“Vox se queda solo en su intento de contar aparte el voto por correo y el resto de fuerzas le afean que cuestione el sistema electoral”, de Isabel Fuentes; “Una de las acusaciones populares en el caso Begoña solicita al CGPJ la suspensión urgente del pleno”, de Ángela Poves; “García (PP): `La legislatura tiene que acabar, cuando un Gobierno tiene miedo a las urnas y al Parlamento está acabado´”, de Europa Press; y “¡Pues claro que la policía de Sánchez podría ayudar a huir a su señora!”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Puebla en Ok Diario el pasado día 24)
VOX SE QUEDA SOLO EN SU INTENTO DE CONTAR APARTE EL VOTO POR CORREO Y EL RESTO DE FUERZAS LE AFEAN QUE CUESTIONE EL SISTEMA ELECTORAL
Artículo de Isabel Fuentes publicado en 20minutos el pasado día 24
El Congreso ha rechazado este martes tramitar una proposición de ley presentada por Vox para que los votos por correo en las elecciones se metan en urnas separadas a los presenciales y se cuenten aparte. Los de Santiago Abascal aseguraban querer prevenir así el «fraude electoral», un argumento que no ha convencido al resto de partidos, que han acusado a la tercera fuerza de poner en duda el sistema electoral sin aportar ninguna prueba de fraude. Vox se ha quedado solo votando a favor de su propia propuesta. El PP se ha abstenido y las demás fuerzas han votado en contra, aunque la defensa de la transparencia del sistema actual ha sido unánime tanto en las filas populares como en el resto de formaciones.
El diputado de Vox Ignacio Hoces fue el encargado de exponer la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) planteada por su formación, una modificación que calificó como «de mínimos» al entender que lo que el sistema necesita va más allá de esa iniciativa. En esa línea, criticó que el Gobierno introdujera en 2022, a través de la Ley de memoria democrática —que Vox tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional—, la posibilidad para los hijos y nietos de españoles exiliados de adquirir la nacionalidad española de forma directa, sin necesidad de residir en España. «Pedro Sánchez y su Gobierno está cambiando las reglas de la democracia», aseguró, acusando al presidente del Gobierno de pretender un «pucherazo» electoral.
El diputado del PP Rafael Hernando coincidió con Hoces en que el Ejecutivo «lleva años impulsando fórmulas cada vez más discutibles para ampliar el cuerpo electoral». Criticó igualmente que se haya introducido la posibilidad de que personas que no viven ni han vivido en España puedan acceder a la nacionalidad y votar en las elecciones, algo que calificó como una maniobra del Gobierno para «compensar la desafección» de la ciudadanía ante los «escándalos» de corrupción. Sin embargo, Hernando recordó a Vox que ese no era el objeto de la proposición de ley presentada y le advirtió de que «una cosa es desconfiar del Gobierno y otra del sistema electoral». «La respuesta a la corrupción no puede ser cuestionar la limpieza de nuestras elecciones sin pruebas», dijo.
«Las reglas del juego democrático deben reforzarse desde el acuerdo y no desde la sospecha», aseguró el diputado popular, que remarcó que no hay ningún dato ni ninguna resolución judicial que sostenga la hipótesis de «fraude electoral» en el voto por correo planteada por Vox. Advirtió también a los de Abascal de que es «injusto e incluso temerario» cuestionar el trabajo de los empleados de Correos en la custodia de los votos y de que contar por separado las papeletas emitidas por correo puede hacer peligrar el secreto del voto en localidades pequeñas. Actualmente esos votos se juntan en la correspondiente mesa electoral con los emitidos de forma presencial, garantizando así su anonimato.
Esas mismas críticas de falta de pruebas para denunciar el presunto fraude electoral y de poner en riesgo el secreto del voto fueron esgrimidas también por el resto de partidos. «El voto en urna separada es un daño cierto al derecho del secreto del voto», coincidió en advertir el diputado de PNV Mikel Lagarda, que señaló que cuestionar las garantías legales y administrativas que rodean al voto por correo es «una estrategia conocida de la ultraderecha antisistema». También el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro reprochó a los de Abascal copiar «al pie de la letra el manual de Donald Trump». «A ustedes no los mueve la voluntad de transparencia ni de calidad democrática, los mueve la estrategia tóxica destructiva y copiada de su amigo Donald Trump», dijo.
«Sus teorías de la conspiración son ridículas», afirmó, por su parte, el diputado socialista José Zaragoza, dirigiéndose a Vox. El representante del PSOE afeó a la tercera fuerza su «desconocimiento» del sistema electoral y aseguró que es un partido que ha venido a «ensuciar la democracia». «Aquí se viene a discutir sobre realidades, no sobre inventos electorales para poner en cuestión la democracia», añadió, asegurando que en 2027 habrá elecciones generales y que «el proceso será fiable y seguro, como ha sido siempre».
También el diputado de Sumar Txema Guijarro acusó a los de Abascal de «sembrar desconfianza en las instituciones democráticas» sin «una sola evidencia». «La pregunta no es qué problema viene a solucionar esta ley, sino qué relato vienen a construir», dijo, afirmando que, a su juicio, España dispone de «uno de los sistemas electorales más garantistas de Europa». «Sembrar dudas sobre millones de papeletas legítimas no favorece a nadie, salvo a los conspiranoicos», advirtió. «La historia nos enseña que los enemigos de la democracia con frecuencia comparecen como sus defensores más celosos», añadió.
«¿Para qué siembran dudas sobre el voto por correo si no para tener una coartada en caso de perder las elecciones?», planteó, por su parte, el diputado de Podemos Javier Sánchez, que opinó que Vox está abonando el terreno para negarle legitimidad de las urnas. «Vienen a sembrar sospechas sobre el sistema electoral y a reservarse de ese modo el derecho a no reconocer los resultados si no les gustan», denunció Sánchez.
UNA DE LAS ACUSACIONES POPULARES EN EL CASO BEGOÑA SOLICITA AL CGPJ LA SUSPENSIÓN URGENTE DEL PLENO
Artículo de Ángela Poves publicado en La Razón el pasado día 22
Iustitia Europa, personada como acusación popular en la causa judicial que afecta a la esposa del Pedro Sánchez, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión urgente del pleno encaminado a abrir diligencias disciplinarias contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor que abrió juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro delitos.
La petición se formaliza mediante un escrito remitido al órgano de gobierno de los jueces y sostiene que una eventual intervención disciplinaria supondría una injerencia en la independencia judicial y una vulneración del principio de separación de poderes.
Según argumenta Iustitia Europa, las medidas cautelares adoptadas por el juez Peinado continúan sometidas a revisión judicial y, por tanto, no constituyen resoluciones firmes. La formación política defiende que corresponde exclusivamente a la Audiencia Provincial de Madrid pronunciarse sobre la legalidad y proporcionalidad de dichas decisiones a través de los recursos previstos en la ley.
En su escrito, la organización mantiene que la apertura de un expediente disciplinario basado en los fundamentos jurídicos de una resolución recurrible equivaldría a anticipar un juicio sobre cuestiones que todavía deben ser resueltas por los tribunales competentes. Asimismo, sostiene que el CGPJ carecería de base legal para actuar en virtud del artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al no constar, según afirma, una comunicación previa de la Audiencia Provincial.
Iustitia Europa también rechaza la posible aplicación del artículo 418.5 de la misma norma. La entidad argumenta que los agentes encargados de la protección de Begoña Gómez desempeñan funciones de escolta y protección de personalidades y no funciones de Policía Judicial, circunstancia que, a su juicio, impediría encajar los hechos en el supuesto disciplinario contemplado por dicho precepto.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido que las resoluciones judiciales deben ser revisadas mediante los recursos procesales establecidos y no a través de mecanismos disciplinarios. En este sentido, la organización advierte de que una actuación del CGPJ sobre una resolución pendiente de revisión podría generar un conflicto institucional si posteriormente los tribunales superiores confirmaran los criterios adoptados por el instructor.
El escrito incorpora además una relación de declaraciones públicas realizadas por distintos miembros del Gobierno y representantes políticos críticas con la actuación del magistrado. Iustitia Europa interpreta estas manifestaciones como parte de un contexto de presión institucional sobre quienes intervienen en procedimientos relacionados con presuntos casos de corrupción política.
La organización concluye solicitando el archivo inmediato de cualquier iniciativa dirigida a abrir un expediente disciplinario contra el juez Peinado y reclama una reforma del sistema de gobierno del Poder Judicial que refuerce, según sostiene, la independencia de jueces y fiscales respecto de los partidos políticos.
Por el momento, el CGPJ no ha hecho pública una decisión sobre las peticiones formuladas por Iustitia Europa.
GARCÍA (PP): “LA LEGISLATURA TIENE QUE ACABAR, CUANDO UN GOBIERNO TIENE MIEDO A LAS URNAS Y AL PARLAMENTO ESTÁ ACABADO”
Artículo de Europa Press publicado en su web el pasado día 22
La senadora del PP Alicia García ha ido más allá y considera que Pedro Sánchez no está capacitado para presentarse a la reelección: «Quien no aprueba ni un Presupuesto en toda la legislatura no debería ni pensar en presentarse a la reelección».
De esta manera se ha pronunciado sobre la situación de la política nacional durante su discurso este domingo en la clausura del XIV Congreso Provincial del PP que ha elegido a la alcaldesa de Teruel y senadora, Emma Buj, como presidenta provincial de la formación política, que da el relevo a Joaquín Juste.
García ha felicitado a Buj a la que ha definido como «seria, capaz, cercana y trabajadora» y ha pedido a los asistentes al Congreso «salir con las pilas cargadas, que dentro de un año hay elecciones municipales y aquí nos jugamos muchísimo», ha avisado.
Sobre el momento político nacional, García ha criticado la «cortina de humo» lanzada por el Ejecutivo por la que ha anunciado la presentación de unos presupuestos. Un paso, ha apuntado la popular, «para tapar el caso cloacas». A su juicio, se trata de «un engaño más para intentar ganar tiempo. Un engaño más para entretener a sus socios que piden elecciones».
Alicia García ha subrayado que «el próximo miércoles votaremos en el Senado lo que Armengol no quiso que se votara y exigiremos a Sánchez que convoque elecciones». Una ocasión ante la que considera que los socios de Pedro Sánchez «deben quitarse la careta» porque, ha contrapuesto, «o están al lado de la decencia y la democracia o están al lado de Sánchez».
Así de tajante se ha mostrado en referencia a la iniciativa que llevará su grupo al próximo Pleno del Senado, que sí será debatida y votada, lo contrario de que ha ocurrido en el Congreso, «gracias al enésimo bloqueo, lamentan los populares, de la ama de llaves al frente del Cámara Baja, Francina Armengol».
«Primero Sánchez no quiso que votaran los españoles, porque sabe que la inmensa mayoría quiere echarle. Y esta semana, ha decidido que tampoco voten los diputados», ha repasado Alicia García durante su intervención en el Congreso Provincial del PP de Teruel.
La popular considera que Sánchez «ya no tiene apoyo social ni parlamentario para seguir siendo presidente». Algo que, ha avanzado, «escuchará en el Congreso y lo ratificaremos en la votación en el Senado».
La líder del PP en el senado se ha metido de lleno en los casos de corrupción que acorralan al Gobierno y al PSOE y ha valorado que «durante los cinco días de retiro y luego con la carta de amor, Sánchez no meditaba, diseñaba el manual de la cloaca». Por ello, la dirigente del PP le ha exigido a Sánchez que, de una vez por todas, «asuma su responsabilidad por las Leires, los Ábalos, los Cerdán y los Zapatero. Que dimita y convoque elecciones».
«Si Sánchez no sabía lo que hacían sus cloacas, que dimita por incompetente y si estaba detrás de ellas, que dimita por corrupto porque todo lleva al uno», ha sentenciado durante su discurso en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.
«ESPAÑA NO SERÁ LA REPÚBLICA BANANERA QUE PRETENDE EL SANCHISMO»
El continuo goteo de casos de corrupción, ha proseguido García, se plasma en el hecho de que España lidere el ranking de la corrupción de toda la Unión Europea con «quince sumarios, diecisiete delitos y casi cien imputados» que afectan al entorno del presidente y su Gobierno. «Es insostenible», ha advertido.
Por ello, se ha negado en redondo a que España vaya a ser «la república bananera que pretende el sanchismo» y, más pronto que tarde, ha reclamado, habrá un cambio de ciclo político «con un Gobierno honrado que eche a los que vinieron a robar, que no organice complots contra los jueces, ni contra los fiscales, ni contra la Guardia Civil, ni contra la Policía Nacional».
En este punto, Alicia García ha reivindicado el trabajo de su grupo en el Senado, que se ha convertido según su punto de vista en «el principal bastión de defensa de las instituciones», con más de 40 leyes aprobadas, frente a un Congreso que no es capaz de legislar, mientras Armengol mantiene «congeladas» esas leyes.
¡PUES CLARO QUE LA POLICÍA DE SÁNCHEZ PODRÍA AYUDAR A HUIR A SU SEÑORA!
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 21
Si Peinado ha presenciado esas hazañas de la policía, ¿cómo no iba a actuar con la cautela necesaria para asegurar la acción de la Justicia?
El juez Peinado ha acusado a Begoña Gómez de cuatro delitos, y, por informes de la Fiscalía Europea, ha abierto investigación sobre otros dos. A nadie le ha sorprendido que la mande a juicio, a nadie le ha parecido raro que diga que utilizó su cercanía a la Presidencia del Gobierno para poner en marcha una serie de negocios exclusivamente particulares, ni que utilizó de forma ilegal fondos públicos, ni que hizo partícipe de esos delitos a Cristina Álvarez, amiga íntima y funcionaria de la Moncloa. Tampoco que su amigo Barrabés participase en presuntas ilegalidades para la cátedra de Begoña, ni que deje en manos de la Audiencia Nacional si va a juicio con jurado, pero muchos parecen sorprendidos por haberle retirado el pasaporte por riesgo de fuga, y, más aún, porque diga que la policía, en vez de impedir su huida, por órdenes superiores, podría llegar a ayudarle a perpetrarla.
No hemos escarmentado con Zapatero
Al parecer, todavía no hemos escarmentado con el Caso Zapatero, ese bobo solemne que iba de inocente idealista y que, como cabía inferir de todas sus fechorías políticas, era un sucio corrupto de alcance universal. El desencanto se ha producido al descubrirse los joyones de su caja fuerte, pero, por obsceno que sea ese hallazgo, peores son los jalones de sus siete años en la presidencia del Gobierno, del 11M a la rendición ante la ETA, y de forzar un nuevo Estatuto anticonstitucional en Cataluña a la reapertura de la Guerra Civil promulgando la Ley de Memoria Histórica. Estos sí son crímenes, mucho más graves que robar: son un abuso de poder para destruir la nación española y lo hizo desde la presidencia del Gobierno español. Y aún peor es que su fortuna la haya hecho sirviendo al régimen genocida de Caracas, al que justificaba mientras se forraba con millones de dólares ensangrentados. Ese sicariato de lujo es de auténtica cucaracha. Bambi no sólo mató a su mamá, como dice Javier Somalo, es un arma de exterminio de miles y miles de criaturas que sólo querían vivir en su rincón del bosque.
¿Y cómo es que nadie había perseguido a Zapatero, pese a que en su gobierno florecían fortunas como la de su ministro José Bono? Porque al frente de la fiscalía general del Estado estaba su gran amigo y cómplice Cándido Conde Pumpido, y porque en el ministerio del Interior imperaban las cloacas policiales de Rubalcaba, más las cloacas judiciales de Garzón. En la grabación de la marisquería Rianxo, la de la «información vaginal / éxito asegurado», Villarejo, El Gordo, JAG y compañía, brindaban con Balta y Lola, futura Ministra de Justicia y fiscal general del Estado, que ocupó el sillón de Balta y la morcilla de De Prada en la sentencia de Gurtel. Como la estadía de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior no trajo ni un intento de limpieza de las cloacas, letrinas y sentinas policiales, como demuestra el caso Kitchen, los que hacían toda clase fechorías con Zapatero las hacen con Sánchez. ¿Y alguien puede sorprenderse de que se corrompan? ¡Pero si vienen corrompidos de fábrica! ¡Desde hace décadas!
Los sindicatos policiales deben ser prudentes
Por eso, cuando Peinado argumenta que los policías que escoltan a Begoña Gómez podrían no impedir su huida ante el temor de ir a la cárcel, sino, cumpliendo órdenes superiores, ayudarle a escapar de Soto del Ferraz, podría haber añadido: dados los antecedentes de diversos cuerpos policiales que han incurrido en flagrantes irregularidades, cuando no en claros delitos, obedeciendo a sus superiores, como en el caso de Leire Díez y las cloacas.
Se dirá que el juez Calama ha argumentado lo contrario en el Caso Zapatero, pero podrá contestarse que es un argumento del todo insostenible, con el triple precedente del caso Puigdemont. En su día se le dejó escapar en el maletero de un coche, y estando en busca y captura, se le dejó entrar de nuevo en Barcelona y a continuación se le dejó salir. En todos los casos, por orden de sus superiores en cuerpos encargados de hacer cumplir la Ley, desde el CNI a los Mozos de Escuadra, pasando por la Policía Nacional y la Guardia Civil, donde no todos han sido siempre ejemplares como la UCO. Recordemos los «pata negra» de Roldán, escoltas de sus fechorías.
Y en la Policía nacional, un solo caso de la UDEF no puede borrar el cúmulo de arbitrariedades escandalosas, siempre por órdenes superiores. No olvidamos la detención ilegal, en rigor, secuestro, de Nacho Cano y una docena de jóvenes mexicanas para hacerles declarar que había abusado de ellas, sexual y laboralmente. Se atribuyó esa arbitrariedad al Carba, de la comisaría de Leganitos, y el caso sigue a la espera de resolución judicial, pero seguro que obró por órdenes superiores.
El precedente de la toma policial de la Plaza de Castilla
Y, sobre todo, tampoco cabe olvidar, hablando de Begoña Gómez, las movilizaciones, al modo militar de docenas, si no cientos, de policías en la Plaza de Castilla, para proteger la llegada de la señora del Presidente, que luego entraba por el garaje. Si Peinado ha presenciado esas hazañas de la policía, ¿cómo no iba a actuar con la cautela necesaria para asegurar la acción de la Justicia? Los sindicatos policiales, que sin duda buscan limpiar el cuerpo, deberían ser más prudentes al defender a todos sus compañeros. A todos, todos, no.
