«Peligrosas consecuencias económicas de un Gobierno comunista”.de José María Rotellar, “Ministerios ocultos”, de Antonio Burgos, y “Veganismo: De la opinión a la creencia”, de Ignacio Aréchaga
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 15)
PELIGROSAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE UN GOBIERNO COMUNISTA
Artículo de José María Rotellar publicado en Periodista Digital el pasado día 13
Los radicales se impondrán a la ortodoxia provocando una sangría en el empleo y una caída de nuestra economía. Tras lograr ser investido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el comunismo ha llegado al Ejecutivo y, por tanto, también va a llegar a la economía. Pues bien, el acuerdo del primer gobierno con comunistas desde la Guerra Civil -que fue, además, el único en el que los hubo- recoge aspectos muy radicales en todos los ámbitos. Por lo que se refiere al aspecto económico, todo tal y como era esperado: muchos elementos de riesgo para la sostenibilidad de la economía española. Por mucho que Sánchez lo revista con algún perfil tecnócrata, principalmente, Calviño y Escrivá, el programa firmado es radical, y o lo incumple -cosa que tampoco habría que descartar, ya que Sánchez hará lo que crea que es mejor para sus intereses- o por mucho que lo revista de algunos ortodoxos seguirá siendo radical.
Así, PSOE y Podemos pactan elevar el salario mínimo hasta 1.200 euros, subir las pensiones ligadas al IPC, derogar la reforma laboral en los puntos más dinámicos, aumentar el gasto, intervenir más la economía y subir impuestos.
Con este nuevo incremento del salario mínimo hasta los 1.200 euros, Sánchez lo habrá elevado un 22,3% de 2018 a 2019, y un 33,3% de 2019 hasta el momento en el que aplique la subida recogida en el pacto con Podemos. Con ello, la subida acumulada del salario mínimo será de un 63,1% desde los 735,90 euros de 2018. Y así, sube también la base mínima de cotización a la Seguridad Social, encareciendo más los costes laborales y, por tanto, empeorando la productividad y la competitividad de las empresas españolas, que puede reducir sus ventas, y, con ello, la actividad económica y el empleo.
La subida del salario mínimo constituye un enorme error basado en una retórica populista que lo único que produce es que las personas menos cualificadas queden expulsadas del mercado de trabajo y se vayan al desempleo. O, lo que es peor, que se vayan a la economía sumergida, donde no cotizan ni devengan derechos, no pagan impuestos y no quedan cubiertos para la percepción futura de una pensión o de una prestación por desempleo. Al no cubrir el coste que generan ni el margen adicional empresarial, serán expulsados del mercado de trabajo debido a este incremento artificial del salario mínimo.
De hecho, esos efectos ya se notaron en su momento, con los datos de afiliación a la Seguridad Social de enero de 2019, cuando tras aprobar esa artificial subida del salario mínimo en un 22,3% se destruyeron casi 205.000 puestos de trabajo en forma de afiliados a la Seguridad Social. De hecho, distintas instituciones, nacionales y extranjeras, ya confirmaron el parón que, en el medio plazo, supondría esta subida del salario mínimo para el mercado de trabajo:
- 40.000 empleos: la AIReF.
- 70.000-80.000 empleos: la Comisión Europea.
- 125.000 empleos: el Banco de España.
- 169,000 empleos: el BBVA.
A ello, habrá que añadir los efectos de esta nueva subida de otro 33,3%, que puede llevarse por delante otros 121.000 puestos de trabajo.
Mienten con las pensiones
En cuanto a las pensiones, no reformar el sistema para garantizar su viabilidad y taparlo con medidas populistas como el ligar su subida al IPC es mentir a la sociedad, aplazar el problema y dejar que se enquiste, con el riesgo de que estalle en el medio plazo y suponga recortes en lugar de reformas.
Para garantizar que el sistema público de pensiones sea viable y que los pensionistas no pierdan, hay que sacarlo del debate político y llevar a cabo reformas sensatas que permitan su continuidad. De no hacerlo, se pone en riesgo dicho sistema. En el acuerdo se desliza la idea de ir sosteniendo las pensiones con otras fuentes de financiación, de manera que todo apunta a que terminarán subiendo los impuestos para ello. Si a ello le añadimos que Sánchez ha renunciado a aplicar el factor de sostenibilidad y de equidad intergeneracional y ligar las pensiones, de nuevo, al IPC, contamos con un coste de las pensiones que Fedea ha estimado en 327.000 millones de euros dentro de treinta años. Esto supone 192.000 millones más que ahora.
Derogar la reforma laboral golpeará al empleo
Por otra parte, se proponen derogar la reforma laboral de 2012. Dicha reforma laboral fue magnífica desde el punto de vista de flexibilizar el marco laboral e impulsar, así, la creación de casi tres millones de empleos. La derogación de sus puntos más dinámicos provocará un retroceso de la contratación. lo hará tocando los puntos esenciales, como los siguientes:
- Revertir la actual prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial.
- Legislar para instaurar de nuevo la duración ilimitada de los convenios colectivos (ultraactividad).
- Obligación de que las empresas subcontratistas apliquen convenio de la empresa principal.
- Obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores.
- Se volverá a poner una carga administrativa muy fuerte a todas las empresas y se eliminará la flexibilidad que necesitan las pymes y autónomos en esta materia.
- Brecha salarial y planes de igualdad, que no deberían regularse por RDL sin un acuerdo amplio previo en la mesa de dialogo social.
Todo ello, supondrá una contrarreforma lesiva, pues:
- Introducirá rigidez en la contratación.
- Incrementará costes en la contratación.
- Disminuirá, con lo anterior, las oportunidades en el mercado de trabajo.
Esto tendrá un impacto negativo en la economía, debido a que esos mayores costes provocarían una disminución de la contratación, junto a un empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos.
Cada año, así, dejarían de crearse más de 100.000 puestos de trabajo que sí podrían generarse de mantenerse la reforma laboral sin derogar, provocado por una pérdida anual de alrededor de 2 décimas de PIB. De esta forma, de aquí al final de la legislatura se habrán perdido 757.000 empleos, que superará el millón de puestos de trabajo destruidos en un entorno de cinco años.
Más gasto y más impuestos
Por su parte, el incremento de gasto propuesto no es viable, porque no puede seguir aumentando sin parar, ya que los ingresos caerán cuando el ciclo económico agudice todavía más su ralentización, provocando un mayor déficit y, por tanto, más deuda, inasumible ya al encontrarse la economía española a unos niveles de deuda que supone casi el 100% del PIB. Por lo menos, entre pensiones (ya citado), gasto social y menor reducción del déficit estructural estamos hablando de un incremento de gasto de 12.637 millones en el mejor de los casos y 36.000 millones en el límite superior (equivalente al ajuste de gasto que tuvo que hacer el PP en diciembre de 2011, pues quieren revertir ahora la práctica totalidad de las medidas de austeridad), que puede hacer mermar el PIB y el empleo en casi 6 décimas.
El incremento del intervencionismo en la economía tampoco es una buena noticia, pues siempre que se restringe la libertad económica, la riqueza y el empleo se contraen, como, por ejemplo, cuando se regula el precio máximo de alquiler, el salario mínimo ya mencionado, o, a buen seguro, las maniobras que intentarán para impedir la libertad de apertura comercial o la competencia de las VTC con el sector del taxi (recordemos que Podemos tiene una posición muy extrema en contra de las VTC).
Además, la subida de impuestos es un desatino, máxime en una coyuntura de desaceleración económica, y la más que probable intromisión en la regulación de los impuestos cedidos a las regiones, para obligarlas a subir impuestos (se desliza en el punto 9.6 del programa), linda con socavar la autonomía financiera que las mismas tienen reconocida en la Constitución y limita algo positivo como es la competencia fiscal, que pone ante el espejo a los gobernantes regionales. Las subidas de impuestos sólo contraerán más la economía, el empleo y, con ello, la recaudación.
No sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación (pues terminarán incrementándolo más que lo que aparece en el acuerdo, ya malo de por sí), sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las tasas digitales o la ya aplicada repercusión del AJD a los bancos, que, tal y como el Banco de España ya detalló, está encareciendo los préstamos a los clientes, con lo que se ralentiza la expansión del crédito y, por tanto, el crecimiento económico. Como última perla de subida impositiva nos encontramos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía. Todo esto, junto con el incremento de gasto, puede parar la actividad económica y provocar otro frenazo adicional en el empleo de medio millón de puestos de trabajo.
Calviño no ahuyenta los males
Todo ello, hace imposible que España pueda cumplir con los objetivos de estabilidad, pues se generarán más déficit y más deuda. La presencia de Calviño por sí misma no ahuyenta esos males; simplemente, puede servir para tratar de mostrar ortodoxia en el Gobierno, pero se verá superada por el programa radical que han acordado, de manera que la ortodoxia desaparecerá, porque todo parece indicar que se impondrán los radicales.
En definitiva, se trata de un pacto peligroso para la economía, además de serlo, por otras múltiples razones, no económicas, para España en todos sus aspectos. Vivimos momentos sombríos, momentos en los que el presidente Sánchez ha preferido pactar con los comunistas, independentistas y con el antiguo brazo político de ETA a buscar un acuerdo de mínimos con el centro-derecha que permitiese unos presupuestos razonables, una serie de reformas sensatas que enderezasen la economía y transmitiesen confianza a agentes económicos, mercados e instituciones. Sin embargo, él ha preferido optar por una medida peligrosa para España y su economía: un gobierno en el que los comunistas parece que llevarán la voz cantante, a la vista del acuerdo firmado, con el chantaje permanente de los independentistas y sus facturas a cobrar, junto con las que mostrarán al pago el resto de pequeños grupos que le han dado el sí. Lo ha elegido él; nadie se lo ha impuesto. Son tiempos preocupantes, mucho más de lo que la sociedad percibe en estos momentos. El comunismo ha llegado al Gobierno y, si aplican el programa que han firmado, llegará también a la economía, con tristes consecuencias.
MINISTERIOS OCULTOS
Artículo de Antonio Burgos publicado en ABC de Sevilla el pasado día 15
Si Ramón y Cajal, en vez de gloria de nuestra ciencia y Nobel de Medicina, fuese un viejo Ministerio, tengan por seguro que Sánchez, para contentar a sus coaligados de Podemos y restarles poder el mismo tiempo, lo hubiera desdoblado en dos: el Ministerio de Ramón y Ministerio de Cajal. Milagro es que haya mantenido intacto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de donde le podían haber salido perfectamente tres, por si le hacían falta para el 11 femenino y el 11 masculino de los 22 ministros: le ha resultado el número de jugadores de un partido de fútbol. Fútbol masculino contra fútbol femenino, como se lleva ahora; por ejemplo, el Tacón contra el Atlético. ¿No ha separado Trabajo de Seguridad Social y Educación de Universidades? Pero la cuestión es poder presumir de tener más ministros y vicepresidente que nadie, descorbatados al prometer el cargo ante el Rey, ¡prontotito iban a consentirlo en Buckingham! Cuando sabido es que cuantos más ministros haya, más pueden meter la pata. Pero el sueldo es el sueldo, el colchón de la Moncloa es el colchón de La Moncloa y con las cosas de comer no se juega.
Leo la lista de ministerios (que creo le regalan un fin de semana en Venezuela a quien se la sepa enterita, con el título de las cuatro vicepresidencias incluido), y saco en conclusión de que hay otros ministerios. Ministerios ocultos, muchas de cuyas potestades se reserva el que por fin ha logrado ser presidente del Gobierno con plaza fija, no interino, a cualquier precio. Son Ministerios por lo Bajini, que funcionan en todo el Gobierno, y por sus obras empezaremos pronto, ay, a conocerlos. Sin que sea exhaustiva, hago una somera lista de estos ministerios que hemos de padecer, y me salen de momento los siguientes
Ministerio de Desairar al Rey.- Su tarea consiste, para ir desprestigiando a la Constitucional Institución Monárquica y complaciendo a sus socios de Izquierda Republicana de Cataluña, en ningunear en lo más posible a Don Felipe VI, como en la propia presentación de la lista del nuevo Gobierno, comunicada por teléfono y de milagro no por WhatsApp, o en enviarlo a Cuba para poder tranquilamente pactar el Gobierno de España con todos los enemigos de la nación y sobre todo de su Corona.
Ministerio de la Herencia Recibida.- Tiene encomendado culpar al PP, a Rajoy e incluso al bolso de Soraya de todos los problemas que no puedan resolver, empezando por el aumento del paro y la absoluta imposibilidad de creación de empleo para acabar con el récord europeo de desempleo juvenil.
Ministerio contra los Toros.- Se basa en las leyes de Bienestar Animal, que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias, y copiar a los catalanes con la prohibición de la Fiesta Nacional. Sin tener en cuenta que la dehesa del campo bravo es como un inmenso Parque Nacional cuya ecología sostienen de su bolsillo unos idealistas ganaderos a los que, salvo media docena, les cuesta el dinero mantener el hierro. El interés político de este ministerio secreto radica fundamentalmente en que no se va contra la Fiesta de los Toros, signo contra un símbolo de España que hay que destruir.
Ministerio de Invención de Nuevos Impuestos.- Afecta a todos los departamentos, que han de echarle imaginación para brear a impuestos todo lo presuntamente tributable y así poder despilfarrar más. Este Ministerio cuenta, además, con la tarea importantísima del Secretario de Estado de Crujir a las Grandes Fortunas, entendiendo por gran fortuna el que heredó el piso que sus padres compraron, con tantas fatiguitas y esfuerzos, o el negocio que pusieron perdiendo el sueño tantísimas noches.
Y así también, el Ministerio contra la Ultraderecha, el Ministerio contra el Machismo y todos los que verá usted cómo van asomando la oreja. Al tiempo.
Artículo en: http://www.antonioburgos.com/abc/2020/01/re011520.html
VEGANISMO: DE LA OPINIÓN A LA CREENCIA
Artículo de Ignacio Aréchaga publicado en Aceprensa el pasado día 8
Cada vez más los adeptos a distintos estilos de vida no se conforman con pedir que se les permita seguirlos. También buscan el amparo de la ley para exigir que su opción se respete como una creencia que debe ser reconocida y protegida contra la discriminación, al igual que un credo religioso. A este nivel se sitúa ya el veganismo, según una sentencia de un tribunal británico que ha sido noticia en estos días.
Ante una reclamación de un vegano por discriminación laboral, el tribunal de Norwich ha dictaminado que el veganismo es “una creencia filosófica”, que merece gozar del amparo de la Ley de Igualdad. Esta ley, aprobada en 2010, prohíbe que nadie sea discriminado por su raza, sexo, edad, religión, discapacidad…; factores a los que se añadiría también ahora el veganismo. El caso fue planteado por Jordi Casamitjana, que asegura que fue despedido de su trabajo por sus convicciones veganas. Y no es que trabajara en una empresa contraria al veganismo o insensible al bienestar animal. Trabajaba precisamente para la League Against Cruel Sports, una organización que lucha contra prácticas como la caza del zorro o el toreo. Pero el demandante se rebeló contra sus jefes, según el sumario, al descubrir que en el plan de pensiones del grupo se invertía en algunas compañías que realizan experimentos con animales.
Cada vez más estilos de vida buscan que la ley les proteja de los argumentos de los contrarios
Hay que tener en cuenta que Casamitjana no es solo un vegano de dieta, sino un “vegano ético” de los que intentan evitar el contacto con productos derivados de cualquier forma de explotación animal. Lo que incluye desde no llevar ropa de lana o piel a no usar productos probados en animales. Sin duda, es un creyente escrupuloso, ya que –según explicó al tribunal– rechaza tanto el coche particular como el transporte público para evitar “choques” con insectos o pájaros. Quizá eso no favorece la puntualidad en el trabajo. Por su parte, la empresa alega que el empleado no cumplió con sus obligaciones, y que ahora se escuda en sus creencias para resolver una disputa laboral.
El tribunal no ha dictaminado todavía si Casamitjana fue discriminado. Pero sí ha admitido que el veganismo puede invocar la protección de la Ley de Igualdad, en cuanto “creencia filosófica”, lo cual es todo un triunfo para los adeptos a la causa. Tampoco hay que exagerar la trascendencia de la decisión: se trata de un tribunal laboral y en primera instancia, cuya sentencia puede ser recurrida. Pero no deja de tener su interés como manifestación del espíritu de la época.
Si un estilo de vida alcanza una difusión significativa, como parece estar sucediendo con el veganismo, es oportuno que los servicios públicos ofrezcan opciones prácticas a los veganos, por ejemplo, en los comedores de hospitales o escuelas. Otra cosa es que demande un estatus legal de creencia. No deja de ser curioso que en una sociedad que presume de laica las nuevas creencias seculares reclamen una protección privilegiada como la que tienen las convicciones religiosas. Quizá eso nos indica también que sus seguidores han volcado en ellas su sed de absoluto.
Pero ¿por qué limitar ese reconocimiento al veganismo? Si se pretende dar protección legal a creencias que suponen todo un estilo de vida, también habría que incluir otras como el feminismo, el pacifismo, el ecologismo… que en no pocos casos determinan el comportamiento vital de sus seguidores.
Pero no todo el mundo obtiene fácilmente la protección legal por motivo de discriminación. Sobre todo, si en vez de invocar un -ismo, apela a la realidad. Basta ver, también en el Reino Unido, el caso de Maya Forstater, que ha sido noticia en estos días por perder una demanda laboral.
Forstater, investigadora del think tank Centre for Global Development, fue despedida por manifestar en redes sociales su opinión sobre la posibilidad de enmendar la Ley de Reconocimiento de Género de 2004, para permitir que cada uno elija su género por mera declaración sin tener en cuenta su sexo biológico. Desde hace dos años se debate esta posibilidad, y Forstater, como otros millones de ciudadanos, piensa que el sexo es un hecho biológico que no puede ser cambiado. Tampoco le parece conveniente que las mujeres tengan que compartir vestuarios, baños, equipos deportivos o cárceles con personas de sexo masculino que se presentan como mujeres transexuales. Y aunque en sus relaciones sociales “procuraría no herir los sentimientos de nadie, no creo que la gente deba ser obligada a dar por buenos engaños como el de que ‘las mujeres transexuales son mujeres’”.
Por atreverse a decirlo, su contrato no fue renovado, y ella reclamó ante los tribunales. En su caso, el juez ha estimado que no puede invocar el amparo de la ley, porque su opinión “no es digna de respeto” y “puede herir” los sentimientos de otros. El juez alegó que “llamar hombre a una mujer transexual probablemente puede ser causa de profunda angustia”. Todo el razonamiento del juez se basa en la posibilidad de que alguien se “sienta” herido por la opinión expresada por otro. Lo importante aquí no son los datos biológicos y la verdad, sino los sentimientos.
Pero esto podría anular toda posibilidad de debate en una democracia, pues cualquiera puede alegar que se siente ofendido por la opinión del contrario. Por ejemplo, el que no tiene reparo en comer carne podría sentir ofendido por la opinión expresada por el vegano, que le descalifica como un ser insensible al sufrimiento animal y culpable de un comportamiento no ético.
Como ha escrito el abogado Jon Holbrook, “la sentencia pone de relieve que en los temas de transexualidad la ley se ha convertido en una amenaza para la democracia. Se ha convertido en sierva de un discurso trans al que no le preocupa ganar con razonamientos, sino que busca silenciar a los oponentes en su búsqueda de una ‘victoria’ asegurada por un árbitro que está de su parte”.
El que los silenciados puedan sentirse heridos por esta discriminación no es un sentimiento que merezca ser tenido en cuenta.
Artículo en: http://elsonar.aceprensa.com/de-la-opinion-a-la-creencia/
