“Frontera de arena y humo: Ceuta epicentro de una operación de bandera falsa”, de Enrique Navarro; “El ‘ejército de buenos funcionarios’ que se plantó para frenar la corrupción del PSOE”, de Quico Alsedo; “El Gobierno admite que no sabe si los 160 millones a países africanos para «luchar contra la inmigración» sirven para algo”, de Rafael Molina; “Abascal acusa a Sánchez de abandonar a Ceuta para desmoralizar a sus habitantes y entregar la ciudad a Marruecos”, de Europa Press; y “La paradoja sanitaria de Sánchez: refuerza la sanidad de Marruecos mientras la española se ahoga”, de María Fernández
(Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 18)
FRONTERA DE ARENA Y HUMO: CEUTA EPICENTRO DE UNA OPERACIÓN DE BANDERA FALSA
Artículo de Enrique Navarro publicado en Libertad Digital el pasado día 19
Lo que la prensa documenta como un esfuerzo titánico de contención fronteriza parece ocultar la preparación de una operación de falsa bandera.
El 30 de julio pasado, 80.000 jóvenes asaltaron la frontera de Ceuta con el único propósito de desestabilizar. Ni iban a poder saltar a la Península ni se podrían quedar mucho tiempo todos, pero sí los suficientes para empezar a construir el relato de una operación de bandera falsa.
El siguiente paso de la narrativa es aceptar que la situación no está controlada y que nuevos actos se van a producir, haciendo creer que estas movilizaciones masivas se producen en el país con una de las mejores inteligencias del mundo, de forma descontrolada, lo que exige de un despliegue militar y policial.
El despliegue es inmediato, coreografiado y masivo. En las inmediaciones de la frontera de Ceuta, las fuerzas de seguridad de Marruecos levantan un muro humano de uniformes, vehículos blindados y controles de carreteras. Ante los ojos del mundo, Rabat se presenta como el guardián definitivo de la frontera sur de Europa, un aliado indispensable que agota sus recursos para contener la desesperación de miles de jóvenes subsaharianos y marroquíes atraídos por el espejismo de un salto masivo.
Sin embargo, en el tablero de la alta geopolítica del norte de África, las cosas rara vez son lo que parecen. Lo que la prensa internacional documenta como un esfuerzo titánico de contención fronteriza parece ocultar, bajo una capa de polvo y propaganda, los engranajes de una de las estrategias más viejas y efectivas de la historia militar: la preparación de una operación de falsa bandera.
La acumulación de fuerzas militares y policiales marroquíes en la frontera no busca evitar una invasión real; busca fabricar el escenario para una crisis controlada, diseñada, financiada y dirigida desde los propios despachos de la inteligencia alauí. Al organizar clandestinamente la aglomeración de migrantes mediante campañas de desinformación en redes sociales y, simultáneamente, desplegar un ejército para frenarla, Marruecos no está defendiendo la soberanía europea: está construyendo la justificación perfecta para una futura acción militar o una capitulación diplomática forzada de España.
Para que una operación de bandera falsa tenga éxito en la era de la información, necesita una narrativa visualmente indiscutible. La acumulación de tropas marroquíes en la frontera cumple una triple función psicológica y estratégica.
En primer lugar, crea una sensación de urgencia y peligro inminente en la opinión pública española y europea. Al ver las imágenes de miles de personas contenidas a duras penas por las porras marroquíes, el espectador occidental absorbe el mensaje de que el statu quo es insostenible y que Ceuta está en riesgo permanente de ser absorbida por el caos.
En segundo lugar, otorga a Rabat una superioridad moral transitoria. Marruecos se posiciona como el dique de contención, el socio que sufre la presión migratoria para proteger a una Europa indolente. Esta posición le permite exigir compensaciones financieras multimillonarias, legitimación de sus reclamaciones sobre el Sáhara Occidental y, fundamentalmente, el repliegue táctico de las fuerzas de seguridad españolas para «no provocar».
La tercera función, la más peligrosa, es la infiltración y el control del detonante. Al ser el propio aparato estatal marroquí el que facilita, tolera u organiza los canales de convocatoria para el asalto fronterizo, el palacio real tiene el control absoluto sobre el termómetro de la tensión. Rabat decide cuándo se abre la espita y cuándo se cierra. Si la diplomacia española no cede a las pretensiones de Marruecos, las fuerzas de seguridad alauíes simplemente recibirán la orden de dar un paso atrás durante unas horas, permitiendo una «invasión» descontrolada. El caos resultante en las calles de Ceuta sería inmediatamente utilizado por Marruecos para justificar una intervención humanitaria, de pacificación o de protección de sus propios nacionales en territorio español.
La estrategia de utilizar incidentes fronterizos provocados, simulados o directamente inventados para justificar una agresión militar posterior tiene un amplio y oscuro recorrido histórico. Marruecos no está inventando la pólvora; está perfeccionando una técnica que ya utilizaron los grandes imperios del siglo XX.
El paralelismo más evidente en el contexto europeo se encuentra en el incidente de Gliwice, en 1939. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, comandos de las SS nazi disfrazados con uniformes polacos asaltaron una estación de radio alemana en la ciudad fronteriza de Gliwice. Dejaron tras de sí los cadáveres de prisioneros de campos de concentración asesinados a los que vistieron como soldados polacos para simular un ataque. Al día siguiente, Adolf Hitler justificó la invasión de Polonia ante el Reichstag alegando que el ejército alemán estaba respondiendo a las agresiones y violaciones fronterizas de los polacos. Al igual que en el diseño potencial sobre Ceuta, la acumulación previa de tropas alemanas en la frontera se justificaba oficialmente como una medida de «defensa y vigilancia» contra la inestabilidad polaca.
Si miramos hacia Asia, el incidente de Mukden, en 1931, ofrece otra lección magistral de cómo fabricar un pretexto. Oficiales del Ejército Imperial Japonés dinamitaron una sección de la vía del ferrocarril del Sur de Manchuria, de propiedad japonesa, cerca de Mukden. La explosión fue tan débil que un tren pasó por el lugar pocos minutos después sin sufrir daños, pero sirvió como la justificación necesaria. El ejército japonés acusó a los disidentes chinos del ataque y utilizó la supuesta «inestabilidad fronteriza» y la necesidad de «proteger las infraestructuras y a sus ciudadanos» para lanzar una invasión a gran escala de Manchuria, estableciendo el estado títere de Manchukuo. La acumulación de tropas japonesas en la zona, presentada originalmente como una fuerza de paz y protección ferroviaria, resultó ser la vanguardia de la invasión.
El incidente del Golfo de Tonkín, en 1964, es el ejemplo por excelencia de cómo una distorsión de los hechos en una zona de fricción puede desencadenar una guerra a gran escala. La administración estadounidense afirmó que destructores norvietnamitas habían atacado de forma no provocada a navíos de la Armada de los Estados Unidos. Aunque investigaciones posteriores demostraron que el segundo ataque nunca existió y que el primero fue una respuesta a operaciones encubiertas estadounidenses, el presidente Lyndon B. Johnson utilizó el suceso para obtener la aprobación del Congreso para aumentar drásticamente la intervención militar en la Guerra de Vietnam.
Nosotros ya fuimos víctimas de una operación similar de consecuencias estratégicas dramáticas para nuestro país: el hundimiento del acorazado estadounidense USS Maine en 1898 ofrece una lección histórica sobre cómo un Estado puede instrumentalizar un suceso fortuito o provocado para construir el pretexto perfecto para la guerra. Tras la explosión del buque en el puerto de La Habana, la prensa y el gobierno de los Estados Unidos culparon inmediatamente a España de haber colocado una mina submarina, ignorando deliberadamente las investigaciones que apuntaban a un accidente interno en los pañoles de carbón. El famoso lema «Remember the Maine, to hell with Spain» encendió el fervor patriótico y justificó una intervención militar expansionista que Washington llevaba años planeando. Este caso demuestra que, en la arquitectura de una bandera falsa, no siempre es necesario ejecutar materialmente el sabotaje; basta con controlar la narrativa del caos, fabricar un culpable ante la opinión pública y utilizar la indignación prefabricada para forzar un vuelco geopolítico.
Trasladado al escenario de Ceuta, Marruecos no necesita detonar un explosivo, le basta con coordinar el desborde de la frontera y culpar a la «incapacidad» o «provocación» española para activar su propio mecanismo de presión y justificar una intervención en el territorio.
La diferencia fundamental entre los ejemplos históricos y la situación actual en Ceuta radica en el uso de la guerra híbrida. Hoy en día, una bandera falsa no requiere necesariamente el uso de explosivos o soldados disfrazados. El flujo migratorio masivo instrumentalizado, lo que los analistas militares denominan la «conversión de la migración en arma» es el sustituto moderno de la artillería pesada.
Al concentrar tropas en la frontera, Marruecos realiza un ejercicio de prestidigitación. Mientras el mundo mira la mano derecha –los policías marroquíes golpeando escudos y deteniendo a jóvenes en Castillejos–, la mano izquierda –los servicios de inteligencia– sigue moviendo los hilos de las mafias, permitiendo el transporte de personas desde el interior del país hacia el norte y sembrando el descontento.
Si el Gobierno de España y la Unión Europea compran la narrativa marroquí y agradecen la «colaboración» de Rabat en el control migratorio, estaremos cayendo en la trampa. Estaremos validando la presencia militar marroquí masiva a escasos metros de las ciudades autónomas españolas. Estaríamos normalizando que la estabilidad de una parte del territorio nacional español depende, exclusivamente, del estado de ánimo y de la financiación que reciba una potencia extranjera.
La acumulación de fuerzas marroquíes no es un acto de buena vecindad ni un servicio de seguridad subcontratado por Bruselas. Es la preparación del terreno. Si España no fortalece de forma autónoma sus fronteras, si no despliega una diplomacia de firmeza y si sigue delegando la soberanía de sus líneas divisorias en quien desea anexionárselas, estará permitiendo que se escriba el guion de la próxima bandera falsa. Una en la que el pretexto ya no será una estación de radio o una vía de tren dinamitada, sino una crisis humanitaria insostenible provocada artificialmente, ante la cual las fuerzas marroquíes, convenientemente acumuladas en la frontera, decidirán cruzar, ya no para contener, sino para proteger a sus ciudadanos victimizados por la rigurosa aplicación de leyes españolas más diseñadas para protegerlos de Marruecos que para protegernos a nosotros de la amenaza.
El Estado español debe aceptar diferentes escenarios, entre ellos el oficial marroquí, sí, pero también debe trabajar sobre esta hipótesis e interponer los recursos diplomáticos y militares que hagan inviable esta opción que no es descartable a la vista de la historia, las declaraciones y los hechos.
EL ‘EJÉRCITO DE BUENOS FUNCIONARIOS’ QUE SE PLANTÓ PARA FRENAR LA CORRUPCIÓN DEL PSOE
Artículo de Quico Alsedo publicado en EL MUNDO el pasado día 18
La noticia son los corruptos, sí, pero las últimas tramas que afectan al Gobierno están llenas de callados servidores públicos que estuvieron en su lugar y frenaron los desmanes que llenan portadas.
Cuando se sentó frente al magistrado Leopoldo Puente en su despacho del Tribunal Supremo, el 19 de mayo de 2025, el jefe de Armas de la Guardia Civil, Antonio Cortés, era, lo supiera o no, lo compartiera o no, el último eslabón de una larga cadena.
Que partía de Leire Díez, la fontanera del PSOE, quien según el juez Santiago Pedraz llevaba meses intentando «desestabilizar» causas judiciales contra el PSOE (en concreto, las causas contra Begoña Gómez, el hermano del presidente, el ex ministro Ábalos y el ex líder socialista Santos Cerdán, entre otras).
Una cadena que en ese instante, gracias a Cortés, terminaba por el momento ahí: en el mismísimo Supremo. Ante el juez que investigaba al (después condenado) Ábalos, el hombre que, durante años, lo había sido todo en el Partido Socialista y para el presidente, Pedro Sánchez.
El mando de la Guardia Civil representaba ahí, en las narices de Puente, otro papel muy simbólico. El poder Ejecutivo del Estado acudía al Judicial para, supuestamente, ajustar cuentas consigo mismo. Dos poderes, en su manifestación más patricia, cara a cara.
No para participar al magistrado de las amenazas que se cernían sobre la unidad, que había detectado ya «maniobras» del entorno de Díez y del ex número 2 del PSOE Santos Cerdán para hundir su credibilidad. Maniobras que habían sido comunicadas por Información de la Guardia Civil (el 29 de abril) y por la propia UCO (el 5 de mayo) al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas.
Ni Llamas ni quien le había nombrado, la directora general, Mercedes González, habían hecho nada en esos días con ambas notas, aparte de darse por enterados. Pero sí habían hecho otras cosas. Exactamente en la dirección opuesta.
El 9 de mayo, pocos días después de la realización de aquellas notas en que la UCO detectaba que le intentaban segar la hierba bajo los pies, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se quejaba a Leire Díez de filtraciones en el procedimiento, y le escribía por WhatsApp: «Lo fuerte es que sea la UCO quien filtre, y sea juez y parte, todo a la vez». Leire contestaba: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes [González] a que las filtraciones vienen de la UCO».
Un día después, EL MUNDO publicaba varios comprometedores whatsapps entre Pedro Sánchez y Ábalos, con el ex ministro cada vez más acuciado por las investigaciones en su derredor. No hacía falta ser Einstein para imaginar de dónde podían provenir los mensajes, y la UCO ni siquiera había intervenido aún móviles a Ábalos -no lo haría hasta exactamente un mes después-, pero Leire de nuevo propaló la especie que llevaba meses diseminando aquí y allá: la Guardia Civil estaba filtrando información contra el Gobierno. La Benemérita estaba haciendo política, quería un cambio en Moncloa.
El operativo que Leire y Santos Cerdán, sucesor de Ábalos junto al presidente, llevaban urdiendo desde años atrás se ponía en marcha. Un día más tarde, a las 9.16 horas, Mercedes González activaba el borrado automático cada 24 horas de sus whatsapps con Leire, y con ellos creía enterrar su vínculo con la fontanera. A las 11.30h, Llamas se reunía con Antonio Cortés en la cafetería de la dirección general, en Guzmán el Bueno (Madrid). Le preguntaba si se haría cargo del expediente a la propia UCO. Cortés accedía. Un guardia civil investigando, espuriamente como luego pudo olfatear intensamente el juez, a la élite de la Guardia Civil. González defendería más tarde que se trataba de algo «normal» dentro de la institución. En realidad, desde 2023 hasta hoy Llamas sólo ha abierto seis expedientes de este tipo. Tres de ellos, a la UCO.
Así que el 19 de mayo, dos semanas después de que la propia UCO detectara que una operación nacida desde el mismísimo corazón del PSOE intentaba socavarla, Antonio Cortés se presentaba –toc, toc– ante el juez Leopoldo Puente.
Las informaciones reservadas son procesos administrativos internos de Guardia Civil, pero cuando se cruzan en un procedimiento abierto por autoridad judicial mejor será hablarlo, debió de pensar el instructor antes de comunicar al magistrado su intención: poner proa a quienes llevaban en ese momento años investigando tanto al entorno del presidente -ex ministros, su mujer, su hermano-, como al propio PP y, ley obliga, todo lo que cualquier autoridad judicial le encomiende.
La respuesta de Puente, desde sus gafas habitualmente en la punta de la nariz y su barba cana, fue tan categórica que casi resuena desde entonces en cada rincón de los cuarteles de la Benemérita, un cuerpo finalmente militar, y en cuya alma el rol ejemplarizante de los mandos está grabado a fuego: «No autorizo ninguna apertura formal de algo así. Y le advierto de que, si siguen adelante, abriré diligencias contra usted y contra quien se lo ha encargado».
El Estado, en definitiva, se quedó en su sitio y le dijo no al otro Estado.
Cortés volvió por donde había venido y procedió a cerrar la información reservada justo una semana después, el 26 de mayo.
El magistrado Puente había estado en su lugar, como lo han estado durante los últimos años decenas de servidores públicos que han tenido que lidiar con los tentáculos, cuando no con los propios epicentros, de tramas corruptas de todo jaez, afectaran al partido al que afectaran.
El lector habrá escuchado y entonado unas cuantas veces la letanía en los últimos meses: el nivel freático de la corrupción parece disparado en la Administración y la política españolas, a veces hasta niveles informativamente insoportables.
Sin embargo, y aunque no lo parezca tanto, porque los medios no somos Mr. Wonderful, por cada manzana podrida que llena telediarios hay un ejército de funcionarios que nunca saldrá en las portadas, pero que sí ha estado en su lugar y ha resistido a los, digamos, malos. Este texto pretende recordar a algunos de ellos.
Los hay ya famosos, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, a quien se pretendía dibujar como gran inquisidor contra el Gobierno, pero que lleva unos cuantos lustros dedicado monacalmente a perseguir chorizos, sean de la acera que sean. Un ejemplo: en la Guardia Civil aún se acuerdan del año que Balas se tiró, hace más de una década, intentando probar que Rodrigo Rato se habría beneficiado de las privatizaciones que él mismo había impulsado desde el Gobierno, para que luego la Justicia se lo tirara por unas prescripciones que exigieron, usando un símil futbolístico, VAR.
Los hay anónimos, y deseosos de mantener ese anonimato, como el general de la Guardia Civil Alfonso López Malo, quien se opuso con la mayor de las serenidades a los manejos del DAO y la directora general, y a quien, por saberle en el bando de los incorruptibles, el Gobierno le llegó a tender una astuta trampa proponiéndole para un puesto internacional en Portugal, con el evidente objetivo de quitárselo de en medio… Y él se empleó a fondo para desmentir tal maniobra, en una exhibición de responsabilidad, de normalidad institucional y, finalmente, de sagacidad.
El caso del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, es evidente: defensor numantino de su independencia para dejar abierto el camino de los beneficios para Víctor de Aldama tras su colaboración con la Justicia, Luzón lleva décadas -acusó por ejemplo en el caso Roldán– dirigiendo las fuerzas del Estado contra corruptos. Fue por ejemplo fiscal, ya en 2000, del caso Fondos Reservados que afectó al PSOE, fundó Anticorrupción en 1995 y pasó a dirigirla en 2017, y se ha responsabilizado desde la jefatura de todas las causas duras contra el PP: Gürtel, Púnica, etcétera.
Pero los hay muy silenciosos. Los manejos, ya condenados, de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado para operar contra Isabel Díaz Ayuso en la figura de su pareja dejaron a la vista de todos el caso de la fiscal superior Adriana Lastra, quien afeó a su jefe haber filtrado información y ha pagado con su relevo… Pero también el del responsable de Comunicación de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, que se mantuvo en su lugar contra viento y marea, y a quien después sólo ha salvado del despido que la Comunidad de Madrid haya peleado por mantenerle.
Por supuesto, en tiempos de presunto lawfare -el palabro que pusieron en el mapa los secesionistas catalanes y del que han acabado colgados, tristemente, Moncloa y sus corifeos-, no pueden faltar aquí otros dos magistrados, José Calama y Santiago Pedraz, que después de larguísimas carreras (68 y 67 años, respectivamente) lidiando con malos de toda raigambre y condición, y sin color de camiseta ideológica ninguno tras mil lances, a estas alturas de la película han tenido que atarse los machos al milímetro para posar suavemente en la picota a poderosos como el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (Calama) y el ex todo del PSOE Santos Cerdán (Pedraz en el caso Leire), con una delicadeza jurídica que devuelve la fe en la ley. Pero igualmente en su sitio, ni un milímetro a un lado ni a otro, han estado, por ejemplo, los funcionarios de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, que primero sufrieron cómo Eugenio Domínguez, después detenido, forzaba para favorecer desde el Ministerio a Forestalia, y después lo contaron todo ante la Guardia Civil para que se limpiara la casa.
Es decir: sí, hay manzanas podridas, se podría decir incluso que muchas. Pero también hay un Estado que funciona.Maltrecho y atacado, cautivo y desarmado, pero funciona. Contra viento y marea.
Y EN NAVARRA…
LORENZO SERENA. El del funcionario navarro Lorenzo Serena es uno de los casos más paradigmáticos vistos en los últimos años de pelea en inferioridad desde dentro de la Administración. Tras casi 30 años participando en mesas de contratación, Serena, un tipo callado y trabajador -se podría decir, según quienes le conocen, que un prototipo de funcionario ‘friki’ de lo administrativo-, quedó perplejo en 2024 cuando, como secretario de la mesa de adjudicación de la mayor obra de la región en 15 años, el desdoblamiento del túnel de Belate por 74 millones de euros, vio al presidente de la mesa cometer un rosario de irregularidades antes de que el contrato acabara en manos de una empresa sin experiencia de la que, además, había oído decir antes que todo estaba amañado a su favor. Serena se quejó primero por escrito al Parlamento Vasco, que se choteó de él y del interventor de la mesa en una de sus sesiones. Después escribió a la Oficina Antifraude navarra, empeñado en no tolerar desmanes. Fue expulsado a una nave, a las afueras de Pamplona, tratado como un proscrito… Y año y medio después, la UCO descubrió que la firma, Servinabar, tenía un dueño (al 45%) en la sombra, nada menos que Santos Cerdán. Sin heroísmos, piensa Serena, que sigue en su puesto, como durante los últimos 30 años.
EL GOBIERNO ADMITE QUE NO SABE SI LOS 160 MILLONES A PAÍSES AFRICANOS PARA «LUCHAR CONTRA LA INMIGRACIÓN» SIRVEN PARA ALGO
Artículo de Rafael Molina publicado en OKDIARIO el pasado día 17
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que no sabe si dan «resultado» las subvenciones por valor de 160 millones de euros que el Ejecutivo socialista ha destinado a diferentes países africanos, entre los que está Marruecos, para «luchar contra la inmigración ilegal».
El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha reconocido este extremo a través de un informe sobre el grado de avance de la aplicación del Plan Estratégico de Subvenciones de Interior en el último año completo, es decir, 2025. En él, analiza si las subvenciones planificadas para diferentes países en ese año se han ejecutado según lo previsto. Entre los objetivos de las ayudas proyectadas estaba «fomentar la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad y en materia de migración transnacional».
«El principal objetivo de las líneas de subvención gestionadas por esta Dirección General es la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y contra la inmigración irregular», reconoce el propio documento de Interior.
Sin embargo, admite que «no resulta posible establecer una vinculación proporcional con los resultados obtenidos». Es decir, afirma que no se puede saber si la inversión millonaria del Gobierno de Sánchez ha influido en la reducción de los flujos migratorios y que, por tanto, el Ejecutivo no puede medir la utilidad de sus inversiones.
«Variabilidad» de la inmigración
La cartera de Marlaska atribuye este problema a «la propia naturaleza y finalidad de dichas ayudas, centradas en un enfoque preventivo y de refuerzo de las capacidades de las autoridades de los cuerpos policiales de terceros países». Además, asegura que se debe «en gran parte» a «la variabilidad de la actuación de las redes criminales y de los movimientos y flujos migratorios».
Dos de esas líneas de ayudas, que suman 15 millones de euros, están dedicadas a la formación de los agentes de terceros países y a la detención de inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente las fronteras.
Por un lado, se han invertido 13,5 millones de euros en asegurar la detención de personas vinculadas al tráfico de personas, así como en incrementar el número de inmigrantes interceptados al cruzar las fronteras de manera irregular. Esta medida estaba destinada a Senegal, Mauritania, Gambia o Guinea.
Por otro lado, también se señalaban los mismos problemas a la hora de fiscalizar el impacto real de las ayudas para la compra de material por valor de 1,8 millones en Marruecos y Mauritania. En el reino alauí se adquirieron 20 sistemas de videovigilancia, mientras que al país mauritano se cedieron 45 automóviles.
Si bien se previó un desembolso mayor, finalmente no se acometió otra inversión en vehículos para Senegal y Gambia. En el caso de estas naciones africanas, se dejaron de entregar 16 vehículos.
160 millones desde 2018
Estas son dos de las líneas de ayudas en este último año, entre otras para ese ejercicio, pero el montante total desde la llegada de Sánchez al poder eleva el gasto por encima de los 160 millones de euros. El Gobierno admitió haber entregado ese montante a varios países africanos entre 2018 y 2024, «incluyendo al Reino de Marruecos», para «la lucha contra la inmigración irregular».
Desde el Gobierno recordaron que existen «acuerdos de colaboración con más de 20 países» para «canalizar de forma segura y ordenada la inmigración». Y abunda en que, si se quiere frenar la llegada irregular de extranjeros, se debe establecer una «cooperación migratoria con los países de origen y tránsito».
A su vez, reconocieron que «se ha intensificado la cooperación bilateral migratoria con los países africanos». Específicamente, el Gobierno se refiere a Mauritania, Senegal, Marruecos, Argelia y Gambia. Y recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el presidente han visitado esos lugares «para afrontar el desafío migratorio desde una perspectiva multidimensional».
En todo caso, el último informe de Interior refleja que no existe una forma de medir el impacto de las ayudas. Y en ese último documento justifica su falta de datos sobre la efectividad de estas ayudas en que la inmigración ilegal está «condicionada por una multitud de factores, incluyendo razones económicas, políticas, sociales, entre otras» y «resulta muy complejo fijar valores a medio y largo plazo que, de no poder cumplirse, podrían impedir la consecución de los objetivos previstos».
ABASCAL ACUSA A SÁNCHEZ DE ABANDONAR A CEUTA PARA DESMORALIZAR A SUS HABITANTES Y ENTREGAR LA CIUDAD A MARRUECOS
Artículo de Europa Press publicado en su web el pasado día 17
«El abandono de Ceuta por parte del Gobierno es deliberado y tiene un propósito: desmoralizar a los ceutíes para que acaben tirando la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos», ha señalado el presidente de Vox en un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press.
Dicho esto, Abascal, que ha vuelto a calificar al jefe del Ejecutivo de «traidor», ha reiterado además que Sánchez «tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo» por la crisis migratoria en Ceuta.
En este contexto, Abascal reclamó el viernes que tras el «abandono» del Gobierno a los habitantes de la ciudad autónoma era el «el momento», en referencia velada al PP, de que se aplique al PSOE un «cordón higiénico».
«Es el momento de que todos los partidos decentes abandonen al gobierno y utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance. En primer lugar, poniendo un cordón higiénico al partido de la mafia en Ceuta y en Bruselas. Y llevando al parlamento la petición del juicio por traición», defendió en ‘X’.
QUIEREN GOBERNAR EN CEUTA CON EL PP
Asimismo, el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, exigió este sábado al PP que su formación entrase en un gobierno de coalición con los ‘populares’ en la ciudad autónoma, repitiendo el modelo que se sigue en otras comunidades, y apuntó a Juan Jesús Vivas como responsable también de la crisis migratoria al haber «respaldado» las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
En una rueda de prensa desde el Palacio de la Asamblea, acompañado del diputado nacional Alberto Rodríguez Almeida, Redondo recordó que existe una «mayoría absoluta alternativa» en Ceuta para constituir una coalición de gobierno que sume los nueve diputados del PP a los cuatro de Vox, por lo que reclamó al presidente Vivas a que «rompa inmediatamente» sus «acuerdos» con el PSOE y el «partido islamista» de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fátima Hamed.
Redondo indicó que desde Vox quieren trabajar en «todas aquellas áreas esenciales», como las consejerías de Sanidad y Presidencia y Gobernación, para acabar con el «absoluto caos» que vive Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y que «el Gobierno de Vivas está siendo incapaz de remediar».
LA PARADOJA SANITARIA DE SÁNCHEZ: REFUERZA LA SANIDAD DE MARRUECOS MIENTRAS LA ESPAÑOLA SE AHOGA
Artículo de María Fernández publicado en El Debate el pasado día 16
El Gobierno, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, mantiene diversos programas de cooperación con Marruecos.
El Sistema Nacional de Salud se ahoga, los médicos se hartan de luchar por sus derechos y el Gobierno, en vez de cuidar a los que nos cuidan, mira para otro lado. La crisis sin precedentes que vive Ceuta está sacando a la luz los graves problemas de la estructura sanitaria de nuestro país, marcada por la falta de profesionales, las listas de espera y las dificultades para cubrir las plazas vacantes. En medio de este escenario, vuelve a surgir una paradoja sobre las prioridades de Pedro Sánchez: mientras la sanidad española se resquebraja, él prefiere mantener programas de cooperación para reforzar el sistema sanitario de Marruecos.
El Gobierno, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, mantiene diversos programas de cooperación con Marruecos que incluyen numerosas actuaciones en el ámbito sanitario. Una de ellas publicada recientemente por este medio es la donación de España al país de Mohamed VI en materia reproductiva.
La concesión de subvención pública, otorgada a la Asociación Marroquí de Planificación Familiar (AMPF) por un importe de 440.000 euros dividido en dos paquetes de 305.000 y de 135.000 euros. Los dos con fecha de 2 de julio que prometen mejorar «el acceso a los cuidados de salud sexual y reproductiva orientados a personas migrantes en territorio marroquí».
Este casi medio millón de euros no ha sido el único «regalo» que le ha hecho el Gobierno a Marruecos. A principios de 2025, el Ejecutivo de Sánchez entregó una partida de casi tres millones de euros –concretamente 2,7 millones– en rehabilitar el viejo Hospital Español de Tánger, un edificio que se construyó alrededor del 1950 y que, antes de su aportación millonaria, presentaba «un estado de conservación muy deficiente». Ahora, es un edificio que opera como centro sanitario y residencia de mayores.
No contentos con la aportación, seis meses después el Gobierno trató mejorar el sistema de Medicina Familiar de Marruecos. Para ello le dio una subvención de 500.000 euros a través de la Fundación CSAI, dependiente del Ministerio de Sanidad.
Según publicó la Moncloa en su web, este proyecto buscaba fortalecer los sistemas sanitarios públicos en terceros países. Y es que pretendían extender la práctica de la medicina familiar y la salud comunitaria a 35 centros de salud de Casablanca-Settat, Marrakech-Safí, Souss-Massa y Tánger-Tetuán-Alhucemas.
Del total, 340.000 se destinaron a fortalecer la medicina de familia en Marruecos, 80.000 euros para la creación de un comité de expertos hispano-marroquí, 200.000 euros para el refuerzo de las capacidades de los profesionales sanitarios en los centros de salud de las regiones implicadas y 60.000 euros para la elaboración y ejecución de un Plan de Comunicación que facilite la aplicación de las reformas necesarias.
El resto lo asignaron a gastos de funcionamiento o estructura (50.000 euros), auditoría (2.000 euros), uso personal (1.000 euros) y una evaluación externa final (8.000 euros).
La última partida millonaria se ha realizado este 2026. Concretamente, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Gobierno ha concedido la concesión directa de subvenciones para costear la atención sanitaria de países como Mozambique, Etiopía, Mauritania, Marruecos, Egipto, Boletín Oficial del Estado, reflejaban un valor de 1.634.250 euros.
En Mozambique y Mauritania, lo que pretenden con esta ayuda es fortalecer «las capacidades del Sistema Nacional de Salud mozambiqueño» para formar, al igual que en España, médicos especialistas.
En Marruecos, el objetivo es reforzar tanto el acceso a la atención sanitaria como la organización de los servicios de salud, impulsando la salud familiar y comunitaria. Por su parte, en Egipto, los fondos se orientan a la formación de médicos especialistas en diversas áreas.
