“Uno de cada cuatro jubilados tiene una pensión de más de 2.000 euros: ¿hasta dónde va a llegar el sistema?”, de Claudia Cid; “Belarra alerta de la `jugada´de Sánchez con los presupuestos para adelantar elecciones”, de EFE; “Sánchez regresa del cortijo”, de Pilar Ferrer; “El motivo por el que China podría ser el gran perjudicado por los incendios de España”, de Rubén Prieto; y “Sánchez, el gran Houdini” de Tomás Gómez
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 27)
UNO DE CADA CUATRO JUBILADOS TIENE UNA PENSIÓN DE MÁS DE 2.000 EUROS: ¿HASTA DÓNDE VA A LLEGAR EL SISTEMA?
Artículo de Claudia Cid publicado en El Debate el pasado día 27
Pese a que los que cobran menos de 1.000 euros siguen siendo la mayoría, su presencia ha disminuido pasando del 80 % en 2005 al 40 % actual.
La reforma de las pensiones pactada en 2021 por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, blindó la revalorización a la inflación. Y si a eso se le suma que los nuevos pensionistas llegan con carreras de cotización más largas y bases más elevadas, nos encontramos con que la pensión media de jubilación ya supera los 1.500 euros mensuales y que uno de cada cuatro pensionistas ya cobra más de 2.000 euros.
Así nos encontramos con que 1.721.700 jubilados se encuentran por encima de esos ingresos, según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una cifra que ha aumentado un 64 % desde 2021. Y aunque los pensionistas que cobran menos de 1.000 euros al mes siguen siendo la mayoría, representando un 40 % del total, su presencia ha disminuido considerablemente pasando del 80 % en 2005, al 62 % en 2015.
Las cuantías de los pensionistas, así como el aumento en el ritmo de las jubilaciones vuelve a poner en entredicho la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y es que solo hay que fijarse en lo que ocurrirá en las próximas décadas, cuando se jubilarán más de 5 millones de personas, mientras solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado laboral. En otras palabras, por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorporará al mercado laboral.
La reforma de José Luis Escrivá, a pesar de haber aumentado los ingresos procedentes de las cotizaciones —como el MEI o la cuota de solidaridad—, no es capaz de tapar un agujero que está obligando al Gobierno a destinar dinero de otras partidas presupuestarias para cubrir ese déficit —las llamadas transferencias corrientes—.
Muchos expertos llevan tiempo alertando del desfase existente entre ingresos y gastos. Este es el denominado «saldo contributivo», que es el resultante de restar los ingresos contributivos –aquellos que no tienen en cuenta las transferencias del Estado y las cotizaciones por cese temporal– y el gasto en pensiones.
Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económica (Ivie) y del Instituto Polibienestar cifra dicho déficit en 30.000 millones de euros. Esto supone, que por cada pensionista ya se sacan más de 3.200 euros de otras partidas presupuestarias.
Ganan un 74 % de lo que aportaron
El Banco de España ya alertó hace unos años de la complicada sostenibilidad del sistema. En 2020, cuando Pablo Hernández de Cos era el gobernador, el regulador financiero advirtió en el informe Una estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones que cada jubilado cobra un 74 % más de lo que aportó cotizando a la Seguridad Social. Es decir, por cada 1.000 euros cotizados como trabajadores, los pensionistas reciben 1.740 euros.
Un año antes, Fedea también publicó un estudio donde se estimaba que los jubilados españoles cobran su pensión durante un promedio de 21 años, a pesar de que sus aportaciones al sistema sólo permiten financiar con suficiencia el equivalente a 16 años de pensión. La estimación del Banco de España sitúa esa brecha en ocho años.
En el informe también se explica que nuestro país es «de reparto» y que «puede entenderse como un mecanismo de inversión en el que los participantes aportan fondos durante su vida activa con el fin de recibir en el futuro dichos fondos junto con un cierto rendimiento acumulado, en forma de renta vitalicia».
Sin embargo, este esfuerzo lo hacen las administraciones del Estado, ya que para ellas las pensiones suponen un gasto del 31 %. Un esfuerzo que va a tener que ser mayor en el futuro.
Un millón de extranjeros más al año
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el gasto público en pensiones supondrá el 16,1 % del PIB en 2050 frente al 12,9 % registrado en 2023, producido principalmente por el aumento de beneficiarios y la revalorización.
Se estima que en 2050 habrá menos de 1,4 trabajadores por cada persona inactiva. En ese año, y según las proporciones de la AIReF, en ese año el 36,8 % de la población serán jubilados. Además, la edad mediana –aquella que deja la mitad de la población por debajo y la otra mitad por encima– se situará en los 49 años frente a los 45 de ahora.
En los últimos años, el aumento de la ocupación se ha producido por la llegada de extranjeros, cuyo empleo ha crecido el triple que la afiliación general, algo al Ejecutivo le ha venido muy bien. Ante esta situación, la AIReF se pregunta –y se responde– acerca de si la inmigración podría compensar el aumento de la tasa de dependencia. «Es improbable, ya que se requeriría un flujo de migraciones netas –saldo entre entradas y salidas– de más de 1.000.000 de personas al año adicionales a lo esperado», explica este organismo.
BELARRA ALERTA DE LA «JUGADA» DE SÁNCHEZ CON LOS PRESUPUESTOS PARA ADELANTAR ELECCIONES
Artículo de EFE publicado en su web el pasado día 27
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sospecha que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría intentar una «jugada política» al presentar presupuestos generales del Estado para el próximo año con el propósito de tener un pretexto para anticipar las elecciones si no logra su aprobación.
En una entrevista con RNE, Belarra ha alertado del «interés» que ahora manifiesta el Gobierno por aprobar las cuentas públicas y ha recordado que ya en 2018 Sánchez presentó presupuestos «para perderlos» y así echarle la culpa a ERC del adelanto electoral, por lo que no descarta que ahora pretenda la misma «jugada».
«Los que ya nos vamos haciendo un poco mayores nos acordamos y creo que este momento estamos en la misma situación», ha manifestado mientras ha puesto énfasis en que el PSOE tiene un «gravísimo caso de corrupción en su seno», por lo que está en «serias dificultades» y los presupuestos podrían servir de excusa para anticipar los comicios.
Y ha apuntado que el Gobierno ha pasado los dos últimos años «con total tranquilidad» sin hacer las «políticas progresistas que se esperaba» de él y «sin preocuparse de que no hubiera presupuestos», hasta el punto de que hace un año el propio Sánchez ya dijo que seguiría con o sin cuentas públicas.
Belarra ve al Ejecutivo de coalición «con serios signos de desgaste» y «acosado por la corrupción» y ha reprobado en varios momentos de la entrevista que haya acometido el «mayor plan de rearme de la historia de nuestro país».
La «ocurrencia» del Pacto contra el cambio climático
Es más, ha criticado al Gobierno por gastarse en este «plan de rearme» el dinero que «debería ir a la política de refuerzo de los servicios públicos» y a materias como la lucha contra la emergencia climática.
Así que aunque ha tachado de «ocurrencia» el Pacto de Estado propuesto por Pedro Sánchez para combatir el cambio climático tras la grave oleada de incendios forestales de este verano, ha afirmado que Podemos podría «empezar a hablar» con el Gobierno sobre su contenido siempre y cuando incluya la «retirada» del «plan de rearme» a fin de dedicar sus recursos millonarios a los servicios públicos.
Tampoco ha ahorrado críticas al PP por la gestión que las comunidades autónomas gobernadas por este partido en prevención de los incendios, hasta el punto de calificarla de «política criminal» por detraer recursos para prevenir el fuego.
A la espera de la «letra pequeña» de la reducción de jornada
Por otra parte, y de cara a la reanudación del curso político, la dirigente de Podemos no ha aclarado si su partido apoyará o no las medidas para la reducción de jornada remitidas por el Gobierno al Parlamento y ha dicho que quiere «esperar a ver la letra pequeña» y especialmente a saber qué pacta con Junts.
Porque se teme que las «concesiones a la derecha catalana» sean tan «exageradas» que hagan el proyecto «invotable para una fuerza progresista como la nuestra».
Del mismo modo, ha lamentado que no se conozca el detalle de la propuesta del Gobierno para una financiación singular para Cataluña, si bien respalda buscar una financiación suficiente para todas las comunidades.
Y respecto a las reticencias de muchas autonomías del PP a aceptar al reparto de los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias se ha preguntado «cómo trataríamos a estos niños si fueran blancos, si hubieran nacido en España».
Está convencida de que si no existiera el «racismo estructural muy profundo» que hay en España, estos menores ya habrían sido atendidos convenientemente y con la atención social necesaria.
SÁNCHEZ REGRESA DEL CORTIJO
Artículo de Pilar Ferrer publicado en La Razón el pasado día 27
El presidente del Gobierno se ha tirado casi un mes de lujosas vacaciones en la residencia real de La Mareta, únicamente interrumpidas por unas salidas calculadas de la propaganda monclovita a las zonas devastadas por los incendios. La magnífica exclusiva publicada por LA RAZÓN el pasado lunes, con la imagen de Pedro Sánchez y su señora Begoña a bordo de una lancha para practicar deportes náuticos lo dice todo. «Mientras Sánchez bucea España se incendia», ha sentenciado la número dos del Partido Popular Europeo (PPE), la catalana Dolors Montserrat, quien está haciendo una labor ejemplar en Bruselas en defensa de los intereses de España.
Una imagen vergonzante que aflora críticas enormes sobre un verano inédito para cualquier primer ministro europeo, mucho más discretos y a cargo de sus sueldos propios. El blindaje de Pedro Sánchez en La Mareta, con el cierre de los espacios aéreos y marítimos para salvaguardar su intimidad, traspasa todos los límites. El presidente y familia, esposa, hijas, padres, cuñados, sobrinos, amigos y hasta el perro, han disfrutado de una etapa estival a costa de los ciudadanos, cuando muchos de ellos ni siquiera han podido consumir unos pocos días de asueto asfixiados por los impuestos de la vicepresidenta, ministra de Hacienda y a la par todavía incomprensible candidata andaluza, María Jesús Montero. Un escándalo en toda regla que el PP llevará, con acierto, a exigir explicaciones en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez, como un nuevo rico pijoprogre acantilado en el sillón del poder, ha hecho de La Mareta, su propio cortijo. Nunca pudo imaginar el Rey Don Juan Carlos, quien recibió ese regalo de su gran amigo el monarca Hussein de Jordania, y luego donado a Patrimonio Nacional, que iba a tener semejante inquilino. El mismo que le impide, bajo una lamentable injusticia, volver al país en el que fue un gran Jefe de Estado durante tantos años. Mezquino comportamiento de un gobernante que ignora la historia y solo vive para mantenerse a toda costa en La Moncloa, chantajeado por los socios separatistas, comunistas y bilduetarras que un día dijo repudiar. Todo vale para mantener la poltrona. Sánchez ha regresado del cortijo lanzaroteño con la vista puesta en varios frentes: la emergencia climática, que es un camelo en toda regla. Los Presupuestos, que asegura presentar aunque no sabe todavía con qué apoyos. La invasión del poder judicial con la infumable ley Bolaños. La de medios informativos, basta ver los últimos fichajes de la televisión pública que producen sonrojo con suculentos sueldos a costa de los contribuyentes. Y una ofensiva despiadada contra Alberto Núñez Feijóo, a quien si pudiera le cortaría la cabeza como un verdugo en la plaza pública. Atención, porque las terminales políticas y mediáticas de la izquierda hierven desatadas como el fuego que asola España.
Sin embargo, el regreso del cortijo no se presenta tan placentero para Sánchez. En el horizonte están los procesos judiciales que le afectan de plano. Las graves imputaciones del juez Peinado sobre su mujer, Begoña Gómez, citada a declarar el próximo día 11 de septiembre junto a su asesora, Cristina Álvarez, por malversación de fondos públicos. La del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la diana del Tribunal Supremo. Y los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo y la fontanera Leire Díez, junto a nuevos informes de la UCO que se vaticinan muy turbios. Todo ello, junto a la casi nula posibilidad de que Sánchez pueda sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, aventuran un escenario electoral en el mes de marzo. Así lo admiten dirigentes del PSOE dado que el frente nacionalista es incierto: «Si nos vota ERC no lo hará Junts, y si nos vota Junts no lo hará Esquerra», advierten estas fuentes ante el debate de las cuentas públicas.
Un tercer mandato sin Presupuestos sería ya impensable para la Unión Europea, por lo que el calendario de Sánchez estaría en torno al mes de marzo, en consonancia con las autonómicas de Castilla y León y Andalucía. Dos comunidades gobernadas por Alfonso Fernández-Mañueco y Juanma Moreno Bonilla a quienes el «sanchismo» ha puesto ya en la picota junto a su eterna y obsesiva rival, la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Conviene recordar los últimos ataques a ambos dirigentes del PP a propósito de los incendios que, en el caso de Mañueco, se llegó a orquestar la visita de Sánchez a la localidad zamorana de Sanabria en una hora determinada que impidiera la presencia del presidente castellano-leonés por encontrarse en un evento ineludible en otro lugar. Todo bien premeditado, sin contacto con los vecinos afectados. Rodeado de un «búnker» de seguridad que no lo despliega ni el Rey de España. Pero Sánchez y los suyos son y actúan como la Corte del Faraón. Un veterano socialista de la «vieja guardia» ironiza así con la situación: «Se dice que la vida es corta y hay que vivirla. Pero el infierno es eterno y hay que evitarlo». Hoy por hoy, España arde bajo el infierno del «sanchismo». Evitémoslo.
En el inicio del curso político Alberto Núñez Feijóo lleva la delantera. Su paquete de medidas contra los incendios demuestra una política seria frente a la ideologizada del Gobierno. «Mientras unos bucean otros trabajamos», dicen en Génova 13, donde no se ha bajado la guardia durante el mes de agosto. Su estrategia pasa por desgastar a Sánchez en todos los frentes abiertos, que son muchos. La portada del «Financial Times» con el caso que afecta a su esposa Begoña, revela cómo ya traspasa fronteras. Con los dos hombres fuertes del partido, Ábalos imputado y Cerdán en la cárcel, la munición del PP está asegurada. Feijóo aprieta para forzar unas elecciones en las que se ve ganador sin incómodos compañeros de viaje.
EL MOTIVO POR EL QUE CHINA PODRÍA SER EL GRAN PERJUDICADO POR LOS INCENDIOS DE ESPAÑA
Artículo de Rubén Prieto publicado en El Debate el pasado día 25
A día de hoy el país asiático es el mayor productor mundial de tierras raras, controlando aproximadamente el 70 % de la extracción global y el 90 % del procesamiento de estos materiales
España continúa siendo pasto del fuego. El Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus ha aumentado hasta más de 400.000 su estimación del número de hectáreas quemadas en 2025 en España.
Desgraciadamente, la inmensa mayoría de esas hectáreas han sido pasto de las llamas en este mes de agosto. La cifra de hectáreas quemadas era de 41.903 a 29 de julio. Para el día 7 de agosto ya habían alcanzado las 47.302. Posteriormente, la superficie quemada se comenzó a disparar hasta alcanzar las 396.791, por lo que en estos últimos 15 días han ardido unas 360.000.
Desde que comenzó la ola de incendios que han asolado nuestro país, algunas voces han destacado la peculiar coincidencia entre las localizaciones de los fuegos y los distintos yacimientos de tierras raras. Este grupo, compuesto de 17 elementos químicos con propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas, son realmente complejos de encontrar en forma pura.
Sin embargo, independientemente de la cercanía de los fuegos con varios yacimientos, tanto la legislación española como distintos expertos han desmentido los bulos que circulan por internet.
El paraíso español que desea China
Actualmente nuestro país es uno de los grandes protagonistas en lo que a los yacimientos de tierras raras se refiere. Nuestro país cuenta con distintas localizaciones de tierras raras en diversas regiones, especialmente en Almería, la Sierra de Gata (Salamanca y Zamora), el Campo de Montiel (Ciudad Real), Galicia (Sierra do Galiñeiro y el monte submarino de Galicia) y el complejo basal de Fuerteventura en las Islas Canarias, entre otros.
En este punto es donde entra en juego China. El país asiático se ha caracterizado por mostrar un gran interés en los yacimientos distribuidos a lo largo de la geografía española. De hecho, la visita de Pedro Sánchez a Pekín el pasado mes de abril puso de manifiesto el objetivo chino de participar en el ambicioso Programa Nacional de Exploración Minera que el Ejecutivo español busca poner en marcha.
Las intenciones chinas no son exclusivas de nuestro territorio. A día de hoy el país asiático es el mayor productor mundial de tierras raras, controlando aproximadamente el 70 % de la extracción global y el 90 % del procesamiento de estos materiales. La ambición china no tiene límites, hasta el punto de haber realizado inversiones en cada rincón del mundo. En los últimos años, China ha realizado inversiones significativas en Hispanoamérica, estableciendo distintas fábricas y proyectos en varios países del continente.
Asimismo, en 2023 la empresa china Yahua compró 15.000 toneladas de litio a Sigma Lithium, entidad establecida en Canadá. Por su parte, el conglomerado empresarial chino Tsinghan Holding Group ha invertido en el proyecto Salar Centenario-Ratones, el cual representa más del 50 % de las exportaciones de litio de Argentina.
SÁNCHEZ, EL GRAN HOUDINI
Artículo de Tomás Gómez publicado en La Razón el pasado día 24
Los incendios forestales se han cobrado un total de 8 víctimas mortales, varios heridos y casi 400.000 hectáreas de terreno devastado, una cifra que quintuplica la superficie media anual quemada entre 2006 y 2024.
También las pérdidas económicas son cuantiosas. Se calcula que los daños directos ascienden a más de 10.000 millones de euros, si además se incorporan los indirectos, la cifra alcanza los 71.000 millones de euros.
Por sectores, la agricultura y la ganadería han perdido cultivos, cabezas de ganado y pastos, los apicultores cifran la destrucción de colmenas en más de 6.000 y el turismo ha visto como se cancelaban trenes, afectando a más de 100.000 viajeros.
Los datos son tan contundentes que el Ejecutivo debería haber creado un gabinete de crisis interministerial no solo para hacerse cargo de la situación de emergencia nacional, cuestión que corresponde a Interior, sino para limitar los efectos en la vida de muchos miles de ciudadanos que han perdido todo o parte de su patrimonio y establecer un plan estratégico de recuperación económica en los sectores más afectados.
Las salidas de tono han ocupado la mayor parte de las intervenciones políticas. Comenzó el ministro Óscar Puente, lanzando un dardo contra los presidentes de Andalucía y Castilla y León por encontrarse de vacaciones en los primeros días de los incendios.
Lástima que las tareas de oposición del ministro le impidan atender sus obligaciones. El desastre en la gestión de ferrocarriles, tanto cercanías como alta velocidad, en su mandato ha sido la peor que se recuerda.
También ha resultado indignante que Puente, que debe dedicar el 75% de la jornada a escribir en redes sociales, no haya tenido unas palabras de afecto y despedida para Javier Lambán, fallecido hace unos días.
Más locuaz se ha mostrado a la hora de insultar a los que discrepan de las políticas y estrategias de Sánchez y su camarilla, como, por ejemplo, cuando llamó resentidos a algunos líderes socialistas como Madina, Page o el propio Lambán.
El Gobierno se ha inhibido de actuar en los incendios, no quiso declarar el estado de emergencia, cuando podía y debía hacerlo, al amparo de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de 9 de julio de 2015.
Prefirió mantenerse al margen, a sabiendas de que la crisis era nacional y que su extinción superaba los recursos de que disponen las comunidades autónomas. De tal magnitud ha sido la catástrofe que ha sido necesaria la ayuda internacional que ha sido prestada por siete países europeos.
El ministro Marlaska, sin embargo, lo dejó claro, no estaba en su mesa la declaración del estado de emergencia. La vicepresidenta María Jesús Montero, la nota folclórica del Ejecutivo, hizo lo que se podía esperar de ella, atacar a Moreno a cuenta de sus vacaciones. El futuro no es más prometedor. La recuperación va a ser difícil y los efectos van a alcanzar a distintas esferas de la vida. Por ejemplo, en materia de empleo se han perdido numerosos puestos de trabajo que no van a poder ser recuperados a corto plazo.
Por eso, llama la atención la interrupción de las vacaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, para entrar de lleno en la crisis, protagonizando algunos titulares. Desde la polémica acerca de su curriculum inflado, Díaz había optado por mantenerse alejada de las cámaras, pero su retorno a la actividad mediática ha sido de una enorme torpeza, apareciendo en una manifestación denunciando la actuación de la Xunta de Galicia en la gestión de los incendios y la gestión privada de los servicios contra incendios.
Más allá de que precisamente en Galicia los servicios de extinción son públicos, la obligación de los miembros del Consejo de Ministros es coordinarse y sumar esfuerzos con el resto de las instituciones, en este caso comunidades autónomas, para solucionar el caos.
El Gobierno es incapaz de gobernar en situación de normalidad, hemos sabido que el acuerdo para que haya presupuestos en 2026 está tan lejos que ni se le espera, pero la gestión de las crisis siempre viene con lodo, mentiras, acusaciones y escapismo de la responsabilidad.
Lo vimos con el Covid-19, en donde nunca se llegó a saber la composición del famoso comité de expertos que, presuntamente, tomó las decisiones, con el volcán de La Palma, que siguen sin recibir las ayudas, con la dana en Valencia, en donde se ha enmarañado todo para que resulte casi imposible determinar responsabilidades y, ahora, lo estamos viviendo con los incendios de este verano.
Sánchez, como el gran Houdini, ya ha encontrado una zanahoria con la que distraer a la opinión pública: el pacto de Estado por la emergencia climática.
Resulta grotesco que no se haya establecido un plan de prevención de lo que se denominan incendios de sexta generación, que no se reflexione acerca del desbroce de los montes, prohibido en la actualidad por un erróneo sentido de la protección ambiental y que no se dote de más recursos. En definitiva, ojalá hubiesen mantenido sus vacaciones los ministros, hubiera sido un favor a los españoles.
