“El PP ve «muy difícil» pactar con el PSOE la renovación del TC”, de Pepe Luis Vázquez; “Fedea calcula que España perderá casi un 0,8% del PIB en los primeros doce meses de los aranceles de Trump”, de Carlos Asensio; “La difícil relación entre Zarzuela y Moncloa: Sánchez reduce a un tercio los despachos con el Rey”, de Almudena Martínez-Fornés; y “La fortaleza del PP valenciano y los errores de una izquierda cainita rompen la artimaña de Sánchez y Rufián para reeditar un Frente Popular”, de Carlos Latorre
(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 6)
EL PP VE «MUY DIFÍCIL» PACTAR CON EL PSOE LA RENOVACIÓN DEL TC
Artículo de Pepe Luis Vázquez publicado en La Razón el pasado día 6
Gamarra será la encargada de negociar con Bolaños: exigirá que no postule a «perfiles políticos».
Con especial guasa reaccionó un destacado dirigente del Partido Popular a la noticia adelantada en exclusiva por LA RAZÓN: Cándido Conde-Pumpido ha puesto en marcha su salida del Tribunal Constitucional. «Se va el caimán», festejaba, con la canción de Billo’s Caracas Boys. Si hay una figura pública que se ha convertido en bestia negra del «sanchismo» para los populares, esa es la suya.
Ahora, ha trasladado al Senado que el mandato de los cuatro magistrados que designó allá por 2021 -entre ellos, él mismo- expira el próximo 17 de diciembre. Y no parece tener mucho interés en aferrarse al cargo, toda vez que ha prestado sus servicios con la resolución de la amnistía y le espera la promesa de un puesto como consejero permanente en el Consejo de Estado.
El PP se enfrenta ante un dilema: atender a la renovación y dar salida a un presidente que consideran «infame», o esperar. De entrada, todos los dirigentes consultados por este diario ven «muy difícil» alcanzar algún tipo de acuerdo con el PSOE «en este momento».
El proceso de elección de los candidatos
Para cubrir las cuatro vacantes del Órgano de Garantías en la Cámara Alta se necesita una mayoría cualificada de tres quintos. Es decir, sí o sí, los dos grandes partidos han de lograr un entendimiento. Pero no sería la primera vez que los magistrados permanecen de forma interina a la espera de un acuerdo que no llega.
Según el calendario, el primer trámite que tiene que producirse es el de selección de los candidatos. Cada asamblea autonómica traslada una terna de nombres al Senado, después se evalúan en la Comisión de Nombramientos y, finalmente, se traslada una propuesta al Pleno.
Es decir, queda un largo trecho por recorrer. Previsiblemente, las conversaciones tendrían que iniciarse para comienzos del año próximo, cuando en España estará en marcha un nuevo ciclo electoral, con las elecciones autonómicas en Castilla y León y en Andalucía, que tendrán lugar en marzo y junio respectivamente, si es que no hay un adelanto de las generales que lo trastoque todo.
Con la cartelería electoral en las calles de dos regiones, con la legislatura enfilando su último año, con el Gobierno cercado por los escándalos de corrupción, el PP ve un clima poco favorable para un apretón de manos con Pedro Sánchez en una institución clave del Estado, sobre la que pesa a día de hoy la sombra de la politización, fruto de los dos últimos nombramientos acometidos por el Ejecutivo: Juan Carlos Campo, que con anterioridad fue ministro de Justicia y Laura Díez, alto cargo en el departamento de Presidencia.
Del lado de los populares, la responsable de llevar la interlocución con el Gobierno será Cuca Gamarra, flamante vicesecretaria de Regeneración Institucional. Moncloa, designará a Félix Bolaños. Antaño, los dos lograron alumbrar ni más ni menos que una reforma de la Constitución Española para suprimir la palabra «disminuidos» del artículo 49.
Desde entonces, las cosas han cambiado. El PP da por agotado el mandato de Pedro Sánchez y exige elecciones mañana, tarde y noche. Además, se ha inventado un verbo, «electoralizar», que define un estado de campaña permanente. Aun así, en las filas populares hay quienes no cierran la puerta del todo a la renovación.
«Si quieres recuperar la institucionalidad, tienes que pactar», asegura un destacado diputado nacional. «Veo complicado el acuerdo en este momento», tercia un compañero de bancada. La clave será apostar por «perfiles de reconocido prestigio», y no «políticos», como los últimos que propuso el Consejo de Ministros, para indignación de Alberto Núñez Feijóo.
Los populares temen que para esta renovación los socialistas apuesten por personas como Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia y fiscal general del Estado. En ese caso, no habrá siquiera conversaciones. El último gran pacto de Estado entre el PP y el PSOE, para renovar el Poder Judicial, requirió de la mediación de la Comisión Europea. Después de más de un lustro de idas y venidas, las partes consiguieron desembridar un nuevo Consejo. No fue tarea fácil. Tampoco lo será ahora.
Feijóo quiere despolitizar el TC
Una de las principales estrategias de Alberto Núñez Feijóo para la vuelta del verano será la actualización de su «Plan de Calidad Institucional», con el que antaño propuso desarrollar una agenda de regeneración democrática en profundidad, metiendo mano a los distintos estamentos de nuestro Estado. Entre otros, el Tribunal Constitucional.
En concreto, el líder popular proponía regular «los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados» y también «cambios» en su «procedimiento de elección o designación». Con la experiencia de Conde-Pumpido, al que los populares acusan de haber manchado la imagen del TC, el PP ya trabaja en el diseño de una propuesta de reforma más amplia para «sanear» la institución.
Artículo en: https://www.larazon.es/espana/muy-dificil-pactar-psoe-renovacion_202508066892a91ffc833a6634d9fbb5.html
FEDEA CALCULA QUE ESPAÑA PERDERÁ CASI UN 0,8% DEL PIB EN LOS PRIMEROS DOCE MESES DE LOS ARANCELES DE TRUMP
Artículo de Carlos Asensio publicado en El Economista el pasado día 5
La Fundación de Economía Aplicada (Fedea) prevé que el crecimiento de España perderá un 0,74% los primeros doce meses de aplicación de un arancel universal del 10% y otro del 15% permanente a la Unión Europea por parte de Donald Trump. Esta cifra se sitúa por encima de la media del país europeo medio, que se sitúa, según Fedea, en el 0,72%.
En el caso del resto de países, Estados Unidos sería el más perjudicado, ya que su economía perdería un 0,82% en su avance y la economía global dejaría de crecer un 0,73%. En el caso de Francia, su PIB perdería un 0,7% de crecimiento y Alemania y Portugal un 0,72%.
Este lunes, la entidad dio a conocer un estudio elaborado por Jorge Alonso Ortiz (ITAM-CIE) y José María Da Rocha, de la Universidade de Vigo, en el que se analiza el efecto inmediato del reciente aumento de aranceles por parte de Estados Unidos sobre la economía global. Esta guerra comercial arrancó en el primer mandato del magnate, en el año 2018, y se intensificó este año.
Pero, en el caso de que la Administración Trump decida endurecer la guerra arancelaria, el escenario que presentan estos dos expertos es mucho más sombrío, incluso puede llevar al mundo a una recesión. En esta simulación, Estados Unidos mantendría el arancel universal del 10%, impondría una tarifa del 25% a Canadá y México, otra del 15% a los países de la UE y a China le fijaría el arancel del 145% que impuso a su llegada a la Casa Blanca.
En este supuesto, la economía global caería un 3,38%. En este escenario, Estados Unidos seguiría siendo, también, el gran perdedor, ya que entraría en recesión, con una caída del PIB del 3,78%, mucho menor que el -2,83% que registraría China, el -2,4% de México; o Canadá, que caería el 3,14%. Así, desde Fedea concluyen que «el mayor perdedor de una guerra comercial es el que la inicia». Además, reiteran que las guerras comerciales «no se pagan», sino que «se financian» con menores salarios reales y con inflación importada.
«Nuestro análisis no respalda en absoluto la idea Trumpiana de que los aranceles reindustrializan sin dolor, antes bien: reparten la actividad, encarecen la cesta de consumo doméstico y reducen la renta real del país que los impone. En un sistema de producción tan imbricado como el actual, las guerras comerciales no se ganan, se financian con menores salarios reales y con inflación importada. El mayor perdedor de una guerra comercial es el que la inicia», reza el documento.
«La distribución del comercio que EE UU cede no es geográficamente homogénea, ya que depende de la conectividad de un país con distintos nodos productivos, más que de su grado de apertura comercial per se. De hecho, las economías de la Unión Europea, que comercian entre ellas, apenas se ven afectadas (se cierran en promedio sólo un 0,03%)», explican desde Fedea.
Los expertos explican que los costes a corto plazo de esta guerra arancelaria están «probablemente infravalorados» cuando se usan modelos que permiten sustituir proveedores con cierta rapidez. A través de un cálculo con esta variable, la pérdida de ese 3,78% de Estados Unidos contrasta con estimaciones inferiores al 1% en el largo plazo.
Por otro lado, hablan de un «efecto bumerán» competitivo en el que Estados Unidos acaba siendo la economía que más reduce su grado de apertura y su PIB, mientras sus socios y rivales ocupan el espacio que Washington deja libre en el comercio mundial. «Estados Unidos se mete un tiro en el pie», explican los expertos de Fedea.
Finalmente, una espiral de represalias que no está presente en la simulación que han hecho los autores del informe, «duplicaría previsiblemente los daños», como sucedió en los años 30, cuando el país aplicó los mayores aranceles de la historia.
LA DIFÍCIL RELACIÓN ENTRE ZARZUELA Y MONCLOA: SÁNCHEZ REDUCE A UN TERCIO LOS DESPACHOS CON EL REY
Artículo de Almudena Martínez-Fornés publicado en El Debate el pasado día 4
El presidente del Gobierno ha acaparado la agenda internacional, ha cedido a todas las presiones separatistas y se salta la norma de informar semanalmente al Jefe del Estado.
Pocos Reyes lo han tenido tan difícil como Don Felipe. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sometiendo a la Corona a unas tensiones extremas porque la Casa del Rey es la única institución que no ha conseguido controlar ni doblegar. En público, la relación entre el Jefe del Estado y el del Ejecutivo es aparentemente impecable, pero muchas de las decisiones que adopta el Gobierno son dardos contra la Corona.
Algunos ciudadanos creen que el Rey podría hacer más, pero en una Monarquía parlamentaria como la española el Jefe del Estado, según la Constitución, no tiene poder político. Don Felipe no puede corregir las decisiones del Parlamento ni lo que los españoles votaron en las urnas. Además, todos los actos del Rey –también sus discursos– necesitan el refrendo del Gobierno, según establece la Constitución. El presidente puede dejar que el Rey brille o someterle a la mayor de las penumbras.
Acaparar la agenda internacional
La hostilidad de Sánchez contra la Corona empezó a aflorar pocos meses después de que el líder socialista llegara a la Moncloa. Muy pronto empezaron los vetos al Rey (no le dejó entregar los despachos a los jueces en Barcelona en 2020), los plantones (llegó a retrasarse hora y cuarto en una cena en el Palacio Real en julio de 2018), los ninguneos, las prohibiciones, las ausencias en momentos clave… Sánchez empezó a acaparar la agenda internacional y a sustituirle en los foros internacionales. Don Felipe ha llegado a viajar al extranjero sin ministro de jornada ni secretario de Estado que le acompañara, como ocurrió en la gira a Lituania, Letonia y Estonia, salvo unas horas en el último momento, que apareció la ministra de Defensa.
Pero las decisiones de Sánchez que más han afectado a la imagen de la Corona han sido los indultos y la amnistía a quienes el Rey señaló en su discurso del 3 de octubre de 2017 con el que desmontó el golpe de Estado separatista. Don Felipe no podía hacer nada para frenar estas cesiones, pero todavía hay personas que se niegan a asumirlo. Si el Rey se hubiera opuesto a sancionarlas, los sectores hostiles a la Monarquía habrían encontrado una excusa perfecta para acusarle de incumplir la Constitución.
Lo que no se ve
Esta es la parte que se ve de la relación entre Zarzuela y Moncloa, pero luego está lo que ocurre a puerta cerrada y que rara vez trasciende, como la tensa conversación que Sánchez mantuvo con el Rey tras los sucesos de Paiporta en el Centro de Cooperación de Emergencias (Cecopi) de Valencia, y que se conoció porque las voces se oían desde fuera.
El presidente del Gobierno nunca ha perdonado a los Reyes que se quedaran en el municipio afectado por la dana cuando él decidió abandonarlo tras recibir una lluvia de abucheos, insultos, piedras y barro. Para Sánchez, aquello fue «un error gigantesco»; para el Rey, «era importante que las víctimas sintieran que España estaba con ellas».
En estos siete años también era un secreto a voces que el presidente del Gobierno no estaba acudiendo con la periodicidad habitual a despachar con el Rey. Pero ni Zarzuela ni Moncloa facilitaban esta información.
Sin embargo, ahora se ha sabido, gracias a una respuesta a Servimedia del Portal de Transparencia, que en estos siete años Sánchez ha reducido a un tercio los despachos con el Rey. En lugar de informar al Rey de los asuntos de Estado con periodicidad semanal, como ha sido habitual en estos 50 años de democracia, el presidente del Gobierno ha acudido una vez cada tres semanas.
Solo 124 despachos de 322
Según la citada respuesta de Transparencia, entre el mes de junio de 2018 y mayo de 2025, Sánchez solo ha mantenido 124 despachos con el Rey, incluyendo los de Zarzuela y los siete de los veranos en Marivent. En estos siete años, descontando las vacaciones, Sánchez tenía que haber mantenido 322 despachos con el Jefe del Estado.
Sin embargo, Sánchez sí ha utilizado los despachos con el Rey cuando le ha convenido políticamente, como hizo el 29 de abril de 2024, cuando anunció que iba a despachar a La Zarzuela para dar apariencia de veracidad a su ‘carta a la ciudadanía’ y hacer creer que iba a dimitir tras los cinco días que se retiró cuando se supo que su mujer, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por supuestos delitos de corrupción.
LA FORTALEZA DEL PP VALENCIANO Y LOS ERRORES DE UNA IZQUIERDA CAINITA ROMPEN LA ARTIMAÑA DE SÁNCHEZ Y RUFIÁN PARA REEDITAR UN FRENTE POPULAR
Artículo de Carlos Latorre publicado en El Debate el pasado día 3
La solidez de los ejecutivos de Carlos Mazón y María José Catalá deja en evidencia las carencias de la oposición y desactiva la estrategia de socialistas y separatistas para armar una candidatura común a la izquierda del PSOE.
El hecho de que los partidos y gobiernos de izquierdas den por doquier lecciones no debería sorprender a casi nadie. Sus integrantes suelen presumir, histórica y recientemente no se sabe muy bien por qué, una impostada superioridad moral en base a la cual toda acción merece su condena o, cuanto menos, su aprobación previa. España, más alá del contexto que vive en la actualidad, también cuenta con una historia, especialmente durante la primera mitad del siglo XX, en la que abundan ejemplos de uniones de izquierdas que derivaron en caos, cuando no en conflictos infinitamente peores.
A día de hoy, tres son los grandes actores que ansían como si no hubiera un mañana en reeditar lo que en 1936 fue el Frente Popular. Sus nombres son de sobra conocidos: uno es Pedro Sánchez, otra es Yolanda Díaz y el tercero, augurando un nuevo triunfo para su papel de querer ser el perejil de todas las salsas, querer estar en todos lados al mismo tiempo y estrellarse en todos ellos, cómo no, está Gabriel Rufián. No pierde oportunidad el independentista. Le gusta más una cámara que el propio procés. Al fin y al cabo, en Madrid no se vive tan mal.
En este sentido, socialistas, comunistas y secesionistas todas a una buscan si se pudiera conseguir que «las izquierdas», como ellos les llaman, pudieran ir unidas en unas eventuales elecciones generales anticipadas por parte del jefe del Ejecutivo. Este ha reiterado por activa, pasiva y perifrástica que pretende aguantar hasta 2027 a pesar de la pesada losa de supuesta corrupción que cada vez le achica ese cuerpo y esa retórica que tanto cuidaba y que parece venirse a menos desde que estallaron los casos Begoña, David, Koldo o fiscal general, entre otros.
Sin embargo, fiarse de lo que va diciendo el inquilino del Palacio de La Moncloa resulta que tiene la misma efectividad que estar del todo convencido del españolismo de Rufián o de Carles Puigdemont. Pero el problema para Sánchez es la propia izquierda, que viene predicando y poniendo en práctica un cainismo que buen podría definirse como considerable o, incluso, bestial y tremendo.
Pirueta electoral de Yolanda Díaz
La estrategia juntar a todos los partidos que están a la izquierda del PSOE. Curiosa afirmación. Como si el sanchismo en sí mismo no estuviera ya lo suficientemente a la izquierda. Pero la Comunidad Valenciana y las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 son un espejo más que reluciente. Por esas fechas, Yolanda Díaz estaba en su particular cresta de la ola demoscópica, un panorama bien distinto al hundimiento sin límites que le van pronosticando las encuestas en estos días y con mar de fondo previo.
Volviendo a los comicios, fue la propia Díaz la que, intentando dejar de lado la imagen que de, como dicen algunos, ser de izquierdas pero con el bolsillo en la derecha, trató de cuadrar el círculo. Fue magnífico: de cara a la alcaldía de Valencia, apoyó la candidatura del entonces alcalde, Joan Ribó, que era de Compromís. No obstante, a nivel autonómico, y en las misma plaza, le pegó una patada sin precedentes a sus quién sabe si socios y pasó a respaldar al ‘podemita’ Héctor Illueca como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana.
El escrutinio fue más que evidente: victoria rotunda del centro-derecha y, muy particularmente, del Partido Popular, que arrasó en la región, en las tres capitales de provincias y en la mayoría de grandes ciudades en Castellón, Valencia y Alicante. Ese resultado también dejó varias secuelas que igual la izquierda podría derivar en lecciones.
En esta línea, PSOE, Sumar, Compromís, Esquerra Republicana y tantos otros partidos que se confiesas independentistas y firmes defensores de la ideológica conformación de los ‘países catalanes’, tienen enfrente a más de la mitad de la sociedad valenciana, que bajo ningún concepto desea ni podrá permitir una anexión de la Comunidad a Cataluña. Esa mayoría la conforman los votantes de PP y Vox, así como no pocos del PSPV-PSOE y de los abstencionistas.
En lo regional, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tal como informó esta misma semana El Debate, tiene como una de sus prioridades para el inicio del próximo curso político a partir de septiembre la aprobación de la nueva Ley de Señas de Identidad. Similarmente, el último Pleno del Ayuntamiento de Valencia sacó adelante el cambio definitivo de su topónimo para ser en castellano (Valencia) y en el idioma autonómico (Valéncia).
Pero no solo eso, sino que Mazón, pese a todo lo concerniente a la dana y a las zancadillas permanentes del Ejecutivo en la reconstrucción tras la dana, cuenta con unos nuevos Presupuestos de la Generalitat y la correspondiente estabilidad parlamentaria, un aspecto que a Sánchez le parece tan irreal como un unicornio rosa. En lo local, tres cuartos de lo mismo, con una María José Catalá que avanza. eso sí, nen un caso y en otro, la izquierda a lo suyo, con sus habituales palabrería, soflamas y eslóganes.
