámica, igual que el conde Don Julián abrió la puerta, desde dentro, a Muza y Tarik en el 711, propiciando la invasión musulmana de España.

La sharia ya rige, de facto, en numerosas ‘no gone zone’ musulmanas del Reino Unido, Francia, Bélgica, o Suecia, donde ni siquiera se atreve a entrar la policía, con que imagínense si Estrasburgo les da la bendición judicial. Y las formaciones políticas islamistas que ya existen, no se cortan un pelo en anunciar sus intenciones, como hace un pequeño pero combativo partido de Bélgica.

En Europa se puede criticar a Carlomagno, Marx, Hitler o Lutero, pero ojo con mentar a Mahoma

No es la única bajada de pantalones del Tribunal, en los últimos meses, ante la cultura antidemocrática de los islamistas. Aquí en Europa se puede criticar y/o disentir de Carlomagno, Federico el Grande, Hitler, Marx, Lutero, Pio XII, Ratzinger, Darwin etc. pero ojo con Mahoma: no se te ocurra hablar de él, porque te puede llover una multa. No hablamos de insultos, no; simplemente una opinión basada en hechos históricos, relativa a su -¿como lo diríamos?- forma de entender el matrimonio.

Porque eso es exactamente lo que ha hecho Estrasburgo al condenar a una mujer, en Austria, por preguntarse, ¿cómo llamamos el matrimonio de Mahoma con una niña de 9 años, si no es pedofilia?

Los hechos son rigurosamente históricos, el profeta tenía 56 años y Aisha, su esposa-niña, tenía 9. La buena señora, Elizabeth Sabaditsch-Wolff, hizo el comentario en una conferencia sobre el Islam al manifestar que Mahoma era un pedófilo porque se desposó con una menor, que ni siquiera había llegado a la pubertad.

Con la sentencia, el Tribunal de Estrasburgo hace saber a todo europeo que la critica a Mahoma constituye una incitación al odio y que no está protegida por la libertad de expresión. El fallo ha merecido la felicitación de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que reúne a 57 países musulmanes, y que lleva tiempo presionando a la UE para que limite la libertad de expresión cuando se trata de críticas al Islam. Significativo.

La pregunta es si no estaremos llevando demasiado lejos lo que en el lenguaje inclusivo se llama lucha contra la islamofobia. Sobre todo cuando, en bastantes países musulmanes no reinan ni la libertad de expresión, ni la libertad de practicar otra religión que no sea el islam, y nadie en esas latitudes parece que se esté planteando la lucha contra la cristianofobia.

Artículo en: https://www.actuall.com/criterio/laicismo/pero-de-que-lado-esta-el-tribunal-de-estrasburgo-a-favor-o-en-contra-de-los-derechos-humanos/


(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
http://c1.staticflickr.com/5/4866/46862911431_0dffbc6033_o.jpg

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