“El Senado pedirá al Congreso retirar la ley de Amnistía en un conflicto inédito”, de Julio Hurtado; “El Colegio de la Abogacía de Madrid denuncia a la Fiscalía por desvelar en un hecho `sin precedentes´ datos confidenciales de la pareja de Ayuso”, de Ángela Martialay; “Izquierda Española acude a las elecciones europeas como `alternativa´ al PSOE y contra la España de `tribus´”, de Marisa Cruz; y “Ley de Amnistía y linchamiento de Ayuso: así empieza la dictadura de Sánchez”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 19 )
EL SENADO PEDIRÁ AL CONGRESO RETIRAR LA LEY DE AMNISTÍA EN UN CONFLICTO INÉDITO
Artículo de Julio Hurtado publicado en La Vaguardia el pasado día 20
El PP activa su mayoría en la Cámara Alta para ir al choque institucional. PSOE, Junts y ERC dan por hecho que la denuncia del Senado no afectará a la aprobación de la amnistía. El Senado pedirá al Congreso retirar la ley de Amnistía en un conflicto inédito.
En un choque institucional sin precedentes, el Senado ha entrado en vía de colisión con el Congreso a raíz de la tramitación de la ley de Amnistía, cuya constitucionalidad ha puesto en duda un informe de los letrados de la Cámara Alta. Esta situación ha llevado al PP, con mayoría en el Senado, a anunciar que instará a la Cámara Baja a retirar la norma o, en caso contrario, elevará al Tribunal Constitucional un conflicto entre órganos constitucionales, algo que resultaría totalmente inédito.
La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, fue la encargada de lanzar esta advertencia en su interpelación al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el que mantuvo un acalorado enfrentamiento en el pleno: “Quiero anunciar que el grupo popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de Amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución”, dijo la senadora por Ávila.
El informe de la secretaria general del Senado, que apunta la posibilidad que ahora explorará el PP ante una “invasión de atribuciones” entre diferentes instituciones, versa explícitamente “sobre la inconstitucionalidad del dictamen del pleno del Congreso” y, en consecuencia, permite a los populares sostener que, al margen del contenido de la norma, cuya constitucionalidad deberá sancionar en última instancia el Tribunal Constitucional cuando esté aprobada y previa presentación de un recurso, los procedimientos seguidos contravienen lo establecido en la Constitución.
El PP entiende que la tramitación de la ley de Amnistía fue “fraudulenta”, de manera que si el Congreso no acepta en el plazo de 30 días su retirada, este grave conflicto lo acabará dirimiendo el propio Constitucional, al que de este modo llegará la ley de Amnistía por doble vía: por un lado, antes de estar aprobada y, por otro, en caso de no paralizarse su tramitación, para la que el PP podría solicitar medidas cautelares, una vez que sea devuelta al Congreso y sea refrendada por la mayoría parlamentaria que la impulsó en primera instancia y que es la que da apoyo al Gobierno.
Para que el recorrido se complete, primero la Mesa del Senado admitirá esta solicitud del grupo popular y la llevará al pleno, algo que se producirá a principios de abril y ya en plena precampaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Pero, de forma paralela, seguirá adelante la tramitación en el propio Senado, ya que los plazos no se ven alterados: la ley de Amnistía tiene que regresar al Congreso como muy tarde el 16 de mayo.
En este contexto, fuentes populares avanzaron cuál será su estrategia: no presentarán enmiendas parciales a la ley, sino que plantearán un veto a la totalidad de la norma, lo que obligará al Congreso a votar de nuevo para levantarlo. El PP pretende con ello ajustar la gestión de los tiempos en función de los acontecimientos políticos, sabedor de los apuros en los que puede verse el PSOE cuando tenga que volver a armar una mayoría parlamentaria a favor de la amnistía con sus socios, sobre todo ERC y Junts, en pugna constante y creciente por la hegemonía en el independentismo.
El choque no paraliza la tramitación de la ley de Amnistía salvo que lo decida el alto Tribunal
Así, el partido de Alberto Núñéz Feijóo decidirá agotar los plazos o no según sus propios intereses, ya que de aquí a mayo puede pasar cualquier cosa, como que vuelva Carles Puigdemont a Catalunya decidido a hacer campaña in situ y asumiendo el riesgo de ser encarcelado. Ante tantas incertidumbres, el PP quiere guardarse el as del Senado bajo la manga.
Sea como fuere, ayer se volvió a evidenciar en la Cámara Alta la brecha insalvable que existe entre el PP y el PSOE, que ofrecieron versiones muy distintas del debate que se produjo en la Mesa: para los socialistas, la admisión a trámite en el Senado de una ley remitida por el Congreso es automática y rechazaron votar las “consideraciones jurídicas” que el PP introdujo en el texto como “resumen” de los dictámenes adjuntos de los servicios de la Cámara y de la Comisión de Venecia.
Guerra abierta entre letrados de las Cortes
Es realmente inédito, y grave, lo ocurrido estos días entre las dos cámaras del poder legislativo. El informe elaborado por la secretaria general del Senado sobre el procedimiento para tramitar la ley de Amnistía se titula “informe sobre la inconstitucionalidad del dictamen del pleno del Congreso”. Ni más ni menos. Los letrados del Senado sostienen que lo que les envía la Cámara Baja con el visto bueno de sus letrados es contrario a la Constitución. No solo la ley, de hecho, el informe sostiene también que el procedimiento para su tramitación –por ejemplo, su devolución a la comisión de Justicia tras el no de Junts– en el Congreso es manifiestamente ilegal. Más allá de la controversia de si a los letrados de las dos cámaras, y ambas lo han hecho, les compete pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley, el informe de los letrados del Senado es una impugnación a sus colegas del Congreso de los Diputados que rompe la tradicional sobriedad y comedimiento de los servicios jurídicos del poder legislativo. Indicativo de una corrosión sin precedentes, no sólo política, institucional.
EL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE MADRID DENUNCIA A LA FISCALÍA POR DESVELAR EN UN HECHO «SIN PRECEDENTES» DATOS CONFIDENCIALES DE LA PAREJA DE AYUSO
Artículo de Ángela Martialay publicado en El Mundo el pasado día 19
Subraya que el «derecho de defensa es sagrado» y una «pieza básica del Estado de derecho».
Conflicto institucional de primera magnitud entre el colegio de abogados de mayor peso en España y la Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado este lunes que presentará una denuncia por revelar la Fiscalía datos «confidenciales» de las conversaciones entre el letrado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que lo investiga por presunto fraude fiscal.
Así lo ha acordado la Junta de Gobierno por unanimidad tras la reunión mantenida este lunes y así lo ha comunicado el decano Eugenio Ribón en rueda de prensa posterior a la deliberación. La denuncia se presentará por delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos tipificados en el artículo 417 del Código Penal.
El citado artículo reza lo siguiente: «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
«UNA PIEZA BÁSICA DEL ESTADO DE DERECHO»
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por un juez de Madrid por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, tras haber sido denunciado por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. En palabras del decano, el «derecho de defensa es sagrado», una «pieza básica del Estado de derecho» y, con esta filtración, la Fiscalía ha vulnerado el «derecho a la confidencialidad» y ha puesto en riesgo su «neutralidad».
El ICAM considera que la difusión por parte del Ministerio Fiscal del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, que fueron mantenidas entre el abogado de la pareja de Ayuso, el fiscalista Carlos Neira, y el fiscal del caso, Julián Salto, encaminadas a llegar a un pacto de conformidad, atentan contra el derecho de defensa. El decano ha calificado estos hechos de una «gravedad sin precedentes».
«El Colegio de la Abogacía de Madrid, como mayor colegio de Europa, en nombre de sus más de 75.000 colegiados y como garante del Derecho de Defensa de toda la sociedad, tiene la obligación de defender a ultranza y con la mayor contundencia el derecho de defensa», ha señalado el decano en rueda de prensa.
Ribón ha apuntado que la Junta de Gobierno ha acordado «dar instrucciones a los servicios jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada». El acuerdo se ha adoptado de forma unánime por los 14 miembros que integran la Junta de Gobierno.
OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Por otro lado, la Junta Directiva ha acordado presentar una denuncia formal que «inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal». El decano explicó que dicha normativa sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, «de información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado».
El ICAM considera que «la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».
Por otro lado, el decano ha informado de que el ICAM, hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad, se desvincula del protocolo de conformidades suscrito entre el Ministerio Público y la Abogacía. Eugenio Ribón ha indicado que «desde este momento se insta a una revisión del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación y que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado».
INSTRUCCIÓN DIRECTA DEL FISCAL GENERAL
El pasado jueves el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid -por instrucción directa del fiscal general del Estado, tal y como desveló EL MUNDO- envió a los medios de comunicación la nota de prensa con la negociación mantenida con el letrado del empresario Alberto González Amador.
Horas después, el colegio de letrados se reunió de urgencia y emitió un duro comunicado destacando que la Fiscalía Provincial de Madrid reveló «datos concretos de unas diligencias de investigación» a través de un comunicado y subraya que entre «esas filtraciones figuraban fechas, conversaciones y reuniones que suponían una «ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».
Por su parte, el fiscal general ha enviado hoy un comunicado al Consejo General de la Abogacía Española donde sostiene que se salvaguardó el deber de reserva del ministerio público ya que sólo se informó de aquellos aspectos que «resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha de los miembros de la Fiscalía de Madrid y que además ya se conocían en prensa «como consecuencia de una indeseable filtración», informa Efe.
En este punto, García Ortiz anunció que se revisarán «los sistemas de seguridad» para evitar «filtraciones de datos y archivos que se encuentren» bajo custodia de la Fiscalía, y confía en que la «implantación» de nuevas herramientas informáticas permita «seguir la trazabilidad» de documentos y garantizar la protección de datos reservados.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2024/03/18/65f820dc21efa066338b4582.html
IZQUIERDA ESPAÑOLA ACUDE A LAS ELECCIONES EUROPEAS COMO «ALTERNATIVA» AL PSOE Y CONTRA LA ESPAÑA DE «TRIBUS»
Artículo de Marisa Cruz publicado en El Mundo el pasado día 18
Izquierda Española, el nuevo partido progresista que se define como «alternativa» a un PSOE convertido en «portavoz del secesionismo identitario», se presentó este domingo en Madrid arropado por intelectuales, antiguos miembros del Partido Socialista, de Ciudadanos y de los movimientos cívicos antinacionalistas. La nueva formación medirá sus fuerzas por primera vez en las próximas elecciones europeas del 9 de junio.
Su líder, Guillermo del Valle, hizo hincapié en que Izquierda Española nace para «defender la igualdad frente al sálvese quien pueda» y lo hace, dijo, con la pretensión de ser «la esperanza de la valentía especialmente para los más vulnerables» frente a una España «de tribus o taifas». «Defendemos», afirmó, «una España de lo común que apueste por los intereses de todos dentro de Europa» porque, remachó, «el estado es el refugio de los más débiles».
La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ex portavoz socialista en el Congreso durante el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, profundizó por su parte en los ataques del secesionismo contra el Estado: «Defender la integridad territorial en España es defender a los españoles» y, en este sentido, criticó la amnistía por ser «una ley mercenaria a cambio de impunidad».
También Del Valle se refirió a la medida de gracia calificándola de «privilegio para los de arriba; un privilegio para una oligarquía jurídica, política y social», insistió antes de lamentar que el país no tenga Presupuestos pero sí amnistía.
Rodríguez abundó en la idea «tan simple y tan democrática» de que «defender que España es una nación es defender la igualdad de los españoles. Y aseguró que la izquierda siempre apostó por ese planteamiento «hasta que se ha convertido», en clara alusión al PSOE, «en portavoz del «identitarismo secesionista».
«Hoy», ha afirmado, «(Jordi) Turull ha dicho que se verá si hay viabilidad para la legislatura. Esto va a tanto la pieza y la pieza somos nosotros, España y los españoles». Además, ha defendido el que «desde la izquierda se defienda un proyecto de país que no es patrimonio de la derecha».
EL RECUERDO DE LA «URNA ESCONDIDA»
La ex dirigente socialista ha hecho hincapié en que para entender lo que está pasando «es necesario saber de dónde venimos: de una urna escondida en el Comité Federal del 1-O a una reunión en Ginebra con representantes del prófugo para desguazar el Estado».
El acto de presentación del nuevo partido ha estado conducido por el director de cine Jon Viar y en el mismo han participado, entre otros, el economista Juan Francisco Martin Seco, que fue responsable económico de Julio Anguita; Beatriz Flores, responsable de programa del partido; el escritor y profesor universitario Félix Ovejero, miembro de los movimientos cívicos antinacionalistas, y Laura Montecino, portavoz adjunta de la formación.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2024/03/17/65f71b50fc6c836c798b457b.html
LEY DE AMNISTÍA Y LINCHAMIENTO DE AYUSO: ASÍ EMPIEZA LA DICTADURA DE SÁNCHEZ
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 17
El proyecto político de Sánchez es irreversiblemente totalitario y rabiosamente incompatible con la Constitución Española y con el Estado de Derecho y la división de poderes según establece la Unión Europea. No hay margen para el debate, ni duda fundada sobre el fin político que se busca y los medios ilegales que se piensan emplear para alcanzarlo: un régimen de poder personal amparado por poderes exteriores enemigos de España –la ETA, el golpismo catalán, Marruecos– y tutelado por el Grupo de Puebla.
Ayuso es para Sánchez como María Corina Machado para Maduro
La Ley de Amnistía es un engendro jurídico redactado por los mismos delincuentes a los que favorece. La persecución de Ayuso por Sánchez recuerda a la de María Corina Machado y sus colaboradores por Maduro: se trata de destruir personal y políticamente a un enemigo político cuya popularidad lo arrasaría en las urnas. La Ley de Amnistía indulta la compra del poder por Sánchez. El linchamiento de Ayuso intenta acabar con una líder del PP que lo ha derrotado siempre y que le obsesiona. La amnistía de Sánchez a sus socios delincuentes prueba su determinación y también su debilidad. El quinto intento de acabar con Ayuso mediante la calumnia a sus familiares o allegados más cercanos –el padre, la madre, el exmarido, el hermano y, ahora, el novio– es el modelo de persecución a la oposición típicamente bolivariano, cuyo sicariato encabeza una Fiscalía corrupta dispuesta a pasar por encima de las leyes para lograr su objetivo.
No es casualidad que estos dos planes de demolición, el institucional y el político, hayan coincidido en la misma semana. Tampoco lo es que Sánchez se centre en Ayuso y Feijóo, puntales ideológicos y políticos de la Oposición. Y del mismo modo que Pujol y su partido se lanzaron al golpe de Estado separatista para tapar la corrupción familiar, el PSOE y Sánchez tratan de ocultar un caso de corrupción que afecta de lleno al partido y al presidente del Gobierno. La sesión de control del miércoles retrató a un Sánchez totalmente descontrolado, facial y argumentalmente. La actuación de la Fiscalía, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda contra Ayuso muestra la forma en que piensa aguantar en el Poder el tiempo que pueda: como Delcy Rodríguez y Maduro, saqueando fondos públicos y vulnerando los derechos civiles. Esto ya no tiene marcha atrás: o gana Sánchez y pone de rodillas a España, o gana España y acaba con Sánchez.
Alvarone calca los delitos de Garzón en el Caso Gurtel
Libertad Digital ha publicado abundante la información sobre la catarata de delitos perpetrados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid, por orden directa, según reveló El Mundo, del fiscal general del Estado, «Alvarone», nombrado por Dolores Delgado, señora de Baltasar Garzón, el multimillonario abogado del Narco, más precisamente del Cartel de los Soles, que es como el FBI y la DEA llaman al régimen de Venezuela.
Garzón ha sido el auténtico ministro de Justicia y el verdadero fiscal general del Estado cuando ocupaba esos cargos «la que bebe de mi copa», o sea, su señora, como es público y notorio. Pero nadie ha reparado en que el más escandaloso de los delitos de Alvarone, la vulneración de un derecho sagrado en democracia, el de la confidencialidad entre abogado y cliente, en este caso el abogado del novio de Ayuso con el fiscal, es exactamente el mismo delito que le costó la carrera por prevaricación a Baltasar Garzón: la intervención ilegal de las comunicaciones de los abogados del Caso Gurtel con sus clientes cuando estaban detenidos por la policía de Rubalcaba.
Si Garzón, que urdió su delito en la famosa cacería con el ministro de Justicia Bermejo de cazador furtivo, tuvo la complicidad del ministerio del Interior de Rubalcaba, que también había enviado a JAS, su comisario de confianza para los trabajos sucios, Alvarone ha contado con la complicidad de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda de Marijota Montero. La fiscal de Madrid que publicó la denuncia tiene un conflicto de intereses evidente, ya que fue nombrada por Dolores Delgado y fue directora general de justicia con Zapatero, por lo que no debería haber intervenido en un caso que, en el fondo se ha limitado a tratar de destruir a un enemigo político y a ocultar la inmensa trama de corrupción del PSOE, partido al que sirven o han servido todos los cargos públicos que aparecen en esta conspiración.
Porque conspiración es la que lleva a la ministra de Hacienda a revelar datos de la Agencia Tributaria que sólo podía haber obtenido delictivamente y cuya delación a los medios, fingiendo que sólo quería dar explicaciones sobre lo que aún no se había publicado la retrata como la mentirosa más patosa del Reino, amén de más que presunta delincuente. Y conspiración es la de Alvarone para asaltar la sagrada confidencialidad de la relación abogado cliente, a publicarla, y al presidente del Gobierno a convertirla en las Cortes en una petición de dimisión de la presidenta de Madrid, por la relación con una persona cuando aún no era su pareja y cuyo delito era y es una inspección fiscal, ni terminada ni sustanciada. Como los periodistas son cada vez más lerdos, desconocen que aceptar un delito ante Hacienda no significa haberlo cometido, sino el trámite legal necesario para llegar a un acuerdo de conformidad, pagar lo pactado y liquidar el asunto. O bien llevarlo a los tribunales, cosa que en la mitad de las veces termina en la derrota de Hacienda, como prueba el reciente caso de Xabi Alonso.
Cuando la captadora de fondos vive en la Moncloa
Es decir, que a Ayuso se le acusa de un delito que no se ha cometido por una persona que no tenía entonces ninguna relación con ella ni con su responsabilidad política. Y que se hace público para ocultar la relación de Sánchez con los negocios de su mujer, que lo era desde que se dedica, a los 15 días de llegar su marido al poder, como ha detallado El Confidencial, a «captar fondos», sostenida por una compañía, Globalia, que financia sus chiringuitos, desde el Africa Center del Instituto de Empresa que pagaba el chiringuito sólo para Begoña llamado Wuakalúa, que paga Javier Hidalgo.
Este Hidalgo ya parece en San Petersburgo en 2019 junto a Begoña y Víctor de Aldama, el gran conseguidor de la trama de las mascarillas. Y el tinglado del caso Koldo lo dirige Cueto, cuya relación con Begoña es, al parecer, muy íntima con su señora y anterior al latrocinio en la pandemia. Como ha subrayado El Confidencial, poco tiene que ver la redención del África menesterosa con la Organización Mundial de Turismo, donde vemos al trío Bla-Bla-Blá, Aldama, Hidalgo y Aldama, metidos en harina.
Pero esta estrecha relación de la financiación de los negocios de la señora del presidente con Air Europa-Globalia-Averis, está conectada con el rescate de la compañía por el Gobierno del marido de Begoña, que ni siquiera se ausentó, de ahí la denuncia del PP en la Oficina de Conflicto de Intereses –cuando se firmó el rescate del tinglado. En total, mil millones de euros– los 670 de Air Europa, que es la pieza clave de Globalia, y 340 de Averis, o sea, Viajes Halcón, que está también participada por Globalia.
Bolaños y los medios sanchistas alegan que se trató de una de tantas empresas rescatadas durante la pandemia. Pero el fondo que habilitó el Gobierno era de 10.000 millones, de los que se entregaron menos de 4.000, y cuya parte del león se adjudicó a la empresa de Hidalgo, productor de los eventos de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Lo que no entiendo es cómo el juez Ismael Moreno no ha llamado a declarar todavía a Begoña, que no está aforada, para que aclare algo de lo que probablemente sabe mucho: cómo la trama de Globalia accedió a la trama de Ábalos para hacerse con el negocio de transporte de mascarillas y material sanitario, muy por encima de Iberia, que tenía más aviones. ¿Fueron Begoña y Sánchez las referencias de los Cueto y Aldama para acercarse a los Koldo y Ábalos y lograr ese trato privilegiado? Aquí, lo que está claro es que todo está conectado. Y que sólo una fiscalía corrupta y totalitaria al modo venezolano puede ser capaz de servir a los delincuentes inventando causas que perjudiquen a la Oposición.
Alvarone copia el delito de Garzón en el caso Gürtel
En el famosísimo caso Gürtell, el Colegio de Abogados de Madrid denunció el evidente delito de Garzón que producía la indefensión de los defendidos y vulneraba los derechos de los abogados, pero, como denunciaba ayer Tsvan Rabtan en El Mundo, su presidente no se atrevió entonces a querellarse contra Garzón. ¿Qué hará el presidente actual?
Este viernes se negó a firmar un pacto entre cloaqueros, nada de caballeros, para eludir la responsabilidad directa de Alvarone mediante un comunicado conjunto. Pero esto ya no es cuestión de comunicados, sino de autodefensa cívica y profesional. Si la Fiscalía puede asaltar los derechos de abogados y clientes, ahorremos en bufetes y vamos a pactar directamente con la mafia fiscal, o sea, gubernamental. Si esto es Venezuela, y en lo fiscal, sin duda, lo es, debemos actuar en consecuencia. Y si los abogados no son capaces de defenderse, nunca serán capaces de defendernos. Otro bastión del Estado de Derecho, el más sensible y cercano al ciudadano, habrá caído bajo la dictadura de Sánchez. Pronto lo veremos.
