Por José María Arévalo

(Acto de apertura del nuevo año judicial)

La gran noticia del comienzo de curso ha sido la polémica sobre el acto de apertura del nuevo año judicial, al que el presidente del P.P., Feijóo, se negó a asistir por la presencia en el acto del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, imputado y a punto de ser juzgado por un grave delito, y en el que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo general del Poder Judicial María Isabel Perelló tuvo que defender la independencia judicial frente a los graves ataques formulados recientemente por el presidente del Gobierno, Sánchez, y varios ministros.

Pero sobre todo esta última intervención. Lo destacaba un artículo de Gema Huesca en La Razón, que titulaba “Perelló frena a Moncloa: `Que no se nos presione. No obedecemos órdenes´” y que en el texto recogía cómo la presidenta María Isabel Perelló cerró filas en defensa de toda la planta judicial que, tal y como advirtió, «no va a desviarse de su camino» pese a las «rechazables e insistentes descalificaciones de los «poderes públicos». Cuatro días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amagara con la sombra del «lawfare» en España, Perelló reivindicó la necesidad de que se respete la independencia de uno de los tres poderes del Estado: «Que no se nos presione, que no se nos condicione», dijo.

La cúpula de la carrera reunida en el acto de apertura del nuevo año judicial no esperaba menos. Coincidencia o no, la ceremonia se celebró con el eco de las palabras de Sánchez de que hay «jueces que hacen política» y el ambiente en la carera empieza a estar cargado. Tanto, que diez vocales conservadores del CGPJ habían pedido 24 horas antes que no acudiera el fiscal general del Estado al acto y que se reubicara al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para no compartir estrado con el Rey Felipe VI.

“Perelló -comentaba el artículo de La Razón- no cogió el guante. De hecho, ni siquiera contestó a la petición. Pero en su discurso -que escribió de su puño y letra- dejó claro que la Justicia y la política van por caminos separados. «No es propio del Poder Judicial entrar en polémica ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde. Cada cargo público es responsable de sus actos», asestó. También lanzó un claro mensaje a Moncloa y a los socios de Gobierno que les acusan de pertenecer a la «fachosfera» asegurando que, pese a todo, seguirán contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.

«Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos», apuntó al término de su intervención. De hecho, apeló a la responsabilidad institucional en varias ocasiones e incidió en que «la sociedad no se merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos». Sus palabras parecían describir el sentir general de toda la cúpula judicial ya que, pese a la tensión previa de los días anteriores por la presencia del fiscal general en el acto, no hubo ni un mínimo gesto de desaprobación o rechazo a la situación.

Más bien al contrario, el silencio imperó durante todo la ceremonia, tanto en la intervención de Álvaro García Ortiz como en la de la presidenta. Tan solo se rompió al término del discurso del fiscal general, que fue aplaudido por algunos de los allí presentes, a pesar de que no suele ser usual esta respuesta. También Perelló recibió su ovación, bastante más sonora que la de su antecesor en el turno de palabra, quizás en un intento por evidenciar que el apoyo es mayor.

En cualquier caso este no ha sido un año cualquiera y eso se podía palpar en el ambiente. Gestos serios, miradas tensas y un silencio más incómodo que en otros años. Mientras, en la calle, se profirieron gritos de ciudadanos que protestaron por la asistencia del máximo representante del fiscal general al acto. El dispositivo policial también fue mayor que en otras ediciones.

Pero, pese a la solemnidad de la jornada, Perelló no escurrió el bulto sobre las presiones a la judicatura. Al contrario, se refirió a ellas ante la atenta mirada del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y puso como responsable de las mismas a «los poderes públicos». «Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder socava de forma directa la confianza en la justicia», apuntaló. Como ya hiciera en su primer discurso como presidenta del alto tribunal el año pasado, Perelló recordó que la separación de poderes es la clave de bóveda de un Estado de Derecho.

Al respecto dijo que son «aceptables» el desacuerdo y la crítica, «pero no lo es desacreditar al Poder Judicial». Y para dejar constancia de la relevancia del asunto hizo una breve pero muy relevante alusión a Bruselas, desde donde se vigila muy de cerca la situación de la justicia española o los vínculos del fiscal general del Estado con el Gobierno, que fueron objeto de reproche en uno de los últimos informes del Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Las descalificaciones, alegó, contradicen «la recomendación europea».

Por todo ello recordó la máxima de que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y que la carrera, por lo tanto, está llamada a preservarla. «Este respeto no es una fórmula retórica: exige que no se nos presione, que no se nos condicione que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier otro tipo (…): Si falta un poder judicial independiente, desaparece el propio Estado de Derecho», apostilló.”

En fin, un comienzo de curso político muy movido.